Estado Español
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El pasado día 12 de febrero se inició el juicio al procés, con la Fiscalía pidiendo penas de entre 11 a 25 años para los dirigentes independentistas catalanes. El órgano encargado de dictar sentencia es el Tribunal Supremo, que va a considerar las acusaciones presentadas por la Fiscalía de rebelión, sedición y malversación. El delito: organizar un referéndum por la autodeterminación.

El régimen se salta su propia legalidad burguesa

 Los 12 dirigentes que se sientan en el banquillo han pasado el último año y medio en prisión preventiva, una medida totalmente desproporcionada y que muestra el carácter vengativo y represor del aparato del Estado. La amenaza de “romper” España generada por el movimiento de masas en Catalunya enloqueció a la derecha y al aparato del Estado, que en su afán por castigar a los dirigentes se ha saltado el (limitado) marco de su propia legalidad burguesa.

Una vez aplicado el artículo 155, Rajoy convocó elecciones con la esperanza de romper el dominio de los partidos independentistas. Sin embargo, estos revalidaron su mandato, humillando al régimen a la vez que dificultaba en gran medida la decapitación de la lucha republicana catalana. Aunque Ciudadanos fue el partido más votado, Puigdemont gozaba del mandato democrático para ser reelegido presidente. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sin embargo, prohibieron al Parlament elegir a su President, exigiendo a alguien que no estuviera implicado en los hechos de octubre. Finalmente, después de tres intentos fallidos, Torra fue nombrado para dirigir la Generalitat. El régimen del 78 mostró claramente que la democracia burguesa, y su legalidad, son meros instrumentos en sus manos que deciden utilizar o echar por la borda para salvaguardar sus intereses.

Desde lo que llevamos de juicio, la rebelión, que es la principal causa de la acusación, no ha tenido mucho protagonismo, y lo poco que ha tenido se ha basado mayoritariamente en los coches de la Guardia Civil que fueron dañados durante el 20S de 2017, cuando de manera espontánea 40.000 personas rodearon la Consellería de Hacienda en Barcelona para rechazar la detención de varios dirigentes del procés. ¿La razón? Porque es totalmente escandaloso y falso que se pueda juzgar a los dirigentes catalanes por un levantamiento armado. En primer lugar, los dirigentes del movimiento no hicieron en ningún momento un llamamiento a la insurrección armada, no se organizó la toma de puntos estratégicos (como las comunicaciones, el transporte, puntos geográficos, etc), no se asaltaron cuarteles, etc. El Estado tampoco reaccionó con una declaración de estado de sitio como se esperaría de un desafío de tal magnitud. La acusación por rebelión es tan insostenible que ni con la ayuda de la fiscalía alemana la fiscalía española pudo extraditar a Puigdemont desde Alemania.

Es más, es tan espuria la acusación que ha sido cuestionada por más de 200 profesores de derecho penal y hasta por Pascual Sala, que fue presidente del Supremo y del Constitucional. Con esto, como explica La Vanguardia, la fiscalía va a necesitar la ayuda de la mayoría de sus 256 testigos para justificar la violencia. Estos han sido seleccionados con cuidado, y otros, como el Síndic de Greuges, una institución catalana para garantizar los derechos de los ciudadanos ante las administraciones públicas y que aportaría información y datos objetivos al juicio, fueron rechazados porque no se ajustarían a su versión de la realidad. La justicia, y a través de ella, el régimen del 78, mueve y ajusta los marcos legales para garantizar el mantenimiento de sus intereses.

 

Juicio y el carácter de clase de la justicia

 Desde que estalló la crisis económica del 2008 estamos viviendo un proceso de polarización política a nivel mundial. En estas condiciones inestables, con cambios bruscos en la situación, las instituciones burguesas se han desgastado a los ojos de las masas. Este es el caso especialmente en el Estado español y en particular de la justicia y su “independencia”, que ha mostrado su carácter inequívoco de clase.

El magistrado Marchena, quien preside el Tribunal Supremo juzgando el procés, hace tan sólo unos meses fue candidato al CGPJ pero fue comprometido por la estupidez del PP al filtrarse un wasap donde se decía que con él podrían controlar el poder judicial “por la puerta de atrás”. Este juez reaccionario próximo al PP tuvo finalmente que renunciar y contentarse meramente con presidir el juicio más importante de la historia reciente del país.

Quizás elescándalo más notable protagonizado hasta ahora ha sido el del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). En un caso sin precedentes, el Alto Tribunal realizó un giro de 180 grados en su sentencia previa para finalmente fallar a favor de la banca. Como era de esperar, la bolsa se disparó al conocer la noticia.

Estos ejemplos no deberían sorprendernos. La mayoría de los jueces son individuos que provienen de familias de las altas esferas de la sociedad o de la pequeña burguesía adinerada, que tienen vínculos con el Estado, o con grandes negocios o con intereses y vínculos familiares o de amistad con grandes empresarios. Su educación, su forma de pensar, su forma de actuar es igual que la de la clase dominante española, aunque intenten guardar las formas debajo de su vestimenta de juez y su lenguaje retorcido. Esto es lo que en última instancia marca el carácter de clase de la institución judicial, más allá de que haya excepciones a la norma con jueces honestos, con sentencias que fallen a favor de la ciudadanía, etc. La justicia es un órgano más de opresión en manos de la clase dominante, como lo son también las prisiones, el ejército, la policía, en definitiva, el mismo Estado.

 

Depuración de la justicia y la lucha contra el capitalismo

 El juicio farsa al “procés” está decidido de antemano. No podemos saber exactamente cuáles serán las sentencias finalmente dictadas, pero lo que sí sabemos es que los dirigentes catalanes van a ser castigados de un modo u otro por haber desafiado la unidad de España y por consiguiente los intereses de la clase dominante. Los tres partidos de derecha se han visto envalentonados por la falta de una oposición real de la izquierda, agitando el nacionalismo españolista rancio con declaraciones incendiarias y pidiendo cabezas. El aparato del Estado, encargado de poner orden a la situación, también reivindica su parte.

Este juicio farsa muestra la necesidad de una depuración y transformación radical del poder judicial. Los jueces y fiscales deberían ser escogidos por sufragio universal, siendo revocables en cualquier momento por quienes los eligieron. Esta medida permitiría escoger a jueces y fiscales más progresistas y sensibles a los intereses de la clase trabajadora, quien constituye la mayoría de la población del país. Asimismo, como funcionarios públicos, los jueces y fiscales no deberían gozar de ningún privilegio, sino que deben tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier funcionario medio, con salarios ajustados al nivel correspondiente. Estas medidas, de carácter limitado, deberían ir ligadas a una depuración general del aparato del Estado de franquistas y reaccionarios, que han levantado cabeza con la cuestión catalana, mostrando la falsedad de la “transición democrática”.

La deriva autoritaria del régimen del 78 es un reflejo de la polarización de la sociedad, que busca una salida a la crisis profunda del sistema. El dominio de clase de la burguesía española y sus lacayos se fundamenta en una estrecha base social, una centralización burocrática y la opresión. Sobre estas bases más bien inestables, el régimen del 78 y el capitalismo que lo sustenta necesita emplear la represión con mano dura cuando ve amenazados sus intereses. Los recortes a los derechos democráticos se aceleraron con la ley mordaza y han experimentado un nuevo impulso a raíz de la crisis catalana. Vemos como se ha extendido la represión no solo a los dirigentes catalanes, sino que también a activistas, dirigentes sindicales, artistas, etc. Cualquier demócrata serio tiene el deber de oponerse a cualquier ataque a los derechos democráticos y a defender el derecho a la autodeterminación. Se deberían impulsar en todo el Estado movilizaciones en contra de los juicios políticos y a favor de la absolución y del derecho a la autodeterminación, vinculando estas luchas con luchas por mejoras sociales. En la crisis actual del sistema, y con una crisis económica mundial en el horizonte, para defender los derechos democráticos mínimos hay que luchar no sólo contra el régimen del 78, sino contra los banqueros y grandes empresarios que lo sustentan.