El viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro salió a las calles de Cali. En su discurso del día, propuso una asamblea constituyente como salida a los varios problemas que su presidencia ha encontrado a la hora de lograr las reformas por las que fue elegido. 

Para citar:

Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó (…), entonces no es el pueblo el que se va a su casa arrodillado y derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. (…) Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución por que lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente.

La oligarquía ha despertado toda una algarabía alrededor de esta cuestión. La derecha reaccionaria y con vínculos al narcotráfico y el paramilitarismo declara que Petro finalmente se está moviendo en la dirección de perpetuarse en el poder. María Fernanda Cabal (a día de hoy, lo más cercano a una dirigente que tiene la oposición) declaró este discurso como un “golpe de estado”.

Esta propuesta es un reflejo de la crisis del reformismo, que en última instancia, no ha podido implementar ninguna de las reformas propuestas en las elecciones del 2022 ni el pliego de demandas con el que el Consejo Nacional del Paro descarriló el paro nacional del 2021. Después de un año y medio en el poder, el gobierno del Pacto Histórico no ha podido pasar la reforma a la salud, la pensional o la laboral. Pero la verdadera cuestión es: ¿Son el capitalismo colombiano y la democracia burguesa que la constituyente afirmaría suficientes para lograr estas reformas sociales? 

El parálisis de las reformas

Para el día de hoy, ninguna de las reformas cuya promesa llevó a Petro al poder ha podido pasar por el escritorio de la presidencia. Cada una de las reformas se ha vuelto un gran debate nacional y la oligarquía ha sembrando el pánico sobre la posibilidad de como la reforma laboral va a aumentar el desempleo debido a la formalización del trabajo y la implementación del recargo nocturno y pagos a festivos; la reforma a la salud va a destruir por completo “uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica” según Forbes y como la reforma pensional va a terminar con el estado robando los fondos de retiros de los trabajadores.

Sin embargo, la realidad detrás de estas calumnias es diciente. Los empresarios, a través de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), declaran que la reforma laboral significa el incremento de costos del 30% mientras que el Banco de la República declara que la reforma laboral podría terminar eliminando 450000 trabajos. No solo esto, pero la reforma laboral tuvo que morir en la comisión séptima del senado debido al bajo quórum en su debate y a las artimañas de la oposición para abstenerse y así matarla. Pero ¿qué dice esto de las empresas colombianas? En un país en donde el salario mínimo es de $1’300.000 de pesos, equivalente a $335 USD, el hecho de que un incremento situacional a los costos laborales elimine tantos trabajos demuestra que tantas empresas no pueden ofrecer un salario digno a sus trabajadores. 

La reforma a la salud, de manera similar, no ha encontrado manera de pasar por el laberinto legislativo, después de la purga de la ministra de salud Carolina Corcho por atreverse a sugerir que el monopolio de empresas aseguradoras colombianas tenía que reemplazarse con un modelo de salud único para luego ser removida y reemplazada por Guillermo Jaramillo y así quedar mitigada al 50%. Petro ha tenido que recurrir a maniobras ejecutivas como la implementación de la reforma a la salud a las EPS que están controladas por el gobierno en este momento. 

La reforma agraria es posiblemente la deuda histórica más importante que el gobierno de Petro busca saldar. El análisis de OXFAM (2018), con datos del Censo Nacional Agropecuario indica que Colombia es el país de América Latina con mayor concentración de tierras 1% de las fincas de mayor tamaño acapara el 81% de la tierra; el 19% de la tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas. El 0.1% de las fincas de más de 2000 hectáreas ocupa el 60% de toda la tierra. En este contexto, es altamente diciente que el gobierno del cambio haya propuesto una reforma agraria desde la rama ejecutiva que compense a los lugartenientes y revenda la tierra a los campesinos. Su progreso también es diciente: solo se han comprado el  4% de las tierras proyectadas para Marzo 7 con este plan. 

En cada una de estas reformas hay un factor en común: El sabotaje de la oligarquía y sus representantes.el bajo margen de maniobra del capitalismo colombiano ha limitado enormemente la velocidad en la cual las reformas se pueden implementar. Esto le da más y más tiempo a la oligarquía de sabotearlas y preservar sus ganancias por cualquier medio necesario. Sin embargo, es obvio que este sabotaje no será gratuito a largo plazo para la oligarquía. En la medida en que las masas de trabajadores, campesinos y estudiantes vean cómo el capitalismo colombiano ahoga en burocracia, propaganda y sangre las reformas por las que marcharon en el 2021, entenderán que las reformas no se obtendrán a través de maniobras legales desde arriba, sino en las calles. 

Los límites de la democracia burguesa

En una entrevista en el Tiempo que decidió aclarar su perspectiva y explicar que para él, una constituyente no sería una oportunidad para dar inicio a una nueva constitución sino para reorientar la constitución del 91 hacía varios puntos que no fueron ponderados en su momento. Petro termina proponiendo un programa de ocho puntos que pasa por varias aristas como la reforma agraria y el cambio climático como orientación a la posible constituyente. 

  • El cumplimiento del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC,
  • Mejorar las condiciones de vida para los colombianos en materia de salud
  • Acceso al agua y renta básica, especialmente para la población de mayor edad
  • Recuperar los objetivos de la Constitución de 1991, priorizando educación pública y reforma agraria
  • Lucha contra la crisis climática y descarbonización de la economía
  • Garantizar la política monetaria manteniendo la independencia del banco central y priorizar el empleo y la producción
  • Un reordenamiento territorial para inclusión de las regiones históricamente excluidas
  • Separar la política de la financiación privada y reformar el sistema judicial.

Este programa político parte de la concepción de que Colombia es un país feudalista. Petro en su entrevista con el Tiempo declara que él es “un socialista” pero que “una sociedad poscapitalista aparecerá es porque se desarrollará el capitalismo”. Sin embargo, hay que entender la naturaleza de las tareas que Petro propone para una constituyente. Estás tareas, cómo la reforma agraria y la unificación territorial, son tareas democrático burguesas que la lucha por la independencia no pudo lograr en su momento. 

Sin embargo, en el periodo actual del capitalismo, los terratenientes y los empresarios han llegado demasiado tarde al escenario de la historia para cumplir estás tareas y están completamente maniatados al mercado mundial. Esto no solo previene que, por ejemplo, conduzcan una campaña de expropiaciones de tierras como lo vimos en la guerra civil americana y la revolución francesa, sino que hace que defiendan la monopolización de la tierra. 

Según Petro, la constitución del 91 no se aplicó y es por esto que hay que convocar una constituyente. Pero esto despierta una pregunta obvia: ¿Por qué no se aplicó la constitución del 91? En su entrevista con el Tiempo, Petro declara que esto es debido a que el estado fue capturado por las mafias. Pero al mismo tiempo declara que él no puede decir que su gobierno está libre de esta misma corrupción ya que el estado está íntimamente ligado a las mafias incluso bajo su gestión.

Un caso reciente de esto son los dos fiscales anteriores (Francisco Barbosa y Marta Mancera, ambos rezagos de la presidencia de Duque) que fueron acusados de encubrir los crímenes de Francisco Martinez, quién durante su tiempo como director del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación, división de la Fiscalía General de la Nación) en Buenaventura encubrió varios casos de tráfico de drogas. Este es uno de los muchos casos de corrupción que Petro ha heredado de la oligarquía al depender de los funcionarios anteriormente nombrados. 

Sin embargo, ante estos casos de corrupción, los comunistas colombianos tienen que explicar que esta es la verdadera naturaleza del estado burgués. Este no es un actor neutro que puede ser reorientado hacia las necesidades de las masas. Más bien, el estado son cuerpos de hombres armados en defensa de la propiedad privada y las instituciones que los apoyan. No hay ninguna constitución que pueda deshacerse de esta realidad sin tocar la propiedad privada. 

No solo esto, pero el fenómeno de la corrupción (es decir, del enriquecimiento ilícito a través del uso de las instituciones del estado burgués) es un fenómeno que está ocurriendo en cada país capitalista, ya sea en Inglaterra donde el partido conservador inglés tiene lazos cercanos con la oligarquía rusa cercana a Putin o en Estados Unidos, en donde senadores como Dianne Feinstein se han enriquecido a través del uso de información clasificada para informar su especulación e inversiones. 

Después de todo, de acuerdo al mismo Petro, la constitución del 91 no se ha cumplido. Pero la razón detrás de esto no solo es la malicia de los empresarios y sus compinches dentro del narcotráfico sino la naturaleza de un sistema económico que depende del lucro y de la explotación de la clase trabajadora para que Colombia pueda ser una parte funcional del mercado mundial capitalista. Esto no se puede solucionar con un simple cambio de las reglas del sistema, sino con un cambio sistemático. 

Dominación imperialista

La consigna de una constituyente es errónea ya que otra constitución no podrá resolver la cuestión del atasco de las reformas. El incumplimiento de la constitución de parte de la oligarquía a la cabeza del país se debe precisamente al hecho de que la oligarquía colombiana conserva el poder político y económico. 

Pero no solo es errónea debido a la coyuntura política de Colombia. Más bien, es errónea al respecto del periodo histórico en el que se encuentra Colombia. A día de hoy, la economía mundial se caracteriza por más y más concentración del capital y la riqueza en las manos de unos pocos bancos y monopolios gigantescos.  Esto se demuestra en qué el 55% del PIB viene de las cinco ciudades más grandes del país y en toda la producción industrial concentrada en grandes conglomerados como Nutresa, Argos y Terpel entre otras. Las 100 empresas más grandes de Colombia registran 45 dólares por cada 100 dólares en ventas en el mercado.

El problema no es que el capitalismo no se haya desarrollado en Colombia. El problema es que el desarrollo del sistema a nível mundial depende del atraso de países como Colombia precisamente para poder explotar sus clases trabajadoras por el menor costo posible. 

Una asamblea constituyente que no toque a la propiedad privada y esté dispuesta a expropiar a las altas esferas de la economía será un callejón sin salida que solo restauraría fe en las instituciones burguesas que han destruido la vida de millones de Colombianos a través de las décadas, supervisando la explotación de la clase trabajadora y el despojo de tierras de los campesinos.  Detrás de esta constituyente, hay un intento de Petro de movilizar a sus bases a luchar pero sin atacar la propiedad privada. Pero de salir a las calles a luchar por esta constituyente, las bases que lo pusieron en el poder se desgastarán y desilusionarán cuando se den cuenta de que no podrán implementar las reformas por las que de verdad están luchando, ya que cada una de las reformas que Petro propone (desde la reforma agraria hasta la laboral) es una amenaza directa a la riqueza de la clase dominante colombiana. 

Hemos visto en el último año y medio que las reformas por las que Petro fue elegido no se van a poder lograr a través de ninguna vía parlamentaria y como estas han sido estancadas por funcionarios burocráticos, empresarios en busca de proteger sus ganancias y sicarios dispuestos a asesinar a líderes sociales. Sólo se podrán lograr en las calles. Sin embargo, la clase trabajadora, el campesinado y la juventud no saldrán a las calles por llamados abstractos a la vida y la paz. Las masas más bien saldrán a luchar cuando se les arme con un programa que ponga sus destinos en sus manos y les permitan resolver los problemas que el capitalismo crea a través de sus propios medios.

¿Constitución o revolución?

El programa que Petro propone es hacer cumplir las promesas falsas de la oligarquía, como han sido documentadas en la constitución del 91 y los acuerdos de paz del 2016. Estos documentos, sin embargo, no reflejan las aspiraciones de la clase trabajadora de una sociedad verdaderamente democrática en donde la producción sea coordinada para el bien social en vez del enriquecimiento de una minoría. Más bien, estos documentos reflejan las aspiraciones del ala bienpensante de la oligarquía que sueña con una Colombia que mejore su posición en el mercado mundial (y por consiguiente, sus riquezas).

Este programa fluye del hecho de que el Pacto Histórico es un frente popular que plantea aunar a las fuerzas progresistas del país bajo la bandera del capitalismo progresista. Con Colombia Humana a la cabeza, defiende la idea utópica de un capitalismo “humano” que pueda lograr convertir a Colombia en una potencia mundial que logre establecer reformas por las cuales la oligarquía ha atacado y destruido a líderes sociales a través de la historia del país. La premisa detrás de este partido, en otras palabras, es el desarrollo del capitalismo para crear una base para las reformas a la salud, pensiones, el trabajo y la tierra. 

Pero este programa es un callejón sin salida. El programa de Petro propone el desarrollo del capitalismo colombiano sobre una base “más justa y racional” en oposición a los capitalistas colombianos que mantienen control total del estado y por consiguiente de la aplicación de la constitución.

Lo que se requiere es el derrocamiento de la oligarquía y sus instituciones corruptas. Esto solo se podrá lograr sobre la base de un movimiento masivo y revolucionario de la clase obrera y el campesinado dispuesta a desmantelar el estado burgués y reemplazarlo con sus organizaciones democráticas, a desarmar a los hampones paramilitares de la oligarquía y a nacionalizar la banca, la tierra y los monopolios para ponerlos bajo control obrero. 

Sobre la base de esa lucha, se podría tomar la enorme riqueza que Colombia produce para el imperialismo internacional y sus oficinistas en Bogotá para ponerla al servicio de la clase trabajadora, el campesinado y la juventud colombiana y así lograr la reforma agraria, “mejorar la condición de vida de los colombianos”, “acceso al agua”, “priorizar la educación pública” y todas las otras aristas de la constituyente propuesta por Petro. 

La base para ese movimiento existe en la sociedad colombiana. Su potencial se vió en los paros nacionales del 19 y del 2021. Lo hemos visto en las grandes manifestaciones en defensa de las reformas del gobierno y en cómo cada manifestación de las aspiraciones de las masas se ha vuelto más difícil de controlar de parte de la dirección del Pacto Histórico. Sin embargo, el potencial de este movimiento está siendo desperdiciado al ser encasillado dentro de los límites puestos por la oligarquía colombiana que tiene sus propios representantes dentro del gobierno y del Pacto Histórico. 

La tarea más urgente del movimiento obrero es romper con estos “compañeros” pro-capitalistas en la coalición de gobierno y dentro del mismo Pacto Histórico para establecer un partido revolucionario independiente de clase capaz de liderar a las masas explotadas a la victoria en los eventos por venir, que no serán una asamblea constituyente y un desarrollo pacifico del capitalismo colombiano, sino más crisis y eventualmente otros paros nacionales, en donde las tradiciones de los cabildos y la primera línea volverán a ser puestas a prueba en contra de las fuerzas del estado colombiano. 

Esta organización tiene que ser guiada por un programa cuya estrella guía debe ser el poner a la clase trabajadora en el poder para que pueda planificar la economía por el bien social y que sirva como guía de acción para los millones de trabajadores que buscan una solución duradera a la crisis, en vez de un simple periodo de respiro antes del inevitable regreso de la oligarquía al ejecutivo. Solo con esta organización podremos barrer con la oligarquía colombiana y transformar de manera profunda la sociedad que la séptima papeleta y la carta magna del 91 no pudo rescatar de la pobreza.