Frente a las movilizaciones populares que se están dando en varias provincias del Ecuador para oponerse a la firma del TLC y exigir la salida de la empresa petrolera norteamericana OXY, el gobierno transitorio de Alfredo Palacio decretó en horas de l Frente a las movilizaciones populares que se están dando en varias provincias del Ecuador para oponerse a la firma del TLC y exigir la salida de la empresa petrolera norteamericana OXY, el gobierno transitorio de Alfredo Palacio decretó en horas de la noche del día martes 21 de marzo de 2006 el estado de Emergencia en las zonas donde se han producido mayores protestas y bloqueos de carreteras por parte de campesinos e indígenas de la sierra central.

Las provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar, así como los cantones de Tabacundo y Cayambe, en la provincia de Pichincha, amanecieron bajo control de efectivos del ejército y de la policía que se dedicaron a despejar las vías para permitir la circulación vehicular. No obstante esto, y pese a la brutal represión desatada en contra del movimiento popular, la lucha no ha decaído. Los reportes periodísticos dan cuenta que en la provincia del Azuay también se han dado cierres de vías, mientras que en la de Los Ríos se han producido protestas por parte de los agricultores.

Las organizaciones populares han denunciado que el ejército ecuatoriano ha utilizado indiscriminadamente bombas lacrimógenas y balas de goma contra los manifestantes. De igual manera se informa que se ha producido la detención de varias personas y la intimidación a dirigentes indígenas y de derechos humanos por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Voceros del régimen de Palacio han insinuado que las movilizaciones estarían financiadas por ONG´S extranjeras y por el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, tal como lo manifestara el Secretario de Comunicación, Enrique Proaño en la cadena de televisión ECUAVISA, en entrevista sostenida con Carlos Vera. Este discurso demuestra el lacayismo del gobierno ecuatoriano a los mandatos de Washington, puesto que ha sido la administración de “mister Danger” la que acusado a Chávez de provocar la desestabilización de la “democracia” en América Latina. Asimismo los portavoces de Palacio han atacado a los dirigentes indígenas de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) de querer provocar el caos en el país.

Mientras tanto, los empresarios y representantes de las cámaras de industriales han levantado su voz de protesta debido a las millonarias pérdidas que estarían sufriendo producto de las movilizaciones. Mauricio Pinto, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha, ha señalado que “la protesta es de carácter ideológico y que no se quiere suscribir el acuerdo sólo por tratarse de los Estados Unidos”. El viernes 17 de marzo los empresarios realizaron una marcha en favor del TLC.

El canciller ecuatoriano, Francisco Carrión, manifestó en Estados Unidos que pese a las protestas que se llevan a cabo en el país para oponerse a la firma del TLC, el gobierno de Palacio continuará con las negociaciones para llegar a un acuerdo final.

La dirigencia indígena ha pedido a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que se convierta en mediadora en el conflicto, expresando además su voluntad de flexibilizar sus posiciones. Según información difundida en la página Web del periódico El Comercio, en carta dirigida a Alfredo Palacio el movimiento indígena le pide que “se levante el secretismo de la negociación del TLC, que se socialice lo que hasta ahora se ha negociado y que se abra un análisis con todos los sectores sociales, con participación de los que estamos en contra del TLC, para poder comprender mejor”. Asimismo se pide al mandatario la realización de una consulta popular, en un plazo máximo de tres meses, para tratar el tema del TLC.

Este jueves 23 de marzo de 2006 comienza la ronda XIV del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los representantes de EE.UU. y Ecuador.

La lucha debe continuar hasta la victoria final:

Los acontecimientos que ha vivido el Ecuador desde hace ya más de una década, demuestran que solamente con la lucha organizada y la movilización de los sectores populares se puede poner freno a la oligarquía vendepatria y a los gobernantes corruptos de turno que los representan.

Sin embargo, las lecciones que nos deja la historia de las revueltas populares contra los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, presidentes derrocados por la lucha popular, debemos analizarlas con detenimiento y paciencia, con el propósito de no cometer los mismos errores que en épocas pasadas.

Los trabajadores, campesinos, indígenas, jubilados, estudiantes que han participado activamente en las movilizaciones deben tener claro que la lucha no puede enfocarse únicamente contra los mandatarios de turno, sino contra el sistema económico y político que impera en nuestro país, porque en sus raíces se encuentran las causas efectivas por las cuales en el Ecuador existen la explotación, la pobreza, la desigualdad, la injusticia social y otros males generados por el capitalismo. No se puede por tanto ocultar lo que es evidente en la realidad.

En el Ecuador existe una confrontación, una verdadera lucha de clases entre la burguesía criolla, la oligarquía y los terratenientes contra los trabajadores y campesinos pobres del país. Los otros problemas que tienen que ver con cuestiones étnicas, culturales, ecológicas están atravesados, sobredeterminados por el patrón de interacción social principal que es el clasista que, por lo tanto, tiene un rango mayor que los otros.

Estos hechos fundamentales son los que oculta la clase dominante ecuatoriana para presentar los conflictos como el resultado de la falta de comprensión y entendimiento entre los diferentes sectores que forman parte del país.

En los medios de desinformación y en las instituciones académicas se habla de que en el Ecuador hay una crisis de gobernabilidad, de que el país es ingobernable, dejando atrás que la convulsión social se da como producto de las contradicciones internas generadas por el propio sistema capitalista ecuatoriano.

En el país 200 familias de oligarcas se han apropiado de los medios de producción y han usufructuado de la riqueza generada por los trabajadores, mientras el 80% de la población vive en la pobreza.

Los gobiernos de turno lo que han hecho es defender fielmente los intereses de la clase dominante ecuatoriana. En el Manifiesto del Partido Comunista Marx y Engels señalaron que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios de la clase burguesa.” Y eso es lo que sucede en el Ecuador.

Estos hechos hay que identificarlos adecuadamente para establecer un programa de lucha que permita construir una sociedad diferente a la capitalista, que no es otra que la sociedad socialista.

No puede pensarse que la lucha debe encaminarse únicamente para la consecución de ciertas conquistas democráticas puntuales. Esto tampoco significa que se deje de luchar por ellas. Lo que debe estar claro es que estas transformaciones sólo podrán ser llevadas a cabo en forma efectiva por los propios trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y jubilados. Esto implica que la lucha debe apuntar a la toma del poder y por ende al derrocamiento de la clase dominante y la destrucción de las instituciones del Estado burgués.

La historia de nuestro país nos demuestra que la burguesía sólo vela por sus intereses, que es enemiga de los trabajadores y aliada del imperialismo norteamericano. Por lo tanto las organizaciones populares del Ecuador deben asumir su verdadero rol en este proceso revolucionario y no ceder espacios a la burguesía, ni a otros sectores políticamente reaccionarios que plantean la alianza con quienes son sus verdugos.

Los llamados a la conciliación, al diálogo, a flexibilizar posiciones, a no conmocionar más al país que hacen los grupos económicos poderosos, la iglesia de los ricos y el gobierno a través de los medios del engaño, no son sino mecanismos para controlar la situación y apaciguar la protesta social. En este sentido pueden inclusive aceptar ciertas demandas para desmovilizar a los sectores que están en pie de lucha y así garantizar la defensa del orden institucional burgués. Todo esto no son más que estratagemas para continuar gozando de los beneficios del poder.

En esta trampa ha caído en muchas ocasiones el movimiento popular ecuatoriano, el mismo que debido a una falta de dirección política adecuada ha perdido oportunidades valiosas para derrotar a la oligarquía. Los dirigentes, los partidos reformistas han justificado su accionar, argumentando siempre que la correlación de fuerzas no ha sido favorable para las organizaciones populares.

La falta de un programa político de transformación social revolucionaria ha dado paso a que se impongan las tesis reformistas, sostenidas sobre todo por los sectores agrupados en la pequeña burguesía, así como por los partidos socialdemócratas y por figuras políticas que surgen de la noche a la mañana como líderes sociales que plantean que lo políticamente posible y correcto es luchar únicamente por la democratización de la sociedad, pero siempre dentro de los márgenes del sistema capitalista.

De igual manera, el extremismo izquierdista de algunas agrupaciones les ha llevado a aislarse de la lucha de masas. Asimismo los partidos de la llamada izquierda ecuatoriana se han preocupado más de salvaguardar sus intereses y no los de la clase trabajadora.

El movimiento popular ecuatoriano no puede ceder espacios a la oligarquía y caer en su juego conciliador. Además, más temprano que tarde, la burguesía se aprovechará de cualquier debilidad de las organizaciones populares para reprimir con dureza a la clase trabajadora. El Estado no es neutral, por lo tanto, como aparato de represión de la burguesía en la sociedad capitalista ecuatoriana, no deja de cumplir esa función en defensa de los intereses de la oligarquía.

En este sentido, no se puede renunciar a los principales planteamientos levantados por las organizaciones populares, so pretexto de poder alcanzar un acuerdo con el gobierno. Se debe exigir al régimen de Palacio que se llame a una consulta popular para decidir sobre: a) La firma o no del TLC; b) la salida de la OXY; c) la salida de la base militar norteamericana de Manta. No puede haber concesiones sobre estos temas.

Los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes deben organizarse en asambleas populares para discutir a fondo cada uno de estos puntos y además elaborar las líneas de acción necesarias para posibilitar el cambio estructural y supraestructural que requiere el país.

El llamado a una Asamblea Constituyente puede ser peligroso si previamente no hay una organización popular de este tipo que permita enfrentar a la maquinaria electoral de la burguesía y a sus líderes.

Al mismo tiempo es vital para el avance efectivo de la revolución ecuatoriana el fortalecimiento de los lazos de hermandad y solidaridad con el proceso bolivariano venezolano y boliviano, así como con la Revolución cubana. Unidos en la lucha podremos hacer frente a los ataques de las oligarquías vendepatrias, así como del imperialismo norteamericano.

El movimiento popular debe además nutrirse de una teoría correcta que le permita llevar adelante una praxis social revolucionaria consecuente. Las ideas de Marx, Engels, Trotsky, Mella, Mariátegui y el Che, nos dan esos instrumentos necesarios para la comprensión y transformación de la realidad imperante.