l martes 16 de enero se celebró en Cochabamba un cabildo abierto (asamblea popular) de masas, es la tercera ciudad más grande de Bolivia, en el que se decidió destituir al prefecto (gobernador regional) y obligaba a los consejeros departamentales a i El martes 16 de enero se celebró en Cochabamba un cabildo abierto (asamblea popular) de masas, es la tercera ciudad más grande de Bolivia, en el que se decidió destituir al prefecto (gobernador regional) y obligaba a los consejeros departamentales a instalar una prefectura popular. Al hacer esto las masas, que desde principios de años estado en las calles, han pasado por encima de las cabezas de los dirigentes del MAS alejados de la mayoría de las organizaciones campesinas y sindicales, y han actuado directamente contra el consejo del gobierno del MAS que recomendaba calma, negociación y mantener todo dentro del marco legal.

Este el punto más álgido de una movimiento de masas que se ha desarrollado para conseguir la dimisión de los prefectos de La Paz y Cochabamba que se han estado al lado de los prefectos de la oposición de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (la media lucha de Bolivia) en su lucha por la autonomía del gobierno nacional del MAS y para defender su derecho a veto en la Asamblea Constituyente.
Un año después de la elección de Evo Morales (quien juró como presidente el 22 de enero de 2006), los recientes acontecimientos de Cochabamba y La Paz resumen las contradicciones a las que se enfrenta su gobierno. Morales fue elegido con una masiva mayoría producto de un largo período de lucha revolucionaria de los trabajadores y los campesinos, que se remontaba al año 2000. Este aumento del movimiento de masas ha planteado al menos en dos ocasiones la cuestión del poder: el Octubre Rojo de 2003 cuando el movimiento derrocó al odiado campesino Goñi Sánchez de Lozada; y el movimiento de mayo-junio de 2005 que derrocó a Carlos Mesa e impidió que la oligarquía impusiera a Vaca Díez en su lugar. Pero en el momento crucial, los dirigentes del movimiento no supieron qué hacer y la cuestión del poder no se resolvió a favor de los trabajadores. Esto permitió que todo el movimiento fuera canalizado hacia la política parlamentaria y se expresó en el voto de masas a Evo Morales en diciembre de 2005.

La forma en la que Morales y el MAS llegaron al poder creó una relación peculiar entre el movimiento de masas de los trabajadores y campesinos con el gobierno. Por un lado, el apoyo a Morales fue aplastante (más del 53 por ciento en todo el país), particularmente en aquellas zonas que habían sido el centro de la lucha revolucionaria en los años precedentes (más del 70 por ciento en zonas de El Alto, 66 por ciento en La Paz y un 64 por ciento en Cochabamba). Pero al mismo tiempo este apoyo estaba vinculado a las reivindicaciones del movimiento, no era simplemente un voto a Evo Morales, sino un voto a Evo como representante de las reivindicaciones del movimiento, la llamada Agenda Octubre, que incluía puntos calve como la nacionalización de los hidrocarburos, la reforma agraria, llevar a juicio a Goñi Sánchez de Lozada (responsable del asesinato de casi 100 manifestantes) y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Durante los últimos doce meses el gobierno ha intentado avanzar en algunos de estos temas mientras también intentaba no molestar demasiado a la oligarquía y las multinacionales, dando pasos adelante y después retirándose frente a las amenazas de los capitalistas y terratenientes, apelando a la movilización de masas pero siempre manteniéndola dentro del marco de la democracia parlamentaria. Este fue el caso con los hidrocarburos. El gobierno declaró su nacionalización y envió al ejército a los campos de gas y petróleo. Aunque esta fue sólo una medida parcial que no implicaba la expropiación de las multinacionales, éstas reaccionarios inmediatamente y aplicaron una presión despiadada sobre Evo y sus ministros (utilizando entre otras palancas el músculo del poderoso vecino Brasil), así que los detalles de la implantación del decreto no incluían ninguna adquisición real. Esto finalmente llevó a la dimisión del ministro Soliz Rada quien dijo que no estaba preparado a ceder.
El intento del gobierno de aplicar una reforma agraria progresiva aunque limitada, que sólo afectaría a los “latifundios improductivos”, y el principio de la distribución de alguna de la tierra propiedad del estado, provocó una respuesta furiosa por parte de la oligarquía terrateniente (principalmente basada en los departamentos de la media luna del “creciente” y con su feudo político en Santa Cruz), que hizo llamamientos abiertos y públicos a la creación de guardas blancas armadas para defender la propiedad privada de la tierra. La Unión Juvenil Cruceña se ha convertido en el ala fascista paramilitar de la oligarquía, realizando atacas e intimidaciones contra los activistas campesinos, sindicales y del MAS en esta región.
Con relación a la Asamblea Constituyente, el vicepresidente García Linera (el principal defensor dentro del gobierno de la idea del capitalismo andino) llegó a un acuerdo con la oposición para aplacarla. El acuerdo pretendía que la oposición limitara sus demandas de autonomía (una reivindicación totalmente reaccionaria que básicamente significa su derecho a no obedecer las leyes del gobierno nacional elegido democráticamente y mantener el control sobre los recursos naturales, concentrados en los departamentos donde ellos tienen mayoría) y a cabio tendría de facto derecho a veto en la Asamblea Constituyente, imponiendo una mayoría de voto de 2/3 para aprobar cualquier decisión. Lo que ocurrió fue que aunque el MAS una vez más consiguió una mayoría superior al 50 por ciento en la asamblea, no tenía los 2/3 necesarios para tomar decisiones.
En un intento de romper este punto muerto, a finales de agosto de 2006, los sectores del MAS más vinculados con las organizaciones campesinas, encabezados por Ramón Loayza, antiguo dirigente del sindicato campesino CSUTCB y portavoz del grupo del MAS en la Asamblea Constituyente, aprobó una seria de medidas que permitiría la votación de una nueva constitución por una mayoría del 50 por ciento más uno. Esto provocó enfrentamientos físicos en la Asamblea Constituyente y su boicot por parte de los representantes de la oligarquía. El gobierno del MAS apeló a las movilizaciones de masas, pero estas no eran parte de un plan general, sino que eran más como la apertura y cierre de la tapa de la movilización desde arriba.

Todas estas vacilaciones del gobierno animaron a la derecha y sembraron confusión entre las masas que apoyan al gobierno. La oligarquía fue capaz de recuperar el terreno perdido y pasó a la ofensiva. Lanzaron una campaña de movilizaciones de masas en Santa Cruz y otros departamentos del “creciente”, utilizando demagógicamente la bandera de la “autonomía” y azuzando una campaña reaccionaria contra el “indígena comunista Evo”, la “interferencia de Cuba y Venezuela”, etc., de la misma manera en que la oligarquía de Venezuela movilizó a las masas de las clases medias en la preparación del golpe de abril de 2002 y en el cierre patronal de diciembre de 2002. En Santa Cruz activistas sindicales y campesinos que intentaron resistir y organizar contra-movilizaciones se encontraron con una dura represión por parte de la policía y las bandas paramilitares. Esta campaña incluía “huelgas” (en realidad cierres patronales) e incluso una “huelga de hambre” por parte de los dirigentes de los “Comités Cívicos” de estas regiones en La Paz en el mes de diciembre.

Como respuesta el MAS movilizó a las organizaciones campesinas y sindicales en manifestaciones contra los prefectos de estos departamentos, y particularmente contra los prefectos de Cochabamba y La Paz, que se declararon abiertamente a favor de la “autonomía” y se pusieron al lado de la oligarquía. Esto enfureció a las masas de estos dos departamentos que habían votado abrumadoramente a Morales. El gobierno del MAS vio estas movilizaciones como una forma de conseguir una posición más fuerte en la mesa de negociación. Una vez más, intentando mantener dentro de los estrechos límites de la democracia parlamentaria, Evo Morales anunció la aprobación de una nueva ley que proporcionaría derecho a un referendo revocatorio a todos los niveles (desde los concejales al presidente, incluidos los prefectos). Esto fue un intento de dar una solución constitucional al punto muerto.

Pero la situación en Cochabamba se precipitó el 8 de enero con decenas de miles de personas, trabajadores, campesinos, sindicalistas, estudiantes, que habían estado sitiando la ciudad exigiendo la dimisión del odiado prefecto Reyes Villa, se encontraron con la dura represión por parte de la policía y las bandas paramilitares. Dos campesinos cocaleros fueron asesinados y docenas resultaron heridos. Esto enojó a las masas aún más y llegó a la quema parcial del edificio de la Prefectura. Este fue un punto de inflexión ya que para las masas ya no era cuestión de presionar a Reyes Villa y esperar un referéndum revocatorio en el futuro; ellas querían librarse de él en el acto. “Los dirigentes han sido superados y han perdido el control de las bases”, decía el viceministro Alfredo Rada, que pertenece al ala moderada del MAS.

Después de más represión el 11 de enero, el 12 se celebró un nuevo cabildo abierto masivo convocado por el Sindicato de Trabajadores Departamentales (COD) que incluía a organizaciones obreras y campesinas. El ambiente era de mucha rabia y decenas de miles de trabajadores y campesinos, armados palos y piedras gritaban: “El pueblo unido jamás será vencido”. Uno de los dirigentes del COD prometió que “frente a los asesinatos responderemos con ‘justicia comunitaria’”, y uno de los líderes cocaleros exigió que Reyes Villa “fuera colgado como Sadám Hussein”.
La voluntad de las masas era clara, se manifestaron cada día y asistieron a mítines masivos exigiendo el derrocamiento de Reyes Vila y que fuera llevado a juicio. Reyes Villa huyó a Santa Cruz temiendo por su vida. El objetivo del gobierno era diferente. García Linera repitió por todo el movimiento que Reyes Villa había sido elegido por votación popular y esto debía ser respetado. Evo Morales pidió “a los movimientos sociales que fueran vengativos” y que “respetaran la vida humana y buscaran soluciones dentro del marco de la democracia”.

En esta situación realmente caldeada se convocó un nuevo cabildo abierto el martes 16. Todo el mundo esperaba que la reunión tomara la decisión del derrocamiento de reyes Villa y le sustituyera con un nuevo prefecto. Esta fue la razón por la cual la reunión se había convocado y la gente ya estaba cansada de manifestarse cada día sin que llegara una solución. Miles de los presentes en estos cabildos son cocaleros que viajaron desde millas de distancia y habían estado durmiendo durante días en unas condiciones precarias en los locales sindicales y en las plazas de Cochabamba. Pero los líderes de algunas organizaciones campesinas y sindicales, alineadas con la dirección del MAS, no estaban dispuestos a romper con la “legalidad democrática” e intentaron que la reunión aprobara una resolución vaga que simplemente decía que Reyes Villa ya no era el prefecto pero que se debería buscar una solución constitucional.

Las masas emprendieron la acción directa, ocuparon el lugar donde se reunía el Consejo Departamental (con mayoría del MAS) y obligaron a los concejales departamentales a nombrar una nueva Prefectura popular encabezada por Tiburcio Herradas. El Concejal Departamental de Cochabamba, Díaz Estrada, describió los acontecimientos de esta manera: “Fuimos atacados y obligados a convocar una sesión para elegir un nuevo prefecto. Los concejales explicaron que esto era ilegal, pero había amenazas de linchamiento y nos vimos obligados a poner al nuevo prefecto”. Se estableció un nuevo gobierno departamental formado por delegados de 15 organizaciones. Como resultado de esta decisión los dirigentes de algunas organizaciones cocaleras hicieron un llamamiento a sus filas para que abandonaran la plaza.

Incluso hoy, no está muy claro cuál es la situación real en Cochabamba. El gobierno del MAS, principalmente a través del vicepresidente García Linera, ha salido claramente en contra de la decisión de proclamar un nuevo “prefecto popular”. En una conferencia de prensa le pidió a los medios de comunicación que “comprendan que una cosa es un cabildo de entre 80.000 y 100.000 personas, y otra es la firme decisión del Poder Ejecutivo de reconocer la legalidad de las autoridades elegidas democráticamente”. Insistió en que Reyes Villa aún era el prefecto de Cochabamba (incluso aunque él no está ni siquiera en el Departamento) e hizo un llamamiento al prefecto y las organizaciones sociales para que “se sentaran alrededor de la mesa y acercaran sus posiciones mediante el diálogo”.

Mientras tanto, se ha estado desarrollando un movimiento similar en El Alto y en La Paz contra el prefecto de La Paz, José Luis Paredes, que también se ha puesto al lado de la oligarquía y contra el gobierno, y este movimiento también es en apoyo de la lucha de Cochabamba. El 15 de enero la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y otras organizaciones obreras, campesinas y cocaleras convocaron un cabildo de masas que aprobó una resolución de seis puntos que merece la pena reproducir aquí en su totalidad:

“Resoluciones de la reunión abierta convocada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE) y la Central Obrera Regional de El Alto (COR-El Alto) celebrada en El Alto, 15 de enero de 2007:

1. Nosotros, el pueblo de El Alto, declaramos estar en una guerra a muerte hasta que consigamos la dimisión de los prefectos neoliberales y asesinos de masas, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes. Al mismo tiempo, apoyamos incondicionalmente a los cocaleros y campesinos de Cochabamba que han sido reprimidos violentamente.

2. Damos un plazo de 48 horas para que el prefecto actual del departamento de La Paz, José Luis Paredes, dimita voluntariamente de su puesto, de otra manera le expulsaremos junto con sus colaboradores mediante presión y otros actos de lucha.

3. La lucha enérgica de los alteños no se detendrá hasta que derrotemos a todos los prefectos neoliberales y su aparato represor y fascista, como los comités cívicos, las uniones juveniles y los prefectos de la “media luna”. [creciente].
4. El pueblo de El Alto se declara a favor de la lucha sin tregua por la unidad de Bolivia.

5. Nosotros, el pueblo de El Alto declara que estamos de pie y dispuestos a luchar para conseguir la derrota definitiva de la oligarquía y construir nuestro propio gobierno”.
Después de la declaración del “prefecto popular” en Cochabamba, las organizaciones de El Alto en una Reunión Ampliada de Representantes decidieron convocar una “huelga general con movilizaciones” el lunes 22. La resolución de seis puntos incluía la demanda de la dimisión del prefecto, la ocupación de los edificios de la Prefectura y la apropiación de la riqueza de Paredes, además de la expulsión de cualquiera de los dirigentes que traicionen el movimiento. También pusieron la responsabilidad de cualquier muerte o herido causado durante la movilización sobre los hombros del prefecto e hicieron un llamamiento para ocupar los medios de comunicación si mentían o distorsionaban lo que estaba haciendo el movimiento.

Esta resolución, una vez más, va directamente contra la línea del gobierno del MAS, con el ministro de movimientos sociales, Alfredo Rada, apelando directamente a las organizaciones de El Alto a “cambiar su actitud y buscar una solución legal a sus exigencias”, eso significa el referendo revocatorio.

Independientemente de cuánto dure este “prefecto popular” y cómo se resolverá la situación actual en Cochabamba y El Alto, esto refleja algo muy significativo. El hecho es que, frente a las provocaciones de la derecha, las masas se han cansado y están comenzando a tomar la situación en sus propias manos. En este aspecto la política de los dirigentes del MAS, y particularmente la de García Linera, es criminal, incluso desde el estrecho punto de vista de la supervivencia del propio gobierno del MAS. La única manera de responder a las provocaciones contrarrevolucionarias de la oligarquía es mediante la movilización de masas de los trabajadores y campesinos que votaron a Evo Morales, y su entusiasmo revolucionario sólo se puede desatar si ven un gobierno que está de su parte y que está firme contra la oligarquía y responde a las justas reivindicaciones de los trabajadores y campesinos. Cualquier vacilación y compromiso con la oligarquía sólo tendrá el efecto de sembrar confusión y desilusión en el movimiento de masas, y animará a la oligarquía para pasar a la ofensiva como demuestra claramente toda la experiencia de los últimos doce meses.
Como dijimos hace 12 meses (Bolivia después de la victoria electoral del MAS – Morales no puede servir a dos amos) sólo hay dos salidas para el gobierno Morales. Uno es basarse en la movilización de masas y la organización de los trabajadores y campesinos que le votaron, avanzar decisivamente para poner fin al gobierno de los capitalistas, los terratenientes y las multinacionales; la otra es hacer concesiones a la oligarquía, perder el apoyo de la base y ser destituido de manera violenta. El sueño del capitalismo andino no se puede conseguir. No hay posibilidad de desarrollar Bolivia dentro del marco del capitalismo. Esta debería ser la principal conclusión que debe extraer el movimiento del primer año de gobierno Morales.

La clase dominante es bien consciente de esto. Está armándose hasta los dientes y están reuniendo apoyo para resistir incluso la más pequeña de las reformas que el gobierno MAS quiere introducir. Como en Venezuela, donde la clase dominante organizó un levantamiento militar contra la introducción de las reformas más moderadas, la única manera de salvar al gobierno del MAS es a través de la movilización de los trabajadores y los campesinos en las calles. Estos han demostrado una y otra vez su disposición a sacrificar todo para conseguir su objetivo, un gobierno propio que controle los recursos naturales del país.

Como en Venezuela, la única alternativa es el socialismo y esto sólo se puede basar en la iniciativa revolucionaria y la organización de las masas. Los acontecimientos de octubre de 2003 y mayo-junio de 2005 demostraron claramente que las fuerzas movilizadas de los trabajadores y campesinos puede quebrar la voluntad de la oligarquía. Las apuestas están muy altas. No hay margen para la vacilación.