Ha iniciado un nuevo año escolar, en el peor contexto que quizás hayamos tenido en los últimos años. Son muchos y complejos los problemas que hoy atraviesa la educación venezolana, principalmente la pública, donde se educan los hijos e hijas de la clase trabajadora, desposeída y explotada, que sobrevive con un salario mínimo de 2$ mensuales y que no puede pagar las exorbitantes matrículas de la educación privada. La clase social a la que pertenecemos la mayoría.

Uno de los problemas fundamentales es la falta de personal, las escuelas se han quedado sin maestros, sin profesores, sin secretarias, sin aseadoras ni vigilantes. El personal se ha visto disminuido dramáticamente en la práctica, a pesar que el Ministerio de Educación siga teniendo en sus nóminas al mismo número de trabajadores de hace tres o cuatro años. Cualquier persona puede ir a una institución pública y darse cuenta de esa realidad. Y es lógico que suceda si se revisan los salarios, beneficios y condiciones de los trabajadores/as de la educación en los últimos años.

Para que tengamos una idea más precisa, un Docente VI (la escala más alta en el tabulador docente, con más de 21 años de servicio), con Maestría y Doctorado y una carga académica de 53 horas, gana un salario base de 41,5 Bs. que corresponde a unos 10$ aproximadamente a la fecha. A esto se le suman una serie de bonificaciones con las cuales puede llegar a una suma mensual de 250 Bs. que corresponde a unos 62$ aproximadamente. Es importante resaltar que este es el ingreso más alto dentro del sistema educativo, el promedio está muy por debajo de esta suma, la mayoría de los Docentes ganamos entre 20 y 30$ mensuales y ni hablar del ingreso del personal administrativo y obrero.

Además de esto, los trabajadores de la educación se quedaron hace algunos años sin atención médica. El IPASME que en algún tiempo fue una institución funcional hoy en día se encuentra casi cerrada y en  los pocos servicios que sobreviven los pacientes deben llevar insumos médicos para poder ser atendidos. Los trabajadores de la educación ya no cuentan con servicios de HCM y el Ministerio cerró los convenios que tenía con clínicas privadas para la atención del personal. Así que si un trabajador enferma debe acudir al sistema público, costear sus medicinas y sus exámenes médicos.  También perdió en estos años los servicios de funeraria, los préstamos para adquirir vivienda o vehículo, los planes turísticos, las proveedurías y cualquier tipo de beneficio que en el pasado contribuían a tener un nivel de vida más digno.

También perdieron los trabajadores de la educación la posibilidad de recrearse en vacaciones, celebrar navidades, hacer compras de vestido, calzado o artículos para el hogar en diciembre, porque las utilidades o “aguinaldos” y el bono vacacional se calcula con base al salario base y cómo es evidente no alcanza para nada de eso, aún menos en este país donde todo se calcula en dólares, menos los salarios.

Esto ha llevado, como es lógico, a que los trabajadores/as del sector se dediquen a hacer otro tipo de actividades que les permita sobrevivir y sostener la familia. Hay un porcentaje importante que ha migrado y hay otro más grande que sigue en el país desarrollando actividades diversas, muchos de ellos en el sector informal del comercio, en la educación privada y otros dedicados a la atención educativa individual o grupal privada (lo que todos llaman “tareas dirigidas”).  Lo que les ha permitido cubrir sus necesidades básicas fundamentales y, en el mejor de los casos, seguir atendiendo a distancia a los estudiantes, en medio de la cuarentena.

Otro de los problemas estructurales del sistema es el deterioro de la infraestructura educativa, que se ha acentuado con el año y medio de cuarentena. La falta de inversión del estado, las pocas posibilidades de las comunidades educativas para contribuir en su mantenimiento y el desastre que también ha ocasionado la delincuencia en muchos centros, ha dejado un panorama bastante desolador, en algunos sitios peor que en otros. Y no solo se trata de pisos sucios o patios llenos de maleza, se trata de problemas como bombas dañadas o robadas, cloacas colapsadas, tuberías tapadas, pizarras robadas, oficinas y laboratorios de computación desvalijados, lavamanos y pocetas robados, techos filtrados y enmohecidos, entre otros detalles con los que el personal directivo tiene que lidiar en este regreso a clases.

Pero el hecho educativo no se desarrolla solo en las escuelas, en este año y medio de cuarentena por el Covid 19, las familias tuvieron que asumir la mayor responsabilidad en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, en muchos casos solos o con poca orientación. Proceso que es aplaudido por las autoridades del Ministerio de Educación como un éxito, pero que los padres y representantes sabemos que se desarrolló en medio de muchas dificultades y limitaciones de todo tipo, como las tecnológicas por falta de dispositivos e internet , humanas por carecer de la preparación profesional para apoyar el proceso pedagógico y económicas. Por esto es común escuchar en la gente expresiones como “estos muchachos no aprendieron nada” y es que a nivel de cantidad y calidad de los aprendizajes, le quedamos debiendo mucho a los niños/as y jóvenes.

Muchos padres y representantes, en un esfuerzo desesperado por salir al paso a la situación, continúan pagando clases o atención personalizada (muchas veces a los mismos maestros y profesores de las instituciones públicas) por montos que pueden ir de 10 a 30$ mensuales por 1, 2 o 3 horas diarias. Si se tiene más de un niño o adolescente en casa ese monto se multiplica, por lo que muchos no llegan a tener esas oportunidades y quedan en una situación de desventaja considerable.

Este regreso a clases, que el Presidente Maduro dijo que se realizaría de forma presencial a partir del 25 de Octubre, además tiene el reto de la bioseguridad. Según cifras oficiales ya estamos cerca de un 50% de la población vacunada y comenzará para entonces el proceso de vacunación a niños/as y adolescentes. En las escuelas se debe además mantener el uso del tapaboca de forma obligatoria y del lavado de las manos o uso de alcohol. Aspectos que siguen siendo un gran desafío para la educación pública.

Con semejante panorama, nada alentador y con mucha incertidumbre comenzamos este año escolar. Surgen entonces grandes interrogantes: ¿Los maestros, profesores, secretarias, vigilantes, aseadoras, madres procesadoras… volverán a la jornada de trabajo completa en las escuelas? ¿Dejarán sus actividades alternas que les han permitido hasta ahora sobrevivir en medio de la crisis económica? ¿Cómo y quién resolverá la situación de la infraestructura educativa en el corto plazo? ¿Cómo se garantizará la bioseguridad en las escuelas para que no haya un repunte posterior de los contagios por Covid 19? ¿A quién afecta en última instancia esta situación?

Hasta ahora, las zonas educativas, en información informal e irregular, ha dado orientaciones a los directivos de las escuelas de negociar con el personal horarios de trabajo flexibles, que les permita mantener las actividades de “rebusque” económico pero no dejar de atender a los estudiantes y de atender las escuelas. Eso se traduce en dos o tres días de atención personalizada solo en semanas flexibles, en grupos pequeños, lo que al final se convertirá en cortos momentos para mandar actividades para la casa y luego recibirlas. Por lo que continuará la modalidad a distancia en la práctica, a pesar de la alharaca de las autoridades sobre el inicio de clases presenciales.

Ahora, toca preguntarse ¿Y los aprendizajes de los muchachos y muchachas? ¿A quién corresponde y es responsable de la educación pública de calidad? Importante recordar que el art. 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece claramente que  el Estado venezolano la asume como “función indeclinable y de máximo interés” y que por tanto “realizará una inversión prioritaria” para que toda persona pueda ejercer su “derecho a una educación integral, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades”.
Es incuestionable que nuestros hijos e hijas, no están ejerciendo ese derecho, no solo por las consecuencias de la pandemia, sino principalmente por el deterioro del sistema educativo público. Lo que coincide con el deterioro de todos los servicios y la disminución progresiva del Estado, que venimos observando desde hace dos o tres años. Estamos viviendo una privatización de facto del servicio educativo, porque al final tenemos que pagar por una atención pedagógica que hace unos años el Estado aseguraba y al que teníamos acceso gratuitamente.

Hecho que está llevando a la exclusión del sistema a los que no pueden pagar, y no se trata de una exclusión formal (porque las escuelas no botan o reprueban a ningún estudiante), se trata de una exclusión informal, práctica y solapada, invisibilizada pero que ocurre con el niño/a que no tiene acceso a “tareas dirigidas” porque la familia no puede pagar, con el adolescente que se desmotiva y no quiere seguir estudiando porque nadie le ayuda a hacer las tareas y trabajos, nadie le explica o no puede pagar clases privadas; con el joven que debe ir a trabajar para ayudar a sostener la familia porque el ingreso no alcanza ni para comer. Y esto es un problema de nuestra clase trabajadora, es parte de las desigualdades cada día más crecientes.

Las reivindicaciones por mejores condiciones salariales y laborales de los trabajadores/as de la educación no es un problema solo del gremio, es un problema de todos los trabajadores/as del país, se trata de la defensa de la educación pública y gratuita, una conquista que costó muchas luchas y que hoy se nos desmorona y vamos perdiendo casi sin notarlo y sin chistar. No se trata de quedarnos en debates sin sentido buscando echar la culpa a los maestros o a los padres, se trata de unir esfuerzos, tomar conciencia de lo que estamos perdiendo y actuar juntos en consecuencia.

Es lamentable que muchos sindicalistas del sector hayan perdido su actitud combativa y han terminado avalando las Actas Convenios en las que se oficializan las terribles condiciones laborales de los trabajadores/as y la “bonificación” del salario, en la mayoría de los casos.

Los Educadores históricamente hemos combatido por nuestros derechos, a pesar que recientemente, producto de la crisis, muchos nos hemos dedicado a “resolver” la situación económica particular, debemos recordar todo lo que hemos conquistado ha sido luchando.

Este próximo periodo que se avecina de supuesta “normalización y flexibilización general” debemos luchar para recuperar nuestras condiciones salariales y laborales para que niños, niñas y la juventud puedan ejercer su derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, el futuro de la generación que tendrá el inmenso desafío de reconstruir  nuestro país dependerá, en gran medida, de nuestra capacidad de organización y lucha hoy.

Por eso estamos reimpulsando la conformación de un COMITÉ DE DEFENSA SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN en el estado Lara, con la finalidad de ser un espacio de organización y lucha de todos los trabajadores y trabajadoras del sector: obreros, administrativos y educadores, para la defensa de nuestro salario y la recuperación de los derechos laborales.

Invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Educación a contactarnos, e ir animando a otros compañeros y compañeras a participar.

¡Salario Igual a canasta básica y condiciones dignas de trabajo y estudio!

¡Organízate y lucha en el Comité de defensa salarial!

!Por la unidad de clase recuperemos los sindicatos para los trabajadores!