El jueves 15 el presidente Kirchner anunció la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, unos 10 mil millones de dólares obtenidos de las reservas del Banco Central, en un sólo pago a realizarse el próxi El jueves 15 el presidente Kirchner anunció la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, unos 10 mil millones de dólares obtenidos de las reservas del Banco Central, en un sólo pago a realizarse el próximo 3 de enero. Su justificación de que lo hace para independizarse definitivamente de las presiones del FMI, acompañada con declaraciones demagógicas y de medias verdades, ha despertado cierta expectativa en amplios sectores de la sociedad. Pero la clase trabajadora y el resto de las capas oprimidas de la sociedad no tienen nada que celebrar con esta medida.

Prioridades

Lo primero que queremos decir es que para los socialistas la prioridad es resolver los problemas más graves de los sectores más postergados de la sociedad: alimentación, salud, educación, empleo, jubilaciones, vivienda, infraestructura, etc. Si existen sumas de miles de millones que se pueden utilizar (como venimos sosteniendo hace meses desde la Corriente Socialista El Militante y ahora confirma el gobierno con este pago) deben abocarse a la resolución de esos urgentes problemas sociales y no destinarlos al pago de una deuda, manifiestamente ilegítima y contraída durante décadas por los enemigos del pueblo trabajador, al más privilegiado de los acreedores. Por algo festejan tanto en el Fondo esta medida, que recibió el apoyo inmediato de todo el empresariado y la derecha. Debemos pensar que si los enemigos más recalcitrantes de la clase trabajadora y el pueblo pobre aplauden estas medidas, entonces aquí debe haber gato encerrado.

Lo que se oculta

La pura verdad es que no se cancela ninguna deuda sino que se cambia de acreedor: en vez de deberle al FMI se le pasa a deber al Banco Central, al que hay que devolverle los fondos mediante créditos o bonos a devolver en un plazo de 6 a 10 años. Mientras tanto, el gobierno ya confirmó que se mantendrá la política fiscal de ajuste y de contención del gasto público para honrar el conjunto de la deuda y acelerar la transferencia al Banco Central de los fondos ahora sustraídos.

Esta baja en las reservas consolida el modelo de dólar altísimo y salarios bajos. Y también la política de estricta disciplina fiscal, como decíamos antes. O sea que no habrá dinero para salud, ni educación ni jubilaciones dignas por muchos años ¿No era éste el gobierno que venía a cambiar el modelo de especulación financiera por el productivo?

En el caso de que ese hueco en el Banco Central se cubra con títulos o bonos que adquirirían España y Venezuela, como se ha hecho trascender, esos países serían los nuevos acreedores y, en definitiva, el mercado de capitales, donde cotizarían y donde esos países los podrían vender en cualquier momento.

Otra maniobra que se debe desbaratar es la que quiere hacer pasar este pago como el fin de la deuda externa, cuando sólo representa un 7% del total, que es de casi 130 mil millones de dólares. Por lo tanto, los pagos de miles de millones de dólares para la deuda se mantendrán invariables durante años y años.

Pero la mentira principal que se propaga es decir que el país se libera definitivamente de las presiones de los organismos internacionales, la banca internacional y las multinacionales. Si bien se cancela la deuda con el FMI y éste tendría un elemento menos de presión para opinar sobre política interna, Argentina sigue siendo miembro del Fondo y por lo tanto sigue estando ligada a las políticas globales de las potencias imperialistas. Además, se mantienen deudas con otros organismos imperialistas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, y distintos fondos buitres. Y, fundamentalmente, las multinacionales continúan controlando al país mediante la propiedad de las principales empresas, bancos y el dominio del comercio exterior o con las concesiones de nuestras empresas públicas (Repsol, Telefónica, Telecom, Aguas, Eléctricas, etc). Estos son los resortes fundamentales cuya propiedad debemos recuperar para ponerlos bajo control de los trabajadores.

Principalmente el gobierno de Kirchner justificó el adelantamiento del pago de la deuda con el FMI para quitarse la presión de este organismo para que se aumentaran las tarifas de los servicios privatizados. El Gobierno ha dicho que no habrá subas el próximo año en las tarifas. Pero esto no es verdad. Por un lado, abundan las filtraciones en los medios periodísticos en los últimos meses de que hay acordadas subas de tarifas a los usuarios residenciales de un 10%-15% en promedio. La única discrepancia es que a las privatizadas les parece insuficiente, y el FMI presionaba para que se accediera a los deseos de éstas. En segundo lugar, en el último año hubo suba de tarifas para las empresas y comercios (no así para las familias), pero estos empresarios están trasladando a los precios de sus productos estas subas tarifarias que estamos pagando todos los trabajadores vía aumento de la inflación. Por último, a nadie se le oculta que el gobierno puede negociar el próximo año un acuerdo con las empresas de gas, teléfonos, electricidad, aguas, etc. para compensar con subsidios millonarios a estas empresas por las «magras» subas de tarifas que se acuerden, como se está haciendo con los trenes, colectivos, y otras empresas de servicios. De manera que seremos nuevamente los trabajadores quienes pagaremos, vía presupuesto nacional, esta suba de tarifas encubierta disfrazada de congelamiento.

La verdad sobre este pago fue develada por el Ministro de Economía de Brasil, Palocci, que días atrás había tomado una medida similar aunque con un monto que representa una proporción mucho menor de sus reservas y PBI. Afirmó Palocci que el objetivo de esta cancelación de la deuda con el FMI era ganarse la confianza de los mercados y atraer inversiones. O sea la misma política que en los 90 aplicaban aquí Cavallo y Menem: subordinarse a los requerimientos de los capitales transnacionales.

No podemos negar que la mayoría de la clase trabajadora ha visto con ciertas expectativas esta medida del gobierno de Kirchner. La demagogia del gobierno con esta medida ha extendido la creencia que de ahora en más, la política del gobierno tendrá un contenido más «social». Pero esto no es cierto, y tarde o temprano tendrá la ocasión de percatarse del engaño.

Precisamente, en estos días, el gobierno tiene la oportunidad de contradecir nuestra posición. Ya que en los próximos dos años se van a ahorrar varios miles de millones de dólares en pagos de la deuda (porque se pagaron ahora) ¿por qué no anuncia una suba en los salarios de los empleados públicos, después de años de congelamiento? El Presupuesto de la Nación para el próximo año está en pleno debate en el Congreso, y no debería haber ninguna excusa para no tomar una medida como ésta. Y lo mismo se podría hacer con las jubilaciones y otros gastos sociales. Sin embargo, el gobierno ya descartó estas medidas.

Mucho nos tememos que en los próximos meses, los sectores empresarios afectados por impuestos a las exportaciones (retenciones), como los terratenientes, los frigoríficos, petroleras, etc. serán quienes presionarán al gobierno para obtener una reducción en esos impuestos, con la excusa de que las necesidades de la deuda disminuyeron; y es bastante probable que obtengan alguna satisfacción en este sentido, no así los trabajadores y jubilados que deberán volver a protagonizar importantes luchas en los próximos meses para tener la posibilidad de conseguir alguna concesión que mejore sus haberes.

Leyes, reglamentos e instituciones

Como siempre afirmamos, las leyes e instituciones del Estado capitalista están para ser aplicadas contra los trabajadores y el pueblo llano. Cuando se trata de destinar fabulosas sumas a los centros mundiales del poder se pasa por encima de la Ley de convertibilidad y del reglamento y la autonomía del Banco Central, se ignora la división de poderes y el Presidente resuelve sin consultar el destino de montos gigantescos que costaron años de hambre y sangre para juntarlos. Lo que demuestra que toda esa legalidad e institucionalidad son una mera fachada para mantener las apariencias, pero cuando se deciden cosas importantes como en este caso se pasa por encima de todas ellas sin ningún prurito, o sólo se emplean a fondo para dar luz verde a leyes antiobreras u obstaculizar y frenar cualquier medida progresista que represente un avance en las condiciones de vida de las masas trabajadoras. En esencia, la democracia burguesa permite a todo el mundo decir (más o menos) lo que quiera siempre que las decisiones fundamentales las tomen los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y multinacionales. Una futura democracia obrera que permita el control de la inmensa mayoría de la sociedad sobre los delegados representantes barrerá con estas instituciones tramposas y terminará con este manejo autoritario e irresponsable.

Perspectivas

El gobierno de Kirchner, por necesidad, se ha disfrazado con un ropaje de izquierda desde su asunción. Después de la crisis de dominación que tuvo su pico hace justamente cuatro años, las clases dominantes debieron poner en la conducción del país a un político “limpio” y con discurso “progre”. El “gobierno popular” se ha ido deshaciendo de sus aliados menos presentables: Béliz, Duhalde, Lavagna, y ahora dice que se independiza de las presiones del Fondo. Esto es una muestra de fortaleza y fuerte concentración del poder en sus manos.

Pero a su vez eso lo deja sin excusas. Ahora está obligado a mostrar de una vez por todas cual es su verdadero proyecto, ya que antes supuestamente debía negociar con esos sectores las medidas que tomaba.

Las mascaras se van terminando y Kirchner deberá mostrar sus cartas. Esa fortaleza también tiene otra cara: ya no quedan fusibles ni colchones que amortigüen los errores y problemas no resueltos. A partir de ahora todos los costos deberán ser asumidos por el gobierno y ya no quedan socios indeseables a los que culpar.

La hora de que los trabajadores empiecen a formular una política que resuelva realmente los problemas sociales se acerca y representa un desafío a los que desde la izquierda sabemos que eso sólo será posible mediante un programa socialista.