Hace 16 a\u00f1os, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Espec\u00edfico \u00abJos\u00e9 Antonio P\u00e1ez\u00bb (CEJAP), en el sector conocido como Ca\u00f1o La Colorada, estado Apure. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Polic\u00eda T\u00e9cnica Judicial (PT Hace 16 a\u00f1os, 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Comando Espec\u00edfico "Jos\u00e9 Antonio P\u00e1ez" (CEJAP), en el sector conocido como Ca\u00f1o La Colorada, estado Apure. El CEJAP estaba integrado por funcionarios de la Polic\u00eda T\u00e9cnica Judicial (PTJ), la Direcci\u00f3n de los Servicios de Inteligencia y Prevenci\u00f3n (DISIP) y miembros de las Fuerzas Armadas. Las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares. <\/p>\n
Agotados los esfuerzos para obtener justicia y en virtud de las innumerables irregularidades que ocurr\u00edan en el proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y el Programa Venezolano de Educaci\u00f3n-Acci\u00f3n en Derechos Humanos (Provea), con el apoyo de los abogados Getulio Romero y Fabi\u00e1n Chac\u00f3n, elevaron el caso a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1994, esta instancia dirigi\u00f3 el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego que los gobiernos de Carlos Andr\u00e9s P\u00e9rez y Ram\u00f3n J. Vel\u00e1zquez incumplieran sus recomendaciones. Un a\u00f1o despu\u00e9s, el 11 de enero de 1995, el Estado reconoci\u00f3 los hechos y asumi\u00f3 la responsabilidad ante la Corte IDH. El 14 de septiembre de 1996 dicho tribunal dict\u00f3 sentencia fijando el monto de las indemnizaciones que deb\u00edan pagarse a los 2 \u00fanicos sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y orden\u00f3 que se continuara con las investigaciones y se sancionara a los responsables. <\/p>\n
Aunque durante el gobierno del Presidente Rafael Caldera se cancel\u00f3 casi la totalidad de las indemnizaciones, qued\u00f3 pendiente un monto, producto de no acatarse el mandato de la Corte IDH que regulaba la forma de calcular los montos en moneda nacional. Adem\u00e1s, los imputados en los hechos quedaron en libertad a trav\u00e9s de una sentencia inconstitucional emanada de la Corte Marcial y lamentablemente confirmada por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
El pasado 16 de febrero de este a\u00f1o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea presentaron a la Corte IDH un informe mediante el cual informaron sobre la situaci\u00f3n de incumplimiento del Estado venezolano de la resoluci\u00f3n emitida por la Corte IDH en noviembre de 2002. Esta resoluci\u00f3n le ordenaba al Estado venezolano cancelar a las v\u00edctimas y familiares de las v\u00edctimas los intereses generados por la demora en el pago hecho a las reparaciones que formaron parte del dictamen efectuado en 1995 por el tribunal hemisf\u00e9rico. <\/p>\n
Provea lamenta que un gobierno que reiteradamente usa la masacre de El Amparo como ejemplo para demostrar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, no cumpla oportuna y definitivamente el dictamen de la Corte IDH, sobre este caso. As\u00ed como tambi\u00e9n reitera su rechazo al hecho de que algunos de los imputados por este suceso ocupen cargos p\u00fablicos en el actual gobierno, inclusive en el seno de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y algunos organismos de seguridad del Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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