El debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017, está concentrando toda la atención política en relación a la investidura de Pedro Sánchez. Se calcula que hay unas 3.000 personas encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por la organización del referéndum del 1-O, sino también como consecuencia de la represión al movimiento independentista en el período posterior.

Desde la CMI apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de los procesados y detenidos, sin cortapisas ni condiciones, ni renuncias vergonzantes a ejercer el derecho de autodeterminación catalán en un futuro, e independientemente del proceso de investidura de Pedro Sánchez y de su negociación con los independentistas catalanes de Junts y ERC. El único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer el derecho democrático de votar. Esto fue respondido por una represión policial brutal y la violación flagrante de la legislación “democrática” española por parte de los altos tribunales españoles, para aplastar el Procés.

Como era de esperar, todas las fuerzas del viejo Régimen se han agrupado contra esta propuesta de amnistía. Como anticipamos en nuestro último editorial, tal propuesta ha encontrado una oposición feroz en el aparato del Estado, pero igualmente en la derecha (incluida el ala de ultraderecha del PSOE) y en el conjunto de la clase dominante. Hasta el sector más reacio de la burguesía a un gobierno del PP con Vox, por el miedo a la reacción de la calle, como el que abandera el diario El País, ha lanzado sapos y culebras a través de sus columnistas más prestigiosos contra la propuesta de amnistía.

Un movimiento revolucionario

Esta oposición cerrada no es casual. Ellos vieron en el referéndum independentista “ilegal” de 2017, celebrado ante las narices de la policía, una afrenta y una humillación que jamás perdonarán. Es cierto que los focos se pusieron entonces sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, que organizaron la logística de la votación y proclamaron, si bien de manera simbólica, la independencia de Catalunya. Pero, sobre todo, la reacción derechista no puede olvidar ni perdonar a los verdaderos protagonistas de aquel extraordinario acontecimiento: a los millones que se levantaron contra el régimen del 78 en toda Catalunya, organizándose en los Comités de Defensa del Referéndum y, posteriormente, de la República (CDR), acudiendo a la votación el 1-O, defendiendo los colegios electorales para garantizarla, y participando en la masiva huelga general catalana del 3 de octubre contra la brutal represión policial del 1-O.

Las masas en Catalunya ejercieron su derecho a decidir por sí mismas de la única manera que es posible hacerlo en el actual régimen pseudodemocrático español, tutelado por un aparato del Estado heredado íntegramente del franquismo: a través de la desobediencia civil y la acción directa de masas; es decir, por vías revolucionarias.

En realidad, la lucha por la independencia de Catalunya y su constitución como Estado separado en forma de república, era una amenaza a todo el régimen tutelado español, con implicaciones revolucionarias que iban más allá del norte del Ebro. La cuestión central era la forma en que se desarrolló el movimiento: una acción directa de millones contra un régimen oprobioso; acción directa que, por tanto, tenía el potencial de dirigirse contra toda forma de opresión, más allá de la cuestión nacional. Además, se rebasó la legalidad represiva del Estado, y se cuestionó a la monarquía heredada del franquismo. En suma, se ejerció, con todas las limitaciones de la situación, el derecho del pueblo a decidir por sí mismo contra sus “superiores” legales. Pero había planteado otro elemento, esta vez de fondo: Si un pueblo puede disponer de sí mismo, por encima de la casta judicial, militar y monárquica, ¿cómo podría esta casta exigir “respeto” a las clases explotadas y demás capas oprimidas de la población? ¿Cómo podría sostenerse el régimen burgués sin un aparato especial de represión que ejerza temor y respeto en la clase trabajadora y demás sectores oprimidos? Todo el edificio de dominación amenazaría tambalearse. Y la secesión catalana habría asestado un golpe moral irreparable al prestigio de este aparato de Estado, porque es esencial al cuerpo de hombres que sustenta el edificio del Estado el considerarse, literalmente, dueño de todo el territorio bajo su jurisdicción, función que es su razón de ser, junto a todos los fastos, privilegios, gangas, heredabilidad y sentimiento de intocabilidad que conllevan sus cargos.

Que las acobardadas direcciones independentistas claudicaran sin lucha ante el Estado español, tras la suspensión de la autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y frustraran las enormes expectativas creadas, no quita ni un ápice de heroísmo y determinación revolucionaria a la gesta de la tardor catalana.

Pero peor posición y más cobarde actitud fue la asumida por la izquierda oficial española. O bien apoyó incondicionalmente la represión y la suspensión de la autonomía catalana, como el PSOE de Pedro Sánchez, o bien entró en pánico en vísperas del 1-O, ante el inevitable conflicto con el aparato del Estado, escurriendo el bulto y poniéndose de perfil, dejando abandonadas a sí mismas a las masas valientes que desafiaron con sus cuerpos las porras policiales. Los dirigentes de Podemos y de IU (estos, más cobardemente si cabe) que se habían arrogado la tarea, años antes, de “romper el candado del régimen del 78”, y que se habían alzado como la fuerza más votada en Catalunya en nombre del “derecho a decidir” del pueblo catalán, echaron a correr con el rabo entre las piernas una vez que millones en Catalunya se propusieron realizar ambas tareas ellos mismos.

A favor del derecho de autodeterminación

La CMI siempre nos hemos posicionado incondicionalmente con el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, igual que del pueblo vasco y gallego. Es un derecho democrático elemental que cualquier pueblo decida libremente si quiere constituirse como un Estado independiente, e incluso federarse posteriormente, si así lo decide, en pie de igualdad con los demás pueblos del mismo Estado.

Lo antidemocrático era, y es, impedir por la fuerza, con la represión legal y física, ese derecho, que era apoyado por el 75% de la población catalana en el momento del referéndum. Violando la propia legalidad española, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional cesaron a presidentes de la Generalitat y diputados del Parlament, vetaron candidatos a President, e ilegalizaron acuerdos del poder soberano del pueblo catalán, el Parlament. Lo que solo podía juzgarse legalmente como “desórdenes públicos”, pese a que no hubo casos de violencia física ni de altercados, fue declarado como actos de terrorismo, de rebelión, sedición, etc. La única violencia fue la represión desalmada de policías y guardias civiles contra gente inerme, alentada en primera instancia por el Borbón Felipe VI.

Como comunistas, estamos a favor de un mundo sin fronteras y de la máxima unidad de la clase obrera en la lucha por el comunismo; pero esa unidad debe ser voluntaria, sin imposiciones ni privilegios para ninguna nación en particular. La causa independentista catalana era una causa progresista que apoyamos. Tenía el potencial de abrir un proceso revolucionario en todo el Estado español que terminara, no solo con la opresión de las pequeñas naciones, sino con la monarquía y el aparato represivo heredado del franquismo. Lo que hacía falta era que la clase obrera, primero en Catalunya –donde el proceso de cuestionamiento del Régimen estaba más desarrollado–, hubiera hecho suya la causa de la república catalana en la perspectiva de instaurar la república obrera catalana independiente, haciendo un llamamiento a sus hermanos de clase en el resto del Estado a que hicieran lo mismo. Ante la inviabilidad del “socialismo en un solo país», una república socialista catalana y una república socialista española podrían haberse federado posteriormente para lanzar la propuesta al resto de la clase obrera europea de unos Estados Unidos Socialistas de Europa, que habría tenido un eco poderosísimo en todo el continente, y más allá. Lamentablemente, ni en Catalunya ni en el Estado español, existía una fuerza significativa que planteara esta perspectiva, lo que hizo inevitable la derrota del Procés y que, en consecuencia, el péndulo político girara temporalmente hacia el lado contrario, hacia el nacionalismo y el chovinismo español reaccionario, fuera de Catalunya.

La hipocresía del españolismo

La reacción se ha vestido estos años con la bandera rojigualda y la lucha contra el “separatismo”. Pero, con esto, simplemente pretenden arrojar un narcótico a la clase trabajadora española. Su único objetivo es defender los intereses de clase de la burguesía y dividir a los trabajadores en todo el Estado en líneas nacionales. Los mismos que se desgañitan gritando ¡España!, acaban de entregar la principal empresa nacional de telecomunicaciones (Telefónica) a la dictadura sangrienta de Arabia Saudí. La principal constructora española, Ferrovial, en manos de la familia franquista Del Pino Calvo-Sotelo, abandonó el año pasado su querida España para irse a Holanda y no pagar impuestos. Todos ellos están más unidos al capital internacional que a la nación que dicen defender.

Quienes se hacen eco del nacionalismo español, dentro de la clase obrera y de las capas inferiores de la pequeña burguesía, apelando a la “unidad de España” y a la “soberanía nacional”, como si ambas les pertenecieran, viven en un mundo de sueños y de fantasía. Hay que decir la verdad: España y la soberanía nacional española, no pertenecen al pueblo, pertenecen al puñado de grandes empresarios, banqueros y terratenientes, españoles y extranjeros, que dominan con puño de hierro cada aspecto de la economía, la política, y la diplomacia del país. Son ellos quienes poseen realmente el país para sí mismos, y con él, poseen el destino de la propia población trabajadora. Ellos deciden quién trabaja y quién no, cuánto se gana, cuánto suben la luz y el pan, quien puede dormir bajo un techo propio, quiénes deben marchar al exilio económico, en qué guerras debemos participar y a qué mafia de la industria del armamento hay que enriquecer. La auténtica soberanía nacional podrá ejercerla el pueblo español –más exactamente. su clase trabajadora y las capas inferiores de la pequeña burguesía, que constituyen el 90% de la población– solamente a través de la expropiación de esa minoría de parásitos riquísimos y con el control colectivo de la riqueza del país por las clases trabajadoras que la crean diariamente.

Toda la campaña contra la amnistía rebosa una hipocresía sin límites ¿Os quejáis de la amnistía, señores del Régimen? ¿Y qué decir de la amnistía proclamada en 1977 a favor de los crímenes franquistas y quienes los perpetraron? Aquí el atropello no fueron unas pocas de miles de urnas, sino cientos de miles de asesinados, medio millón de exiliados, decenas de miles de propiedades robadas por falangistas y guardias civiles, decenas de miles de presos y torturados, y cientos de campos de trabajo esclavo y de empresas que se lucraron con ellos. Aun es hoy el día que miles de familias tienen que mendigar sin éxito a los poderes públicos dinero y permisos para desenterrar a sus muertos de las cunetas, asesinados por los franquistas. Para peor: policías, guardias civiles, jueces y ministros franquistas siguieron en sus puestos, que hicieron heredar a sus hijos y sus nietos ¿Y qué podemos decir de las sucesivas “amnistías fiscales” a bribones, borbones, grandes empresarios y financieros, que sustrajeron del fisco miles de millones de euros al país, prácticamente gratis, por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE?

Vuestra justicia, señores del Régimen, es una farsa. Nunca se encontró al señor X del GAL, que la CIA recientemente identificó en la persona de Felipe González, y cuyos jefes formales fueron indultados pocos años después de ser condenados; ni tampoco al señor M. Rajoy en la financiación corrupta del PP. La mayoría de los cerca de 200 asesinatos por bandas fascistas y policías en la “modélica transición” quedaron impunes, o se abrieron las cárceles a los pocos condenados para que escaparan sin dificultad. El exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, fue destituido simplemente por una denuncia policial sin pruebas. Hace menos de un año, el Tribunal Constitucional prohibió sesionar a la cámara de representantes del pueblo, el Congreso de los Diputados, para impedir su renovación que correspondía por ley. El Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años con su mandato caducado, pero sigue ejerciendo como si nada ocurriera para impedir que la derecha judicial pierda el control del mismo, lo mismo que el Tribunal Supremo, otra agencia del PP. Militares demócratas y de izquierdas son expulsados del ejército por tribunales militares con la mirada condescendiente de la ministra Robles, mientras que veteranos militares franquistas se regodean en sus redes sociales con la idea de fusilar a 26 millones de “rojos”.

Como en el referéndum catalán, este enorme edificio podrido sólo puede ser derrumbado con la desobediencia civil y la acción directa de masas; esto es, por medios revolucionarios.

Contra la defensa vergonzante de la amnistía

Toda la ofensiva de la clase dominante y sus medios contra la amnistía tiene como objetivo ejercer una presión irrefrenable sobre el aparato del PSOE y sus diputados para provocar fisuras y provocar un fracaso de la votación de la amnistía en el Congreso, donde son mayoría los diputados a favor de la misma.

Y la verdad es que la política más inteligente para enfriar el conflicto en Catalunya, desde el punto de vista de la estabilidad del régimen, es la política de Sánchez, que consiste en hacer pequeñas concesiones a los políticos pequeñoburgueses independentistas, que no cambian nada fundamental, para que estos puedan justificar ante sus bases el apoyo al gobierno de Sánchez y volver al terreno del autonomismo, como de hecho lo llevan haciendo estos años, disfrazado con las proclamas de rigor a favor de la independencia. Las fanfarronadas de Puigdemont y Junqueras de pretender volver a la proclamación unilateral de la independencia no se la creen ni sus propias bases, profundamente disgustadas con la política entreguista de sus dirigentes. Estos, ni tienen confianza en generar e impulsar un movimiento de las características que vimos de 2012 a 2017, ni desean hacerlo, escarmentados por la represión del Estado y porque carecen de confianza en la capacidad revolucionaria de sus bases de luchar hasta el final.

En cualquier caso, vemos una actitud más cobarde aún en los dirigentes de PSOE y SUMAR, y su coro de periodistas afines. En lugar de apelar al sentimiento democrático de la clase trabajadora, en la idea de reparar una injusticia, defienden la amnistía de manera vergonzante, como un mero instrumento funcional que les permita gobernar. Esto, en realidad, ayuda a la derecha en su campaña infame, quien puede presentar la cuestión de la amnistía como un asunto de mercadeo de votos, en su propaganda españolista. En realidad, la izquierda oficial española comparte con el régimen español, abiertamente en el caso de las direcciones del PSOE y de IU, su rechazo al derecho del pueblo catalán a decidir su futuro, colocándose del lado del nacionalismo español opresor y de su aparato de Estado, reforzando prejuicios nacionalistas españoles en amplias capas de la clase trabajadora.

Hay que movilizar

Ante la arremetida de la derecha y la posición paniaguada de PSOE y SUMAR, se necesita la máxima movilización en la calle para contrarrestar la propaganda venenosa de la derecha contra la amnistía y los derechos democrático-nacionales de Catalunya. La primera que está obligada a dar el paso es la izquierda española comprometida con la causa del pueblo catalán. Si bien es débil en estos momentos, podría tomar la iniciativa de convocar concentraciones, manifestaciones, actos, etc. En Catalunya, Euskal Herria y Galicia sí habría una base de masas para movilizar en este sentido, lo que podría tener un eco en el resto del Estado. Es por todo ello que, en estos momentos y más que nunca, debemos levantar bien alto nuestras banderas, en la lucha por:

¡Sí a la amnistía!

¡Movilización popular para lograrla!

¡Abajo el Régimen del 78 y su aparato de Estado!

¡Derecho de autodeterminación para Catalunya, Euskal Herria y Galicia!

¡Por la república y el socialismo!