A poco más de una semana de que se celebren las elecciones presidenciales en Venezuela, se respira un ambiente de tensa y relativa calma. Se trata de elecciones nada normales sobre las que descansan múltiples dudas y riesgos. El complejo panorama de cara al 28 de julio presenta numerosos escenarios, circunscritos a solo dos posibles salidas: reelección fraudulenta o cambio de gobierno. Al día de hoy no hay ninguna certeza sobre cuál puede ser el desenlace. La incertidumbre no hace más que aumentar con el paso de las horas. Como veremos más adelante, tal ambiente de calma es aquel que aguarda la venida de una fuerte tempestad.

Actualmente, diez candidatos presidenciales recorren el país prometiendo construir el paraíso celestial aquí en la tierra. Pero los intereses capitalistas que todos representan los coloca en la trinchera de quienes aspiran seguir haciendo pagar la crisis a los trabajadores.

La verdadera disputa se cierne entre el aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, y el candidato circunstancial de la oposición, Edmundo González Urrutia, quien recibe el respaldo del imperialismo estadounidense y la máxima líder derechista, la inhabilitada María Corina Machado. Como relleno aparecen el candidato comodín, Enrique Márquez; el derechista no alineado, Antonio Ecarri; el comediante Benjamín Rausseo; y el infaltable grupo de “opositores” comprados por el gobierno o beneficiarios de los partidos judicializados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Luis Eduardo Martínez, José Brito, Claudio Fermín, entre otros. Los últimos juegan dentro de la estrategia psuvista, intentando dividir el voto de la oposición de derecha. Pero dada la nula credibilidad que poseen, es probable que estos declinen a favor de su financista cuando, a cercanías de la elección, se prevenga que no serán capaces de cumplir con la tarea encomendada.

En una campaña atípica y desigual, González y Machado recorren el país sin dar muestras de un gran despliegue de recursos. Todo parece indicar que sus amos imperialistas, en esta ocasión, no estuvieron dispuestos a invertir grandes cantidades de dólares en una oposición profundamente corrupta, que –como la misma USAID reconoció– fue capaz de desviar enorme cantidad de recursos enviados a partir de 2019 para la supuesta “ayuda humanitaria”.

En lo que a gran despliegue y despilfarro publicitario se refiere, solo el candidato a la reelección resalta, aprovechando las enormes ventajas que le da el control sobre el Estado. Desde una película biográfica de Maduro, giras con cantantes reconocidos, hasta la más reciente compra de Carlos Prósperi –ex candidato a las primarias derechistas por Acción Democrática (AD)–, nada basta para el alarde oficialista, que ante nuestros ojos dilapida recursos pertenecientes a todos los venezolanos.

Sin embargo, las calles hablan por si solas. La principal candidatura derechista y su portaviones, Machado, muestran un gran poder de movilización en cada ciudad o pueblo que visitan. Esto lo han logrado a expensas del partido de gobierno, el mismo que a base de austeridad, corrupción y represión ha entregado buena parte de su base social a los brazos de la reacción.

El gobierno, temeroso de medirse en una elección mínimamente justa, estableció un cronograma electoral ventajista, ordenó una baja oferta de puntos de inscripción y actualización en el registro electoral, impidió la participación de la absoluta mayoría de venezolanos en el exterior (solo podrán votar 69.211), apresó a colaboradores cercanos a Machado, mantuvo secuestrados e ilegalizados numerosos partidos políticos y una interminable lista de arbitrariedades.

El madurismo desnuda muy bien sus temores cuando bloquea rutas y puentes donde intenta transitar el liderazgo derechista, así como el cierre de restaurantes y hoteles donde este se presenta. Con esto, le brinda oportunidades a la derecha de proyectar estoicismo y resiliencia, en una campaña que los medios burgueses del exterior venden como una suerte de novela épica.

Mientras los factores que dominan el juego mueven sus fichas sobre el tablero, el pueblo trabajador es invitado a respaldar a alguno de los verdugos que lo sacrificará en el altar del capital, el ajuste y el entreguismo. Más allá de las falsas expectativas creadas, gane quien gane el 28 de julio los trabajadores de la ciudad y el campo seremos los mayores perdedores. La organización y la lucha serán nuestras únicas opciones disponibles para resistir los embates que vienen y conseguir los cambios que no vendrán de la mano de ningún falso mesías.

Una derecha envalentonada y con espuma en la boca

Pese a arrasar en las primarias derechistas de 2023, María Corina Machado vio frustrada su aspiración de ser la candidata presidencial, abanderada por la burguesía tradicional a la cual pertenece. Su inhabilitación política fue ratificada y le bloquearon la postulación de su primera sustituta, la académica Corina Yoris. Sin embargo, el gran poder de convocatoria que ha amasado el último año la convirtió en el factor clave de la campaña opositora. Su delirio de grandeza mal disimulado impide que alguien le dispute el protagonismo, incluido el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Solo ella es la estrella, solo ella tiene permitido brillar.

La altísima popularidad actual de Machado es fruto de la corrupción y del descalabro político del interinato y el G4, que le permitieron pasar de ser una voz radical enloquecida –que en 2019 pidió intervención militar extranjera contra su propio país– a la figura opositora con la mayor determinación para enfrentar al gobierno. Su mejor campaña ha sido el inconmensurable desastre gubernamental, que le ha permitido ganar momentáneamente a una enorme capa de ex chavistas y antiguos indecisos desesperados por un cambio. También es preciso añadir que Machado, al igual que personajes como Trump, Milei, Le Pen, entre otros; ha salido a la superficie como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo, la cual se ha traducido en el colapso del centro político y el reformismo. La tendencia a la polarización social está a la orden del día, en un mundo donde la lucha de clases no para de agudizarse.

Con su discurso religioso que apela a “la lucha del bien contra el mal», se muestra como la heroína que viene a “enterrar el socialismo en Venezuela”. Bien sabemos que el socialismo nunca fue edificado en el país, pero si se asocia este con todo el desastre económico, político y social del madurismo, la derecha mata varios pájaros de un tiro. Su lema es “Hasta el final” y se intenta vender como una figura mesiánica, la nueva libertadora de Venezuela. Sin embargo, su intención real es tomar el poder para desatar la ira revanchista de la reacción, acumulada durante 25 años, cobrando a los trabajadores y el pueblo pobre el haberse atrevido a impulsar una revolución durante la primera década de este siglo.

Circunstancias excepcionales han hecho posible que un otrora desconocido, como Edmundo González, sea el candidato presidencial de la PUD, en las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento Por Venezuela (MPV). Diplomático de carrera y ejercicio durante la Cuarta República, este señor pasó los filtros del Consejo Nacional Electoral (CNE) –parcializado a favor del Ejecutivo– como un simple “candidato tapa». Ante los riesgos de postular otro nombre que no fuera aceptado por el Poder Electoral en el tiempo previsto, el conjunto de la PUD acordó el 19 de abril nombrarlo como candidato del consenso opositor.

De 74 años de edad, sin mucho futuro político y con poca energía para restar brillo a Machado, es visto por esta última como el eventual hombre de transición, cuyo papel será prepararle el terreno para que luego ella cumpla su sueño: ser la flamante Presidenta de la República. No obstante, González ha dejado notar leves diferencias con respecto a Machado, en especial a la posibilidad de brindar amnistía a los miembros del gobierno actual en caso de un cambio político. Por lo pronto, y mientras el poder de convocatoria de Machado siga marcando la pauta, tales diferencias se mantendrán en un segundo plano.

A pesar de las trabas, arbitrariedades y detenciones, numerosos voceros derechistas han señalado en múltiples oportunidades que nada los sacará del carril electoral. En el pasado, por mucho menos, la reacción no dudó en abrazar la táctica del boicot, sin obtener ningún resultado positivo. Aunque pareciera que estas declaraciones suponen un aprendizaje, realmente se trata del cumplimiento de una orden emanada desde Washington. Mientras la Casa Blanca negocia con Maduro garantías electorales y nuevas concesiones petroleras, ha mandado a sus lacayos a presentarse en las elecciones a toda costa, tratando de no volver a transitar el camino de la fracasada política de “máxima presión”.

El partido de Machado, Vente Venezuela (VV), ha avanzado en el establecimiento de los “Comanditos por Venezuela», en función de organizar a su electorado para movilizar el voto, defenderlo y, en palabras de su lideresa, “cobrar». Todo apunta a que nuevamente la derecha, si ve frustrados sus objetivos, no tardará en cantar fraude. De producirse una victoria de Maduro, seguramente la red de Comanditos será invocada por Machado para protagonizar episodios de desobediencia civil y enfrentamiento, presionando a Washington para que tome una postura más dura que la demostrada hasta ahora. De personajes predecibles solo podemos esperar respuestas predecibles.

El programa de Machado y González

Yendo a lo importante, el plan de gobierno de Machado –al que González se adhiere–, titulado “Venezuela tierra de Gracia”, propone un amplio programa de privatización de empresas y activos públicos, en especial de la industria petrolera, para que Venezuela recupere su condición de “abastecedor seguro y confiable” del imperialismo estadounidense y europeo. Asimismo, se plantea la consecución de un acuerdo con el FMI y un plan de reestructuración de la deuda externa, con un menú de alternativas para el cambio de bonos y la apertura de la opción de canje de deuda por activos, para acelerar el proceso privatizador y reducir el tamaño del Estado. Esto solo se puede llamar entreguismo rapaz, que dejaría en pañales el que Maduro desarrolla actualmente.

En materia laboral, el programa de Machado propone “racionalizar” las contribuciones impositivas y parafiscales a las nóminas, y las protecciones legales para los trabajadores, así como eliminar las “rigideces” de la legislación. Lo anterior se traduce en una mayor flexibilización laboral, restando obligaciones de los patrones con sus empleados.

En cuanto a sueldos, plantea que como resultado de las contrarreformas económicas a aplicar “los salarios subirán”, recurriendo a las típicas promesas liberales de que “a largo plazo” las riquezas y beneficios se desbordarán de arriba hacia abajo en el mejor de los mundos posible. Pero como John Maynard Keynes dijo hace mucho tiempo: “A largo plazo todos estaremos muertos”.

Como es de esperarse, este plan también contempla la ”simplificación” de todo el sistema tributario, lo que supondrá menos impuestos para los ricos. Al mismo tiempo propugna la disciplina fiscal y la reducción del déficit presupuestario actual. Pero si el Estado obtendrá menos recursos de impuestos a los que más tienen ¿cómo se conseguirá la reducción del déficit fiscal? La respuesta yace en el aumento de los tributos al consumo como el IVA, la reducción drástica de subsidios a la gasolina y a los servicios públicos, además de recortes a la educación y la salud pública, entre otras medidas.

El programa referido concibe instaurar de forma progresiva un sistema de pensiones basado en capitalización individual, es decir, en el ahorro de los empleados y trabajadores por cuenta propia, y no en las obligaciones de los patrones en este terreno. En cuanto a los servicios públicos, contempla opciones de gestión privada, lo que con seguridad se traducirá en elevadas tarifas de agua, luz, entre otros.

Para la educación, se plantea introducir un sistema de vouchers escolares, que se extienda de manera progresiva hacia todas las escuelas. Bajo este modelo –concebido por Milton Friedman en oposición a la educación pública, gratuita y universal–, el Estado asigna un monto para cada estudiante, donde los padres o tutores deben destinarlo al pago de la matrícula escolar en el centro educativo de su preferencia. Dejando de lado las dudas sobre la asignación de montos en un entorno de “disciplina fiscal”, tanto las escuelas públicas como las privadas participarían en el programa y competirían por el financiamiento estatal, que variaría según la cantidad de estudiantes matriculados a través de los vouchers. De facto, la educación privada ganaría terreno frente a la pública, jugando el Estado un papel de un ente transfusor de recursos a las empresas educativas, directa e indirectamente. Numerosos estudios realizados en países donde se ha aplicado este sistema –como Chile y Suecia– han arrojado lo siguiente: aumento en la segregación socioeconómica, ya que las escuelas de mayor calidad tienden a atraer a estudiantes más privilegiados, dejando a las escuelas públicas con menos recursos; dificultades para evaluar la calidad educativa real, ya que las escuelas privadas tienden a ser más generosas en sus calificaciones para atraer más estudiantes; y también un descenso en el desempeño estudiantil.

Con toda seguridad, para llevar adelante todas estas políticas y contrarreformas, un eventual gobierno derechista tendría que valerse de las mismas armas antidemocráticas y represivas creadas o reforzadas por Maduro para disciplinar cualquier foco de resistencia al ajuste. Quienes esperan una reinstitucionalización democrática de la mano de un cambio de gobierno, claramente no entienden nada.

Puede verse con claridad en beneficio de quien gobernaría la derecha proimperialista en caso de que tome el poder. Sería importante conocer la opinión, en cada uno de los puntos programáticos descritos, de las organizaciones de izquierda que han decidido apoyar la candidatura de González / Machado.

La campaña de Maduro

Con miras a su segunda reelección, Nicolás Maduro implora el apoyo popular luego de aplicar el programa de ajuste más brutal de nuestra historia y asaltar los derechos democráticos más elementales. Desempolvando el viejo lema “La esperanza está en la calle”, intenta manipular los sentimientos del chavismo de base, que en un porcentaje mayoritario se encuentra descontento y desencantado.

Si algo ha evidenciado la campaña electoral hasta el momento ha sido la caída en el poder de convocatoria y movilización de calle del PSUV. Hablamos de actos en ciudades y parroquias que fueron en su momento auténticos bastiones del chavismo, donde el partido de gobierno ha exhibido debilidad. Maduro hoy paga el costo político de haber jugado el papel de verdugo de las conquistas y derechos del pueblo trabajador.

La política electoral desarrollada por el PSUV, a partir de los comicios regionales de 2017, ha consistido en fomentar la abstención y transmitir desconfianza en los procesos electorales, mediante arbitrariedades, ventajismo y exhibiendo la parcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) a su favor. Gracias a esta política, y a producir divisiones en la derecha –al menos en las elecciones en las que esta participó–, el PSUV solo podía cosechar victorias, alcanzando la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (2020) y casi la totalidad de gobernaciones y alcaldías (2021), con altos porcentajes de abstención. Dicha política contrasta con el impulso de la participación democrática de la población –no solo en eventos electorales, sino también en la organización popular, obrera, y campesina–, durante los primeros años de la revolución bolivariana.

Sin embargo, cuando en diciembre de 2023 cambiaron las necesidades y el gobierno requería obtener una alta participación en el referéndum sobre el Esequibo, no pudo evitar una bajísima participación en el evento. Esto ocurrió a pesar del gran derroche de recursos públicos invertidos en una campaña chovinista de pocos precedentes. La nada creíble cifra de 10 millones de votantes, ofrecida por el CNE, contrastó con las imágenes de centros de votación vacíos en todo el país durante la jornada. Para muchos analistas, este referéndum fue un examen para la maquinaria del PSUV. A la luz de los hechos, la prueba fue reprobada. Siendo justos, la maquinaria del partido de gobierno poco o nada podía hacer ante un descontento reinante. Podemos decir entonces que la austeridad y la política de fomentar la abstención se volvieron en contra de sus impulsores.

Venezuela es hoy un claro ejemplo de la bancarrota política del reformismo y de los llamados “gobiernos progresistas”. Los mismos, cuando deben administrar la crisis del capitalismo, no dudan un segundo en aplicar la más severa austeridad a los sectores más empobrecidos. De esta manera, no pueden evitar erosionar sus bases sociales de respaldo, que son las que precisamente antes los llevaron al poder. Aunque en Venezuela el patrón descrito contó con varias peculiaridades excepcionales, el mismo no podía dejar de manifestarse.

Además de destruir los derechos y conquistas del pueblo trabajador, fortalecer el aparato represivo del Estado, asfixiar todas las instancias de participación popular y distorsionar la imagen del socialismo, a Maduro también le cabe el mérito de haber dilapidado el inmenso capital político amasado por Hugo Chávez y la revolución bolivariana. El servicio prestado por el candidato a la reelección a los intereses de la clase dominante es sin duda inestimable.

El presidente de la República, con el alarmismo que le caracteriza, alerta a la población sobre los planes de la derecha de intentar volver al poder para imponer un “paquetazo neoliberal”. Tal nivel de cinismo no tiene parangón. Mientras realiza estas aseveraciones, el salario mínimo se mantiene congelado y bonificado, avanza la privatización de la industria petrolera, agroalimentaria y otras; toda vez que reina la desinversión en el sistema eléctrico, la distribución de agua, educación y salud, como resultado de recortes brutales al gasto público.

Los procesos de privatización no han avanzado con el ritmo que la cúpula del PSUV espera, no por falta de interés y ganas sino por la desconfianza reinante entre los inversores foráneos y la continuidad de la huelga de inversiones de la burguesía criolla, salvo contadas excepciones. Vemos entonces que toda la voluntad entreguista de Maduro no ha sido suficiente. Pero dicho camino, a pesar de sus variantes, ha adelantado con creces las tareas principales del programa de la derecha tradicional: un Estado más pequeño, servicios públicos privatizados de facto, empresas estratégicas abiertas a la asociación privada, y en suma, un régimen social a total disposición de los que más tienen.

¿Venezuela se arregló?

En sus discursos de campaña, Maduro señala que su gobierno ha sido capaz de producir un “milagro económico”, en medio de fuertes sanciones y un bloqueo financiero. Tal mensaje, por demás exagerado, refiere a la reducción de la inflación, que en el primer semestre del año acumuló un 8,9%, y a las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que el FMI proyecta para el cierre dell 2024 en un 4,5%.

Es cierto que las medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo –las cuales rechazamos de forma categórica– suponen un pesado lastre para la economía nacional. También que las cifras presentadas, si se comparan con las de hace 5 años, muestran una mejor situación. Pero basta ir más allá de la superficie para darnos cuenta de una triste y preocupante realidad.

El crecimiento económico del último periodo descansa en la actual coyuntura de altos precios del petróleo y también en la lenta y limitada alza en la producción petrolera venezolana. Sin embargo, los sectores no petroleros siguen registrando caídas estrepitosas que no dan buenas señales. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la caída del PIB no petrolero se situó en un 10% para el cierre de 2023. Una de las causas de tal descalabro responde a una deprimida demanda de bienes y servicios por parte de la mayoría de la población, que con salarios y pensiones de hambre no puede si quiera pensar en satisfacer todas sus necesidades.

La baja demanda de bienes y servicios también ha contribuido en el descenso de los índices de inflación. Quiere decir esto que en parte la inflación se ha atenuado gracias al hambre del pueblo trabajador. Además, los altos precios del crudo han aumentado los ingresos estatales, lo que también ha permitido que el BCV intervenga con más fuerza en el mercado cambiario para estabilizar el precio del dólar, reduciendo los índices de inflación en el proceso.

Pero conviene hacernos la siguiente pregunta: ¿y si el panorama de altos precios internacionales del petróleo cambiara abruptamente, por ejemplo, como consecuencia de una muy posible recesión mundial a mediano plazo? Actualmente, la economía mundial está minada de amenazas: desde los choques geopolíticos, como la guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza y los riesgos vigentes de expansión regional de este conflicto; los crecientes desastres climáticos, que están impactando negativamente el desempeño económico de varias regiones del planeta; hasta los peligros que envuelven a la economía China, como la caída del consumo y las inversiones, el aumento a niveles récord de su deuda y la crisis inmobiliaria, la cual pudiera contagiar al sistema financiero mundial. Lo anterior nos dice que el escenario de una recesión global no es nada descabellado.

En cualquier caso, es un hecho evidente el carácter endeble e insostenible del pretendido “milagro económico” madurista. La mayor disposición de petrodólares actual puede estar barriendo bajo la alfombra infinidad de problemas estructurales, pero solo por un periodo limitado de tiempo.

Otra pregunta a realizarnos es ¿tal crecimiento económico se ha traducido en una mejora sustancial en los niveles de vida del pueblo trabajador? La respuesta es no. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la UCAB, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica y el 51,9% de los hogares registraron pobreza multidimensional, la cual contempla precariedad en factores como vivienda, servicios públicos, educación, trabajo, entre otros.

Con los salarios y pensiones que compiten con los más bajos del mundo, el desempleo y la falta de oportunidades, y el deterioro general de los servicios públicos –todos resultado del programa de ajuste antipopular del gobierno–, claramente han aumentado las desigualdades sociales. Más allá de la propaganda oficial, los alcances del tan cacareado “milagro económico” no pueden ser percibidos por los sectores más vulnerables.

El optimista discurso de Maduro es hoy un muy mal chiste para quienes han visto la confiscación de sus derechos y conquistas históricas, a manos de una casta política que pide sacrificios, mientras saquea el erario público a dos manos. Lo último no puede ser maquillado con unas cuantas detenciones en operativos “anticorrupción”, que la mayoría percibe correctamente como ajustes de cuentas entre diferentes camarillas burocráticas.

El diálogo entre Maduro y la Casa Blanca

Tras el rotundo fracaso de la política de “máxima presión”, implementada por el imperialismo estadounidense durante el gobierno de Trump, la administración demócrata qué le sucedió redujo las tensiones hacia Venezuela, priorizando las negociaciones diplomáticas, toda vez que chantajeó a Maduro ofreciendo una mayor flexibilización de las sanciones a cambio de garantías para que sus lacayos tengan mayores opciones de volver al poder. La negociación y las ansias entreguistas de Maduro permitieron que, a partir del 2022, EEUU posicionara a la multinacional Chevron en un lugar de privilegio en el negocio petrolero venezolano.

Luego, la realidad energética y geopolítica tras la guerra en Ucrania afianzó este panorama, derivando en la emisión estadounidense de licencias para operaciones en Venezuela de multinacionales, cierta flexibilización de sanciones, y también el intento de la Casa Blanca de introducir una cuña en las relaciones entre Venezuela y Rusia, que resultó infructuoso. Chevron, en empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha impulsado un leve repunte en la producción de crudo venezolano, que en diciembre de 2022 se situaba en 669.000 barriles por día y hoy ha alcanzado los 922.000 (un aumento de 27,44%).

Sin deponer la totalidad de sanciones, para EEUU se convirtió en una necesidad permitir cierto alivio de la economía venezolana, esperando que se redujera el flujo de migrantes de este país que ahora cruzan a diario por miles sus fronteras. Aquí es necesario hacer notar como la anterior política de asfixia financiera contra el gobierno venezolano, que agravó la precedente crisis estructural del capitalismo criollo, se volvió en contra del propio imperialismo. Sin dudas, este es un factor que pesa en la agenda de diálogo entre ambos gobiernos. Esta es la razón por la cual Maduro ha amenazado a EEUU con restringir los vuelos de deportación de compatriotas desde el país del norte, usando la tragedia social de millones de venezolanos –de la cual él es el principal responsable– como moneda de cambio para mezquinos intereses.

Análisis políticos de dudoso rigor han barajado la idea de que el gobierno estadounidense se siente cómodo con Maduro en Miraflores. Algunos han llegado tan lejos para señalar que, ante los progresos recientes de los intereses de la Casa Blanca sobre el petróleo venezolano, Maduro ha pasado a ser el candidato del imperialismo. Estos ”analistas” pierden de vista por completo que, por más entreguista que sea la política energética de Maduro, EEUU precisa de un elemento de su total confianza a la cabeza del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Desde el norte de América entienden muy bien que Maduro está sujeto a la presión de China y Rusia, potencias que rivalizan económica y geopolíticamente con EEUU. La adopción de una estrategia más moderada por parte del imperialismo no implica que haya cambiado su objetivo de producir un cambio de gobierno en Venezuela. En última instancia, su estrategia reciente ha consistido en buscar una transición negociada, mientras aprovecha las innumerables ventajas que Maduro le ofrece en su desesperación.

En el proceso de diálogo entre ambos gobiernos –que se desarrolla de espaldas y en detrimento del pueblo trabajador venezolano–, seguramente se ha discutido la posibilidad de una transición ordenada de poder o cambio de gobierno. Para la alta dirigencia del PSUV entregar el poder implica grandes riesgos. Sobre la cúpula del partido de gobierno pesan sanciones personales, demandas por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI) y amenazas de confiscación de bienes. Lo anterior supone motivos de peso para que Maduro se niegue a toda posibilidad de transición, a menos que el imperialismo ofrezca garantías de inmunidad y desde Miraflores sean lo suficientemente ingenuos para aceptarlas. Creemos de manera firme que de producirse una victoria de la derecha el próximo 28 de julio, que sea permitida y reconocida por el PSUV, estaríamos presenciando la consumación de un pacto que por mucho tiempo se pensaba improbable.

De producirse una reelección fraudulenta a favor de Maduro, el imperialismo estadounidense estaría sujeto a numerosas presiones para endurecer su política hacia Venezuela. Machado, Trump, los republicanos en plena campaña presidencial y los congresistas bipartidistas del Congreso estadounidense, exigirían acciones más contundentes. Pensamos que ante este escenario, Biden estaría forzado a subir el tono y las amenazas, además de imponer una que otra nueva sanción. No obstante, luce poco probable que en esta ocasión el imperialismo eche por la borda, revierta o ponga en riesgo todos los progresos energéticos conseguidos en el último periodo.

Posiblemente, la administración demócrata de la Casa Blanca contempla seguir pujando por una transición en el proceso de diálogo con Maduro, pero si este es reelecto, en un principio elevará el tono, esperando ver qué resulta de las tensiones políticas y posibles enfrentamientos que tratará de propiciar la derecha. En esta ocasión, el imperialismo solo estaría dispuesto a subir la apuesta en caso de que aparezcan altas probabilidades de derrocamiento a Maduro o un golpe de Estado. De no lograrse transición alguna, Biden, mientras permanezca como inquilino de la Casa Blanca, esperaría que se disipe el polvorín para retomar la estrategia moderada que ha seguido hasta hoy.

Mientras tanto, María Corina Machado espera ver a Trump alzarse con las presidenciales estadounidenses, para contar con un jefe tan desquiciado como ella en lo que a llevar adelante sus propósitos, aparentemente, respecta. Bien es sabido que la lideresa derechista ha estado históricamente vinculada al Partido Republicano.

Pero la vuelta de Trump a la Casa Blanca no supondría automáticamente el regreso de la política de “máxima presión”. En el orden de prioridades globales para el magnate y el imperialismo, en principio, acabar con la guerra en Ucrania e incidir con más fuerza en el brutal genocidio en Gaza ocuparía casi toda la atención de la Casa Blanca.

Pero además, hay otro factor por mirar. En 2019 durante su mandato, Trump despidió al entonces Asesor de Seguridad Nacional, el viejo halcón republicano John Bolton, quien lo presionaba para ejercer la política de línea dura contra Maduro que todos conocimos, sin ningún éxito. Parece que Trump siempre dudó de las capacidades de la derecha venezolana para derrocar a Maduro. Cuando la realidad le dio la razón, no dudó en romper con quien lo había conducido a toda una retahila de fracasos en su política exterior, perjudicando lo que para Donald es más importante: su prestigio e imagen. Lo anterior puede ser indicativo de que el multimillonario, de ganar las elecciones presidenciales estadounidenses, volvería con una política más pragmática hacia Venezuela. Resta ver el desarrollo de los acontecimientos para confirmar esta perspectiva.

La izquierda en su laberinto

Si hay un sector de la sociedad al cual le han cerrado casi todos los caminos para la participación política efectiva, es sin duda la izquierda al margen del derechizado PSUV. Para lograr tal cometido, el gobierno en su deriva autoritaria no escatimó en el empleo de medidas bonapartistas: desde el secuestro a las personalidades jurídicas de varios partidos, negativas institucionales a la formalización de nuevas organizaciones, condiciones imposibles para la conformación de grupos de electores y el bloqueo a las solicitudes de denominación provisional.

Excluyendo el conjunto de tarjetas intervenidas (PCV, PPT, UPV, Tupamaro, entre otras), la oferta electoral del tarjetón que se presentará en las máquinas de votación está desprovista de opciones, adhesiones y alternativas de izquierda, a las que tanto parece temer el PSUV. Todo nuestro rechazo a la violación de los derechos políticos cometida contra las militancias de numerosos partidos y organizaciones de izquierda. No obstante, la anulación electoral de estas fuerzas no ha impedido que las mismas expresen sus posiciones y apoyos de cara a la contienda electoral. Así tenemos desde las que han concedido su respaldo a alguna de las candidaturas patronales, hasta aquellas que no se ven representadas por ninguna de las opciones.

Adoptando la postura de que la prioridad es lograr un cambio de gobierno, organizaciones como Bandera Roja y Vanguardia Popular expresan su total respaldo a María Corina Machado y hacen campaña por la elección de Edmundo González. Tal posición no resulta extraña cuando se conocen las trayectorias de dichas organizaciones. Estas, que en el pasado formaban una misma agrupación, históricamente han estado del lado de la oposición de derecha, golpista y proimperialista. La primera esgrime luchar por “la democracia popular y el verdadero socialismo”, participando de cuanta iniciativa golpista organizó el imperialismo estadounidense en nuestro país. Por su parte, dirigentes de la segunda organización mencionada, como el sindicalista Dick Guanique, reivindican de palabra el marxismo. Tamaña contradicción evidencia el nivel de degeneración política al que pueden llegar ciertas corrientes, que en este caso son cualquier cosa menos revolucionarias y marxistas.

Bajo la premisa resumida en la frase “primero salir de Maduro y después veremos”, numerosos compañeros de lucha, dirigentes sindicales y luchadores populares han decidido ejercer el voto castigo el 28 de julio, en favor del principal candidato opositor. No obstante, consideramos que esta posición equivale a escapar de las manos de un brutal verdugo para refugiarse en las cadenas de otro, tan o más cruento. Es imposible no estar de acuerdo con las ansias de cambio profundo que siente el conjunto del pueblo trabajador. No es para menos tras una década de humillaciones, sacrificios, miseria y represión. Pero cerrar los ojos o pretender ser indiferentes a las promesas derechistas de privatización de todo, de la flexibilización laboral y de la continuidad –bajo otros esquemas– del ajuste antipopular en curso, parafraseando a Simón Bolívar supone convertirse en instrumento ciego de su propia destrucción.

Algunos argumentarán que la actual coyuntura demanda apoyar a quien garantice la restitución de derechos democráticos, políticos, civiles y de organización para poder luchar en mejores condiciones. Sin embargo, la represión y la restricción de derechos es inseparable al ajuste y a la austeridad. Sin ir muy lejos, la gestión madurista de la crisis es el mejor de los ejemplos. ¿De verdad se piensa que algún factor de la derecha tradicional, de alcanzar el poder, estaría dispuesto a hacer algo distinto? ¿Alguno de ellos estaría en capacidad de romper con la tónica que históricamente ha marcado el sistema capitalista, al cual todos se deben?

Desde otra posición, aparecen las organizaciones que han decidido ser –en palabras del Che Guevara– “furgones de cola” de otras candidaturas patronales. Por ejemplo, la organización Uníos ha decidido respaldar al candidato de la alianza del Lápiz, Antonio Ecarri. Se trata de un personaje que por mucho tiempo estuvo cercano a Primero Justicia (PJ), militó en Proyecto Venezuela (PV), hasta que en 2012 se peleó con el resto de la oposición proimperialista. Es partidario de la dolarización formal de la economía y un programa de privatizaciones que incluya la industria petrolera venezolana. La propuesta de oficializar el dólar como moneda de curso legal en Venezuela, encierra el intento de un sector de la derecha de hacer que el país renuncie a su soberanía monetaria, para impedir bajo cualquier medio la más mínima tentación de flexibilizar el ajuste y la austeridad, que el capital reclama profundizar. Equivale a manejar hacia el precipicio, tirando las llaves por la ventana y colocando un ladrillo en el acelerador. Esta medida, además de inviable, es por si sola incluso más reaccionaria que buena parte del programa de María Corina Machado, lo que es mucho decir. Pero lo anterior no es impedimento para que Uníos haga campaña con dichas propuestas.

La política de la cola del cometa proimperialista

Las organizaciones: Partido Comunista de Venezuela (PCV), Redes y el Bloque Histórico Popular (BHP) han brindado su apoyo al candidato Enrique Márquez, del partido Centrados. Particularmente Redes ha decidido disolver su organización en el partido de Márquez, cerrando el círculo de oportunismo que la llevó a vincularse en el pasado con personajes como Claudio Fermín, y más recientemente, Benjamín Rausseo.

El ex dirigente de UNT y ex vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, desde que inscribió su candidatura ha intentado presentarse como una alternativa “despolarizada” que, bajo una posición de centro, impulsaría una transición democrática e inclusiva. Con un discurso moderado, busca aglutinar apoyos de derecha a izquierda, incluyendo a chavistas descontentos (y con poca memoria). Este personaje en el pasado ha manifestado estar de acuerdo con la suscripción de un pacto entre el Estado venezolano y el FMI, a cambio de financiamiento. Como se ha visto tantas veces en la historia, un acuerdo con este organismo significaría aceptar el tradicional recetario de políticas de shock y brutal ajuste burgués, en detrimento del pueblo trabajador. Lo anterior nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la política económica que este señor estaría dispuesto a aplicar, en el hipotético caso de que llegue al poder.

El sábado 13 de julio, desde el teatro Cantaclaro, las organizaciones mencionadas y el candidato firmaron un acuerdo programático denominado “Comprometidos con los trabajadores”, que contempla la recuperación de la economía, la eliminación del Memorándum 2792 y del Instructivo Onapre, liberación de los trabajadores presos, aumento del salario, derogación de la Ley Antibloqueo, entre otras medidas. Creemos que se trata de un acuerdo basado en promesas electorales, que Henrique Márquez hoy puede asumir de palabra, pero que no honraría bajo ningún concepto, de producirse un milagro que lo coloque como presidente de la República.

Hablar de Márquez es tratar de un político orgánicamente incapaz de romper con el capitalismo. Como ya hemos señalado, bajo el látigo de la crisis todos los gobiernos burgueses, incluyendo los reformistas de izquierda, estarán obligados a descargar la misma sobre los hombros de los trabajadores. La única salida que no implica sacrificar a la mayoría para salvar a la minoría es la revolución socialista, una opción que personajes como Márquez nunca estarán dispuestos a contemplar. El contenido del acuerdo programático, que en su mayoría fue propuesto por el PCV, ha dotado al candidato de Centrados del discurso que en su boca pasa a ser demagogia, con la cual tratará de engañar y embaucar a quienes voten por él.

En algún momento, cuando se hizo evidente que la postulación de Corina Yoris no sería aceptada, se especuló que Márquez podía ser el abanderado de la oposición mayoritaria para el 28 de julio. De hecho, él estuvo presente en la encerrona de la PUD del 19 de abril, en la que finalmente se decidió mantener y oficializar la candidatura de González. Su presencia en tan importante cónclave, más allá de que no resultara electo, ilustra muy bien como este señor sigue formando parte de la oposición proimperialista. Este hecho no se ve alterado por las recientes alianzas de izquierda que ha conseguido, por más que algunos se nieguen a verlo. Estamos plenamente seguros de que en una situación decisiva, a la más mínima presión, Márquez se volcará a su derecha dejando guindados a sus nuevos aliados.

Debemos realizar comentarios de la lamentable decisión tomada por el PCV de apoyar a Márquez. La misma ha sido argumentada por el secretario general del partido, Òscar Figuera, como un intento de los comunistas de empujar el reagrupamiento de fuerzas genuinamente democráticas. Pero muchos no olvidamos que cuando Márquez fue dirigente de UNT, participó activamente en las ofensivas insurreccionales de la derecha de 2014 y 2017, que se cobraron más de 100 muertos y cerca de 1000 heridos. Debajo de la máscara demócrata que hoy intenta lucir este oportunista se esconde su verdadero rostro golpista.

Pasando por encima de los auténticos principios comunistas, tenemos al PCV respaldando a un maniobrero que claramente está al servicio de la vieja burguesía y el imperialismo. Dicha política hunde sus raíces en la menchevique teoría de las etapas y la táctica estalinista de frentes populares, que dieron pie a la subordinación de los partidos comunistas a las burguesías liberales, resultando en innumerables reveses históricos de la clase obrera en todo el mundo. En palabras de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

En la apuesta de muchos, Márquez, a pocos días de las elecciones, declinará su candidatura a favor de Edmundo González. Para otros, mantendrá su candidatura hasta el final, en caso de que a última hora la institucionalidad inhabilite la candidatura de Edmundo González y se necesite de un opositor habilitado, por el cual Machado reconfigure su plan y endose su apoyo de masas. De oportunistas de la calaña de Márquez es posible esperar que su candidatura sea parte de la estrategia opositora, como una suerte de comodín. En cualquiera de estos escenarios, el PCV, BHP y Redes podrían confluir con Machado y el resto de la derecha proimperialista, en mera condición de cola. Restaría esperar si ante estos casos decidirían mantener o no el ya cuestionable apoyo a Márquez.

La plataforma por el voto nulo

Las agrupaciones: PPT, PSL, LTS y Marea Socialista han creado la plataforma “La clase trabajadora no tiene candidato», desde la cual han llamado a los sectores que no se ven representados en ninguna de las opciones a ejercer el voto nulo. Como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 137, el voto nulo automatizado solo será posible cuando el elector no seleccione algún candidato o caduque el tiempo previsto para votar. También se sabe que el voto hacia una candidatura inhabilitada o retirada después que se han definido las posiciones en el tarjetón electoral, es anulado automáticamente.

Lamentablemente, para estos comicios el sistema electoral presenta obstáculos que limitan el ejercicio consciente del voto nulo. Anteriormente, para anular el voto era necesario seleccionar en la máquina “votar”, sin previa marcación de alguna candidatura en el tarjetón electrónico. Pero en estas elecciones la opción “votar” no estará disponible hasta que se marque alguna candidatura previa, como algunos compañeros corroboraron durante el simulacro electoral del 30 de junio. La alternativa restante consiste en que el elector deje expirar el tiempo de votación, que según el reglamento asciende a 6 minutos. Permanecer dicha cantidad de tiempo en la mesa de votación comprende riesgos para quien lo haga.

Según los modus operandi conocidos, la maquinaria del PSUV presente en el centro de votación puede presionar a la persona durante el lapso de espera, intentaría ingresar ilegalmente para marcar un voto o incluso ficharla para luego tomar represalias. Los compañeros que necesitan preservar un puesto de trabajo o algún beneficio Estatal estarían totalmente expuestos. Tampoco se puede olvidar la arbitrariedad con la que actúan las instituciones del Estado. No es descartable que, ante la más mínima presión, efectivos militares del Plan República puedan detener al elector bajo el falso cargo de delito electoral.

Claramente, el sistema electoral venezolano no cuenta con normas y regulaciones claras que garanticen la expresión del voto nulo y el voto en blanco. Vemos aquí una nueva violación a los derechos electorales de un sector concreto de la población, que desea expresar su disconformidad con las candidaturas de forma activa. Apoyamos toda exigencia para la creación de normas y garantías que permitan el derecho a dichas formas de expresión comicial. No obstante, a pesar de lo anterior, Lucha de Clases no secunda el llamado a votar nulo por la falta de contenido real expresado en este ejercicio.

La Otra Campaña

Desde la izquierda del chavismo que rompió con el gobierno, se ha promovido el impulso de la plataforma La Otra Campaña, orientada a poner de relieve los problemas sociales que los candidatos presidenciales evitan mencionar. Claramente el nombre de esta plataforma se inspira en la táctica abstencionista desplegada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para las elecciones presidenciales mexicanas de 2006. En nuestra opinión, dicha política representó un completo despropósito sectario que aisló y le hizo perder autoridad al EZLN, en un contexto de ascenso revolucionario de masas y de lucha contra el fraude electoral. Sin embargo, conviene aclarar que los cimientos y fines iniciales de La Otra Campaña en Venezuela tienen un carácter cualitativamente distinto.

Incorporando a organizaciones que llaman abiertamente a la abstención, al voto nulo, a recomponer las fuerzas de la izquierda o que apoyan alguna candidatura, La Otra Campaña esgrime que, independientemente de quien gane las presidenciales, el ajuste y la austeridad seguirán siendo el pan de cada día para los trabajadores. Mientras mantiene diálogos con sectores que no terminan de romper con el PSUV y también con los factores de izquierda a favor de candidatos patronales, la plataforma propone la construcción de un programa y levantar un amplio frente de lucha después del 28 de julio, con miras a enfrentar la ofensiva antipopular de los viejos y nuevos ricos.

Desde nuestro punto de vista, la orientación inicial que expresa La Otra Campaña luce correcta y prometedora. Sin embargo, es cuestión de tiempo para que esta plataforma sea probada por los acontecimientos. Para Lucha de Clases – ICR, garantizar avances en la política de este espacio pasa, primero que nada, por la definición de un programa que defienda de manera irrestricta los intereses de trabajadores, campesinos, pensionados, jubilados, comuneros, juventud, mujeres y la sexodiversidad.

Sabemos muy bien que los moderados y conservadores intentarán marcar la pauta, presionando para rebajar el discurso y reducir el espectro de acumulación de fuerzas, mientras tienden puentes con oportunistas de derecha y elementos de cuestionable pasado. Prevenir tales alertas implica definir criterios de clase que orienten el debate programático y la acción política conjunta. Extender la discusión a todos los sectores de base posibles debe ser un imperativo.

¿Qué dicen las encuestas?

Numerosos estudios de opinión dan cuenta de un renovado interés y disposición a la participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Las encuestas arrojan un rango que va desde el 65 al 70%. Este hecho no solo responde a la mayor importancia que tienen unas presidenciales frente a otros comicios, sino también a que hasta ahora el proceso, pese a las arbitrariedades gubernamentales, se muestra competitivo con el grueso de la oposición unida en torno a un solo candidato. La relativamente alta expectativa a la participación electoral preocupa a la cúpula del partido de gobierno, la cual desde hace años entiende que una menor abstención supondría mayores votos para sus contendores.

Encuestadoras como Datanálisis, Consultores 21 y Delphos ilustran una ventaja significativa de González sobre Maduro, que va desde el 20 al 30% de preferencias. Los demás candidatos, incluyendo al comodín Márquez, no suman juntos un 10% de apoyo. Solo firmas claramente parcializadas a favor del gobierno, como Hinterlaces, dan como ganador al candidato a la reelección, en completa oposición a lo que exhiben las calles y el ambiente general.

Sin embargo, no podemos olvidar que todos los sondeos miden simplemente intenciones de voto, que en el complicado contexto venezolano no necesariamente se traducen en las urnas. Factores como: las presiones y el control social que ejerce el gobierno sobre la población, echando mano de las políticas públicas; las dificultades de movilidad en varias regiones del país; y la poderosa maquinaria electoral del PSUV, que cuenta con mayores recursos económicos y logísticos; pueden reducir el margen de ventaja de González sobre Maduro.

Preparando el terreno

Con conocimiento de lo que ocurre en el terreno, el madurismo ha venido enrareciendo el proceso electoral, creando condiciones potencialmente aprovechables en el futuro. Así, el CNE ha presionado a los candidatos para que firmen un Acuerdo de Reconocimiento de Resultados, que solo Edmundo González y Enrique Márquez se negaron a suscribir. Por otro lado, el mandadero del PSUV, Luis Ratti, introdujo un recurso ante el TSJ solicitando nulidad para la tarjeta electoral de la MUD, donde está inscrito el principal candidato de la derecha. De ser inhabilitada esta tarjeta, las adhesiones de UNT y MPV quedarían virtualmente anuladas. Asimismo, Jaime González, consultor jurídico del COPEI judicializado a favor del gobierno, solicitó al Poder Judicial la suspensión de las elecciones presidenciales, hasta tanto se levanten las sanciones internacionales contra Venezuela.

Por su parte, Maduro ha impulsado la matriz de opinión sobre la preparación de acciones terroristas por parte de la derecha, según la cual esta ha intentado contratar grupos paramilitares de Colombia, con el propósito de hacer estallar puentes e infraestructuras, atentar contra el sistema eléctrico, infiltrarse en protestas para generar caos y/o provocar un magnicidio. Precisamente, se ha difundido un video de un frente paramilitar de la Sierra Nevada en La Guajira, que denuncia ante la opinión pública haber sido contactado por ”grupos de la extrema derecha de Venezuela» para los fines antes expuestos, manifestando su intención de colaborar con las autoridades de nuestro país.

Debemos decir que los antecedentes de la derecha en acciones de este tipo, dan peso a las denuncias de Maduro. Nosotros creemos que la reacción prepara planes de violencia en caso de que sus objetivos electorales no se cumplan, hecho que rechazamos de manera inequívoca. Pero nos resulta por demás dudosa la prueba en torno al video antes indicado, con paramilitares que se desmarcan de la “extrema derecha” y su disposición a colaborar con la justicia venezolana. Ante la guerra sucia que mutuamente han desatado los dos principales polos capitalistas, necesario es dudar.

Posibles escenarios

A poco más de una semana de la cita electoral, son varios los escenarios para los que el pueblo trabajador debe estar preparado. Independientemente de las mayores o menores probabilidades de cada salida, no se puede descartar de plano ninguna de ellas:

El primer escenario, que en las primeras de cambio luce menos conflictivo, plantea que el 28 de julio se inicie una transición o cambio de gobierno, previamente pactada por Maduro y el imperialismo estadounidense. Desde la elección del nuevo presidente hasta su toma de posesión en 2025, habría un lapso para la negociación en torno a una transición ordenada. González asumiría la jefatura del Poder Ejecutivo, viéndose obligado a negociar con los restantes cuatro poderes en manos del PSUV. Los riesgos de que se produzcan retrocesos y aumente la conflictividad estarán implícitos durante todo el proceso. Seguramente aquí veríamos en su máxima expresión las diferencias entre González y Machado, en intención del primero de controlar a la segunda para que su narcisismo y locura no entorpezcan la transición. Este escenario abriría la puerta a tensiones internas entre las diferentes camarillas burocráticas del PSUV, como resultado mismo de la derrota, por la negativa de algún factor a aceptar la entrega del poder, entre otras posibilidades.

Desde las antípodas, otro escenario que está dentro de los cálculos de analistas y factores políticos implica la inhabilitación de la tarjeta de la MUD, a pocos días u horas de las elecciones, dejando sin efecto la candidatura de Edmundo González y las adhesiones de UNT y MPV. Tal medida se produciría como resultado de un fallo del Poder Judicial a favor de la demanda introducida por Luis Ratti. Ante esta situación, Machado puede replantear su estrategia y decidir apoyar la candidatura de Enrique Márquez (si también sigue en carrera) o bien abrazar de buenas a primeras la táctica de boicot electoral y la confrontación violenta. El gobierno ordenará represión a toda iniciativa opositora, lo que puede exacerbar una espiral de violencia o bien –en caso contrario– la ruptura de las fuerzas represivas y posterior derrocamiento de Maduro, siempre y cuando la respuesta social de la derecha mantenga vigor. Como antes dijimos, EEUU se vería obligado a adoptar una posición más dura contra Venezuela, pero sin quemar inicialmente todos los puentes del diálogo. El imperialismo solo subirá la apuesta contra Maduro en caso de que el accionar insurreccional derechista logre resultados.

Otra posibilidad es que el gobierno, viéndose derrotado, ordene la suspensión abrupta del proceso electoral, antes o durante la jornada del 28 de julio. Para hacer efectiva esta salida, el TSJ puede fallar a favor de la demanda introducida por Jaime González, o bien provocar un suceso de gran conmoción nacional que la justifique. El ambiente de confrontación e inestabilidad política derivado tendría mayores componentes de tensión que el anterior escenario.

El costo político y diplomático de decisiones como anular la candidatura de Edmundo González o suspender las elecciones presidenciales, sería muy alto. Aliados regionales de Maduro, como los gobiernos de Colombia, México y Brasil, le darían la espalda; y la imposición de nuevas sanciones financieras desde EEUU y Europa no se haría esperar. Asimismo, la situación de inestabilidad política desatada reduciría significativamente todas las expectativas de crecimiento económico. Los enormes riesgos de perder el gobierno pueden motivar a la dirigencia del PSUV a asumir todo el costo, entendiendo que en el pasado mantuvo el poder con relativo aislamiento internacional, depresión económica, hiperinflación, bloqueo petrolero y asfixia financiera. No obstante, el ambiente de crispación imperante, en cualquiera de los dos escenarios planteados, puede abrir posibilidades de un golpe de Estado, que la derecha y el imperialismo propiciarían negociando con algún sector de la oficialidad militar. En menor medida, un escenario de guerra civil puede estar en la palestra, algo que EEUU y los gobiernos de Colombia y Brasil tratarían de evitar, dadas las consecuencias humanitarias, migratorias y de inestabilidad regional.

Para que un escenario de golpe de Estado pueda presentarse, varios factores se deben combinar. Maduro, en esencia, encabeza un régimen bonapartista, cuyo sostén decisivo ha sido el apoyo de las fuerzas armadas. El presidente ha sabido recompensar muy bien a los altos oficiales castrenses, con participaciones en los negocios petroleros, mineros y gasíferos. Creemos que, en última instancia, los oficiales de la FFMM seguirán sosteniendo a Maduro, mientras este siga siendo el principal garante de tales privilegios. Pero, ante un ambiente de gran convulsión política y social encaminado al derrocamiento del gobierno, nunca podrá descartarse la posibilidad de que la oficialidad militar decida negociar la salida de Maduro, a cambio de que se mantengan sus prebendas. También puede ocurrir, como tantas veces en la historia, una intervención directa de un sector de las fuerzas armadas para “restituir el orden”, en caso de que en el conflicto ninguno de los dos bandos (el madurismo y la derecha) logre imponerse.

Bajo ningún concepto se puede descartar la posibilidad de una victoria electoral de Maduro, donde la candidatura de Edmundo González se mantenga. Con casi toda probabilidad, un resultado de esta naturaleza implicaría la victoria de los mecanismos de control social del PSUV y la puesta previa de obstáculos para impedir el voto hacia González. La derecha no dudará en declarar fraude, invocando a la movilización y a la violencia política, mientras la Casa Blanca elevaría el tono, evaluando en todo momento el desarrollo del conflicto. Los escenarios derivados que antes mencionamos, como el quiebre de las fuerzas represivas, derrocamiento del gobierno, un golpe de Estado o una guerra civil; también pueden hacerse presentes en este caso.

Tampoco es descartable el escenario de derrota electoral de Maduro, que este y la cúpula del PSUV se nieguen a reconocer. La negativa de aceptación de resultados puede ser el producto del intento de mantener el poder a toda costa o bien un mecanismo para condicionar la negociación con el imperialismo estadounidense. De nuevo, habría una alta tensión política, inestabilidad y riesgos latentes de violencia.

El desarrollo y agudización de cualquier posibilidad y los escenarios derivados antes mencionados, dependen en gran medida de la respuesta social que pueda encabezar María Corina Machado y la derecha tradicional. Su gran poder de convocatoria para eventos políticos y para el voto no necesariamente implica movilización para enfrentar la represión y al gobierno en la calle. Buena parte de los grupos de choque de la pequeña burguesía, que en el pasado encabezaron las ofensivas insurreccionales de 2014 y 2017, han emigrado. La partida a otras tierras de 8 millones de venezolanos durante la última década (alrededor del 26% de la población), de la cual el 50% corresponde a jóvenes, no es poca cosa. Por lo anterior, la fuerza decisiva con la que cuenta la derecha proimperialista para plantar cara al gobierno aún está por verse y probarse.

En resumen, estamos a las puertas de un proceso decisivo que marcará un antes y un después. Son muchos los riesgos inmersos en la situación, que amenazan con sumergirnos a la más cruenta de las barbaries. Al final, algunos escenarios se harán realidad, mientras que otros quedarán como mera especulación. Pero sea el fraude, la transición o la violencia, solo hay una certeza para el pueblo trabajador: los mayores costos, las mayores pérdidas, las bajas, las derrotas y el sufrimiento serán nuestros. Las victorias, la riqueza y el goce serán solo para el beneficio de la burguesía tradicional.

Nuestra posición

Si algo ha dejado claro este extenso análisis es nuestro rechazo a todas las candidaturas a las presidenciales del 28 julio. Más allá de las falsas promesas difundidas, todas y cada una de ellas representan los intereses del capital. Todas y cada una de ellas se aprestan a seguir mutilando lo que queda de nuestros derechos y conquistas. Todas y cada una de ellas son partidarias de la humillación, la miseria y la explotación de la mayoría, para que los ricos sigan siendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Bajo ningún concepto los militantes de Lucha de Clases –sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria– podemos respaldar candidatura alguna que garantice la continuidad del ajuste y la austeridad. Para nada estamos dispuestos a apoyar las aspiraciones de poder del sector más reaccionario de la clase dominante. Nos es inconcebible ceder ante la presión electoralista por la que algunos compañeros han vendido su alma al diablo, dándole apoyo a alguna de las opciones patronales y proimperialistas. Pero tampoco pensamos prestarnos a la mentira, al embaucamiento y la corrupción más pestilente de quienes hoy piden una nueva oportunidad, para seguir pisoteando el principal activo que tiene Venezuela: los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, cuyo futuro ha sido empeñado por los auténticos liquidadores de la revolución bolivariana.

Hay un hecho claro: nosotros, el pueblo trabajador, no contamos para el 28 de julio con una alternativa electoral que sea capaz de expresar nuestras aspiraciones. Ninguno de los candidatos propuestos permite la reconstrucción de nuestras fuerzas y de la izquierda en general. Todos son caimanes del mismo charco de vergüenza, miseria y austeridad llamado capitalismo. Por tanto, no estamos obligados a elegir a ninguno de nuestros futuros verdugos. En su lugar, proponemos organizarnos y crecer para enfrentar en las calles, en cada fábrica, centro de trabajo e institución a todos los políticos burgueses, virtuales asesinos a sueldo del gran capital.

Aunque los comunistas asumimos la táctica electoral como una posibilidad para difundir las ideas y el programa revolucionario, en la actualidad no hay condiciones para trabajar en esta dirección. A la verdadera izquierda nos han cerrado todos los caminos a la participación y quitado cualquier posibilidad de presentar una alternativa real a los candidatos de la vieja burguesía, los nuevos ricos y alacranes. Ante las presiones de los que dicen “primero sacar a Maduro y después veremos”, los que decidieron servir de cola de algún oportunista de derecha, y de los que piden una nueva oportunidad para embaucar, debemos mantenernos firmes y asumir que ninguno de nuestros problemas se resolverá en los venideros comicios.

En las próximas elecciones presidenciales, los trabajadores tenemos todo que perder y solo un infierno por ganar. ¿Cómo podemos los revolucionarios responder a la estafa electoral promovida por los polos dominantes de los intereses del capital? La respuesta a esta pregunta consiste en promover y encaminar, antes y después del 28 de julio, todos los esfuerzos posibles para volver a poner en pie, cuanto antes, las fuerzas del pueblo trabajador. Debemos hacer posible que este pueda defender sus intereses y construir con su combatividad una alternativa revolucionaria a la crisis del capitalismo. Lo anterior se puede lograr con el acompañamiento de luchas concretas y el impulso de iniciativas para la acumulación de fuerzas en todos los espacios posibles:

Luchar por la recuperación de los sindicatos como instrumentos de los intereses de la clase obrera, promoviendo a nuevos dirigentes clasistas para que conquisten puestos de dirección, con el acompañamiento respectivo de sus bases. Impulsar la organización de los estudiantes, bajo una perspectiva obrera y revolucionaria. Pujar por la conquista de derechos de las mujeres y de la sexodiversidad, combatiendo codo a codo con estos sectores las ofensivas de odio conservadoras y religiosas. Apoyar y fortalecer la lucha de los trabajadores del campo por su derecho a la tierra, contra el latifundismo, los terratenientes y el sicariato. Y por la elección y renovación, sin tutelas burocráticas, de las Comunas y Consejos Comunales, fomentando la efectiva participación popular en la solución de sus problemas.

Para llevar adelante este empeño, necesaria es la construcción de un nuevo partido comunista y revolucionario, que sea capaz de agrupar toda la fuerza y combatividad de los sectores más conscientes de la clase obrera. El programa de este nuevo partido debe tender puentes entre las reivindicaciones concretas del pueblo trabajador con los objetivos de transformación revolucionaria de la sociedad. Ante todo, debe ser el catalizador que despierte todo el potencial revolucionario de la clase obrera, la cual debe estar a la cabeza de todos los sectores oprimidos durante el proceso de reedificación socialista.

En lugar de dar apoyo a alguno de los candidatos del capitalismo, proponemos para la jornada del 28 de julio a todas las organizaciones que puedan suscribir esta propuesta, monitorear el proceso electoral, crear redes de información obrera y popular, y difundir toda la verdad de lo que ocurra en nuestras comunidades, ciudades o pueblos, para combatir la guerra sucia con la que los factores dominantes de la política nacional intentarán desorientarnos. Hay grandes probabilidades de enfrentamiento entre los dos polos defensores del capitalismo. Con nuestras limitadas fuerzas, procuremos defender ante todo la verdad, que sin dudas será la primera víctima de toda la jornada. Enfrentemos toda mentira con la que intentarán arrastrarnos a una pelea que no es nuestra.

La sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria trabaja cada día por la consumación de los objetivos antes planteados. Invitamos a todo aquel que esté de acuerdo con nuestro análisis a apoyarnos en la construcción de la organización, que debe ser el embrión del nuevo partido comunista y revolucionario que necesitamos.

¡Ningún apoyo al candidato de los nuevos ricos! ¡Ningún apoyo al candidato del imperialismo! ¡Ningún apoyo a los demás candidatos patronales! Ante los que proponen matarnos por asfixia o por decapitación, los comunistas revolucionarios elegimos luchar, organizarnos y levantar las fuerzas del pueblo trabajador.