El jueves 5 de octubre estallaron enfrentamientos violentos en la ciudad minera de Huanuni, Oruro (Bolivia), que dejaron 16 muertos y muchos otros heridos. Los enfrentamientos comenzaron cuando 4.000 “cooperativistas” intentaron ocupar la principal m El jueves 5 de octubre estallaron enfrentamientos violentos en la ciudad minera de Huanuni, Oruro (Bolivia), que dejaron 16 muertos y muchos otros heridos. Los enfrentamientos comenzaron cuando 4.000 “cooperativistas” intentaron ocupar la principal mina de Huanuni, y los 1.100 mineros que allí trabajan, organizados en la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos, FSTMB, defendieron la mina.

Las raíces de este conflicto se remontan a las derrotas de los mineros sufridas en los años ochenta después de heroicas luchas. Los mineros siempre han sido el sector más revolucionario y militante de la clase obrera boliviana. Trabajando en unas condiciones de explotación extrema estaban muy organizados. La FSTMB era una de las principales organizaciones de los trabajadores bolivianos y en 1946 aprobaron las famosas Tesis de Pulacayo que introducían objetivos socialistas en su lucha, y que sigue siendo el programa más avanzado adoptado jamás por los trabajadores en América Latina.

A mediados de los años ochenta, el gobierno de Paz Estenssoro introdujo un paquete de medidas “neoliberales”, pero de una manera similar al gobierno de Thatcher en Gran Bretaña, primero tenía que aplastar el poderoso poder de los mineros si quería ponerlas en práctica. En 1986 el movimiento huelguístico de los mineros fue aplastado y como resultado fueron despedidos más de 20.000 mineros. La fuerza laboral en la empresa minera propiedad estatal (que se había creado como resultado de la revolución de 1952) pasó de 30.000 a 7.000.

Miles de mineros y sus familias tuvieron que emigrar de las ciudades mineras porque las viviendas en las que vivían pertenecían a la empresa y no tenían ya trabajo. Muchos se trasladaron a la región tropical de Chaparé, donde se convirtieron en productores de coca. Con ellos llevaron sus tradiciones militantes y crearon sindicatos de campesinos que más tarde se convertirían en la columna vertebral del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Otros se trasladaron a El Alto, que en aquel momento también se convirtió en un lugar clave de la lucha revolucionario.

Finalmente, otros se agruparon y ocuparon las minas que habían sido abandonadas y que casi estaban agotadas. A lo largo del tiempo surgió una capa directiva en estas cooperativas que se enriqueció, pero la mayoría se convirtieron en mineros asalariados trabajando en unas condiciones mucho peores que las que tenían sus homólogos que seguían en Comibol, y sin derechos sindicales.

Los orígenes inmediatos del conflicto en Huanuni se remontan a 2002, cuando el gobierno boliviano retiró la licencia de la empresa privada que estaba gestionando la mina (la multinacional británica RGB). Desde entonces, los mineros de Huanuni han estado dirigiendo la mina bajo una especie de control obrero. Ayudada por el aumento del precio del estaño en el mercado mundial, se convirtió en una empresa muy rentable, dando al estado boliviano una fuente masiva de ingresos. Los 1.100 mineros de Huanuni producen 300-350 toneladas de estaño refinado al mes con unos beneficios anuales de 12 millones de dólares.

Fue precisamente el aumento del precio del estaño lo que intensificó la voracidad de la FEDCOMIN (federación de “cooperativistas”) que emplea a unas 60.000 personas en total. En los últimos años habían ya tomado algunas minas en Caracoles, y sectores de Colquiri y Vinto, que de esta manera eran privatizadas. La FEDCOMIN se ha convertido en un poderoso grupo de presión económica en las regiones mineras, llegando a acuerdos con los sucesivos gobiernos para garantizar su estatus y mantener la privatización de las minas. Como contrapeso a la poderosa FSTMB de izquierdas, que a su vez contrala la Confederación de Obreros Bolivianos (COB), los líderes del MAS formaron una alianza con la FEDCOMIN. De este modo, cuando Evo Morales ganó las elecciones en diciembre de 2005, a la FEDCOMIN se le dio el Ministerio de Minas, y uno de sus dirigentes, Walter Villaroel se convirtió en ministro y comenzó a gobernar a favor de las empresas “cooperativas” privadas a las que representa.

En septiembre, los representantes de la FEDCOMIN viajaron a Londres y se reunieron con Grant Thornton, la empresa de contaduría que actúa como liquidador de RGB, y que prometió la venta del contrato de explotación de RGB en la mina de Huanuni (en realidad RGB ya la había perdido).

Esto llevó directamente a los “cooperativistas” de la FEDCOMIN a intentar ocupar Huanuni el 5 de octubre y a los mineros a defender el carácter nacionalizado de la mina.
El sindicato de mineros hizo responsable al gobierno de Morales por los enfrentamientos, ya ellos habían avisado de antemano que este conflicto podría estallar. En realidad, los mineros de Huanuni habían llegado a un acuerdo con las organizaciones campesinas de la región para defender la mina, como parte de un plan para extender sus operaciones y crear 1.500 nuevos empleos.

Este es el punto esencial del problema. La FSTMB está luchando por la nacionalización de todo el sector minero y la refundación de Comibol como la única empresa minera estatal de Bolivia, bajo el control de los trabajadores.
Como resultado de los enfrentamientos de los últimos días, el Ministro de Minas, Villaroel, dimitió y el gobierno ha nombrado un nuevo ministro vinculado a los mineros sindicalizados. La FEDCOMIN ha anunciado que rompe su acuerdo político con el gobierno del MAS.

Este trágico conflicto es el resultado de las vacilaciones de la política del gobierno del MAS (explicados en el artículo "Bolivia en la encrucijada"). Cada medio paso que da para defender los intereses de los trabajadores y los campesinos, moviéndose contra los privilegios de la oligarquía y las multinacionales, se encuentra con una resistencia feroz. Enfrentado a esta resistencia, el gobierno del MAS, y particular el ala que está alrededor del vicepresidente García Linera, ha hecho concesiones (con relación a la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, la autonomía reaccionaria para las regiones orientales, la asamblea constituyente, etc.,).
Esta política sólo ha fortalecido la decisión de la derecha que ahora está acelerando su campaña contra el gobierno, con ataques diplomáticos internacionales, la histeria de los medios de comunicación, las movilizaciones reaccionarios en Santa Cruz, la “huelga” de los propietarios de autobuses de La Paz, los rumores de golpes militares, etc.

La única forma de salir del callejón sin salida, que amenaza con desmoralizar la base de masas de apoyo al gobierno de Evo Morales, es dar pasos serios adelante hacia la nacionalización de los recursos naturales del país, el gas, la minería y la tierra, ponerlos firmemente en manos de los trabajadores y campesinos. Si el gobierno de Morales quiere sobrevivir tiene que librarse de los elementos reformistas de derechas y basarse decisivamente en las organizaciones de trabajadores y campesinos para poner en práctica un programa socialista. Cualquier desvío de esto sólo fortalecería la decisión de la oligarquía y el imperialismo, desmoralizará a los trabajadores y campesinos, y en última instancia llevará a un baño de sangre.