Hoy día, no hay un tema que haya generado más polémicas en el pais que las políticas salariales del gobierno de Maduro. Tirios y troyanos, gobierno y oposición, izquierdas y derechas, todos tienen algo que decir al respecto. Dichas políticas tienen su expresión más reciente en el llamado Instructivo Onapre, el cual en este momento se encuentra en el ojo del huracán. Los trabajadores en todo el país salieron a la calle a protestar: docentes, enfermeras y empleados administrativos de distintos sectores, activos y jubilados. Aunque pudieron haber sido más masivas debido al gran universo de trabajadores afectados, pero sin embargo, a pesar de que la participación fue moderada, fue recurrente; de hecho, algunas ONG informan que hubo más de 423 protestas  laborales a nivel nacional en contra del Instructivo.

Son diversos los sectores que protestan la imposición del Instructivo Onapre y que además vienen exigiendo que se elimine este por ilegal, regresivo y antiobrero, lo que llevó a que algunos de estos hayan hecho diligencias ante el TSJ, solicitando su nulidad el pasado 14 de julio del año en curso. Se conoció que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió dos demandas introducidas en este sentido. Por lo que el Tribunal Supremo de Justicia iniciaría un juicio contra el polémico Instructivo Onapre que desmejoró salarialmente a los trabajadores públicos del país.

El sitio web de Transparencia Venezuela informó que la Sala Político Administrativa del TSJ, en sus sentencias número 252 y 254  del 14 de julio de 2022, aceptó dar curso al juicio, tras recursos de nulidad presentados por cinco universidades.

Las casas de estudios que demandaron, fueron la Universidad  Central de Venezuela (UCV), la Universidad de Carabobo (UC),  Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (Unexpo), Universidad Pedagógica Nacional Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los Andes (ULA). (https://runrun.es, Julio 22, 2022) 

Luego de un intervalo de espera, finalmente la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Onapre “inexistente”, lo cual consideramos una bofetada, una burla más de este gobierno antiobrero y antipopular contra la clase trabajadora.

Incluso pudiéramos lucubrar que estamos viviendo quizás la pesadilla más disparatada de nuestra vida, en donde queda en entredicho la razón y la sinrazón. Hasta que despertamos, nos sentamos en nuestra cama y empezamos a hacer un balance y anotar en una lista lo que existe y lo que no existe, con base en nuestras propias vivencias y experiencias.

¿Qué existe? 

EXISTE una reducción del salario de los trabajadores, algo que se hace palpable cuando el trabajador se dirige a un establecimiento a hacer mercado (adquirir los alimentos necesarios para su vida y el de su familia), en un pais en donde la cesta básica tiene precios astronómicos, aunado al aumento constante del dólar y la inflación. El trabajador cada quincena  está cobrando menos dinero, “hace milagros” para llevar pan para su casa, ya que debe decidir entre comprar alimentos (a sabiendas que lo que gana no le alcanza ni para cubrir la cuarta parte de la cesta básica) o comprar  medicinas, ropa y muchas veces no tiene ni como comprar unos zapatos. En muchos casos, los jubilados se les va lo poco que ganan en medicinas. Existen enfermos renales que tienen que hacerse diálisis, comprar insulina, que sobreviven muchas veces gracias a la solidaridad de sus familiares o amigos que envían remesas del extranjero. En muchos hogares, si no existiera por lo menos un ingreso proveniente de las remesas de quienes trabajan en otros países, sus integrantes no sobrevivirían. Algunos han recurrido a trabajos extras en la empresa privada, a la economía informal, entre otros. Es decir, existe indiscutiblemente una precariedad laboral y un bajísimo poder adquisitivo de los trabajadores que los obligan a buscar salidas alternas para poder sobrevivir.

EXISTE un aplanamiento del salario de los trabajadores, ya que los despoja de entre un 40% y 70% del salario, ya que no toma en cuenta las bases de cálculo estipuladas en los contratos colectivos, dejando a los trabajadores sin primas y bonos acordados en su contrato.

EXISTE una violación flagrante de los derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores, tanto activos como jubilados.

EXISTE el gran enojo de los docentes, trabajadores de la salud, universitarios y otros sectores de la administración pública, que en vista de su propia situación, se vieron obligados a salir a la calle a protestar. No se trata de manifestaciones virtuales, existen, son reales.

EXISTE una política antiobrera del gobierno, empeñado en destruir de forma sistemática los salarios, las convenciones colectivas, los derechos de las y los trabajadores del sector público y privado. Está política tiene sus antecedentes más recientes en el año 2018, cuando emitieron el Memorando Circular 2792, que llevó a la conculcación de numerosos beneficios contractuales. Hoy es el Instructivo Onapre y por lo visto seguirán con muchas otras decisiones, en detrimento del salario y los derechos conquistados por la clase obrera en años y décadas de intensa lucha.

EXISTE la criminalización de la protesta, el amedrentamiento y la persecución por parte del gobierno, sobre todo a dirigentes destacados, como ocurrió con Ángel Castillo y Adelaida Zerpa, militantes del PCV, activistas del movimiento de trabajadores y de la salud; quienes fueron interceptados por funcionarios del SEBIN armados, deteniendo a Castillo por varias horas sin orden de arresto, y lesionando con hematomas a Zerpa. Quiere decir que la represión si existe, lo confirman los atropellos, golpes de los cuales fueron objeto estos trabajadores. 

En este mismo sentido, vemos como la Sala Político Administrativa del TSJ también se presta para amedrentar a los trabajadores y criminalizar las protestas. De hecho, este órgano fustigó la actuación de los accionantes, es decir, a los solicitantes de la nulidad del Instructivo Onapre, a los representantes de las universidades antes mencionadas, acusándolos de “desestabilizar la paz social” al realizar señalamientos “temerarios” puesto que según el TSJ no existe evidencia de la existencia del instructivo. Y, por ello, los multó con 50 unidades de la divisa de mayor valor, de acuerdo con lo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV). Asimismo, advirtió a los sancionados que si no pagan la multa se arriesgan a que se les aplique lo dispuesto en el artículo 226 del Código Orgánico Tributario, que establece la posibilidad de embargar propiedades a quienes se nieguen a pagar sanciones impuestas por la administración.

EXISTE una pugna no solo en las calles, también en las redes sociales sobre un pretendido “inexistente Instructivo”, en donde se debate en torno al contenido reaccionario, regresivo y antiobrero del mismo. Igualmente, en las redes sociales se ha producido un enfrentamiento que tiene al centro a la exconstituyentista María Alejandra Díaz, quien ha hecho críticas al instructivo Onapre desde hace meses. El tema ha sido ventilado en el programa «La Hojilla», de Mario Silva, quien sin nombrarla ha tejido una historia de financiamiento para la desestabilización que involucraría al exministro Rafael Ramírez.

En marzo del presente año, Díaz afirmó en su columna «Tablas chucutas», publicada en el portal Aporrea.org, que se filtraron las tablas elaboradas por la Onapre para la determinación de los salarios y escalas para la administración pública nacional y que estas desmejoraban a los trabajadores. Indicó la abogada que, al revisar al detalle el referido instructivo, se encuentra la amarga sorpresa de que todo no es sino un nuevo engaño y estafa por parte del gobierno nacional: «ya que se recortan los porcentajes de las primas de profesionalización y antigüedad, que se pagan reiterada, consecutiva y periódicamente a los trabajadores, y que no sólo resultan ser salario, por tanto intocables, sino que son la demostración por parte del trabajador que la preparación y especialización es recompensado y reconocido».

Además, Díaz acusa a «los neoliberales del gobierno» de entregar el país a las corporaciones transnacionales en condiciones de sumisión, destruir el poder adquisitivo del venezolano en favor de esas corporaciones internacionales y de enterrar a (el fallecido mandatario Hugo) Chávez dos veces; primero, «matando la Constitución con su famosa y cacareada Ley Antibloqueo y con la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE), y segundo ‘matando’ la Ley Orgánica de los Trabajadores promulgada por Chávez». (Tal Cual, 21 de julio de 2022).

¿Qué no existe? 

NO EXISTE un presidente obrero y de gran sensibilidad popular. Todo lo contrario, este gobierno es antiobrero y antipopular, mientras los trabajadores tanto públicos como privados ganan míseros sueldos. A los patronos y capitalistas se les ofrece todas las facilidades jurídicas y prebendas para que puedan explotar a la clase trabajadora. Por otro lado, se reducen los salarios, se eliminan los beneficios contractuales, además se implementan legislaciones que permiten la privatización de los activos públicos y la sobre-explotación de la clase trabajadora, utilizando para ello la llamada Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).

NO EXISTE un gobierno socialista. Todo lo contrario, este gobierno es enemigo del progreso social y es contrarrevolucionario, porque hace todo lo opuesto a lo que haría un verdadero gobierno socialista, que protegería en todo caso a las grandes mayorías, a los trabajadores, en vez de hacer lo que está haciendo Maduro: congraciándose con los grandes capitales, privilegiando su relación con la vieja y la nueva burguesía, y colocando todo el peso de la crisis de un Estado rentista y capitalista sobre los hombros de los trabajadores. Se le ha dado la espalda al pueblo trabajador. Esta administración está al servicio de burócratas, de la burguesía parasitaria y de mafias corrompidas que se enriquecen a la sombra del Estado.

NO EXISTE un Estado de transición al socialismo, donde la clase obrera y el pueblo trabajador se organizan para demoler el viejo poder burgués y tomar las palancas de la economía, para administrarlas de manera democrática y al servicio de la satisfacción de las necesidades de la población. De manera opuesta, tenemos un Estado burgués, regido por una burocracia bonapartista, que oscila y se equilibra entre los antagonismos sociales y en ocasiones se salta los parámetros de la democracia burguesa para vulnerar a los trabajadores. Así, las sentencias del TSJ develan como la dictadura del capital es la única que rige los destinos de la sociedad, de que la burocracia del PSUV está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para beneficiar a los viejos y nuevos capitalistas, mientras hunden los niveles de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo. 

La razón de peso por la cual la Sala Político Administrativa del TSJ emitió las sentencias 444, 445 y 446, declarando “inexistente” el instrumento contentivo del “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”; es el alegato de que no reúne los requisitos legales para ser considerado como “administrativo” o “legal”. Es decir, no fue firmado por su director, no hay constancia de cuándo ni dónde fue dictado, ni si fue publicado oficialmente. Y en virtud de este señalamiento, la sala afirmó que “no puede anular lo que no existe”.

Así fue como de la forma más deportiva que se ha visto en la historia de Venezuela, el TSJ avaló la conculcación y la violación de los derechos de los trabajadores, aunque no es la primera vez que se viola los derechos laborales de la clase obrera. Recordemos que en el 2018, también de forma unilateral se nos impuso la circular 2792, con la cual el gobierno avanzó, junto al capital privado –nacional y extranjero–, en la imposición de una política regresiva, además de ilegal, que violenta totalmente la intangibilidad, progresividad y carácter irrenunciable de los derechos laborales, principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución (CRBV), que reza: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”. Además: “Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”, rezan tanto el 89 de la CRBV como el 18 de la LOTTT.

También, el Instructivo Onapre violenta el Convenio Internacional sobre Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos (1928, número 26), el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización (1948, número 87) y el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicalización (1949, número 98).

El supuestamente “inexistente» Instructivo Onapre es en realidad  un reglamento creado por la Oficina Nacional de Presupuestos, adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; que impone un tabulador salarial el cual desconoce las cláusulas económicas de los contratos colectivos de los trabajadores del sector público, vigentes desde 2021 y los beneficios acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (IV CCU). 

Por lo tanto, en los hechos, tal Instructivo se está colocando como de primera jerarquía en la Pirámide de Kelsen. Esta pirámide de la jerarquía jurídica, gráfica según las nociones básicas de derecho, es la representación descriptiva del sistema jurídico, o al menos en el papel. Es decir, esta segmentación en diversos estratos o niveles, es la representación de la relación vertical entre las distintas normas jurídicas, lo cual coloca, en teoría, a la Constitución de un pais en primera jerarquía. Pero con el Instructivo Onapre, como instrumento de la política antiobrera del gobierno que se superpone al resto de la legislación vigente, se derrumban los preceptos leguleyos. 

Se evidencia una vez más que no son las leyes las que regulan las relaciones sociales, sino la correlación de fuerzas de las clases, capaz de hacer que un sector de la sociedad imponga sus intereses al otro, más allá de la legalidad. El reflujo social que apenas ha empezado a revertirse y el carácter bonapartista del gobierno que está en connivencia con la clase capitalista, suponen las condiciones que han determinado tal situación con el Instructivo Onapre y la política gubernamental. Los marxistas, sin hacer fetiches de las leyes burguesas, defendemos todo derecho y conquista democrática de los trabajadores que beneficie sus niveles de vida y garantice su organización. En la actualidad, la clase obrera ha comenzado a levantarse, a flexionar sus músculos para defender sus intereses. Solo la lucha decidida, organizada y con independencia de clases puede echar para atrás la política del gobierno y abrir perspectivas favorables para el pueblo trabajador. 

NO EXISTE pleno derecho a la protesta, donde el gobierno echa mano de grupos parapoliciales (como el Cupaz) y de organismos estatales como el SEBIN y el DGCIM, que siempre están amedrentando a los manifestantes. El gobierno, además, usa programas de televisión de corte policial, como la Hojilla de Mario Silva, para amedrentar y arremeter contra cualquier protesta, contra cualquier opinión de izquierda disidente, incluso de individualidades del propio PSUV. Salta a la vista como cada vez es mas fuerte la tendencia a criminalizar las críticas y crear matrices de opinión, supuestas teorías de conspiración, para deslegitimar la lucha de los trabajadores.

Si este programa era visto en el pasado como una referencia para desmontar matrices mediáticas de la derecha y el imperialismo, hoy se ha convertido en su contrario: defensor de lo indefendible, inquisidor, conspiranóico, persecutor, acrítico y un apéndice comunicacional del PSUV y de organismos herederos de la IV República (como el SEBIN antigua DISIP). Mario Silva y La Hojilla se han convertido en lo que antes criticaban.

También, es de resaltar el programa Con El Mazo Dando de Diosdado Cabello, en donde corrientemente se hace uso de lo que llaman los expertos en guerra de IV generación: “propaganda negra”, pues la idea es divulgar falsas matrices de opinión para enlodar a todos los sectores que protestan las políticas antiobreras y regresivas del gobierno, preparando a la opinión pública para ataques judiciales o de diversa índole. Al parecer, para el presentador de dicho programa, todo el que protesta es contrarrevolucionario, agente de la CIA, entre otras acusaciones temerarias. 

De hecho, taimadamente se le identifica a la izquierda disidente con el imperialismo, con el enemigo, para justificar las arremetidas de los herederos de la lúgubre DISIP en contra de los sectores críticos. En este sentido, no es una casualidad que Cabello desde su programa arremetiera contra la izquierda disidente, un día antes de que fuese secuestrado por el SEBIN el compañero Ángel Castillo del PCV.

De esta forma Cabello, sin ningún pudor, hace uso de forma ventajista de los medios públicos en donde está vetada la izquierda revolucionaria, los trabajadores descontentos, para acribillarlos. Ataca las diferencias sin derecho a réplica, lo que contrasta con el tratamiento que en todo caso le debería dar a una polémica un verdadero “revolucionario”, un periodismo responsable, pues los revolucionarios no le tenemos miedo a los debates. Lo más consono cuando existe una diferencia entre revolucionarios (si es que se puede llamar a este señor de esta forma), o con los sectores que en su prédica el gobierno “obrerista” dice defender, es que se genere un debate y aprovechando su programa, sería lo más armonioso en todo caso. Pero no hay que pedirle peras al olmo. 

Los venezolanos, los trabajadores como ha acontecido en la historia de nuestro pais, nos ha tocado muchas veces enfrentar, en medio de duras condiciones, la violación de nuestros derechos. Pero jamás los gobiernos habían sido tan regresivos, como la actual administración. El llamado es a no dejarnos intimidar. Al gobierno le han caído como anillo al dedo los efectos de la pandemia, las consecuencias de la misma precarización laboral de los trabajadores, lo que ha llevado a que cada trabajador o cabeza de familia acepte trabajos extras para sobrevivir, y de esta forma desmovilizarnos. 

Aun así, ha salido a la calle una vanguardia, que no se ha dejado amilanar, que hoy más que nunca debe forzar la barra para convertirse en una gran masa. Nuestro llamado es a unificar las luchas de todos los sectores laborales afectados, docentes, salud, universitarios, además de incorporar a ferromineros, petroleros, en todos y cada uno de los Estados, a todos los que luchan contra el paquete económico antipopular que significa hambre para los trabajadores y el pueblo. Reconstruyamos la solidaridad, la unidad de acción de la clase trabajadora, sin burócratas ni sindicalistas dirigentes patronales. Hagamos que se desborden las calles y avenidas, solo nuestra movilización dejará sin efecto las pretensiones del gobierno y la oligarquía. Este es el camino por donde debemos ir abriendo causes para la conquista de un gobierno de los trabajadores y del pueblo pobre, por el rescate de las genuinas ideas del socialismo y una Venezuela verdaderamente socialista.