Cuestión nacional
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El pasado viernes 6 de abril varios centenares de personas nos manifestamos en Madrid para exigir la libertad de los presos políticos catalanes y en defensa de las libertades democráticas, avasalladas por el aparato del Estado, no sólo en Catalunya sino en todo el país.

En la manifestación hubo también una presencia activa de estudiantes y residentes catalanes en Madrid. Las consignas se cantaban indistintamente en castellano y catalán: “Presos políticos, libertad”, “Sí, sí, sí, derecho a decidir”, entre otras. Igualmente se cantaron consignas contra la Ley Mordaza, por la liberación de otros prisioneros políticos en el resto del Estado (como Alfon), y contra la entrada inminente en prisión de artistas de rap (como Valtonyc, Pablo Hasel o el colectivo “La Insurgencia”). Claramente, la manifestación tenía un claro contenido republicano y en contra del Régimen del 78.

La manifestación fue convocada por la plataforma “Madrileños/as por el Derecho a Decidir”, creada semanas antes del referéndum catalán del 1 de octubre para expresar la solidaridad y apoyo al pueblo catalán en su voluntad mayoritaria de ejercer el derecho de autodeterminación. Ha sido impulsada inicialmente por grupos y colectivos como Anticapitalistas, Izquierda Castellana, Manifiesto por el Socialismo, entre otros, y en cuyas actividades públicas participamos Lucha de Clases y muchos activistas de diversa procedencia, también de IU y de Podemos.

La manifestación, que comenzó en la Puerta del Sol, terminó frente al Ministerio de Justicia, donde se leyó un manifiesto y se cantó “L’Estaca” de Lluis Llach.

A lo largo del recorrido hubo algunas provocaciones desde las aceras de individuos aislados. Había un fuerte cordón policial que rodeaba toda la manifestación que neutralizó a algunos de estos energúmenos. Pero fue llamativo que no hicieran aparición grupos fascistas organizados en las proximidades para hacer ostentación, lo que demuestra que sin el amable permiso de la policía estos grupos no pisan las calles y que es el aparato del Estado quien modula su actividad, según el momento y el interés político del régimen. Era claro para el gobierno que, tras el varapalo de la justicia alemana, al negarse a extraditar a Puigdemont por considerar insostenible la acusación de “rebelión”, cualquier altercado que tuviera como protagonista a estos grupos restaría credibilidad “democrática” a la represión contra el independentismo catalán.

Fuera de Catalunya sólo se han dado movilizaciones relevantes de solidaridad a lo largo de todos estos meses en Euskadi, Navarra y Valencia, impulsadas sobre todo por la izquierda nacionalista en estas zonas. En Madrid, la plataforma “Madrileños/as por el Derecho a Decidir" ha salvado el honor de la izquierda española, junto a pequeños colectivos en otras zonas del Estado; al levantar una voz clara y firme contra la represión del Estado hacia el movimiento independentista catalán, pese a los escasos medios y limitaciones de convocatoria de la plataforma, y ante la inacción y la actitud pusilánime de los dirigentes de Unidos Podemos en todos estos meses, que salvo quejas en twitter y declaraciones episódicas, no han promovido ninguna movilización en la calle, pese a la clara vulneración de los derechos democráticos y políticos de los dirigentes independentistas detenidos. Esto es tanto más grave cuanto que el fortalecimiento de la represión del Estado ha envalentonado a este último para incrementar su persecución a activistas en las redes sociales, manifestaciones, etc. con la proliferación de imputaciones por “delitos de odio” contra la policía (como la concejal de Ahora Madrid, Romy Arce), de “enaltecimiento del terrorismo”, de “ofensa al sentimiento religioso”, “delitos contra la Corona”, etc. La debilidad invita a la agresión. Vergonzosamente, los dirigentes de Unidos Podemos, piensan que si “dan la cara” por los presos políticos catalanes, eso les va a restar votos en las elecciones locales, regionales y europeas del año que viene.

Ahora, la fiscalía del Estado, con apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE, está amenazando a los Comités de Defensa de la República que han proliferado en toda Catalunya y que son organismos de participación y organización popular, formados por activistas y luchadores sociales de los barrios y pueblos, y que están disputando al ala moderada del independentismo el protagonismo en las calles. Al menos aquí, Alberto Garzón ha tenido una posición valiente y se ha pronunciado contra la criminalización de los CDR, ya que eso abriría la puerta para la criminalización de cualquier protesta social en el resto del Estado. Si cortar una carretera es equiparable al delito de “rebelión”, mañana cualquier piquete obrero podría ser acusado de lo mismo, tomando el caso catalán como jurisprudencia, si así lo decidiera un juez reaccionario.

Como los pensionistas, las mujeres oprimidas, y la juventud, somos muchos los que nos negamos a aceptar el consejo de los dirigentes de UP de esperar a las elecciones de 2019 y 2020 para intentar cambiar las cosas. No han sido las brillantes iniciativas parlamentarias de los diputados de Unidos Podemos, desconocidas e irrelevantes para casi todo el mundo en la medida que no han servido para cambiar las cosas, sino la movilización social quien ha arrinconado al gobierno de PP-Ciudadanos en las últimas semanas. Si los dirigentes de UP hubieran movilizado desde meses atrás en las calles contra la represión en Catalunya, su autoridad se habría incrementado ahora tras la decisión del tribunal alemán que no ve delito de rebelión en el ejercicio del derecho de autodeterminación que millones protagonizaron en Catalunya el pasado 1 de octubre, y que está haciendo reflexionar a muchos millones que inicialmente aceptaron sin rechistar las acusaciones en este sentido del gobierno, de Ciudadanos y del PSOE. La conciencia de que existe una persecución política se va a ampliar en las semanas y meses siguientes. El hecho de que hasta Felipe González haya declarado abiertamente su opinión de que todos los presos catalanes deben estar en libertad muestra las fisuras que han empezado a abrirse en el frente “unionista”.

En la hoja que repartimos Lucha de Clases en la manifestación insistíamos en la necesidad de organizar una plataforma estatal contra la Represión, abierta a todas las organizaciones y colectivos que quisieran participar, que coordinara e impulsara fuera de Catalunya la movilización contra la represión del Estado en todas sus formas, con manifestaciones y actos públicos, concentraciones en los juzgados, cajas de resistencia para las multas, etc. También proponíamos la creación de Comités de Defensa de la República en todo el Estado como una manera concreta de formar espacios de organización popular en la movilización contra el Régimen monárquico.

El éxito de estas iniciativas estaría garantizado en un contexto como el actual en el que capas cada vez más numerosas de la población, y de la clase trabajadora en particular, están viendo la necesidad de volver a las calles para cambiar el estado pútrido de la situación social y política y de terminar con la corrupción organizada del régimen monárquico del 78.

(Fotos: Madrileños por el derecho a decidir)