El aumento desbocado de precios y la inevitable respuesta de los asalariados para recuperar la pérdida del poder adquisitivo están centrando la escena de los acontecimientos económicos y políticos del final de año y del que viene. El aumento desbocado de precios y la inevitable respuesta de los asalariados para recuperar la pérdida del poder adquisitivo están centrando la escena de los acontecimientos económicos y políticos del final de año y del que viene.

El alejamiento de Lavagna

Con ese panorama como telón de fondo, el hecho político más relevante de las últimas semanas fue el alejamiento de Roberto Lavagna como Ministro de Economía. Lavagna, era el miembro más apreciado por la burguesía dentro del Gabinete. Estuvo en contra de las subas salariales y se mostró dispuesto a aceptar algunas de las condiciones del FMI en la renegociación de la deuda con ese organismo.

¿Augura esto un cambio de política económica? Lo fundamental de la política del gobierno de Kirchner favorece a la burguesía: altas ganancias empresariales, subsidios millonarios a las empresas ($25.000 millones previstos en 2006 entre exenciones impositivas y ayudas directas), pagos de la deuda, mantenimiento de las privatizaciones, y suba gradual de las tarifas, así lo demuestran. Pero en un contexto de extremas desigualdades sociales, y de malestar de la clase obrera, Kirchner necesita limitar la depredación voraz de los sectores más concentrados de la burguesía (petroleras, servicios, agropecuario, comercio) por miedo a que se inflame la llama de la lucha de clases. De ahí el papel que intenta asumir como árbitro entre las clases, haciendo algunas concesiones a los trabajadores e intentando disciplinar a estos sectores de la clase dominante para mantener en lo posible la estabilidad del sistema. Lavagna se constituyó en la voz disonante de esta política y hubo que acallarla. Pero ahora, con la llegada al poder de una mayoría de «pingüinos» o «compañeros» adeptos…¿a quién le echarán la culpa de aquí en adelante?

El gobierno busca un «pacto social»

En este contexto, la carrera de precios y salarios aterra al gobierno, por eso se ve obligado a intervenir en la formación de precios. Aunque se esfuerza por desmentir que exista cualquier intento de control de precios, medida que llevaria a una alta tensión la relación entre el Gobierno y el conjunto de la burguesía.

Pero hasta ahora todo fue inútil. Todos los acuerdos alcanzados con los productores de carne, supermercadistas y grandes distribuidoras han fracasado. A las subas de los impuestos por las exportaciones (retenciones) de carne, lácteos y otras mercaderías, los capitalistas respondieron con nuevas subas salvajes de precios; el reciente acuerdo de bajar un 15% el precio de algunos productos (de dudosa efectivización, además de limitado alcance) sólo es una vergonzosa tregua de un mes y medio en la escalada de precios.

Por otro lado, los trabajadores no aceptan migajas y también van con todo por más, pasando por alto conciliaciones, convenios y cláusulas de «paz social» firmados a sus espaldas y forzando a sus direcciones burocráticas a ponerse a la cabeza de los conflictos. Por eso el gobierno está buscando incansablemente un pacto social que comprometa a los empresarios y a la CGT. El ingreso al Ministerio de Economía de una cara «progresista» como Miceli puede interpretarse como un paso en este sentido, al mostrar una nueva señal de firmeza a la burguesía, sobre todo a las privatizadas que consideran insuficiente la propuesta de suba de tarifas del 10%-15% que el gobierno les prometió el año que viene. La burocracia sindical, obligada a encabezar gran parte de las luchas obreras por la presión desde abajo, no esconde su inquietud por esta «incomodidad» y estaría dispuesta a alcanzar un acuerdo para llamar a un alto en la lucha salarial, o al menos limitarla. La cabeza rodante de Lavagna era la tarjeta de visita que necesitaban antes de acudir a la cita. Ya hubo reuniones secretas entre la UIA y la CGT para perfilar un principio de acuerdo. Lo poco que trascendió de estas reuniones es que se fijaría un techo de aumento salarial el próximo año del 10% y un compromiso de congelamiento de precios durante 6 meses. Pero sería una estafa, porque el gobierno ya fijó un objetivo de inflación para el 2006 de entre un 8% y un 11%, lo que reduciría al mínimo o anularía cualquier mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Esta es una apuesta arriesgada, el malestar de los trabajadores es muy grande y no está claro que los trabajadores acaten un pacto social que no dará satisfacción a sus reclamos y necesidades. Para ejemplo están los pilotos de Aerolíneas, sector que no es de los más atrasados salarialmente, y que no iba al paro desde hacía 16 años. El activismo obrero combativo y de izquierda lo debería tener en cuenta para avanzar en la formación de una corriente sindical antiburocrática, en preparación de la nueva coyuntura que se avecina.

Las negociaciones con el FMI

En 2006 vencen créditos del FMI por 2.000 millones de dólares. El gobierno mantendrá el ajuste del gasto público (congelando salarios estatales y otros gastos sociales) y tomará nueva deuda para afrontar estos pagos, que vendrá de dos fuentes: del gobierno venezolano -compró cerca de 1.000 millones de dólares de bonos de la deuda- y de los fondos de organismos públicos como el Anses y otros, a devolver con un interés bajo. Pero estos financiamientos excepcionales no se podrán repetir en próximos años.

Lo que realmente preocupa son los vencimientos del 2007, unos 4.500 millones de dólares de pagos obligatorios al FMI. El gobierno necesita un arreglo el próximo año para refinanciarlos y pagarlos en plazos más amplios. Pero el FMI ya planteó sus condiciones para un acuerdo: más ajuste en el gasto público, aceptar las subas de tarifas exigidas por las empresas de servicios, y arreglar con los acreedores de la deuda externa que no entraron en la «quita», estableciendo pagos de deuda adicionales. Haya o no acuerdo, las consecuencias serán las mismas: una carga insoportable sobre los hombros de los trabajadores en los próximos años, que prepararía las condiciones para un nuevo estallido social, si cabe, más profundo que el Argentinazo.

Se inicia la cuenta regresiva

La salida de Lavagna y la entrada de otros tres ministros catalogados como «progresistas» en Defensa, Exteriores y Desarrollo Social, pretende ser visto como un giro más «social» de este gobierno. Pero esto es solamente un espejismo. Las presiones opuestas de los empresarios nacionales, de las multinacionales y de las agencias imperialistas por mantener e incrementar sus ganancias y la expoliación de nuestros recursos, y las de los trabajadores por mantener y mejorar sus condiciones de vida y arrastrar a su lado en esta lucha al resto de capas oprimidas de la sociedad, sólo están en su estadio inicial. Se profundizarán. La cuenta regresiva que pondrá fin a la «aureola» de neutralidad del gobierno de Kirchner, en esta lucha, ya comenzó.