En horas de la mañana del jueves 26 de septiembre, se llevó a cabo una concentración en Parque Carabobo, frente a la sede principal del Ministerio Público en Caracas, con motivo de exigir el inmediato sobreseimiento de todas las causas para las y los jóvenes y trabajadores apresados arbitrariamente durante el reciente contexto post electoral. Como es sabido, luego del 28 de julio el Gobierno nacional dio rienda suelta a una feroz política de represión y persecución contra los sectores populares, que dejó 25 muertos y alrededor de 2400 detenidos.

La protesta fue convocada por las organizaciones que impulsan la campaña «¡Basta de represión! ¡Libertad a los presos por protestar!” y la agrupación “Madres en defensa de la verdad”, que aglutina a familiares de 15 jóvenes apresados en Caracas, 8 de ellos menores de edad y todos procedentes de zonas populares. A la manifestación también se sumó una delegación de madres y familiares de 24 detenidos procedente del Estado La Guaira.

Es preciso destacar que dicha protesta es la primera que se realiza en Caracas frente a una institución Estatal, tras el recrudecimiento de la crisis politica post electoral y el desarrollo de la ofensiva represiva del gobierno.

La manifestación inició formalmente a partir de las 10:30 AM, con una nutrida presencia de medios de comunicación. En una primera instancia tomaron la palabra madres y familiares de varios detenidos, con banderas y pancartas de fondo alusivas a la exigencia de libertad para todas y todos los detenidos.

En las intervenciones se pudo constatar que, en su gran mayoría, los casos expuestos tratan de adultos jóvenes y adolescentes que ni siquiera estaban protestando. Algunos fueron arrestados en las calles sin órdenes de detención mientras realizaban actividades cotidianas, y otros dentro de sus casas sin las debidas órdenes de allanamiento y captura.

Las madres de los detenidos denunciaron numerosas irregularidades, como la nulidad de reportes de traslado; la reclusión inicial de menores y mayores de edad en las mismas celdas; la imposición de defensores públicos y la negativa al nombramiento de abogados privados; y el bloqueo de información sobre los expedientes. Dichas denuncias coinciden con la generalidad nacional, donde las reiteradas violaciones al debido proceso se coronan con la realización de juicios telemáticos y colectivos, en los que no es posible revisar las particularidades de cada caso.

A los detenidos se les imputan cargos de terrorismo e instigación al odio, entre otros delitos graves, enfrentando la posibilidad de recibir penas de entre 10 y 30 años de cárcel. El Gobierno, tanto por la inercia del podrido sistema judicial como instruyendo desde arriba la vulneración sistemática del debido proceso, trata de que sean sacrificados miles de inocentes en el altar del miedo ejemplarizante. Su objetivo es disuadir la posibilidad de nuevas protestas e imponer su voluntad a toda costa.

Por si lo anterior fuera poco, varios de los jóvenes detenidos –específicamente aquellos recluidos en el centro de detención de adolescentes “Ciudad Caracas”– fueron sometidos a aberrantes torturas, que incluyeron golpes, choques de electricidad y asfixia mediante bolsas con químicos en el rostro. Las torturas fueron efectuadas en el centro de detención “Zona 7” en Boleíta, donde estaban recluidos antes de ser trasladados a “Ciudad Caracas”. El objetivo de dichos tratos crueles e infames era lograr que los jóvenes grabaran videos confesando haber recibido financiamiento de María Corina Machado para realizar acciones terroristas. A fin de escapar de tal martirio, uno de los jóvenes grabó una falsa confesión, que como tantas otras ha sido difundida por los medios de propaganda gubernamental. Rechazamos todas estas acciones de forma categórica.

Durante el acto, las madres de los 8 adolescentes recluidos en “Ciudad Caracas” leyeron un conmovedor texto firmado por estos, donde pedían ser liberados y describían su terrible situación. Un pasaje de la carta rezaba: “No somos terroristas, somos inocentes. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie merece estar. Esto no es vida, cómo es posible estar pagando por algo que ni yo ni mis compañeros hicimos”.

Desde el 29 de julio a la fecha, tanto el presidente de la República como los demás altos funcionarios del gobierno, no han dejado de calificar a los detenidos como “terroristas”, “malandros” y “drogadictos”. Tales calificativos suponen una línea condenatoria que recae sobre los circuitos judiciales penales, en plena violación al principio de separación de poderes y la presunción de inocencia de los acusados. En respuesta a estos epítetos, las madres, familiares y activistas esgrimieron consignas como: “No son terroristas, son inocentes» y “Liberen a los hijos de este pueblo digno”.

Una vez finalizadas las intervenciones de los familiares, varios dirigentes y activistas políticos de la izquierda venezolana tomaron la palabra para enfatizar sobre la necesidad de la lucha y la solidaridad de los pobres con sus propios hermanos de clase, que hoy permanecen injustamente privados de libertad.

Las organizaciones que formamos parte de la Campaña, junto a las madres y familiares de los jóvenes detenidos agrupadas en “Madres en la defensa de la verdad”, consignamos un documento al Ministerio Público, en el que se exponen las irregularidades cometidas por el Estado en los 15 casos que acompañamos, y se señala también la inocencia de los acusados.

Con iniciativas de esta naturaleza, las y los convocantes buscamos despertar la máxima solidaridad en torno a los múltiples casos de inocentes apresados, y también cortar con el ambiente de miedo imperante en el país. Solo la protesta, la lucha y la organización pueden arrancar victorias y conquistas para las y los históricamente explotados y oprimidos. La parálisis y la inacción social solo favorecen a los intereses de quienes hoy se aferran al poder de forma cada vez más autoritaria, y también de quiénes aspiran tomar el control del Estado mediante acciones golpistas, invasiones militares extranjeras o mediante acuerdos por arriba al margen del pueblo trabajador y pobre.

La campaña «¡Basta de represión! ¡Libertad a los presos por protestar!”, seguirá promoviendo acciones encaminadas a la solidaridad y a la lucha consecuente. Lograr la libertad plena de todos los injustamente detenidos tras el 28 de julio es el objetivo a alcanzar.

Debemos ser capaces de construir un poderoso movimiento por la reconquista de los derechos democráticos, políticos y civiles que han sido sistemáticamente violentados. Sólo la fuerza del pueblo trabajador, movilizado y organizado, puede pararle los pies a los abusos del Estado.