Andalucía está ahora en el ojo del huracán con las elecciones que tendrán lugar el 2 de diciembre en la región. Hace un año fue manoseada y abusada por la reacción españolista contra Catalunya como ejemplo de “buenos españoles”. Ahora, esta misma reacción derechista, previendo una derrota electoral humillante, no cesa de exponerla como ejemplo de “malos españoles”.

La campaña de las elecciones andaluzas arrancó con un terremoto en forma de barómetro del CIS, según el cual el 2D se produciría un empate PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, por detrás de un PSOE que se mantiene en cabeza con relativa comodidad. El sondeo también augura la entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía con un escaño por la provincia de Almería, lo que está generando no pocos lamentos.

La polémica desatada por el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el organismo rector del sistema judicial– que a su vez deberá nombrar a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo (TS) cuyo mandato también caduca en pocas semanas, ha puesto de manifiesto la falacia de la “independencia” del poder judicial, añadiendo un nuevo elemento de desprestigio a este estamento.

Hoy se dio a conocer la noticia del arresto de un hombre de extrema derecha de 63 años que quería asesinar a Pedro Sánchez. A pesar de que la policía encontró 16 armas en su poder, la Audiencia Nacional se ha negado a tratar el caso porque no lo considera un asunto de terrorismo. Este es el mismo tribunal que ha condenado a los artistas de rap a la cárcel por "glorificar el terrorismo" en sus letras. ¿Un caso de doble rasero?

Recientemente, hemos asistido a una demostración del poder de los banqueros en nuestro país. En pocos días han conseguido que el Tribunal Supremo se rectifique a si mismo, declarando que el  impuesto de las hipotecas deben pagarlo los hipotecados. Una decisión que ahorra a la banca miles de millones de euros, porque no tendrán que devolver retroactivamente este impuesto en millones de hipotecas.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la banca. La sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal ha decidido, por quince votos contra trece, que el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) recaiga, como hasta ahora, en el cliente hipotecado y no en el banco. Esta sentencia vuelve a poner al desnudo el carácter de clase de la justicia y del Estado en su conjunto.