La expropiación de los campos de golf del Country Club por la Alcaldía Metropolitana de Caracas desató una brutal campaña de la burguesía venezolana y la oposición. José Vicente Rangel, Vicepresidente del Gobierno, leyó un comunicado en el que hablan La expropiación de los campos de golf del Country Club por la Alcaldía Metropolitana de Caracas desató una brutal campaña de la burguesía venezolana y la oposición. José Vicente Rangel, Vicepresidente del Gobierno, leyó un comunicado en el que hablando en representación de todo el gobierno dice no compartir la actuación. Ello está siendo utilizado por los medios escuálidos para incrementar la campaña contra las expropiaciones y contra el propio Barreto. La situación ha provocado sorpresa, indignación y un intenso debate entre las bases bolivarianas. Por su interés para este debate, publicamos la Declaración de Rangel y la posterior respuesta de Barreto.

Declaración de José Vicente Rangel, vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela

Caracas, 30 de agosto 2006

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela quiere dejar claramente sentado lo siguiente:

PRIMERO: El Gobierno Nacional no comparte la decisión adoptada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas a través de los decretos Nros. 000303, 000304, 000305, 000307 de fecha 24 de agosto del año dos mil seis (2006), publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano de Caracas, Ordinaria Nro. 00152 de la misma fecha, por los que declara la adquisición forzosa de los terrenos que en ellos se mencionan, por considerar que los mismos pudieran afectar normas constitucionales y legales de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: El Gobierno Nacional respeta y hace respetar el ordenamiento legal vigente y rechaza cualquier intento dirigido a socavar, provenga de donde provenga, la estructura del Estado de derecho. Es así como bajo ningún concepto acepta que el derecho de propiedad tal y como está concebido en la Constitución vigente, resulte de alguna manera vulnerado. Ya con anterioridad, ante algunos intentos para menoscabar ese derecho, provenientes de diversos sectores, ha procedido a restablecer la legalidad y a resguardar los derechos que asisten a los ciudadanos. Conviene recordar lo que señala la Exposición de Motivos de la Constitución Bolivariana, Capítulo VII, De los Derechos Económicos: "El derecho de propiedad se garantizará sin ambigüedades, sin obviar las consideraciones de utilidad pública e interés general, en tanto que la acción del Estado, considerada como esencial en la definición de un marco institucional apropiado para el crecimiento y el bienestar, está sometida al imperio de la ley". En todo caso corresponderá a los órganos jurisdiccionales competentes, a petición de partes, un pronunciamiento respecto al caso que nos ocupa.

TERCERO: El Gobierno Nacional no sacraliza el derecho de propiedad. Se acoge a lo que establece la Constitución del 99, a su carácter esencialmente social y al marco regulador claramente establecido en el ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica debe existir para todos los ciudadanos sin discriminación alguna y el Estado, por tanto, debe garantizarla.

CUARTO: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el Estado venezolano es una unidad, es decir, que todos los órganos del Poder Público son corresponsables en el desarrollo de las políticas públicas. El Ejecutivo Nacional desarrolla sus políticas en el marco del Plan de Desarrollo de la Nación, aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2001, Plan del cual se desprende una política de vivienda y hábitat orientada a la búsqueda del equilibrio territorial y la desconcentración poblacional. Esta política cuenta con un presupuesto asignado que no contempla recursos para la expropiación de los terrenos afectados por los Decretos emitidos por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.

QUINTO: El Ejecutivo Nacional ha venido estimulando la desconcentración poblacional de la ciudad de Caracas, tomando en cuenta el déficit en servicios y espacios públicos que la caracterizan, así como la necesaria protección de áreas verdes y de recreación de la ciudad.

SEXTO: Por instrucciones del Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante Hugo Chávez Frías, ratifico que el Gobierno Nacional es celoso de sus atribuciones y competencias consagradas en la Constitución Bolivariana, las cuales no delega ni comparte. El contenido de los Decretos mencionados es de la exclusiva responsabilidad de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.

JOSE VICENTE RANGEL

Prensa Vicepresidencia

Comunicado hecho público por el Alcalde Metropolitano, Juan Barreto

Compartimos las preocupaciones del gobierno central, en relación a la decisión adoptada por la Alcaldía Metropolitana. El alcalde mayor, Juan Barreto, asume plena y completamente toda la responsabilidad sobre esta acción del gobierno metropolitano. Por lo tanto, dicha medida no compromete a nuestro líder, el Presidente Chávez.

En segundo lugar, al igual que el gobierno nacional, respetamos el ordenamiento jurídico y fundamentalmente, la Constitución y las leyes. El derecho a la propiedad se garantiza y nosotros la garantizamos, sin obviar otras consideraciones que beneficien el interés general en tanto que la acción política del Estado Regional, como nuestra razón esencial en un marco institucional democrático, que está sometida al imperio de la Ley.

Es sobre la base de estas razones y de estos argumentos que, como Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, decidí abrir el debate sobre los espacios abiertos no utilizables del Área Metropolitana de Caracas. Tal como lo establece el comunicado del Ejecutivo Nacional, asumido por el Vicepresidente de la República.

El derecho a la vida que es un derecho inviolable y de él se desprenden otros derechos; la propiedad privada es un derecho derivado, y como tal compartimos el criterio del gobierno nacional, expresado muchas veces por nuestro máximo e indiscutible líder, el presidente Chávez, de no sacralizar a la propiedad privada.

Suscribimos el criterio de que el Estado venezolano es una unidad, lo que quiere decir también que alcaldes municipales y otras autoridades no pueden dictar al libremente, ordenanzas y reglamentos al margen de la Constitución y de las leyes, vulnerando derechos de los ciudadanos, sin tomar en cuenta el Plan Estratégico del Ejecutivo Nacional aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2001, plan del cual se desprende una política acertada de vivienda que está llevando a cabo el presidente Chávez.

Esta política acertada tiene en nosotros, desde nuestras competencias indelegables e indeclinables, más que un aliado un instrumento. Hemos asumido en el Área Metropolitana tal compromiso. En este sentido y en armonía con el Plan de Desarrollo de la Nación citado, presentamos al Consejo de Ministros para su aprobación y consideración, así como también al Gabinete Móvil Presidencial realizado en la ciudad de Los Teques en el año 2005, una visión de la ciudad y nuestros planes estratégicos; en igual sentido lo hicimos con la Comisión Ciudad de la Vicepresidencia de la República. Dicho plan fue acogido con beneplácito; lo mismo hemos hecho con el resto de las autoridades locales y las alcaldías menores del Área Metropolitana y con el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, los cuales conocen este plan.

Sin embargo, algunas autoridades locales insisten en desconocerlo y desarrollan políticas al margen de la Constitución y de las leyes del Estado. Compartimos también la necesaria desconcentración de la ciudad de Caracas, lo que obliga a que todos los organismos del gobierno concerten políticas con la Alcaldía Mayor, pues siempre hemos dicho que no somos otra cosa que el brazo ejecutor de las políticas del presidente Chávez en el Área Metropolitana por lo cual enarbolamos como nuestra consigna: CON CHÁVEZ UN SOLO GOBIERNO. Ello no hace más que reflejar la necesaria complementariedad entre las políticas que llevamos a cabo y las actuaciones del gobierno central en el Área Metropolitana.

Respetamos las atribuciones del gobierno nacional y sus competencias consagradas en la Constitución y, a su vez, como lo expresamos en el Teatro Teresa Carreño, los contenidos de los decretos antes mencionados son de nuestra exclusiva responsabilidad y corresponden a nuestras atribuciones y competencias.

Comprometidos como estamos con el Presidente Chávez, asumimos que todo debate democrático e institucional debe ser dentro del marco de la Constitución y de las leyes, debe asumir también la necesaria disponibilidad de los recursos.

En el Teatro Teresa Carreño, y en el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, asumimos que la adquisición forzosa de estos terrenos se llevaría a cabo con los recursos que adeudan ilegalmente algunas alcaldías menores del Área Metropolitana, recursos que montan a casi Un Billón de Bolívares lo que no solo alcanzaría para la adquisición de los terrenos sino también para la realización de un novedoso proyecto de desarrollo urbano de carácter recreativo, endógeno y habitacional para la clase media, por lo cual compartimos también la preocupación del Ejecutivo en cuanto a las obligaciones económicas presupuestarias contraídas con esta medida.

En este sentido, damos por sentado que contamos con todo el apoyo y el respaldo del gobierno revolucionario del presidente Chávez, para que a través del SENIAT y otros organismos como la Contraloría General de la República, se lleven a cabo todas las medidas pertinentes que coadyuven y faciliten el cumplimiento de la ley y de las obligaciones tributarias por parte de aquellos entes que, de manera flagrante, se han puesto al margen de la ley violando el artículo 135 del Código Orgánico Tributario.

Como se sabe, esos recursos pertenecen legalmente a la Alcaldía Metropolitana, la cual los administra en nombre del pueblo de Caracas, para su bienestar en salud, seguridad, vivienda y otras obligaciones como las deudas contractuales con nuestros trabajadores. Si logramos, con el esfuerzo de todas las instituciones, hacer entrar en razón a aquellas instituciones que se han puesto al margen de la Constitución y las leyes, no solamente contaremos con abundantes recursos para llevar a cabo felizmente este proyecto, que puede ser orgullo de la ciudad y de la gente del Área Metropolitana, sino que también mejoraremos la calidad de muchos otros servicios.

Entendemos que las observaciones y preocupaciones del Ejecutivo Nacional son de forma y no de fondo, porque como vemos, en una lectura atenta del comunicado desprendido de la Vicepresidencia, el texto no reprocha ni desaprueba la medida y recomienda revisar y hacer ajustes, por lo que corresponderá a los órganos jurisdiccionales, en este caso al Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse sobre el tema; por lo que le SOLICITAMOS UNA MEDIDA CAUTELAR que proteja la decisión de la Alcaldía Metropolitana, mientras se pronuncia sobre la cuestión de fondo, a fin de establecer si se afectan o no los intereses ciudadanos consagrados en la Constitución y las leyes; o si por el contrario, son otros organismos del Estado como algunas alcaldías menores del Área Metropolitana, las que vulneran esos derechos, por la vía de decretos y ordenanzas ilegales, cambio de zonificación y otras medidas que van en contra de la clase media y del pueblo en general.

Debemos recordar que desde hace 8 meses reposa en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud en relación a un Recurso Jerárquico que establezca con mayor claridad las bases de nuestras competencias y que cualquier pronunciamiento, en relación con esta medida cautelar, pese también porque se establezca una sanción jurídica firme en relación con dicha solicitud anterior, dado que por orden jerárquico este recurso prela sobre cualquier medida cautelar.

El contenido de los decretos de expropiación tal cual lo establece la ley, es responsabilidad de las autoridades locales así como del Gobierno Nacional. De modo que al Gobierno Nacional también le compete cualquier medida de expropiación que vaya en el sentido de beneficiar al pueblo. El comunicado del Gobierno Nacional nos llama a todos a la reflexión; como podemos observar no se trata de otra cosa que no sea establecer responsabilidades que permitan restituir el orden jerárquico, jurídico y político en el Área Metropolitana de Caracas. Los derechos como normas sociales, establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución, están por encima de los derechos individuales y de los derechos privados, más cuando se trata de beneficiar a cientos de miles de ciudadanos.

Las decisiones éticas en materia de política son cruciales; las instituciones y sus funcionarios existen para tomar decisiones a favor del pueblo, no para amparar la inacción y complicidad de aquellos que vulneran los derechos de la ciudadanía reteniendo impuestos y violando el ordenamiento jurídico, bajo el alegato de evitar, por la vía complaciente y en nombre de la paz, el antagonismo y la confrontación democrática antes que defender los derechos colectivos de la ciudadanía. Una decisión política tomada tiene en el fondo un sustento ético-político y el debate de fondo es el derecho a la redistribución de la tierra, el derecho al goce y a la vida, el derecho a construir una ciudad de todos y no a favor de la exclusión, acabando con los terratenientes de concreto.

Nos aferramos a la Constitución y al pueblo, así como nos aferramos al liderazgo del presidente Chávez. Apelamos al concepto weberiano de la acción responsable, es decir aquella práctica o acto institucional que restituye el poder originario constituyente del pueblo como medida ética de la política. Es la voluntad política la que gana la conciencia del pueblo y crea las condiciones para una Revolución Socialista y Democrática, no la conciliación sin principios. Esto lo compartimos plenamente con nuestro Presidente.

Una política de reconciliación y de paz social debe colocarse al interior de la vida, es decir asumir las contradicciones que existen en la sociedad. En la lucha política hay malos entendidos o puntos de vista confrontados y nuestro deber es mostrarlos en el ejercicio contradictorio y siempre tenso de las relaciones sociales que produce la vida.

Ningún evento político de la naturaleza que sea, puede perder de vista el problema ético: o estamos a favor de las mayorías del pueblo y actuamos en correspondencia con ella; o por el contrario guardamos silencio y optamos por la inacción o ausencia política (lo cual también es una política), para evitar cualquier ruido o confrontación, como nos ocurrió en la campaña de diputados y concejales.

Esto desmoralizó a nuestro pueblo. No vamos a bajar la cabeza ante los atropellos que se llevan a cabo en el Este de Caracas y asumir la necesidad de una paz sin principio que en nada beneficia al proceso revolucionario, porque supuestamente afecta las encuestas y asusta a un sector de la clase media.

Agradecemos al presidente Chávez todas las medidas y decretos llevados a cabo a favor de este factor de nuestra sociedad, las acciones en el campo venezolano en la lucha contra el latifundio y la exhortación a los alcaldes y gobernadores consolidan una política en cuanto al uso de las tierras ociosas.

En los últimos días las políticas de la Alcaldía Metropolitana han logrado una gran expectativa además de una significativa aceptación y movilización de nuestra golpeada clase media, sector afectado por la aplicación del modelo neoliberal salvaje en el Área Metropolitana. En apenas dos días más de 50 mil familias del Este de Caracas, por escrito, han solicitado la profundización de las medidas de expropiaciones.

Todo aquel que tenga sensibilidad, que comprenda y comparta las políticas emanadas por el Ejecutivo, por nuestro líder el presidente Chávez, comprenderá y compartirá nuestra posición, pues lo que está en juego es profundizar la Revolución a paso de vencedores, acompañando el apoyo popular de Chávez. Algunos quieren en nombre de la revolución, construir un modelo político que no tenga alcance ni contundencia como diría Marcuse "para que la revolución muera antes de realizarse".

Así como Caracas y de toda Venezuela nos vio rodilla en tierra en las calles el 11, 12 y 13 de abril de 2002, al lado del pueblo y el presidente Chávez, mientras otros se escondieron; así como el pueblo de Venezuela nos vio defender con firmeza el proceso revolucionario durante el paro golpista que acabó con la vida de cientos de venezolanos y casi arruina al país, así continuamos actuando.

En momentos difíciles del proceso revolucionario, algunos internamente, los mismos de siempre, los que hoy opinan igual que nuestros adversarios, exigían la renuncia del presidente Chávez y llamaban a conciliar y a negociar, allí no estábamos nosotros. De ese lado nunca estaremos.

Así, más allá de cualquier escaramuza o aparente desacuerdo del presente, nos verán siempre, ahora y en el futuro, al lado del pueblo y de su líder indiscutible el presidente Hugo Chávez, aunque nos estigmaticen con campañas mediáticas de liquidación moral y linchamiento político. Ni las intrigas ni las campañas mediáticas lograrán materializarse para divorciarnos de los intereses del pueblo y separarnos de Chávez.

Finalmente, felicitamos a nuestro líder el presidente por los éxitos logrados en su gira internacional y convocamos al pueblo de Caracas a acompañarlo en su llegada como reconocimiento por su liderazgo indiscutible.

PRESIDENTE, USTED MISMO LO DICE SIEMPRE, "LUCHAR POR LA VERDAD Y QUE PASE LO QUE DEBA PASAR, PARA LA VERDAD EL TIEMPO".

Juan Barreto Cipriani

Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas