A continuación, reproducimos la primera parte del Documento de Perspectivas Nacionales, aprobado en el X Congreso de la sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria (ICR), celebrado del 6 al 8 de diciembre. Este texto profundiza en la situación económica, social y política de Venezuela, así como en las tendencias generales de la lucha de clases para el próximo período. Se hace especial hincapié en las repercusiones de la crisis política postelectoral y se plantean los posibles escenarios que podrían presentarse a corto y mediano plazo. La primera parte que presentamos se centra en las perspectivas económicas, explicando la naturaleza relativa y limitada del crecimiento económico del período 2021-2024. Pese al repunte, Venezuela aún no ha superado la crisis estructural del capitalismo rentista, que amenaza con agudizarse a la luz de los choques políticos en desarrollo.

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Nuevamente Venezuela se encuentra en medio de una profunda crisis política. Tras los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la lucha por el poder en el país ha tomado otra dimensión. Mientras la cúpula del PSUV se aferra al poder a través del fraude electoral y la represión, la derecha proimperialista intenta fracturar al gobierno exhibiendo su ilegitimidad y autoritarismo, toda vez que llama a la intervención de las fuerzas armadas. El 10 de enero de 2025 está pautada la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial. Esta jornada plantea una serie de amenazas y escenarios que pueden marcar decisivamente el curso histórico venezolano de los próximos años.

La inestabilidad política resultante ya está comprometiendo la continuidad del relativo crecimiento económico y el descenso de la inflación de los últimos años. Menores expectativas de inversión y una brecha cambiaria en expansión son solo indicios de la situación que se avecina. Como de costumbre, la clase obrera y el pueblo pobre serán los principales perjudicados. Años de austeridad extrema y vulneración sistemática de sus niveles de vida, en uno de los países más desiguales del continente y el mundo, impidieron que en el período anterior el pueblo trabajador se beneficiara sustancialmente de la recuperación económica. El látigo del conflicto político en desarrollo amenaza la sostenibilidad de los pocos derechos y conquistas que aún se mantienen en pie, y que la clase obrera está obligada a defender por todos los medios.

Pese al temor y el pesimismo que hoy reinan entre amplios sectores del pueblo trabajador, la breve insurrección popular del 29 y 30 de julio fue un gran aviso para los factores dominantes de la política nacional. La represión gubernamental se ha dirigido principalmente contra los barrios y sectores populares, con el fin de impedir una nueva sublevación de masas. Sin embargo, la situación actual de reflujo puede cambiar en cualquier momento al calor de la inestabilidad política imperante. Por lo pronto, la inexistencia de una alternativa revolucionaria supone que la crisis política puede marchar en varias direcciones, pero sin ningún desenlace favorable para el pueblo trabajador.

Entretanto, la administración saliente de la Casa Blanca sigue promoviendo su estrategia de doble vía frente a Venezuela. Por un lado, clama públicamente por una solución negociada a la crisis, mientras que por otro auspicia conspiraciones en el seno del gobierno y las fuerzas armadas para producir un cambio de régimen. No obstante, la elección de Donald Trump como comandante en jefe del imperialismo estadounidense proyecta ciertos cambios en la política exterior de Washington, y por ende, en las relaciones con Venezuela. Del otro lado del tablero, China y Rusia siguen proporcionando apoyo incondicional a Maduro en el terreno diplomático, pero sin hacer lo propio en los campos de mayor interés para este último: financiamiento y grandes inversiones.

Toda esta situación se enmarca en medio de la crisis mundial del capitalismo, la cual se expresa en inestabilidad económica, proteccionismo y guerras comerciales, aumento de los conflictos interimperialistas, terribles masacres como la que tiene lugar en Gaza, amenazas de guerra en varios puntos del globo y un descontento creciente entre la clase obrera y la juventud. Los riesgos de desplome económico mundial, en forma de crack financiero y recesión, no desaparecen. Venezuela no escapará de las convulsiones económicas y geopolíticas internacionales propias de la senilidad del sistema capitalista.

Resulta necesario analizar las tendencias generales de la situación nacional, para prever posibilidades y escenarios en el corto y mediano plazo. Los comunistas revolucionarios debemos guiar nuestra acción no en fórmulas preconcebidas, sino en las condiciones concretas. El éxito en nuestro trabajo depende en buena medida de la comprensión efectiva de esta verdad.

Crecimiento económico

Luego de la debacle recesiva del periodo 2013 – 2021, la economía venezolana ha experimentado una leve recuperación, que en términos de Producto Interno Bruto (PIB) se ha sostenido por 14 trimestres consecutivos. Hablamos de un repunte macroeconómico, que en un contexto de profundas desigualdades sociales, ha beneficiado fundamentalmente a la vieja burguesía y la capa de nuevos ricos del PSUV. Aunque todos los organismos e instituciones especializadas estiman la continuación del crecimiento para el cierre del presente año, es preciso señalar que este ha mostrado una tendencia a la desaceleración desde 2022.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el crecimiento del PIB venezolano en un 10% en 2022 y un 4% en 2023. Para el cierre del año en curso pronostica un alza del 3%, evidenciando una tendencia continuada a la desaceleración. Por su parte, la firma Ecoanalítica proyecta un crecimiento de un 4,2% para el 2024, cifra que coincide con la aportada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que se evidencia una recuperación moderada con respecto a 2023.

Las perspectivas económicas para el 2025 lucen, en las primeras de cambio, poco alentadoras. Como veremos, la crisis política nacional ya está afectando negativamente el desempeño de la economía. En este sentido, las expectativas de agravamiento de la crisis para enero de 2025, a partir de la toma de posesión de Maduro, incidirá en menor inversión y paralización de planes y acuerdos suscritos con empresas extranjeras, sin descartar nuevas sanciones imperialistas al sector clave de la economía nacional: la industria petrolera.

El gobierno y sus medios de propaganda han catalogado el crecimiento de los últimos años como un “milagro económico”, una exageración que no aguanta el más superficial de los análisis. Aunque los datos presentados exhiben evidentes mejoras con respecto al periodo recesivo, es necesario relativizar los números. Los mismos parten de niveles paupérrimos, propios de una economía que previamente colapsó hasta tocar fondo y que requiere avances altamente significativos, si se pretende aspirar a una verdadera recuperación.

León Trotsky, en su artículo, La curva de desarrollo capitalista (1923), analizaba la dinámica de los ciclos económicos entre periodos de crisis y auge capitalista. En dicho texto refirió lo siguiente: “(…) Si el auge restaura con un excedente la destrucción o la austeridad del período precedente, entonces el desarrollo capitalista está en ascenso. Si la crisis, que significa destrucción, o en todo caso contracción de las fuerzas productivas, sobrepasa en intensidad el auge correspondiente, entonces obtenemos como resultado una contracción de la economía. Finalmente, si la crisis y el auge se aproximan entre sí en magnitud, obtenemos un equilibrio temporario –un estancamiento– de la economía (…)”.

En las líneas anteriormente citadas, Trotsky señala que un país supera la crisis una vez sus niveles de crecimiento económico igualan o exceden los de la etapa previa a la recesión. Si se toma en cuenta que para el año 2021 la economía venezolana se había reducido a un 25% del tamaño que tenía en 2013 –según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)–, el crecimiento de los últimos años es totalmente insignificante y se encuentra muy lejos de igualar el estado económico precedente a la recesión. Más allá de la propaganda gubernamental, la realidad es bastante clara: Venezuela no ha salido de la crisis económica y, como veremos, las condiciones nacionales e internacionales invalidan cualquier superación de la misma dentro de los márgenes del sistema capitalista.

El crecimiento del PIB de los últimos años descansa principalmente en la leve recuperación de la producción petrolera y el contexto internacional de altos precios del crudo, que elevó la recaudación fiscal y las finanzas públicas. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), el sector petrolero registró alzas del 54,13 y 64,83% durante los trimestres III y IV del 2021, las cuales sustentaron la salida del país de la recesión. Posteriormente, el PIB petrolero ha mantenido su influencia decisiva en la tendencia alcista de la economía, aunque con números cada vez más reducidos. Esta es la principal razón que explica la desaceleración del crecimiento del PIB.

En un segundo plano, la minería también ha aportado en el crecimiento del PIB. Se trata de otra actividad extractivista donde el país exporta un recurso de alto valor internacional, a cambio de migajas, muy poca transferencia de tecnología y conocimientos, contaminación de los cursos de agua, aumento de la criminalidad organizada y devastación de los bosques tropicales del país a niveles sin precedentes. Datos del BCV han mostrado importantes tasas de crecimiento de este sector en los últimos años, destacando el 20,20% del tercer trimestre de 2022, el 18,60% del cuarto trimestre de 2023 y el 22,78% del segundo trimestre de 2024.

Otro factor impulsor del repunte económico ha sido la relativa reactivación del consumo, en un mercado catastróficamente reducido por la diáspora de los últimos años. La política antiobrera del gobierno, y por consiguiente, los salarios de hambre y la destrucción general de los niveles de vida, obligaron a un gran porcentaje de la población a emigrar y otro a dedicarse a actividades de la economía informal. Conforme fue creciendo el envío de remesas desde el extranjero, y la población que se quedó en el país generó ingresos en la informalidad, el consumo de bienes y servicios aumentó en comparación con los años de la escasez crónica de productos, la hiperinflación y la notoria pérdida de peso de la población.

Sin embargo, en un ámbito más general, el consumo y la demanda de bienes y servicios siguen siendo débiles, resultado de los bajos salarios en todos los sectores económicos y los límites infranqueables de las remesas y los precarios ingresos de la buhonería. Tal situación supone un contrapeso decisivo al crecimiento económico. Datos de CEDICE apuntan a que durante el primer trimestre de 2024 el consumo final privado (cantidad total de dinero que gastan las familias para satisfacer necesidades) aumentó un pírrico 2,2%, en comparación con el mismo periodo de 2023.

El consumo familiar es un indicador clave en la economía, al punto de ser considerado uno de los motores fundamentales para el crecimiento. Expectativas de aumento sostenido en este apartado, se supone, motivarían a la industria nacional a aumentar la producción. A pesar de lo anterior, las principales patronales del país (Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio y otras) han pactado con el gobierno los bajos niveles de salarios actuales, mientras priorizan en sus empresas el pago de montos más elevados que los del sector público, pero constituidos por bonos sin incidencia en las prestaciones sociales.

Inflación

En cuanto al comportamiento de la inflación, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) registró la misma en un 305% en 2022 y un 193% en 2023, proyectando la continuación de la tendencia a la baja en un 42,5% en 2024. La clave de la desaceleración de la inflación radica en la brutal política de ajuste macroeconómico del gobierno que ha mantenido sumergida la demanda y el gasto público, mientras ha empleado recursos de la recuperación de los ingresos petroleros para estabilizar el tipo de cambio.

Resistiendo la presión de la clase obrera del último periodo, el gobierno ha mantenido el salario base en 126 Bs desde marzo de 2022. En primer lugar, lo hace para mantener represado el consumo familiar, y de esta manera evitar mayores presiones de demanda que eleven los precios en el mercado nacional. Por supuesto que este cálculo presupone la incapacidad de la industria nacional para crecer de manera sustancial, hecho que si se produjera compensaría la demanda y más bien se basaría en ella para seguir creciendo, tal y como usualmente ocurre en cualquier economía capitalista normal. En segundo lugar, el gobierno no aumenta salarios para seguir con su fallido intento de atraer las mega inversiones que se requieren en la economía, las cuales no terminan de llegar mientras siguen corriendo los años.

Uno de los factores decisivos que permitió a Venezuela salir de la hiperinflación (2017-2021) fue la reducción del déficit fiscal. Antes de la implementación formal del paquete de ajuste madurista a partir de agosto de 2018, el déficit fiscal alcanzaba porcentajes cercanos al 20% del PIB. Con la entrada en escena del “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”, el gasto público, y por ende el déficit fiscal, fue reducido de manera considerable. Un reciente informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) reveló que el déficit fiscal de 2023 cayó al 8,9% –el menor de la década– y se proyecta un aumento hasta el 13% en 2024. Esta estimación de incremento responde a un gasto excepcional por parte del gobierno para la campaña presidencial de Nicolás Maduro. Sin embargo, el desembolso gubernamental en 2024 se mantiene dentro de un margen que no rompe con la tendencia a la fuerte restricción del gasto público desde 2018.

Por otro lado, en el esfuerzo de desaceleración de la inflación, el gobierno mantiene una severa política de encaje legal situada en un 73%. El encaje legal quiere decir el porcentaje de dinero que los bancos deben mantener depositados en reserva en las cuentas que cada uno tiene en el BCV, al cierre de sus operaciones. Tal medida tiene como fin controlar la liquidez monetaria en la economía e impedir presiones de demanda inflacionarias. El problema de dicha política es que restringe la disposición de créditos para el consumo privado y las empresas, lo que también limita las posibilidades de crecimiento económico. Aunque el gobierno ha prometido a la banca reducir el encaje legal, creemos que la elevación que ha registrado recientemente el tipo de cambio lo obliga a incumplir dicha promesa.

Durante los últimos años, el BCV ha controlado con relativo éxito las alzas del precio del Dólar mediante permanentes inyecciones de divisas al sistema financiero nacional. Esta medida, combinada con las anteriormente expuestas, en algún momento equilibró la demanda de dólares en la economía y permitió cierto retroceso de la dolarización informal. Los recursos para las intervenciones cambiarias surgen de la quema de reservas internacionales y el mayor ingreso de dólares por exportaciones petroleras, lo que da cuenta de lo tremendamente costosa e inestable que resulta esta política.

Para tener una idea, en 2023 el BCV inyectó un total de 4.789 millones de dólares al sistema financiero, una disminución del 11.31% respecto al año anterior. Las recientes presiones al alza del tipo de cambio están obligando al gobierno a aumentar los montos de las intervenciones, lo que cuestiona la sostenibilidad efectiva de esta política ante una eventual caída de los ingresos petroleros, un endurecimiento de las sanciones imperialistas o ambas. Hasta el 21 de octubre, los desembolsos en 2024 alcanzaron un total de 4.258 millones de dólares, un 23,67% por encima del monto inyectado en el mismo periodo de 2023.

Como consecuencia de la crisis postelectoral, combinada con la dinámica alcista de finales de año, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ha aumentado un 20% entre septiembre y noviembre. Según José Guerra, economista miembro del OVF, el tipo de cambio oficial aumentó un 12% y el paralelo un 7% en noviembre. Tal situación refleja una mayor pérdida de confianza hacia el Bolívar, lo que ha disparado la demanda de dólares y con ello la caída del valor de la moneda nacional. En 10 meses de 2024, la depreciación del Bolívar, según el tipo de cambio paralelo, se aproxima a un 30%. Las perspectivas de agudización de la crisis política en 2025 no harán más que empeorar este problema, con severas repercusiones para el bolsillo de los trabajadores y la economía en general.

El parasitismo de la burguesía venezolana

La clase capitalista tradicional mantiene una huelga de inversiones, que inició a finales de la década de 1980 y se sostuvo en la siguiente, pese a la máxima liberalización promovida por Cordiplán. Aunque analistas e intelectuales burgueses insisten en que la destrucción de la industria nacional es responsabilidad de Hugo Chávez y “el socialismo”, nunca dicen nada sobre el hecho de que este proceso comenzó antes de que el fallecido presidente llegara al poder.

Es cierto que la huelga de inversiones y la fuga de capitales del sector privado se profundizó a partir del inicio de la Revolución Bolivariana, dada la política progresista de nacionalizaciones, expropiaciones en sectores focalizados, al control obrero y la auto-organización popular (Consejos Comunales, Consejos Campesinos, Comunas, entre otras instancias). Pero esta fue la respuesta obvia de una parasitaria clase poseedora, empeñada en sostener sus privilegios, totalmente opuesta al desarrollo nacional y a la entonces mejora en las condiciones de vida para las masas. También fue el resultado obvio de una revolución frenada, descarrilada y por demás inconclusa.

Los revolucionarios venezolanos debemos explicar en todo momento que la crisis de la última década no fue obra del socialismo, el cual nunca fue edificado en nuestro país. La crisis económica nacional resultó de las fallas estructurales del capitalismo rentista criollo, de la crisis capitalista mundial y las contradicciones en el mercado petrolero, que hundieron el precio del crudo en 2014 y las finanzas venezolanas en consecuencia. Además, la anterior política reformista de controles y regulaciones a la economía impidió que el mercado funcionara con regularidad, sin tampoco sustituirlo por una economía planificada, lo que se tradujo en escasez, mercados negros, especulación e hiperinflación. La rotunda oposición de la dirección del PSUV a completar la revolución, resultó en la imposición fáctica de las leyes del mercado, que no hacen más que reflejar los intereses de las clases históricamente dominantes.

Sobre los hombros del repunte económico, la producción industrial ha crecido en los últimos años, aunque a márgenes nada significativos tomando en cuenta la depresión crónica del sector. La Encuesta de Coyuntura Industrial del segundo trimestre de 2024 –elaborada por Conindustria–, arrojó que la producción manufacturera creció un 23,1% con respecto al mismo periodo de 2023. La insuficiencia de tal crecimiento se demuestra en el hecho de que en promedio la industria operó a un 37,5% de su capacidad instalada –2,4 puntos menos que el cuarto trimestre de 2024–, cuando en países como Brasil o Colombia la cifra se aproxima a un 80%. La misma fuente indicó que el 30% de la pequeña industria utilizó solo el 20% de su capacidad instalada. Los datos anteriores exhiben cierta reactivación de actividades puntuales, en un contexto de baja operatividad e inversión.

Siguiendo la encuesta que hemos citado, para el 75% del gremio Industrial el principal problema que afecta a la producción lo constituyen los “excesivos tributos fiscales y parafiscales”, seguido de la baja demanda de bienes y servicios con un 63%. El entorno macroeconómico, con un 37%, reviste el quinto inconveniente para el sector. Lo anterior quiere decir que tanto para los industriales como para el resto de la burguesía tradicional, la draconiana política económica del gobierno –así como los sacrificios y privaciones impuestas al pueblo trabajador– ha sido insuficiente. Esto se traduce en una baja confianza, y en consecuencia, una poca o casí nula disposición a invertir.

Para el marxismo la clave del progreso económico y social radica en el desarrollo de las fuerzas productivas. Un crecimiento económico sólido y sostenible –como el que demanda nuestro país– depende en gran medida de la inversión en la formación de medios de producción o capital fijo (fábricas, maquinarias, equipos, entre otros). Un indicador importante que nos permite medir el avance, estancamiento o declive en este terreno es la Formación Bruta de Capital Fijo. Según CEDICE, para el cierre del primer trimestre del 2024 en relación al mismo periodo de 2023, este parámetro aumentó un 2,9% en una línea de decaimiento de las inversiones. Este es un número bastante pobre dadas las enormes necesidades de la economía nacional. El mismo evidencia, una vez más, que el objetivo de desarrollar el aparato productivo se torna inalcanzable de la mano de una clase capitalista a la cual ningún estímulo o concesión le basta.

Por otro lado, los distintos grupos de poder que componen el gobierno han saqueado el erario público para su propio beneficio, lo que ha llevado al surgimiento de una capa de nuevos ricos que, además de fugar parte de sus botines a paraísos fiscales, lavan capitales en el país presentándose como los nuevos “héroes” empresariales sobre los que descansa el futuro nacional. El Estado ha servido como base para la formación de una suerte de burguesía emergente, que a la luz de los hechos ha demostrado ser más corrupta y parasitaria que la propia clase dominante tradicional. Parte de estos sectores han dirigido ciertas inversiones hacia áreas comerciales y especulativas, amparados en la libre importación de bienes y la economía de bodegones. Otros, que se han hecho de empresas públicas mediante movidas corruptas, se han adaptado muy bien a la dinámica parasitaria, precaria y atrasada del capitalismo nacional. Pensar que estos maestros del pillaje impulsarán el desarrollo económico de Venezuela, es el mejor chiste jamás contado.

Fuera de cualquier duda, las condiciones históricas de atraso del capitalismo venezolano reclaman una nueva revolución, encabezada por la clase obrera, que sea capaz de llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a la expropiación completa de toda la burguesía, la instauración de una economía planificada bajo control de los trabajadores, la activación de toda la capacidad instalada de la industria y el desarrollo efectivo de las fuerzas productivas.

Inversión extranjera

Un punto en el que coinciden todos los políticos burgueses de los países de capitalismo atrasado, ya sean reformistas, liberales, conservadores o incluso nacionalistas, es la “necesidad” de crear las condiciones adecuadas para atraer la inversión extranjera, presentada como una supuesta “alternativa” para alcanzar el desarrollo económico. Esta perspectiva no es casualidad, sino el resultado directo de la incapacidad de la burguesía de estos países para convertirse en agentes determinantes del progreso social. Como hemos visto, Venezuela hace parte de esta realidad.

Trotsky comprendía muy bien este fenómeno cuando formuló su teoría de la Revolución Permanente. Según esta, con el ascenso del imperialismo, el mercado mundial quedó dominado por un reducido grupo de potencias capitalistas. Las burguesías de las naciones atrasadas llegaron tarde a la escena histórica y se insertaron en la economía mundial en condiciones de dependencia y subordinación. Estas burguesías actúan como lastres que obstaculizan el desarrollo económico y social, no solo por estar ligadas a los intereses del capital imperialista, sino también a los de los terratenientes. Se oponen a la consecución de conquistas democrático-nacionales, como la emancipación del dominio imperialista, la reforma agraria, la industrialización y las libertades democráticas para la población, todas fundamentales para encauzar a sus países hacia auténticas vías de desarrollo. En estas circunstancias, solo la clase obrera, al frente de todos los sectores oprimidos, tiene la capacidad de liberar a estos países de su atraso secular mediante una revolución que complete las tareas democrático-nacionales pendientes y avance simultáneamente hacia objetivos socialistas.

En Venezuela, la dirección del partido en el poder, en contraposición a las políticas de defensa nacional promovidas por Chávez, ha ofrecido numerosas ventajas para la explotación de las riquezas del país, estableciendo Zonas Económicas Especiales, desregulando la economía y creando un marco legal para tal fin. Maduro no solo ha implorado inversiones de capitales chinos, rusos y turcos, sino también de multinacionales europeas y estadounidenses. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro país sigue despertando interés, única y exclusivamente, en sus enormes riquezas naturales, concretamente en los sectores energético y minero.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), ahora respaldadas por una Ley Orgánica promulgada en 2022, se erigen como la principal esperanza económica del madurismo para el futuro. Con cinco nuevas ZEE designadas –Paraguaná, Puerto Cabello-Morón, La Guaira, Isla de Margarita e Isla La Tortuga–, el gobierno promete diversificar la economía nacional que ha estado históricamente atada a la producción petrolera. Sin embargo, a pesar de los ambiciosos planes y los incentivos fiscales y arancelarios ofrecidos –como el reintegro del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y beneficios en aranceles para insumos importados–, el impacto de esta política ha sido notablemente limitado. La falsa promesa de estas zonas como motores de desarrollo se enfrenta a un entorno económico en ruinas, donde el colapso de infraestructuras y servicios básicos ahogan cualquier interés. La inestabilidad política y la desconfianza hacia el gobierno han llevado a muchos potenciales inversionistas a mantenerse al margen, reacios a arriesgar su capital en un contexto tan riesgoso. Además, como es habitual en estas zonas, la flexibilización laboral y la vulneración sistemática de los derechos de los trabajadores son la norma dominante, incluso en mayor medida que a escala nacional.

En este contexto, queda claro que las ZEE no lograrán cumplir con su objetivo de revitalizar la economía venezolana. A pesar de las labores por crear un marco atractivo para el capital, el gobierno se muestra incapaz de atraer las megainversiones necesarias para recuperar nuestra devastada economía. Así, las ZEE se presentan como un nuevo intento fallido que se suma a la larga lista de fracasos maduristas.

Por otro lado, la política minera del gobierno, centrada en el Arco Minero del Orinoco, revela una total falta de transparencia y un enfoque extractivista que prioriza la atracción de capitales de diverso tipo y a cualquier costo. Dicha política ha atraído inversiones de empresas como Gold Reserve, que había sido expropiada y expulsada del país durante el gobierno de Chávez por razones políticas y de derechos humanos. Sin embargo, Maduro ha reabierto las puertas a esta empresa, otorgándole nuevas concesiones para la explotación de minas. Además de Gold Reserve, el gobierno ha concedido facilidades para que capitales de países aliados como China, Rusia y Turquía hagan parte de la explotación de oro, coltán, bauxita, diamantes, entre otros. Pero a pesar de todo este empeño, el arribo de capitales sigue siendo limitado, lo que vuelve a poner de manifiesto la falta de confianza en el gobierno y su profunda corrupción, además de la inestabilidad política del país.

El Arco Minero se ha convertido en un escenario de creciente violencia y disputas entre grupos armados que controlan la extracción ilegal. Este caos ha generado un ambiente donde los derechos humanos son sistemáticamente violados. La explotación minera ha llevado a un desastre ambiental en numerosos territorios, con el uso indiscriminado de mercurio y otras sustancias tóxicas que contaminan ríos y suelos, afectando tanto a comunidades indígenas como a trabajadores. Este ambiente no solo permite la fuga de riqueza natural del país, sino que también propicia un modelo extractivista depredador y miserable. En última instancia, la política minera madurista es un reflejo fiel de la putrefacción de su régimen.

Hemos visto y leído como analistas burgueses de la derecha y el PSUV se esmeran por explicar las bondades de la inversión extranjera, al punto de emocionarse ante la posibilidad de que multinacionales imperialistas vengan a explotar el suelo y subsuelo venezolano, además de la mano de obra más barata de la región. Pero la realidad no deja espacio para el optimismo. Las condiciones actuales de crisis orgánica del capitalismo, donde los países dominados por el imperialismo ofrecen o son forzados a rematar sus recursos, reducir impuestos y regalías, desregular sus economías y destruir derechos laborales para atraer inversiones, anulan casi todas las posibilidades de que estos Estados vean los frutos de su riqueza potencial, explotada y aprovechada por otros. Eso es precisamente lo que se pretende hacer con las ZEE y las ventajas que se están ofreciendo a las multinacionales energéticas. Como dijo el comunista Orlando Araujo en su libro Venezuela Violenta: “La miseria es nuestra, la riqueza es ajena”.

La “cooperación” de Rusia y China

Desde el gobierno de Chávez, Venezuela ha reforzado sus relaciones diplomáticas con Rusia y China, o en otras palabras, se ha encadenado a un proceso de dependencia política, financiera y militar con estas potencias. Aunque en el pasado estas relaciones se materializaron en inversiones y financiamiento, la situación se convirtió en su opuesto una vez estalló la crisis del capitalismo criollo. Para Maduro, la incorporación de Venezuela a los BRICS constituye su principal objetivo internacional a concretar.

Con Rusia, Venezuela ha establecido una relación que se manifiesta principalmente en acuerdos energéticos –cada vez más intrascendentes– cooperación militar y la adquisición de armas y equipos diversos. A pesar de que Rusia sigue teniendo presencia en el negocio energético venezolano, sus inversiones en las empresas mixtas con PDVSA han sido casi inexistentes, especialmente desde 2020, cuando la compañía Rosneft vendió sus activos en nuestro país a la estatal rusa Roszarubezhneft, tratando de evitar sanciones.

Por otro lado, la relación con China refleja una tendencia similar. En 2005, China otorgó a Venezuela préstamos por un total aproximado de $67.000 millones y, en 2016 –última vez que respaldó al gobierno venezolano–, proporcionó $2.200 millones para el sector petrolero. Hasta la fecha, nuestro país sigue pagando estas deudas mediante envíos de petróleo a puertos chinos, cuyos volúmenes varían según el momento. China es el principal comprador de petróleo venezolano, con una estimación aproximada de 380.000 barriles por día hasta octubre de 2024. Aunque varias compañías energéticas del gigante asiático tienen participaciones en empresas mixtas con PDVSA, estas no han mostrado interés en invertir en la expansión de la producción en Venezuela. Por otra parte, las multinacionales chinas de otros sectores económicos tampoco han mostrado disposición para invertir en la industria nacional y tampoco en las ZEE, a pesar de las enormes facilidades que Maduro ofrece.

En un principio, Venezuela representó para el gobierno chino una puerta de entrada a la venta de sus mercancías en el Mercosur. Sin embargo, con el aislamiento internacional que sufrió el gobierno de Maduro a raíz de las sanciones imperialistas y el posterior desconocimiento internacional a su reelección en 2018, el interés chino en Venezuela descendió considerablemente. En su lugar, China ha priorizado el establecimiento de negocios directos con los países del Mercosur y la región. Actualmente, para el gobierno chino y su pragmatismo tradicional, la relación con Venezuela se centra principalmente en la recuperación de sus préstamos. En este contexto, nunca ha sido más acertado el dicho de que en las relaciones internacionales no hay amigos, sino intereses.

Como vemos, a pesar del apoyo diplomático que China y Rusia han brindado a Maduro, este no se ha traducido en una cooperación económica efectiva. Sin embargo, a los gobiernos de estas potencias les conviene la permanencia de Maduro en el poder, sobre todo para mantener su influencia en la región frente a Estados Unidos.

De esta manera, la retórica antiimperialista del madurismo se desdibuja cuando el presidente busca que potencias extranjeras ejerzan control sobre los recursos naturales del país. La dependencia económica generada por los préstamos y las condiciones de este relacionamiento refleja una dinámica imperialista clásica por parte de Rusia y China.

Entreguismo energético

Actualmente, el mundo enfrenta una crisis energética que se originó con el declive histórico de la demanda y los posteriores recortes a la producción de petróleo y gas durante la pandemia. La crisis se agravó cuando estalló la guerra en Ucrania y se impusieron duras sanciones a las industrias energéticas de Rusia. De manera más reciente las tensiones en Medio Oriente, que avanzan en dirección hacia una guerra regional, han añadido mayor incertidumbre a la ecuación. Como consecuencia, los precios de la energía no han parado de aumentar y nada indica por el momento que dejarán de hacerlo. Esto pudiera proyectar mayores ingresos para el Estado, en caso de que no sean endurecidas las sanciones imperialistas ante la crisis política venezolana en desarrollo.

El aumento continuado de los precios de la energía propició un acercamiento diplomático de EEUU a Venezuela, un mes después del inicio de la guerra en Ucrania. Este, meses después, se cristalizó con la emisión de la Licencia General 41 que permitió la reactivación de las operaciones de Chevron en nuestro país. Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU, otorgó varias licencias de operaciones a compañías como la italiana Eni, la española Repsol y la india Reliance.

Desde la emisión de la Licencia General 41, Chevron ha propulsado un incremento en la producción de crudo en nuestro país. Según datos de las fuentes secundarias de la OPEP, entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024 Venezuela ha pasado de producir 669.000 barriles por día (bpd) a 877.000, lo que representa un crecimiento del 31,09%. De ese porcentaje, Chevron aportó el 72,12% del incremento, escalando su producción de 40.000 bpd a 190.000 en el mismo periodo. Conviene señalar que el gobierno nacional literalmente entregó el control operativo a la multinacional estadounidense de las cuatro empresas mixtas que comparte con PDVSA.

Antes del estallido de la crisis postelectoral, Chevron tenía planes de aumentar su producción en Venezuela con un objetivo de alcanzar 250.000 barriles diarios para 2025. Dicha meta se lograría mediante la perforación de 30 nuevos pozos en la Faja Petrolífera del Orinoco. En 2023, el gobierno venezolano y las empresas Eni y Repsol acordaron explotar gas en el yacimiento Cardón IV, una reserva certificada que contiene 15 billones de pies cúbicos. Recordemos que en Europa existe una fuerte necesidad de obtener fuentes de energía sustitutas al petróleo y gas de Rusia, al ser este continente menos autónomo en esta materia que EEUU. Por otro lado, la refinería Reliance Industries recibió una autorización para reanudar el comercio con petróleo venezolano, antes de las elecciones presidenciales.

Asimismo, Venezuela y Trinidad y Tobago formalizaron un acuerdo para la producción de gas en el yacimiento Dragón, con la compañía Shell como operador principal. Este pacto, que otorga a Shell y a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC) derechos de explotación por 30 años, busca aprovechar las vastas reservas de gas del campo estimadas en 4,2 billones de pies cúbicos. También incluye la construcción de un gasoducto de 18 kilómetros que conectará Dragón con la plataforma Hibiscus en Trinidad.

Aunque todos estos planes y acuerdos parecen bastante alentadores en los objetivos entreguistas de Maduro, conviene recordar que los mismos tuvieron como marco la relativa relajación de sanciones imperialistas antes de las elecciones presidenciales. Pero los escenarios que se abren tras el estallido de la crisis postelectoral crean incertidumbre en relación a estos negocios. Y no hay nada que paralice más las inversiones y planes de producción que el factor incertidumbre.

El caso concreto de Chevron merece toda nuestra atención. A pesar de que en octubre se renovó la licencia que le permite operar en Venezuela por 6 meses más, posiblemente  Chevron no comprometerá más capital hasta tanto no se defina con claridad la política del nuevo mandato de Trump hacia nuestro país. De revocarse la Licencia General 41, la producción petrolera nacional quedaría fuertemente comprometida.

Aunque la producción petrolera en Venezuela se ha elevado levemente, aún se encuentra 2 millones de barriles diarios por debajo de los niveles que tenía hace una década. El reducido nivel productivo de PDVSA en el presente es el principal factor que explica el por qué la economía venezolana no ha crecido a niveles superlativos, como históricamente lo hizo en cada contexto de crisis energética mundial. En este sentido, el economista y socio director de Ecoanalitica, Asdrúbal Oliveros, ha señalado que la producción petrolera debe elevarse a 1,2 millones de bpd para que el país comience a sentir beneficios verdaderamente tangibles de la coyuntura actual. Y PDVSA tiene serios problemas de caja para alcanzar los 1,2 millones de bpd con esfuerzo propio.

Para que Venezuela recupere su papel de relevancia energética mundial serían necesarias inversiones astronómicas y sostenibles por varios años, que, más allá de ciertas reactivaciones recientes, hoy día nadie está dispuesto a realizar. Las mismas no solo deberían ocuparse de la producción, sino también sortear los problemas asociados a la destrucción de las infraestructuras de la última década, el colapso generalizado de los servicios públicos, los constantes robos de equipos en las áreas de explotación y también el pago de ‘vacunas’ a grupos del crimen organizado. Por ejemplo, los continuos apagones han paralizado repetidas veces operaciones en varias plantas. Y Chevron en 2023 tuvo que moderar sus metas de expansión debido a problemas en el dragado del canal de navegación del lago de Maracaibo. Así hemos visto como los planes de los distintos intereses imperialistas de occidente se toparon con la realidad de un país y una industria energética que ayudaron a destruir, como resultado de las sanciones y el bloqueo. Conviene recordar que en 2021, las multinacionales Total Energies y Equinor se desprendieron de sus acciones en las empresas conjuntas con PDVSA, dadas las sanciones, las duras condiciones y altos riesgos.

Lo explicado quiere decir que, pese a la propaganda gubernamental, Venezuela actualmente no está en capacidad de convertirse de nuevo en un actor de peso en la producción energética mundial. Los problemas estructurales, la crisis, las sanciones, un posible endurecimiento de las mismas y las difíciles condiciones a sortear, además de los choques políticos tras el telón, condicionan una situación profundamente desfavorable. Y por lo que a continuación expondremos, el factor tiempo puede traer a la palestra un cataclismo económico con terribles consecuencias para la industria energética nacional: una recesión mundial.

Actualmente, la economía mundial se encuentra en un campo minado: desde los choques geopolíticos, como la guerra en Ucrania y el polvorín en el medio oriente; los crecientes desastres climáticos, que están impactando negativamente el desempeño económico de varias regiones del planeta; hasta los peligros que envuelven a la economía China, como la caída del consumo y las inversiones, el aumento a niveles récord de su deuda y la crisis inmobiliaria, la cual pudiera contagiar al sistema financiero mundial. Ante tantas condiciones de peligro, el más mínimo infortunio puede detonar la crisis, la cual pudiera escalar rápidamente a una recesión.

Toda recesión en el globo lleva al cierre de fábricas, despidos masivos, la reducción general del consumo, y como consecuencia, una caída de la demanda de bienes y materias primas en los países de capitalismo imperialista, lo que conduce a desplomes de precios y una severa disminución en los ingresos de las naciones pobres. Aunque no podemos predecir cuándo estallará la recesión, si podemos asegurar que la mecha es cada vez más corta.

Un descenso pronunciado de los precios internacionales del petróleo desplomaría los ingresos estatales de Venezuela y devolvería al país al pantano de la recesión económica. La inflación volvería a dispararse, ante una menor disposición de recursos para las intervenciones cambiarias. Además, dado que el país importa más del 70% de los bienes y productos básicos que consume, una gran caída de los ingresos estatales traería de vuelta el desabastecimiento, lo que terminaría de empeorar el panorama inflacionario. El peor de los mundos posibles para el pueblo trabajador se vislumbra ante el menor de los quiebres. A todas luces, el crecimiento con descenso de la inflación solo penden de un hilo bastante delgado.

Continuará…