Para marzo de 2026, Venezuela atraviesa un momento crítico. Mientras el imperialismo, con la colaboración del gobierno nacional, se dispone a saquear nuestros recursos energéticos y mineros, la crisis económica pulveriza los salarios y descarga todo su peso sobre las espaldas de las familias trabajadoras. En este escenario, la mujer venezolana se bate entre los problemas «clásicos» de la opresión machista y patriarcal —propios de toda sociedad de clases— y las particularidades que impone la crisis capitalista en Venezuela.

El aborto: el carácter de clase de un derecho prohibido

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela constituye uno de los temas más controvertidos en la agenda de las mujeres. Sin embargo, no se trata de una disputa moral o religiosa, sino de un problema de salud pública que golpea con mayor ferocidad a las mujeres trabajadoras. Aquellas que carecen de recursos económicos se ven obligadas a recurrir a clínicas clandestinas, a métodos desesperados o a personas inescrupulosas que comercian con fármacos prohibidos o vencidos. Así, quedan atrapadas en una situación de vulnerabilidad extrema que atenta directamente contra su integridad física y sus vidas.

El Estado venezolano mantiene una de las legislaciones más atrasadas de América Latina. Su Código Penal, que data de 1915 —con una reforma en 2005—, establece como única excepción explícita el aborto terapéutico, permitido únicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. Detrás de esta norma se esconde el hecho de que el cuerpo de las mujeres es tratado como propiedad del Estado, como territorio a ser controlado y disciplinado.

Resulta indignante que, a estas alturas, un Estado que se proclama laico en su Constitución siga arrastrándose ante las presiones y los argumentos arcaicos de las iglesias católicas y evangélicas, principales faros de oposición al derecho al aborto. No se trata solo de los prejuicios machistas y patriarcales de quienes conforman las instituciones, sino de una estrategia deliberada: el gobierno alimenta a estas estructuras religiosas, especialmente las evangélicas, a cambio de favores electoralistas y de control social. Prueba de ello es la ejecución de Misiones como «Mi Iglesia Bien Equipada», destinado a la rehabilitación de templos; el «Programa Iglesia Social», que canaliza asistencia directa a las comunidades; la incorporación de las iglesias en la «Misión Negra Hipólita»; y los convenios para llevar su fe a las cárceles. De esta manera, el Estado no solo tolera, sino que financia y fortalece a los mismos aparatos ideológicos que luego imponen su moral retrógrada sobre los cuerpos de las mujeres.

En un país donde el salario mínimo ha sido pulverizado y no alcanza a cubrir ni el 1% de la canasta básica, la penalización del aborto se convierte en una condena selectiva: cárcel para unas, muerte para otras. En 2026, el aborto inseguro sigue siendo una realidad cotidiana en Venezuela. Y el Estado, lejos de ser parte de la solución, perpetúa esta tragedia. La única salida es clara: no se trata de perseguir ni criminalizar a las mujeres que abortan, sino de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar su gratuidad en el sistema público de salud.

Derechos laborales y políticos de las mujeres en Venezuela

En la actualidad, el salario mínimo en Venezuela es una ficción. No cubre en absoluto las necesidades básicas de las familias trabajadoras y ha sido reemplazado por un sistema de bonos que no generan beneficios sociales ni protección laboral. Es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso, la mayoría de las mujeres sobreviven en la informalidad o se ven obligadas a tener hasta tres empleos para sortear la crisis que las oprime. ¡La precarización no es un accidente! Es la forma que adopta la explotación cuando el capitalismo entra en descomposición y la clase trabajadora no está lo suficientemente organizada para defenderse.

El propio Estado ha criminalizado la protesta por reivindicaciones laborales. Cada denuncia sobre la precariedad salarial o la violación de contratos colectivos —tanto de obreros del sector privado como de trabajadores públicos— ha sido respondida con un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y juicios farsa. Hombres y mujeres han sido condenados a penas ejemplarizantes de hasta treinta años por delitos tan vagos como «incitación al odio», «terrorismo» o «agavillamiento». Detrás de estas acusaciones no existe más que el propósito de amedrentar a la clase trabajadora.

Cuando el gobierno detiene a un trabajador o a una trabajadora que reclama un salario digno, no solo viola la libertad sindical y el derecho a la huelga. Castiga la propia subsistencia de quienes se atreven a defenderla. Envía un mensaje claro a cualquiera que intente resistirse al hambre y la precariedad. El costo de organizarse puede ser la cárcel.

Recientemente, el gobierno ha impulsado una Ley de Amnistía. Oficialmente, responde a la presión imperialista. Pero su contenido revela su verdadera naturaleza. Esta Ley busca condonar los crímenes de la burguesía desde 1999 hasta hoy. Golpes de Estado, intentos de magnicidio, asesinatos durante las guarimbas, conspiraciones. Todo eso quedaría impune. Sin embargo, la Ley excluye expresamente a los trabajadores judicializados por reclamar derechos laborales, por expresar críticas o por denunciar la corrupción. Tampoco contempla la reparación de los daños causados a las víctimas de la represión. Es, por tanto, una amnistía de clase: perdona a la burguesía y castiga a quienes luchan. No es casual que organizaciones populares de derechos humanos, como Surgentes, la hayan recibido con serias críticas (https://m.aporrea.org/ddhh/a350072.html).

Ahora bien, cuando hablamos de derechos políticos de las mujeres, no nos referimos a la lucha por la paridad representativa en las instituciones. Esa es una trampa. La presencia de mujeres en cargos de poder no garantiza políticas públicas favorables a las trabajadoras. ¿Acaso la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia cambiaría en algo la situación de las mujeres en Venezuela? La historia está llena de ejemplos nacionales e internacionales donde mujeres en el poder han aplicado programas tan agresivos contra la clase trabajadora como los de cualquier hombre. Esto no depende del género, sino de la filiación política y programática de cada persona, sea hombre o mujer. La política de identidad es, en esencia, una política burguesa. 

La paridad política es una cáscara vacía si no viene acompañada de una comprensión profunda de que no es un problema de género sino de clases sociales. Lo que realmente necesita una mujer trabajadora para ejercer sus derechos políticos es tiempo: tiempo para formarse, para organizarse, para militar. Y ese tiempo solo se libera si se socializan las tareas domésticas y de cuidado que hoy recaen exclusivamente sobre sus hombros. Sin guarderías públicas, sin comedores populares, sin lavanderías comunitarias, la participación política de las mujeres seguirá siendo un privilegio de unas pocas. Romper las cadenas del hogar es tan urgente como romper las cadenas de la opresión patriarcal y las del capitalismo. Porque las tres están hechas del mismo material.

Justicia clasista, racista y patriarcal

El sistema de justicia venezolano es un aparato que castiga dos veces a la mujer, especialmente si es pobre o racializada. La primera vez, cuando es víctima de la violencia machista y se topa con la impunidad. La segunda, cuando se atreve a denunciar y termina revictimizada por una estructura judicial saturada de sesgos de género, burocracia y corrupción. No existen estadísticas oficiales que visibilicen estas injusticias, y esa ausencia de datos no es casual. Responde a la intención deliberada de ocultar un problema que el Estado no quiere resolver.

Para la mujer trabajadora, la justicia es un lujo. Sus denuncias se pierden en expedientes que nunca avanzan, en fiscalías que no investigan, en tribunales que minimizan la violencia. Cuando el agresor tiene recursos o contactos, la impunidad está garantizada. Cuando la víctima es pobre, su palabra no pesa. Y si encima es una mujer negra, indígena o mestiza de barrio popular, el sistema la trata como si la violencia que recibe fuera parte del orden natural de las cosas.

Las mujeres presas son el rostro más cruel de esta justicia patriarcal. En las cárceles venezolanas, sometidas a condiciones infrahumanas, carecen de atención médica y de lo más elemental para su higiene menstrual. El Estado las abandona tras las rejas, como si al perder la libertad hubieran perdido también el derecho a ser mujeres. No es un secreto para nadie que el debido proceso es una ficción para la mayoría. Muchas llevan años esperando una sentencia, atrapadas en la maquinaria lenta y corrupta de un sistema que las condena antes de juzgarlas.

Pero el castigo no termina ahí. El sistema de justicia patriarcal se extiende más allá de los muros de la prisión y golpea también a las mujeres que son familiares de presos. Son ellas quienes cargan con el peso de los cuidados: la logística de las visitas, la comida, los medicamentos, la ropa. Son ellas quienes enfrentan el desgaste económico de mantener a un familiar encarcelado, mientras el Estado no ofrece ningún tipo de apoyo. Y son ellas, además, quienes sufren el maltrato y la extorsión de las propias autoridades carcelarias, que convierten el dolor en negocio. La cárcel, para estas mujeres, es una condena que también cumplen desde afuera.

La triple jornada

La crisis económica venezolana no solo ha empobrecido a las familias trabajadoras, sino que también ha reconfigurado por completo la vida de las mujeres. Sobre sus hombros recae hoy una triple carga. La primera es el trabajo remunerado, cuando lo consiguen. La segunda, las tareas del hogar y el cuidado de hijos, ancianos y enfermos, que la sociedad patriarcal les asigna como deber natural. Pero ha surgido una tercera, impuesta por el colapso de los servicios públicos y la descomposición del Estado.

Esta tercera jornada consiste en la organización, la logística y el acompañamiento que las mujeres trabajadoras deben desplegar para garantizar lo más básico: agua, comida, gas, medicamentos. Para ello, muchas participan en Consejos Comunales, C,omités Locales de Abastecimiento o Mesas Técnicas de Gas. Otras, aunque no estén vinculadas a estas estructuras, igualmente gestionan y administran la crisis con sus propios medios, inventando soluciones donde el Estado solo ofrece abandono.

El Estado, incapaz de garantizar servicios públicos dignos, traslada esa responsabilidad a las comunidades. Y dentro de las comunidades, son las mujeres quienes terminan asumiendo el peso. Salen a cargar agua cuando las tuberías están secas. Cocinan a leña cuando el gas no llega. Organizan a los vecinos, median conflictos, sostienen la vida colectiva mientras el resto de las tareas —las domésticas, las laborales— siguen esperándolas al volver a casa.

De esta manera, el Estado expropia el tiempo de las mujeres. Les arranca horas al sueño, al descanso, a la militancia, a la vida misma. Les exige que suplan con esfuerzo propio, lo que en una sociedad socialista tendría que garantizar mediante inversión pública y planificación colectiva. 

Nuestra línea política

Desde nuestra organización entendemos que la lucha de las mujeres no es una batalla aislada, sino una parte inseparable de la lucha de la clase trabajadora venezolana y del proletariado internacional contra el sistema capitalista. El capitalismo necesita de la opresión de género para funcionar: divide a la clase, garantiza la reposición de la fuerza de trabajo mediante el trabajo doméstico, y descarga sobre las mujeres el peso de la crisis. Por eso, no se puede abolir la opresión de género sin derrocar el capitalismo, ni se puede construir el socialismo sin arrancar de raíz la opresión machista.

En este sentido, es fundamental concientizar al conjunto del movimiento obrero sobre la importancia de integrar las reivindicaciones de las mujeres como propias. Los hombres trabajadores deben participar activamente en esta lucha y sentirse parte de ella, comprendiendo que las demandas femeninas no son «asuntos de mujeres», sino demandas estratégicas de toda la clase. La unidad de los trabajadores y las trabajadoras es la única fuerza capaz de enfrentar los embates de las clases dominantes, y esa unidad se construye también reconociendo y combatiendo las opresiones específicas que sufren nuestras compañeras.

Por ello, levantamos un programa de acción que abarca los siguientes puntos:

  • Aborto legal, seguro y gratuito: Exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Demandamos la derogación de los artículos del Código Penal que prohíben y criminalizan el aborto (Art. 430, 431, 432, 433 y 434), así como del artículo 393, que beneficia a los agresores sexuales. Defendemos el derecho irrenunciable a la autonomía corporal de las mujeres.
  • Salario igual a la canasta básica: Exigimos el cumplimiento efectivo del Artículo 91 de la Constitución. Basta de bonificaciones discrecionales que no generan derechos ni seguridad social. Salario digno para todas las trabajadoras, porque nuestro trabajo vale lo mismo que el de cualquier hombre.
  • Sistema público de cuidados: Demandamos la creación de lavanderías, comedores y guarderías públicas, gratuitas y de calidad. Solo liberando a las mujeres de las tareas domésticas y de cuidado podrán acudir a sus trabajos, formarse políticamente y desarrollar todo su potencial humano. El cuidado de la vida no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de las mujeres.
  • Justicia de clase para las mujeres: Exigimos el fin de la complicidad patriarcal de los tribunales. Demandamos la creación de protocolos efectivos de juzgamiento en casos de violencia vicaria, un presupuesto específico para combatir la violencia de género y penas ejemplares para los feminicidas. La justicia debe estar del lado de las víctimas, no de los agresores.
  • Derechos laborales y políticos para todas: Impulsamos políticas de no discriminación en el trabajo, incluyendo causas estéticas que hoy excluyen a muchas mujeres. Exigimos cupo laboral trans y la despenalización del trabajo sexual, reconociendo que las trabajadoras sexuales también son parte de nuestra clase y merecen derechos. Asimismo, defendemos el derecho a la protesta, el control obrero de la producción y la nacionalización de los recursos estratégicos bajo gestión de los trabajadores, para planificar la economía en función del bien social y no del beneficio privado.

La unidad de las mujeres trabajadoras es la garantía de que ninguna de estas demandas quedará en el papel. Por eso llamamos a todas nuestras compañeras a organizarse, a debatir, a luchar codo a codo con sus hermanos de clase.

¡Por la unidad de las mujeres trabajadoras y de toda la clase obrera!

¡Contra el imperialismo y la opresión patriarcal, lucha socialista!

¡Aborto legal y gratuito ya!