Movimiento Obrero
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Los 5.300 trabajadores de OPEL, en Figueruelas, (Zaragoza) votaron en referéndum los días 30 y 31 de Enero el preacuerdo al que habían llegado horas antes UGT, CCOO y ACUMAGME. La participación fue muy alta, participó el 92,5% de los trabajadores en un ambiente de terror, al final se impuso el sí por 2897 votos (58,4%) frente al no que obtuvo 2008 votos (40,9%).

La multinacional del automóvil PSA, compró la factoría de Figueruelas a General Motors a principios de 2017 y con esta adquisición acumula un poder enorme añadido a las fábricas de Citroën en Vigo y Villaverde en Madrid. Se constituye, de hecho, en el grupo fabricante de automóviles más importante del país. En los centros de producción del grupo se fabricaron en 2017 876.672 unidades de doce modelos distintos, una cifra que lo coloca como primer fabricante nacional con el 31% de la producción, uno de cada tres vehículos que se produce en este país es del grupo PSA. El 86,8% de lo que produce el grupo se exporta.

PSA tenía las ideas muy claras ante el nuevo convenio de la planta de Figueruelas. El plan es producir 450.000 vehículos al año y el lanzamiento en 2019 del nuevo Opel Corsa. Para ello la dirección exige “sacrificios a los trabajadores y la factoría se prepara para aplicar una política agresiva de optimización en todas las áreas”. Objetivos muy claros que, en lo sustancial, la empresa ha conseguido. Para ello era necesario equiparar a los trabajadores de la factoría aragonesa con los salarios y condiciones de trabajo de la factoría de Vigo de Citroën, mucho más bajos, donde ya amenazaron a los trabajadores con la deslocalización de la fabricación de los nuevos modelos y consiguieron sus objetivos.

La nueva dirección llevó la iniciativa en la negociación del convenio proponiendo un plan de choque que consistía, en sus aspectos más importantes, en la reducción de los salarios un 6% y eliminación o reducción de pluses; ampliación de la jornada laboral, reduciendo los descansos de bocadillo de 18 minutos a 15 minutos y las 4 pausas de 10 minutos de descanso, exigidas por la intensidad del trabajo en las cadenas, a 33 minutos; la realización de horas extras de forma obligatoria cuando así lo considere la empresa; flexibilidad en los turnos; eventualidad a la carta y el establecimiento de una nueva categoría de acceso con salarios más bajos para los nuevos trabajadores, y decisión controlada por la empresa en las promociones profesionales. El comité, presionado por el profundo cabreo de los trabajadores ante estas propuestas, decidió rechazarlas y suspender las negociaciones hasta que la empresa retirase esas condiciones absolutamente innegociables. Los trabajadores empezaron a expresar su malestar realizando movilizaciones en la fábrica en los tiempos de bocadillo de forma masiva y exigiendo al comité la convocatoria a la lucha.

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@Opelenlucha

Ante esta combatividad de los trabajadores, la empresa, como todas las multinacionales del sector del automóvil cuando llega la negociación de los convenios colectivos, volvió a recurrir al chantaje y amenazar con llevarse el nuevo modelo de Opel a otra factoría, lo que podría significar la pérdida de varios miles de empleos directos en la fábrica. Esta decisión de la empresa “nos encabritó” como decía un trabajador a la puerta de la fábrica, revolucionó a todos los trabajadores que vieron cómo sus salarios, ya castigados por años de pérdida de poder adquisitivo sufrían un tijeretazo brutal, y sus condiciones de trabajo empeoraban drásticamente. La respuesta a la declaración de guerra patronal fue, por una parte, de rabia y de exigencia a los sindicatos que defendiesen los derechos de los trabajadores, y por otro lado se extendía el miedo a que la empresa hiciese realidad sus amenazas y deslocalizase la fabricación del Corsa de Figueruelas. El chantaje hizo su efecto, el poder político, tanto del Gobierno de Aragón como desde Moncloa suplicaron a la empresa que no deslocalizase la fabricación del nuevo vehículo y se fue inoculando a través de los medios y de las autoridades políticas y dirigentes sindicales del comité de empresa que había que aceptar empeorar los salarios y las condiciones de trabajo en beneficio de todos. Los llamamientos de la CGT y OSTA a realizar una asamblea de trabajadores y emprender la vía de la lucha fueron ignorados por los sindicatos mayoritarios de la empresa que, presionados por la dirección del grupo, los representantes políticos y los medios, firmaron el acuerdo.

Lo esencial de ese pacto regresivo es lo siguiente: congelación salarial en el 2018, incremento salarial del 50% del IPC para el 2019 y 2020 y del 60% del IPC el 2021 y 2022. Reducción o eliminación de pluses. La reducción de las pausas de 10 minutos de descanso en las cadenas de montaje a 9 minutos, fijadas en su momento como una necesidad para dar un respiro ante la alta intensidad del trabajo, y también reducir el descanso de bocadillo del 18 minutos a 17 minutos, aumentando de hecho la jornada efectiva 5 minutos por turno, incrementar la flexibilidad en los turnos donde trabajaremos 40 sábados o más, 20 de mañana y 20 de tarde, arruinando nuestra vida familiar, y crear una tercera categoría para los nuevos con peores salarios. Una auténtica contrarrevolución en la fábrica y así fue percibido por los trabajadores de Opel.
El resultado favorable a la empresa en el referéndum, tiene unos artífices claros: la intolerable actitud de chantaje de la patronal, actitud jaleada por las instituciones y sus voceros, los medios de comunicación que tratan de convencer y presionar a los trabajadores de la planta que deben trabajar más por menos salario y en peores condiciones de trabajo en beneficio de todos, y sobre todo, la dirección de los sindicatos UGT y CCOO, (la CGT se opuso al acuerdo), que han cedido al chantaje y dejado huérfanos a los trabajadores, demostrando una mayor cercanía a la patronal que a sus representados y afiliados.

Las entrevistas a trabajadores a pie de fábrica, demuestran que, a pesar del sí en el referéndum, muchos de esos trabajadores votaron a favor del acuerdo entre otras razones porque su comité de empresa había renunciado a la lucha y hacía creíble la amenaza de la patronal, sus declaraciones a pie de fábrica rezuman una profunda frustración y malestar por lo que significa el resultado. “Es malo para todos, bueno para la planta” aseguraba un trabajador con 36 años en OPEL. Víctor García, trabajador de la planta afirmaba: “la plantilla está dividida, el sí ha salido con casi el 60% frente al no del 40%. Para todos en general este convenio es malo”. José Antonio Gil, 30 años en OPEL mostraba su desconfianza hacia lo que puede pasar en el próximo convenio. “Ha primado asegurar el futuro. Había mucho miedo. En general es malo para todos, nos perjudica y ya veremos lo que pasa de aquí a cinco años”. Muchos no querían hablar y marchaban afirmando que era una vergüenza, una “charlotada” afirmaban, nos han engañado gritaban. No nos garantizan nada y sin embargo tenemos peores condiciones de trabajo. Una trabajadora afirmaba, “si cada vez que negociamos el convenio perdemos derechos, vendremos a trabajar por la cama.”

Ese sentimiento de frustración, esa consciencia de derrota, es el sentimiento mayoritario de la plantilla, que lleva cediendo desde el 2002 y que sabe que tendrá que fabricar más coches con menos gente a cambio de menos salario y en peores condiciones de trabajo. Sabe que ese retroceso se cumplirá escrupulosamente, y también sabe que la empresa mantendrá sus empleos más precarios y baratos si le conviene y es rentable desde su punto de vista. Siempre la ley del embudo para los trabajadores. Esa es la experiencia acumulada en la vida de la fábrica.

Por eso suenan patéticas y cínicas a los oídos de los trabajadores de Opel las declaraciones de los dirigentes de los grandes sindicatos de este país, UGT y CCOO mayoritarios en el comité de fábrica. El secretario general de CCOO Unai Sordo “lamenta el chantaje al que se somete a los trabajadores de la automoción cada vez que una factoría aspira a un nuevo modelo”. Increíblemente después tiene el valor de afirmar que “los trabajadores han tomado la decisión correcta” y tacha de “salvaje la competencia entre centros productivos y vergonzoso el comportamiento de las multinacionales del sector del automóvil, que trata de competir en base a bajos salarios”. Álvarez, secretario general de UGT, se atreve a afirmar que el preacuerdo de OPEL “no es un cheque en blanco” y será beneficioso para los trabajadores.

Estas declaraciones parecen hechas por alguien ajeno, sin embargo son responsables directos. Ya en fecha tan temprana como el 15 de Diciembre la representación de CCOO informa que “ha habido un acuerdo mayoritario de las centrales en cuanto a la contención salarial”; estos representantes de la plantilla ya habían renunciado a ser reivindicativos frente a la empresa. Esta misma actitud contemporizadora con la empresa se deduce del discurso del secretario general de la sección de CCOO en la tensa asamblea de afiliados, “sé que el acuerdo que nos valga a nosotros y a PSA va a hacer que algunas personas os deis de baja de CCOO”. La brutalidad de las exigencias patronales, basadas en la experiencia del comportamiento de UGT y CCOO, que siempre, en esta y en otras fábricas, han aceptado el chantaje, hizo endurecer sus declaraciones; pero a partir de las amenazas de la empresa su actitud fue convencer a los trabajadores de la planta que había que ceder porque el chantaje podría ser una realidad. Esa es la triste historia del sector de la automoción en España. Es la consecuencia del sindicalismo de colaboración con las empresas, su resultado siempre es la derrota y la debilidad de los trabajadores. Cambiar este sindicalismo es imprescindible si queremos mejorar nuestras condiciones de trabajo y salario y hacer valer nuestro peso social. Es absolutamente intolerable que ante la actitud feudal del señor de PSA de imponer un retroceso en salarios, con pérdida de poder adquisitivo clara, con reducción de los tiempos de descanso en las cadenas, con más flexibilidad en los turnos, con nuevas categorías más bajas para los nuevos trabajadores, no se haya llamado a la movilización a los 5.000 trabajadores de la planta y a los 25.000 de las empresas proveedoras y a la clase obrera aragonesa a quien también le afecta este retroceso social. Sin embargo se ha cerrado un preacuerdo con la empresa para reducir los costes del trabajo en la fábrica a cambio de buenas palabras, que en el mejor de los casos durarán hasta el próximo convenio. Se ha colaborado con la empresa en crear un clima de terror en la plantilla, si esas prácticas se aceptan como buena moneda, ¿cómo podremos mejorar nuestras condiciones de salario y trabajo? Es imposible, porque la experiencia nos dice que las empresas en cada uno de los convenios del sector han chantajeado a los trabajadores. No será posible progresar con estos sindicatos si siguen con esta política.

La realidad es tozuda y nos muestra que estas prácticas de colaboración con las empresas están consiguiendo empobrecer a los trabajadores en empresas que por su número y organización podrían conseguir convenios decentes. Sin embargo, es increíble, pero los empresarios han conseguido con la ayuda de estos sindicatos que en Citroën y ahora en Figueruelas se trabaje por salarios a duras penas mileuristas.