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Editorial del nº 69 de Lucha de Clases - Estas semanas vimos deslizarse un alud de acontecimientos: el repunte exponencial de la epidemia de coronavirus, la moción de censura presentada por Vox, la declaración del segundo Estado de Alarma, y el borrador de Presupuestos del Estado para 2021.

Negocios antes que la salud

La llamada “segunda ola” de la epidemia de coronavirus muestra cómo asegurar condiciones de vida y de salud dignas para la población es incompatible con la existencia del sistema capitalista. Los negocios capitalistas se han puesto por encima de la salud de la clase trabajadora, con la apertura irrestricta del turismo, el transporte público masificado, la actividad económica completamente abierta, etc. Los resultados están a la vista. Una economía socialista planificada, donde el lucro privado estaría ausente, permitiría cerrar la parte no esencial de la actividad.

La riqueza excedente que ahora se embolsan los capitalistas permitiría mantener los empleos y salarios sin menoscabo. En cambio, estamos pagando el fracaso del capitalismo con despidos, reducciones salariales, cierre de empresas y contagios masivos. Este desastre se ha completado con la negligencia de las Administraciones. Apenas se ampliaron las plantillas de trabajadores sanitarios y de rastreadores, y racanean la extensión de pruebas PCR a familias y trabajadores para detectar los infectados a tiempo y frenar los contagios. Que la derecha madrileña esté mostrando más claramente su incompetencia y desprecio por las familias obreras no quita responsabilidad en todo esto al resto de gobiernos, incluido el gobierno central.

La moción de censura

Vox quiso sacar tajada de esto con su moción de censura al gobierno, a mediados de octubre. Pero quedó desacreditado con sus mentiras demagógicas y antiobreras. Sólo pretendía arrebatarle al PP un trozo mayor de su base social y elevar su perfil para las elecciones catalanas de febrero. Casado necesita a Vox para mantener sus gobiernos en Madrid, Andalucía, Murcia, y en numerosos ayuntamientos. Pero no tuvo más remedio que lanzarse a la yugular de Abascal para marcar distancias, y votar No. Una posición de medias tintas, como la abstención, habría transmitido debilidad y reforzado la posición de Vox.

Tras recibir este golpe en los morros, Vox está tratando de incendiar las calles con actos vandálicos de sus cachorros y lúmpenes a sueldo. Los barrios obreros los miran con ira y desprecio. Juegan con fuego, y terminarán quemándose.

Ahora, los medios del régimen quieren hacer pasar a Casado como un “centrista moderado” por “romper” con Vox. Tienen miedo a que el radicalismo de derechas estimule el radicalismo de izquierdas, conforme crece el apoyo a la República. Pero no hay tal ruptura, sino una pugna por el espacio electoral. Ambos se necesitan. El aparato del Estado y el sector más parásito y rentista del empresariado español necesitan un gobierno PP-Vox que los nutra sin tapujos de privilegios, negocios e impunidades. Casado no cambiará fundamentalmente su actitud de acoso y derribo al gobierno.

¿Derecha “democrática”?

Lo más ridículo de este debate fue el intento de los dirigentes oficiales de la izquierda española y catalana, Iglesias y Rufián, de oponer a Vox-PP-Ciudadanos la supuesta “derecha democrática europea” representada ¡por Merkel y Macron! Sí, los mismos que impulsan guerras imperialistas y saquean el mundo excolonial, imponen políticas de austeridad en Europa, desatan el racismo contra inmigrantes y refugiados; y reprimen, cuando conviene, las protestas sociales en sus países.

Iglesias rompió todos los registros del cretinismo cuando recomendó a Casado seguir como modelo de derecha ¡a Cánovas del Castillo y Donoso Cortés! Cánovas participó en los gobiernos corruptos de Isabel II, derribada por la revolución de 1868, conspiró contra la I República, trajo de vuelta a los Borbones, defendió el caciquismo y practicó el fraude electoral sistemático, defendió el esclavismo en Cuba y reprimió sangrientamente el movimiento jornalero en Andalucía, y al movimiento obrero en general. Donoso Cortés, confidente de la corrupta regente María Cristina (viuda del “rey felón” Fernando VII), terminó aplaudiendo el “gobierno del sable” y calificando al parlamentarismo como “castigo del mundo”. Tal es el vacío ideológico de los dirigentes oficiales de la izquierda que apelan a deshechos históricos para justificar la necesidad de colaboración entre las clases.

Presupuestos: austeridad pospuesta…

En este contexto se presenta el borrador de Presupuestos del Estado para 2021, los  más expansivos de la historia en volumen: 383.542 millones de euros, un tercio más que en 2020. De ellos, 239.765 millones irán a gasto social, un 10,3% más.

Hay incrementos importantes en Educación (2.000 millones más), Sanidad (3.000 millones, 1.000 millones para la vacuna anti-Covid19), Dependencia (603 millones), Ciencia (1.200 millones). Vivienda quintuplica su presupuesto hasta 2.253 millones. Retorna la gratuidad de las medicinas para 6 millones de jubilados con rentas bajas. El dinero para pensiones crece un 3,2%, hasta 163.000 millones, e incluye la subida del 0,9% y del 1,8% para las no contributivas. Hay 39.300 millones de euros en inversiones estatales, la mayor cifra en 10 años. Pero más del 10% son inversiones militares.

Estas cifras apabullan y celebramos los avances positivos incluidos, aunque sean insuficientes. Claro está que gran parte de ello se debe a la inclusión de 27.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo para la pandemia y a un mayor endeudamiento público, como veremos.

Para cubrir esos gastos se prevé recaudar por impuestos 222.107 millones, un 13% más que en 2020. Se incluyen el tímido aumento del IRPF para rentas muy altas (sólo a 34.000 contribuyentes), impuestos a las multinacionales tecnológicas (tasa Google) y por transacciones financieras, pequeñas reducciones en desgravaciones a grandes empresas, subida del 1% del Impuesto al Patrimonio, el 15% a los fondos inmobiliarios (Socimis), así como el impuesto al plástico y sobre los residuos, una posible reducción de la bonificación al diésel, y la subida del IVA a las bebidas azucaradas. Estos nuevos impuestos suman en conjunto 6.847 millones de euros. Sólo los beneficios previstos por el Banco de Santander para 2020, 5.000 millones de euros, casi igualan esa cifra.

Este objetivo de impuestos es bastante optimista. Están diseñados para un repunte importante de la economía, 9% del PIB.Pero los organismos capitalistas internacionales vaticinan un crecimiento  más débil del previsto por la agravación de una pandemia sin final a la vista.

Ya el crecimiento del 16,7% del PIB en el tercer trimestre sólo recuperó el 59% de lo perdido en el primer semestre. La economía aún cae un 8,7% en tasa anual respecto al tercer trimestre de 2019. La crisis de 2020 ha añadido medio millón de parados más a los existentes, empujando la tasa de desempleo al 16,3%.

Según Ángel Talavera, jefe de análisis de Oxford Economics para Europa: “Las perspectivas [para la UE] para el cuarto trimestre están empeorando rápidamente y podríamos ver una nueva caída de la actividad,…. Esto, de rebote, hace que el crecimiento anual para 2021 vaya a empeorar. La recuperación hasta el nivel de PIB previo a la crisis va a ser larga y podría demorarse hasta el 2023”. (El País, 29/10)

… pero no desaparecida

El tema de fondo es el siguiente: si restamos los ingresos previstos: (255.632 millones, incluidos 33.524 millones de ingresos no tributarios) de los gastos (383.542 millones), el déficit público escala a 127.910 millones, un 11% del PIB, frente al 2,5% en 2019. El gobierno sitúa la deuda pública para el final de 2021 en el 117% del PIB, aunque otros la colocan en el 125%. Es decir, esto será pan para hoy y hambre para mañana. Un debilitamiento de la economía mayor al previsto, podría afectar a gran parte de este plan de gasto, y si los ERTES se extendieran por la presión patronal, esas partidas deberán quitarse de otro lado.

De cualquier modo habrá una enorme deuda que pagar. Esto, en un contexto de estancamiento prolongado, hará inevitable nuevos recortes y planes de austeridad para las familias trabajadoras, antes incluso de que finalice el mandato del actual gobierno. Es la consecuencia de gestionar la crisis capitalista.

No compartimos, por tanto, el optimismo de Pablo Iglesias: "Dejamos atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y los recortes y marcamos un horizonte de transformaciones económicas, refuerzo de lo público y justicia social."

Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha afirmado con regocijo que el contenido de los presupuestos está lejos del acuerdo de gobierno PSOE-UP. Por lo pronto, se congela el Salario Mínimo Interprofesional en 950 euros, frente a la promesa de llevarlo a 1.000 euros en 2021. El pago de la deuda pública se llevará 31.713 millones, como en la época de los gobiernos de Rajoy, se mantiene la reforma laboral del PP, los aumentos de impuestos a los ricos se quedan en migajas, y la Ley Mordaza sigue vigente.

Por eso, ante las frases tranquilizadoras del gobierno, la clase trabajadora sólo puede confiar en su fuerza y movilización, como está empezando a suceder contra los intentos de los capitalistas de hacernos pagar su crisis.

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