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El gobierno del PSOE y Unidos Podemos han anunciado un acuerdo de legislatura hasta 2020 que incluye un acuerdo sobre los Presupuestos del Estado para 2019, con un aumento del gasto social de 5.000 millones de euros. Para ello, se pretende incrementar la recaudación a través de un aumento de impuestos a las grandes empresas y contribuyentes. También se acuerda “suavizar” la reforma laboral del PP de 2012 y la Ley Mordaza, pero no derogarlas.

La derecha y los empresarios, insensibles a los padecimientos de las familias trabajadoras y de los pobres, han puesto el grito en el cielo contra las medidas progresistas incluidas en este acuerdo, sobre todo en lo referido al aumento del salario mínimo. Esto es un escándalo. Mientras que la masa salarial total del país estaba todavía en 2017 –según la Agencia Tributaria– 9.500 millones de euros por debajo del nivel que tenía antes de la crisis, en 2007; los beneficios empresariales se situaban 40.000 millones de euros por arriba. Esto muestra nuevamente de qué pasta están hechos, derecha y empresarios, y el papel reaccionario que juega el nacionalismo españolista, su patriotismo y su bandera, como mecanismo diseñado para tapar el conflicto entre las clases sociales y proponer una falsa e imposible “unidad de la nación”.

Este proyecto de presupuestos aún no tiene un apoyo mayoritario garantizado en el Congreso, a falta de una definición de los nacionalistas catalanes –en particular ERC–; y, sobre todo, falta el visto bueno de la Unión Europea capitalista para su aprobación, que tiene el derecho de veto al respecto.

 

Avances contra la austeridad del PP…

Sobre el papel, hay que reconocer algunos avances sustanciales, que son fruto de la enorme presión desde abajo. Destacan el aumento del salario mínimo a 900 euros, un incremento del 22%; y la revalorización de las pensiones con los precios (IPC) para 2018 y 2019, con un 3% para las pensiones más bajas y las no contributivas. También destaca el incremento de los permisos de paternidad y maternidad a 8 meses para cada cónyuge en 2019 y 12 en 2020 no intercambiables, la incorporación gradual en dos años de las empleadas de hogar el régimen general de la Seguridad Social, que las horas extras coticen a la Seguridad Social, y la derogación del decreto que incrementaba las tasas de matrícula de la universidad hasta un 15%, aunque el precio de las matrículas es competencia de las comunidades autónomas. Las becas se incrementan un 36%, el gasto en investigación un 6,7%, las ayudas a la dependencia un 40%, y se destinan 180 millones contra la pobreza infantil severa. Se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, y se eliminará gradualmente el copago farmacéutico para jubilados, comenzando con los jubilados con la pensión mínima. También se permite a los ayuntamientos usar su superávit para gasto social “sostenible”, como las guarderías.

 

pero insuficientes

Lo cierto es que el gasto público en relación a la riqueza generada (PIB) se reducirá el año que viene, del 41º,2% al 40,9% del PIB, de manera que se mantendrá la política general de ajuste. En porcentaje del PIB, el gasto en educación y sanidad no aumentarán, se mantendrán en el 4% y el 6% del PIB, respectivamente. Puede parecer contradictorio que se anuncien 5.000 millones más de gasto social y que éste se reduzca en porcentaje de PIB. Eso es así porque el gobierno espera que este último, el PIB, crezca más que el aumento del gasto.

Las propuestas para vivienda y electricidad son bastante cicateras. Se amplían los contratos de alquiler a 5 y 7 años (para el caso de que los propietarios sean personas jurídicas: empresas inmobiliarias, bancos, etc.) y se permite que los ayuntamientos fijen alquileres de referencia obligatoria, pero no hay medidas para abaratar los alquileres actuales ni evitar los 95 desahucios diarios sin alternativa habitacional. No se obliga al SAREB (“banco malo”) a poner su parque de viviendas a disposición del Estado. La propuesta de construir 20.000 viviendas de protección oficial para alquileres baratos ¡en 4 años! es una gota en un océano.

En electricidad, se reducen algunos impuestos que no afectan a los beneficios de las eléctricas, sino a la recaudación estatal. Se habla, sin concretar, de reducir sobreprecios y ayudas a las eléctricas. Lo cierto es que el descenso previsto del 2,16% en la factura de la luz no compensa las subidas acumuladas ni impide subidas futuras.

Lamentablemente, permanecerá el grueso de la reforma laboral del PP, salvo –se dice– los aspectos “más lesivos”. Retornará la vigencia del convenio anterior hasta que se firme uno nuevo, se “revisarán” las causas que modifican las condiciones de trabajo, se desvincularán los contratos por obra y servicios de las contratas, y se fijará expresamente el horario en los contratos a tiempo parcial. También se efectuará “con la mayor urgencia posible” la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y se fichará obligatoriamente a la entrada y salida del trabajo. Pero nada de retomar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado ni de impedir los despidos por causas económicas aunque haya beneficios. Seguirá prevaleciendo el convenio de empresa sobre el de sector y se mantendrá la bajada discrecional del salario por razones “económicas”, “de producción”, etc. y no hay propuestas para reducir la temporalidad de los contratos.

Hay un aspecto particularmente deplorable en el acuerdo en materia de derechos democráticos. Se mantiene el retroceso impuesto por el PP a través de la “Ley Mordaza”, sólo que “suavizada”. Se restringirá, que no prohibirá, que los empleados privados de seguridad puedan ejercer “funciones públicas”, esto es: actuar como policías. La ausencia de comunicación previa, aunque obligatoria, no impedirá el derecho de manifestación “pacífica”, pero se mantendrán las multas impuestas por la Ley Mordaza, sólo que “atendiendo al criterio de capacidad económica” del infractor. Se “revisarán en profundidad” los tipos de infracción referidas a la libre expresión y manifestación, sin concretar cuáles. La misma ambigüedad se aprecia en la reforma del Código Penal en lo que se refiere a los “delitos” por ofensa las creencias religiosas y a la corona, que “se modificarán”, sin derogar, y en el artículo 315 que penaliza la actuación de los piquetes, que se “revisará”.

 

Cómo financiarlo

El aspecto más controvertido es cómo conseguir el dinero para financiar el aumento del gasto social anunciado de 5.000 € millones y cumplir, al mismo tiempo, el objetivo de déficit público (diferencia entre gastos e ingresos) impuesto por la Unión Europea. El déficit previsto para 2018 es el 2,7% del PIB, la riqueza generada anualmente. Y para el 2019 es del 1,8%, lo que implica una reducción del déficit de 10.000 millones de euros, que debe ser cubierto con un incremento adicional de la recaudación por ese monto. Eso implica recaudar 15.000 millones extras para cumplir el presupuesto y el objetivo de déficit, o reducir partidas sensibles del gasto público. El gobierno parece confiar en que la actividad económica del próximo año le permita superar la recaudación de 2018 sin recurrir a recortes sociales, pese a que se espera una reducción del crecimiento, como parte del decrecimiento general a nivel internacional.

La realidad es que el aumento de impuestos anunciado a los ricos es bastante moderado, como ha señalado incluso el secretario general de CCOO, Unai Sordo. De hecho, la recaudación de impuestos propuesta por el gobierno crece muy levemente, pasando a representar el 34,93% en 2018 al 35,54% en 2019. Se exigirá una tributación mínima del 15% a las grandes empresas por el impuesto de sociedades, y del 18% a los bancos y petroleras, frente al 7% efectivo actual. Aunque la ley fija el 25%-30%, esto ha sido continuamente escamoteado por las grandes empresas con todo tipo de trucos contables. Se sube el IRPF a quienes ganen más 130.000 € al año, se sube un 1% el impuesto al patrimonio para quienes declaren de más de 10 millones de euros, aunque este impuesto es competencia de las comunidades autónomas; y también se incrementa el impuesto a las rentas del capital de más de 140.000 €. Se introduce un impuesto del 0,2% a determinadas transacciones financieras por las grandes empresas y bancos, como la compra de acciones; y al 5% de los beneficios empresariales obtenidos en el extranjero, a las compañías digitales que incorporan publicidad, y al diesel. El gobierno espera recaudar con esto 5.678 € millones.

Si hubiera un rechazo de Bruselas, el gobierno sólo tendrá la opción de retroceder y reducir la amplitud de sus reformas, frustrando las ilusiones que ha creado y arrastrando con ello a Unidos Podemos; o responder con aumentos de impuestos más ambiciosos que le llevarían a un enfrentamiento frontal indeseado con los grandes empresarios y que teme.

A pesar de las indudables ilusiones que ha creado, y de los avances incluidos, la realidad es que el alcance de las medidas acordadas entre el gobierno y Unidos Podemos es muy insuficiente. No se avanza decisivamente contra la precariedad laboral. Se acata el objetivo de déficit público fijado por la UE como palabra santa, y se aceptan como permanentes la mayor parte de los ataques del PP, en recortes sociales y democráticos. Ni siquiera se avanza un milímetro sobre los escandalosos privilegios de la Iglesia en el pago de IBI o en la devolución de los edificios públicos apropiados fraudulentamente, mientras aquélla se pavonea chulescamente aceptando alojar la momia de Franco en su templo mayor de Madrid.

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Unidos Podemos se hace corresponsable de la política de Sánchez

Lo que UP debería haber hecho en los meses precedentes era una campaña pública de agitación para exponer su programa y presionar al gobierno de Sánchez para que incluyera el máximo de sus propuestas, pero sin implicarse en un pacto ni aparecer como coautor del proyecto de presupuestos. Eso le hubiera dejado las manos libres en la oposición para exponer las insuficiencias y medias tintas del gobierno de Sánchez, apareciendo al mismo tiempo como el campeón en la lucha contra la derecha. Ahora, una vez aprobados los Presupuestos, UP se hará corresponsable de su cumplimiento y no podrá exigir hasta 2020 ni una coma más de lo firmado. Y también se hará corresponsable de la frustración que pudiera generar su alcance limitado o un eventual incumplimiento ¿Qué responderán los compañeros Iglesias y Garzón a los trabajadores que sufran los embates del resto de la reforma laboral del PP que va a permanecer? ¿Qué le dirán a los jóvenes multados por la Ley Mordaza a través de de los artículos “suavizados” con su implicación?

Pablo Iglesias declaró a El País: “El acuerdo es un punto de inicio a nueva etapa en la política económica española, que creo que terminará con un Gobierno de coalición” (11/10/18). Unidos Podemos, que se conformó para “impugnar el régimen del 78”, se ha implicado en su sostén, renunciando incluso a su aguado programa electoral de 2016. Parafraseando al filósofo alemán Hegel: por lo poco con que se contentan los dirigentes de Unidos Podemos puede medirse la extensión de lo que han abandonado tras de sí.

Los dirigentes del PSOE están comprometidos con el régimen. Nunca van a amenazar sus intereses fundamentales, por eso renuncian a derogar toda la reforma laboral del PP y su Ley Mordaza, y aceptan sin protestar las imposiciones de ajuste de Bruselas. En esta dinámica, no serán los dirigentes de UP quienes arrastren al PSOE a la izquierda, sino que éste los arrastrará a ellos más a la derecha.

Este es el resultado del llamado realismo, aceptar lo que hay y la dictadura del gran capital español y europeo sobre las condiciones de vida de los millones que sostienen el país y los privilegios de los ricos, perpetuando el ajuste a cambio de algunas concesiones que no garantizan un futuro digno para la mayoría. Hay que derogar toda la política represiva y antisocial del PP, y repudiar la deuda pública esclavizadora que la clase obrera no ha generado y que se lleva 30.000 millones de euros al año de nuestros bolsillos, y que impide terminar con los recortes sociales. Es imposible proporcionar vivienda suficiente para alquiler barato, mientras existan 3 millones de viviendas vacías sin ofertar, una gran parte de las cuales están en manos de inmobiliarias y bancos, a quienes habría que expropiarles esos inmuebles para ofrecerlos en alquiler social. Es imposible que la población pueda acceder a electricidad barata, mientras la producción y suministro de energía estén supeditados a dejar beneficios al puñado de compañías que la controlan en monopolio. Debe estar en manos de la sociedad, y por tanto estas compañías deben ser nacionalizadas como única manera de reducir significativamente la factura de la luz.

Mañana, otra crisis o el aumento de los tipos de interés, harán que la deuda pública vuelva a crecer, lo que exigirá nuevos recortes y desandar lo avanzado con estos presupuestos. Bajo el capitalismo en crisis no hay solución permanente a nuestros problemas. Hay que nacionalizar las demás palancas claves de la economía, bajo control de los trabajadores y sin indemnización, comenzando por las grandes empresas del IBEX35 y los bancos, única manera de planificar la economía en interés de la mayoría y conseguir los recursos para llevar a cabo una verdadera transformación social.

Contra lo que piensan los dirigentes de Unidos Podemos, no es la ultraderecha quien está a la vuelta de la esquina si el gobierno fracasa en presentar unos presupuestos “sociales”, ya sea por la traba de la derecha o de Bruselas. Mientras se mantengan los bajos salarios, el empleo precario y los elevados precios de los alquileres y de la luz –que van en el interés del decrépito capitalismo español y que no cuestionan la derecha ni la ultraderecha– a lo que nos enfrentaremos será a una explosión de luchas a la que los marxistas le daremos una calurosa bienvenida. Los dirigentes de UP deben reflexionar sobre si, llegado ese momento, ofrecerán una bandera de referencia al conjunto de los explotados o éstos les pasarán por encima con hastío e indiferencia.