Los trabajadores venezolanos tenemos cuatro años sin recibir un aumento salarial. Esta es una realidad objetiva y contundente, que sufrimos especialmente los días de pago de las quincenas, o al recibir el bono vacacional o los aguinaldos. El salario de un servidor público oscila entre los 130 y los 300 bolívares mensuales, dependiendo de la antigüedad o el grado académico. Hay profesores universitarios, titulares, con doctorados y más de 20 años de experiencia, que cobran menos de 1000 bolívares mensuales, es decir, aproximadamente 2 dólares al mes. Un trabajador público promedio puede tener, fácilmente, una quincena de 174 bolívares. Esa es la realidad de los trabajadores del sector público en Venezuela hoy.

La farsa de los bonos

El gobierno nacional, a partir del año 2023, sustituyó el concepto constitucional y legal de salario por el de “ingreso mensual”. De esta manera, aumenta los bonos —que no tienen incidencia salarial, ni para vacaciones, prestaciones, utilidades o aguinaldos— y mantiene congelado el salario mínimo que, según la Constitución, debería ajustarse de manera anual con base en el incremento de la canasta básica (Artículo 91 de la CRBV).

En la actualidad, el salario mínimo sigue en 130 bolívares desde el 15 de marzo de 2022. A esto se suma el “bono contra la guerra económica”, ajustado de 120 a 150 dólares a partir de mediados de marzo de 2026, más 40 dólares de bono de alimentación. Este reciente incremento, aunque insuficiente, tampoco cayó del cielo por la bondad de la presidenta (E) de la República; es una respuesta, entre otras cosas, a la nutrida movilización del jueves 12 de marzo en Caracas, que logró superar el cerco policial y llegar a la Asamblea Nacional.

Salario, inflación y represión

Recientemente, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras de la inflación de los últimos años. En ellas se evidencia que, durante 2022, 2023, 2024 y 2025, la inflación fue, respectivamente, de 234%, 189%, 48% y 475%. Además, en lo que va de año —enero y febrero—, los precios al consumidor han tenido un incremento de 51,9%. A lo largo de estos cuatro años, el gobierno no ha incrementado el salario mínimo, vulnerando el acceso a una vida digna de la clase trabajadora.

Esta política salarial regresiva se sostuvo mediante la criminalización de la protesta, los despidos, la represión y la persecución de los dirigentes y las organizaciones sindicales, gremiales y políticas que denunciaban el atropello a la clase trabajadora y exigían un salario igual a la canasta básica. Muchos de esos liderazgos fueron judicializados mediante la aplicación de la ley del odio, imputados injustamente por el Ministerio Público.

Post 3 de enero

Después de la intervención e invasión norteamericana para secuestrar al presidente Maduro, el gobierno actual ha mostrado una receptividad increíble hacia el gobierno agresor. Tanto es así que, tras una visita del Secretario de Energía estadunidense, Chris Wright, la Asamblea Nacional reformó la ley de hidrocarburos; después de la visita del responsable de minas del gobierno yanqui, fue reformada la ley de minas. ¿Será entonces que el gobierno nacional está esperando una visita del Secretario del Trabajo de Estados Unidos para decretar la reforma de la LOTTT, y así complacer al amo imperial y a Fedecámaras?

¿O estará esperando una rebelión popular, encabezada por la clase trabajadora, que progresivamente va perdiendo el miedo y ha vuelto a salir a las calles a protestar? La importante movilización del pasado 12 de marzo, que consiguió traspasar los dispositivos policiales y plantarse frente a la Asamblea Nacional, evidenció que el temor comienza a quedar atrás. Profesores universitarios, personal de la salud, empleados públicos y privados, junto a los jubilados, alzaron la voz con una misma exigencia: «No más bonos, salario digno ya». Esa jornada de lucha no fue un hecho aislado, sino la expresión de un descontento que se acumula y crece sin pausa.

El Primero de Mayo está a la vuelta de la esquina. La indignación de la clase obrera —que presencia día tras día cómo se entregan nuestras riquezas fundamentales a potencias extranjeras agresoras mientras ella es condenada a la sobreexplotación y a un ingreso miserable que no alcanza para cubrir las necesidades más elementales— difícilmente podrá seguir siendo contenida mediante la violencia estatal. Cada intento de amedrentar con fuerzas especiales y procesos judiciales solo contribuye a fortalecer la convicción de que los derechos no se imploran, sino que se arrancan mediante la movilización. No tenemos nada que perder más que nuestras cadenas.

De cara al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, planteamos:

· Salario equivalente al costo de la canasta básica, que en la actualidad supera los 500 dólares mensuales, y no esta engañosa política de bonos que fragmenta nuestros ingresos y erosiona nuestros derechos laborales fundamentales.

· Una gran movilización obrera, con independencia y autonomía de clase, para el próximo 1 de mayo. Sin subordinación a ningún gobierno, patrono o corriente política que pretenda desviar nuestros reclamos. Los trabajadores debemos organizarnos por cuenta propia, al margen de quienes nos explotan y de quienes administran el Estado en beneficio de los explotadores.

· Combate decidido contra los despidos arbitrarios, la represión y la estigmatización de la protesta social. Exigimos la liberación inmediata de todos los obreros y dirigentes encarcelados por defender sus reivindicaciones.

· Por la derogación de la llamada «ley del odio», instrumento legal utilizado para perseguir a los luchadores sociales, y del perjudicial memorando 2792, herramientas de hostigamiento contra quienes osamos reclamar lo que por derecho nos pertenece.

· ¡Rechazamos cualquier reforma que pretenda despojarnos de nuestras prestaciones sociales! Denunciamos la alianza entre la patronal —encabezada por Fedecámaras y sectores de la derecha política— y este gobierno entreguista, que busca imponer una legislación laboral hecha a la medida de los empresarios y del capital multinacional.

· Decimos no al sometimiento imperial ni a la actual política de subordinación del gobierno nacional. Luchamos por la soberanía y la autodeterminación, que solo serán realidad con un gobierno de los trabajadores, un gobierno que coloque los recursos naturales al servicio del pueblo y no de las corporaciones multinacionales. 

Mientras subsista el capitalismo en Venezuela, mientras el Estado permanezca en manos de una clase que defienda los intereses patronales y del imperialismo, la independencia nacional seguirá siendo una ilusión. Únicamente la clase trabajadora, organizada de manera revolucionaria y en alianza con los sectores explotados del campo y la ciudad, podrá romper definitivamente las cadenas del atraso y la dependencia.