A continuación, reproducimos el documento de análisis y posicionamiento de Lucha de Clases, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional, sobre las últimas revelaciones respecto al caso Carlos Lanz. Este texto fue discutido y aprobado por el Comité Central de la organización, que celebró su reunión ordinaria los días 12 y 13 de julio. En él se presenta la versión oficial ofrecida por el Fiscal General de la República, luego se procede a analizar la naturaleza política de los ataques al Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, para posteriormente señalar ciertas irregularidades en cuanto al debido proceso y la justicia burguesa en nuestro país, como aporte al debate necesario entre los distintos factores de la izquierda venezolana. Desde la CMI Venezuela manifestamos toda nuestra solidaridad con los miembros del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, que actualmente resisten una feroz arremetida por parte de la oficialidad institucional y la maquinaria de propaganda gubernamental.

Los días miércoles 6 y el lunes 11 de julio, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció ruedas de prensa para informar avances en torno a las investigaciones del caso de desaparición del sociólogo y militante revolucionario Carlos Lanz. Días antes de las primeras declaraciones, funcionarios del CICPC realizaron varias detenciones a personas vinculadas al entorno familiar y cercano de Carlos Lanz, entre las que se encontraban Maxiorisol “Mayi” Cumare, compañera sentimental de Carlos Lanz; su hija, Abyayala Lanz; su hijastra, Alieska Gil; y sus amigos y camaradas, Tito Viloria y Zaida Suárez. Carlos Lanz había desaparecido la mañana del 8 de agosto del 2020 en circunstancias nada claras.

La información oficial

El Fiscal General de la República, en sus declaraciones ofrecidas el 6 de julio, informó el asesinato de Carlos Lanz el cual se habría producido el mismo día de su desaparición, acusando a Mayi Cumare de ser la autora intelectual del secuestro y posterior asesinato del militante revolucionario. Presuntamente, Cumare habría recurrido a su pareja extramatrimonial, Glen Castellanos –miembro de la peligrosa banda criminal “El Tren de Aragua”–, para que contratara a dos sicarios, organizara el rapto e inspeccionara el homicidio.

Según las declaraciones de William Saab, Tito Viloria habría formado parte de la trama invitando, buscando y trasladando a Carlos Lanz a una falsa reunión política, facilitando en el trayecto la captura del sociólogo por parte de los delincuentes, los cuales, acto seguido, desplazaron a la víctima a la finca La Fortaleza del Estado Cojedes, lo tendrían maniatado y amordazado por algunas horas, para posteriormente asesinarlo mediante dos disparos en la cabeza, luego descuartizarlo y dar sus restos como alimento a nueve cerdos.

El móvil presentado por la Fiscalía describe el interés de la presunta autora intelectual del crimen de eliminar la traba que representaba su esposo para los actos de corrupción que realizaba desde la gerencia del INCES Aragua, con la colaboración de Tito Viloria, quien, según las investigaciones, se beneficiaba como proveedor de la institución y testaferro de varias propiedades de Cumare. Como prueba de la investigación presentada por el Fiscal General, se proyectó un video de una delación realizada por Glen Castellanos, donde narra los detalles escalofriantes del secuestro y asesinato de Carlos Lanz, así como la implicación de los presuntos responsables intelectuales y materiales antes señalados.

En la rueda de prensa del 11 de julio, el Fiscal General arrojó mayores detalles de las primeras audiencias de presentación, donde se mostró un video de Mayi Cumare confesando su responsabilidad intelectual en el crimen y halagando la “eficiencia” del Ministerio Público por la captura hacia su persona. Hasta el lunes 11 de julio las autoridades habrían realizado 15 detenciones. Sobre la situación de Abyayala Lanz y Alieska Gil, hija e hijastra de Carlos Lanz respectivamente, hasta el momento no se habrían encontrado nexos que las vinculen con el crimen, por lo que el Ministerio Público estaría solicitando que se les otorgue libertad bajo régimen de presentación.

William Saab, tanto en las ruedas de prensa como en declaraciones realizadas en medios de comunicación, ha repudiado el accionar del Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz (CBL – CL), un órgano conformado por cientos de personalidades y organizaciones de izquierda, que durante 23 meses llevó adelante numerosas acciones de presión a las instituciones para que se investigara debidamente el caso. La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que dicho Comité jugó un papel de obstáculo a las investigaciones, sirviendo como un instrumento de los presuntos responsables del crimen para desviar y distraer la atención de las autoridades y la opinión pública. Sobre esto, apuntó que Tito Viloria asesoraba y proponía a Mayi Cumare falsas hipótesis para hacer que las investigaciones tomaran rumbos equivocados, como una extracción del Mosad isrraelí, el secuestro y entrega de Carlos Lanz a paramilitares colombianos, o el supuesto intento de responsabilizar al Estado venezolano de la desaparición; acusación que el Fiscal General trató de atribuir al Comité sin mostrar ninguna prueba.

Hasta el momento nos hemos limitado a reproducir la versión oficial del Ministerio Público. Aunque las investigaciones y el proceso judicial siguen su curso, las confesiones de Glen Castellanos y Mayi Cumare (sin conocer las condiciones en que estas se hayan producido), dejan poco espacio para la duda. Ahora bien, como trataremos de mostrar más adelante, buena parte de los comentarios emitidos por el Fiscal General, que referían a la actuación del CBL – CL y que no procedían de los informes técnicos de la investigación, se oponen a la realidad, no cuentan con evidencias y se tratan de manipulaciones peligrosas que buscan desprestigiar, desmoralizar al Comité y una posibilidad que la izquierda no puede subestimar: el que se intente incriminar a compañeros de este órgano.

Independientemente del grado de fiabilidad de las pesquisas presentadas, se hace necesario analizar la actuación del Ministerio Público respecto a este importante caso, sin perder de vista ciertos antecedentes de este cuerpo y del sistema de justicia nacional, las irregularidades en cuanto al debido proceso y el tratamiento político que se le está dando al caso.

Los ataques al Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz

El Fiscal General de la República y dirigentes del PSUV no han desperdiciado ninguna participación en medios de difusión para arremeter contra el CBL – CL y todo lo que este representa. Sin al menos tomarse la molestia de brindar algún derecho a réplica a los principales dirigentes del Comité, la maquinaria propagandística gubernamental no ha parado de replicar hasta la saciedad toda la versión oficial sobre el caso Carlos Lanz, tanto los aspectos que proceden de la investigación del Ministerio Público, como las conjeturas adicionales y sin sustento del Fiscal General, lo que claramente le ha dado al tema un tratamiento político.

Sobre la afirmación de que el CBL – CL fue organizado y dirigido por Mayi Cumare para obstruir la justicia y distraer la atención de las autoridades, la redacción de este órgano respondió en un comunicado lo siguiente:

“El Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz no nació de una persona en particular. Desde su desaparición, organizaciones populares y revolucionarias, militantes e individualidades desencadenaron un movimiento por encontrar al camarada. A partir de allí se fundó este Comité que actualmente está integrado por no menos de 150 organizaciones populares y revolucionarias, así como una significativa cantidad de militantes de base y personalidades”.

“En esencia —prosigue el comunicado–, este Comité es la concurrencia de múltiples y diversas organizaciones que en permanente ejercicio de la democracia planificaron y ejecutaron el conjunto de actividades que, en su momento, se consideraron necesarias para el logro de los objetivos propuestos. Todas las decisiones adoptadas son el resultado de consultas y debates entre los distintos voceros de las organizaciones, quienes integran una Coordinación Nacional de no menos de 50 personas en representación de sus respectivos estados. Es por ello que afirmamos que no existió, no existe ni existirá persona alguna o un grupúsculo que ejerza el mando del Comité pues este es una expresión genuina de ejercicio democrático (las negritas son nuestras)”.

El comunicado del Comité también comentó que si bien Mayi Cumare formaba parte de este órgano, tal hecho no los hace corresponsables de los delitos que se le imputan a la que fue, por varias décadas, la compañera de vida de Carlos Lanz. Aclararon que a través de Cumare se pudo obtener el expediente contentivo de la investigación, lo que fue determinante para conocer la situación de la averiguación y trazar las acciones a seguir.

De las declaraciones del Fiscal General se puede deducir que, con toda la intención, se está recurriendo a la falacia de la correlación y la causalidad, lo que quiere decir que se intenta hallar relación de causa y efecto entre la pertenencia de Mayi Cumare en el Comité con la posibilidad de que este órgano haya servido a los presuntos fines criminales de esta. Si el Comité hubiese sido nada más que un instrumento controlado por los presuntos responsables del crimen, a estas alturas las evidencias comprobatorias serían abundantes.

William Saab, insistentemente, ha tratado de atribuir al Comité la postulación de falsas hipótesis, como la extracción de Carlos Lanz por parte del Mosad, la entrega del sociólogo a paramilitares colombianos o el intento de inculpar al Estado venezolano, para alejar a Mayi Cumare del foco de las investigaciones. Esta conjetura es totalmente falsa. En ninguno de los documentos informativos, de gestiones o pronunciamientos oficiales del Comité (que se pueden encontrar en una compilación publicada en forma de libro digital de 114 páginas) se señalan tales acusaciones. El que intente indagar, se topará con el hecho de que no hay ninguna alusión pública a estas tesis ni por parte del Comité, ni tampoco de la misma Mayi Cumare. ¡Correlación no implica causalidad!

Asimismo, se alega que el CBL – CL, al adoptar el concepto de desaparición forzada, estaba responsabilizando al Estado venezolano, lo que da muestras de que o bien se desconocen los alcances de esta concepción en la legislación venezolana o en su defecto se busca manipular con base al desconocimiento de la mayoría. Si es cierto que el Comité manejó dicho concepto, pero lo hizo amparado en el artículo 180 A del Código Penal, el cual establece que una desaparición forzada no solo puede ser cometida por agentes del Estado, sino también por grupos terroristas, paramilitares o hamponiles. En el comunicado citado anteriormente, el Comité aclaró que en ningún momento responsabilizó al Estado venezolano, hecho que podemos constatar al revisar toda la documentación emitida por este órgano. Lo que nunca se descartó era la posibilidad de que algún funcionario, a título individual, estuviese implicado en la desaparición de Carlos Lanz, por lo que solicitaban que las investigaciones abarcaran esta posibilidad.

En todo momento el Comité se basó en evidencias, pistas e indicios concretos, como la información sobre la detención del General Cesar Mejías Camacaro, que tenía cierta cercanía con Carlos Lanz y cuya aprehensión ocurrió al poco tiempo de haberse registrado la desaparición del sociólogo. Este caso aún no ha sido esclarecido por el Ministerio Público, y el Fiscal General ha eludido preguntas sobre dicho tema en las ruedas de prensa.

Con respecto a la acusación de que el Comité obstaculizó las investigaciones, creemos necesario reproducir parte de su respuesta. En referencia a las reuniones que realizaron con funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo en abril pasado, comentaron: “A partir de allí, se desarrollaron reuniones con los fiscales encargados del caso y con autoridades policiales, en las que se hacían intercambios de opiniones, de criterios, de líneas de investigación, de apoyo para diligencias concretas. Siempre privó, con todo el personal adscrito a las instituciones públicas con las que se sostuvo relación, el mayor respeto, profesionalismo, transparencia y la disposición a cooperar en todo cuanto fuera necesario para que la investigación arribara a conclusiones”.

“Después de que se tuvo acceso al expediente, el equipo jurídico del Comité consignó ante el órgano fiscal encargado de la averiguación, en tres oportunidades, solicitudes de prácticas de diligencias investigativas con miras al esclarecimiento de los hechos, pues, en su momento, se consideró que la investigación estaba paralizada y se requería la práctica de determinadas actuaciones para que esta avanzara”.

Lo importante de toda esta información, es que el Comité cuenta con vasta evidencia documental que respalda todas estas gestiones, lo que resta peso a las acusaciones infundadas del Fiscal General y por el contrario dan cuenta de la colaboración prestada por el CBL – CL, sin la cual las investigaciones no hubiesen podido avanzar de manera significativa. También, es necesario destacar que el propio Comité exigió que no se hicieran excepciones en las investigaciones, incluyendo a la señora Mayi Cumare y el entorno cercano de Carlos Lanz.

Con todos los límites y baches que presenta la legalidad burguesa venezolana, el artículo 51 de la Constitución contempla que toda persona tiene derecho a representar o dirigir peticiones a los órganos y funcionarios públicos y a recibir oportuna y adecuada respuesta. Con esto se derrumba cualquier intento de hacer ver al Comité como un órgano que actuó al margen de la Ley.

Más allá del tema legal, conviene analizar el trasfondo político que se esconde detrás de los ataques hacia el CBL – CL. En el fondo, la actuación del Fiscal General, seguido de la maquinaria de propaganda gubernamental, busca condenar cualquier iniciativa popular o de vanguardia dirigida a presionar a las autoridades y a organizarse nacionalmente para tal fin. A pesar de la moderación y, en parte, cierto nivel de confianza en el Estado por parte de algunos sectores dentro del Comité (elemento en el que podemos tener legítimas diferencias); este órgano combinó la presión y gestiones en la institucionalidad con numerosas iniciativas de movilización en las calles, lo que le dio una gran valía. El ejemplo que este reviste para otras esferas de lucha es algo que la dirigencia gubernamental no está dispuesta a tolerar.

Con la andanada de ataques realizados en contra del Comité se está dejando un mensaje muy claro a la izquierda revolucionaria: está prohibido cuestionar al gobierno y a las instituciones del Estado. Esta orientación se enmarca en la misma política represiva que ha encarcelado a trabajadores por luchar, que vulnera sistemáticamente los derechos sindicales y que criminaliza cualquier forma de lucha popular, mientras con la derecha, la burguesía y el imperialismo se abren todos los canales de negociación y diálogo.

Al final, nada de lo descrito es casual, pues dicha política represiva es parte integral del paquete de ajuste antiobrero y antipopular que ha llevado a la reducción del salario y los beneficios laborales, a las privatizaciones, la aprobación de Zonas Económicas Especiales y, en definitiva, a hacer que la crisis capitalista sea pagada por los trabajadores.

Irregularidades, debido proceso y justicia burguesa

Según reportaron varias organizaciones, durante las primeras horas de la detención de los involucrados en el caso –independientemente de su grado de responsabilidad en los crímenes que se les imputan– estos no pudieron comunicarse con sus familiares y contar con abogados de su confianza, como lo establece el artículo 44 de la Constitución. Al margen del caso que venimos analizando, lamentablemente situaciones de este tipo ocurren muy a menudo cuando generalmente son personas pobres las que resultan detenidas.

La negación de garantías en este sentido ha generado una situación de indefensión para personas que en muchos casos terminan padeciendo el retardo procesal, numerosas dilaciones, suspensiones recurrentes de audiencias y la restricción de la libertad a ciudadanos impedidos de demostrar su inocencia. Parafraseando a Solón de Atenas, las leyes son como telarañas que atrapan a los débiles y son traspasadas por los poderosos.

El caso de Rodney Álvarez, que permaneció 11 largos años de su vida preso, sin juicio y siendo inocente (hecho que se probó cuando finalmente se realizó el juicio de rigor); demuestra el grado de descomposición en que se encuentra el sistema de justicia burgués en nuestro país.

Tampoco podemos olvidar que los juicios de por si no garantizan justicia, cuando el imputado de clase trabajadora no puede costear abogados competentes, cuando los jueces subastan sus sentencias al mejor postor, cuando existen influencias determinantes de ciertas élites políticas o económicas en cualquier proceso, entre otras situaciones. La digresión que hemos hecho en las últimas líneas busca significar que en el marco de cualquier sociedad de clases como el capitalismo, donde el Estado está al servicio de las clases dominantes, las influencias y el poder del dinero; el sistema de justicia es cualquier cosa menos justo. Si, sumado a lo anterior, los órganos judiciales pasan por alto las garantías más básicas del debido proceso, sin que haya un cuestionamiento generalizado por tal actuación, podemos dar por muertos los derechos que el progreso social a través de la lucha de clases permitió conquistar en el pasado.

Por otra parte, el manejo comunicacional que la oficialidad le ha dado al caso Carlos Lanz, con la enorme resonancia y todas las ventajas de facto que el poder del Estado posee frente a los ciudadanos, incidió en la opinión pública de manera clara, justo al comienzo del proceso judicial. Vale recordar que sin una sentencia firme, todo imputado debe presumirse inocente hasta que se determine lo contrario. Hechos de esta naturaleza han dejado en el archivo de la vergüenza ruedas de prensa donde el Fiscal General de la República ha sometido al escarnio público a trabajadores como Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos y Guillermo González, en medio de procesos plagados de irregularidades.

Por lo anteriormente expuesto, y sin hacer apología a la legalidad burguesa en la cual los revolucionarios no podemos confiar, es necesario reivindicar la importancia del debido proceso como mecanismo para salvaguardar derechos elementales de las clases oprimidas frente al poder que ejercen los viejos y nuevos ricos, a través de la maquinaria del Estado a su servicio. Los marxistas luchamos por la causa revolucionaria para transformar la sociedad desde la raíz y construir, sobre la base de la organización de los oprimidos desde abajo –con la clase obrera a la cabeza–, un nuevo orden social verdaderamente justo y desprovisto de todas las lacras existentes en el capitalismo.

Mientras luchamos por la revolución socialista, estamos llamados a defender toda conquista democrática que permita al pueblo trabajador organizarse para la lucha de clases. La historia demuestra que cualquier ataque a las garantías democráticas como el debido proceso, tarde o temprano, de manera directa o indirecta, girará en contra del pueblo trabajador y sus líderes, como la historia reciente de Venezuela lo demuestra. El debate y la movilización popular en defensa de los derechos elementales que se están dejando sin efecto, son más que necesarios.

Solidaridad con el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz

Los medios de difusión estatales y privados, así como las redes sociales, han sido escenarios de todo tipo de ataques en contra del Comité. Varias personalidades, que por tanto tiempo guardaron silencio ante la desaparición de Carlos Lanz, ahora se han manifestado rindiendo homenaje al compañero, toda vez que arreneten contra el CBL – CL, en defensa del mismo Estado que niega garantías como el debido proceso y que tarde o temprano puede devorarlos a ellos mismos. Es notorio el uso de este caso judicial con fines propagandísticos y políticos, donde se refuerza la tesis de infalibilidad del gobierno y el Estado, mientras, de manera reaccionaria, se condena la organización popular en todas sus formas.

Considerando todos los elementos expuestos en el presente análisis, los militantes de Lucha de Clases, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional, ofrecemos nuestras condolencias a familiares, amigos y camaradas de Carlos Lanz por lo que la investigación criminalística parece estar confirmando. A su vez, rechazamos los ataques de los que ha sido víctima el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz y nos solidarizamos con todos los compañeros que, por 23 meses, brindaron todo su esfuerzo por la aparición del revolucionario y por preservar su legado. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional en favor del Comité, necesaria para condenar los ataques de los que ha sido objeto, así como cualquier intento presente y futuro de criminalizar la actuación de esta instancia, y por extensión, del movimiento obrero y popular.

Nos unimos a la petición del CBL – CL a que se le otorguen derechos a réplica en diversos medios de comunicación, con miras a que puedan ofrecer su versión de los hechos.También ratificamos la importancia de que tanto en este, como en todos los procesos penales, se respeten las garantías del debido proceso, algo que como sabemos no vendrá por voluntad propia del mismo Estado que las violenta. En este sentido, los revolucionarios debemos tributar todos los esfuerzos posibles en pro a la organización de un movimiento por el respeto de los derechos fundamentales de la clase obrera y el pueblo pobre, que, además de hacer presión y escrutinio público a las autoridades, sea parte del movimiento general por la transformación socialista de la sociedad y la edificación de un nuevo sistema de justicia revolucionario, desprovisto de todos los vicios y aberraciones del capitalismo, y dirigido a reivindicar de modo genuino la dignidad de cada individualidad y colectivo humano.

Por nuestra parte, nos queda recordar la importancia de Carlos Lanz como referente que realizó aportes en materia educativa, agroalimentaria y que potenció la lucha por el control obrero en Alcasa. Por encima de las maniobras burocráticas que lo retiraron de la gerencia de esta empresa pública, su digna actuación merece ser enmarcada por su significado y su alto valor revolucionario.

¡Cese a los ataques al movimiento obrero y popular!

¡Basta de ataques al Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz!

¡Solidaridad nacional e internacional!