El propósito de este capítulo radica principalmente en analizar las políticas más importantes llevadas a cabo por el Gobierno Bolivariano con el objeto de determinar el carácter de la nueva república, tanto desde un punto de vista estructural como so
El propósito de este capítulo radica principalmente en analizar las políticas más importantes llevadas a cabo por el Gobierno Bolivariano con el objeto de determinar el carácter de la nueva república, tanto desde un punto de vista estructural como sobreestructural.
Ya hemos visto como Chávez heredó un país con profundos problemas sociales como consecuencia de la incapacidad de sus dirigentes para superar la posición histórica de Venezuela en la división internacional del trabajo. Un país siempre dependiente de la demanda de los centros industriales, especializándose para ello en la monoproducción de una materia prima que como el cacao en el siglo XVIII, el café en el XIX, y el petróleo en el siglo XX, sólo enriquecieron al capital internacional, a la burguesía nacional-comercial intermediaria y a los terratenientes que producían la materia prima a costa de la esclavización legal o ilegal de los trabajadores.
Dicha estructura productiva, desintegrada, importadora y desindustrializada llegó prácticamente intacta al Gobierno de Chávez. Llevar a cabo una verdadera revolución democrático-burguesa que supere las reminiscencias estructurales de origen colonial será el primer objetivo de este Gobierno.
4.1 Las Leyes Habilitantes
Recordemos que la Constitución reserva al Estado el derecho de expropiación bajo la cláusula de utilidad pública, en su artículo 115:
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Es en este marco donde se insertan las Leyes Habilitantes promulgadas en noviembre del 2001, la cuales fueron utilizadas como vimos anteriormente para justificar el golpe de Estado del 11 de Abril.
Del total de 49 Leyes, sólo comentaremos las tres más relevantes:
1) La Ley de Tierras: que otorga al Estado el poder de tomar “tierras privadas” y redistribuirlas, cuyos propietarios no pueden respaldar la posesión de las tierras con los títulos legales. Esta expropiación incluye también tierras que sobrepasan 5000 ha o se considere que son improductivas. De igual manera otorga al Estado el poder de decidir el uso de la tierra agrícola para lograr así una reforma agraria que garantice la soberanía alimentaria al pueblo venezolano.
2) La Ley de Pesca: que amplía la zona de protección costera de 3 a 6 millas, donde no se permite la pesca de arrastre, lo cual favorece a los pescadores artesanales y al equilibrio ecológico marino.
3) La Ley de Hidrocarburos: que revierte 20 años de liberalización y privatización en el sector petrolero. De acuerdo con la nueva ley se requiere mayoría gubernamental en todas las nuevas concesiones del sector petrolero y se eleva la regalía a las compañías petroleras, de 16,6% a 30% para poder ampliar y reforzar los programas sociales.
Como podemos ver, dichas leyes no son más que reformas democráticas que no tocan la propiedad privada de los medios de producción y benefician al capitalismo nacional. El ejemplo del latifundio es bastante ilustrativo, éste siempre ha sido un lastre para el desarrollo capitalista nacional, sin embargo, fue “abolido” por la revolución burguesa en Europa pero sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina.
Vamos a centrarnos por tanto en el análisis de la Ley de Tierras y en su aplicación, ya que es la ley más relevante de todas las Habilitantes al tocar el tema siempre polémico de la reforma agraria.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras, Venezuela importa más del 70% de los alimentos que se consumen a diario y que forman parte de la canasta alimentaria. Presenta además la particularidad de tener más del 80% de las tierras cultivables en manos de un 5% de los propietarios. Muchas de esas tierras fueron obtenidas al amparo de Gobiernos complacientes que, por décadas, atentaron contra el movimiento campesino y permitieron que se ocuparan ilegalmente grandes extensiones de terreno por personas que modificaron a su antojo los linderos y acapararon las mejores tierras del país.
Para revertir dicha situación, el Gobierno creó el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que asumió la tarea de revisar la situación legal de la tenencia de tierras y promover la organización de los campesinos.
La Ley de Tierras por tanto persigue el rescate de los latifundios sin título, la expropiación de los mayores de 5000 ha y los improductivos u ociosos, a cambio de una indemnización. Como vemos, dicha reforma no plantea la expropiación de los latifundios por el hecho de ser latifundios, es decir, no se plantea expropiarlos a todos independientemente si son productivos o no, y tengan o no tengan títulos. Es una reforma diríamos bastante moderada. A pesar de ello generó una reacción inmediata en los terratenientes que formaron y forman escuadrones de choque y cuyo resultado viene definido por el asesinato de más de 150 líderes campesinos desde que se aprobó la ley.
Debido a dicho conflicto entre el Gobierno, los terratenientes, y los campesinos, la aplicación de la ley apenas se pudo llevar a cabo en sus primeros años. El mismo Tribunal Supremo de Justicia que había indultado a los generales involucrados en el Golpe de Estado, anuló el 20 de noviembre del año 2002 a petición de la Federación Nacional de Ganaderos, los artículos 89 y 90 por ser “inconstitucionales”. Solamente una vez ganadas las sucesivas batallas electorales y no electorales, la reforma agraria se comenzó a aplicar gracias a la Misión Zamora y a la reforma de la misma Ley.
La Misión Zamora fue propuesta por Hugo Chávez Frías, en un acto multitudinario realizado el 10 de enero de 2005 en Caracas, con motivo de los actos conmemorativos de los 145 años de la muerte del prócer Ezequiel Zamora, cuyo objetivo radicaba y radica en reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación agrícola para erradicar el latifundio a través de la entrega de títulos de permanencia, cartas agrarias, créditos y maquinaria a todos los campesinos y campesinas.
Por otra parte, la reforma de la Ley de Tierras fue promulgada poco tiempo después, en mayo del 2005, e impulsada por la Asamblea Nacional con el objeto de incorporar aquellos artículos anteriormente eliminados así como mejorar su contenido. A partir de entonces se llamó Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siendo los artículos 7, 85 y 86 las aportaciones más relevantes. El artículo 7 modifica el concepto de latifundio:
“[…] se entiende por latifundio toda aquella tenencia de tierras ociosas o incultas, en extensiones mayores al promedio de ocupación de la región en la cual se encuentran ubicadas, en el marco de un régimen contrario a la solidaridad social. Se determinará la existencia de un latifundio, cuando señalada su vocación de uso, así como su extensión territorial, se evidencie un rendimiento idóneo inferior al 80 % […]”.
Asimismo con el artículo 85, el INTI puede dictar medidas cautelares de aseguramiento de las tierras susceptibles de rescate, siempre que sean adecuadas y proporcionales al carácter improductivo
o de infrautilización de la tierra.
Finalmente el artículo 86 establece que “la ocupación ilegal o ilícita de tierras con vocación de uso agrario no genera ningún derecho, por tanto la administración agraria no estará obligada a indemnizar a los ocupantes ilegales o ilícitos de las tierras susceptibles de rescate, por conceptos de bienhechurías”.
Por todo ello y respecto al ritmo de la aplicación de la Ley, tenemos que afirmar que ha sido y está siendo lento. Durante el año 2002 el Gobierno distribuyó muy pocas tierras, acelerando el proceso al año siguiente hasta entregar 1,5 millones de ha a 130 000 familias, lo que viene a ser alrededor de unas 11,5 ha de promedio por familia. En total y hasta principios del 2006 el INTI ha logrado entregar más de 3 millones de ha a través de 17 000 cartas agrarias, con sus respectivos créditos y maquinarias. Se han puesto en marcha más de 40 Fundos Zamoranos, que son unidades colectivas de producción, y se han detectado más de 300 latifundios, de los cuales sólo unos pocos han sido rescatados, es decir, recuperados por el Estado tras el apoderamiento ilícito, o expropiados cuando son legalmente privados pero improductivos, siempre mediante el pago de una indemnización a precio de mercado. Para este año 2006 se tiene previsto rescatar 1 500 000 ha.
En cuanto a la forma de llevar a cabo los rescates, a finales del 2005 se inventó un método que permite el diálogo y posterior acuerdo beneficioso para ambas partes, el “Método CHAZ”, nombre derivado del acuerdo suscrito entre Chávez y el hacendado Carlos Azpúrua, propietario de la finca La Marqueseña, ubicada en Barinas. Sin duda alguna podemos observar que la reforma agraria se está llevando a cabo lentamente y bajo un método que busca el acuerdo entre ambas partes. Todo ello está desesperando a una buena parte de los campesinos que ven cómo la burocracia reformista, corrupta y procapitalista existente en el seno de la administración bolivariana, se apoya en las deficiencias de la Ley para dificultar el avance de la revolución.
Veamos al respecto parte de una entrevista realizada por la Corriente Marxista Revolucionaria, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional que dirige el teórico marxista Alan Woods, al Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, la organización clasista más importante en el agro venezolano:
“CMR :¿Cuáles son a vuestro juicio los mayores obstáculos
para la aplicación de la [L]ey de [T]ierras?
FNCEZ: La burocracia y los intereses particulares que
hay dentro del mismo [G]obierno. […] Aquí hay un doble
discurso, hay un discurso teórico que lo escuchamos a partir
de los medios de comunicación y de los grandes medios
internacionales de lo que es la guerra contra el latifundio,
que estamos conscientes que lo hace nuestro Presidente de
la mejor manera. […]
Hay por ejemplo casos específicos de algunos directores de algunas ORT, [organizaciones regionales de tierras] que están conscientes del trabajo que se debe hacer pero que cuando van aplicar el trabajo de rescate de la tierra son llamados incluso del mismo Palacio de Miraflores de algunos personajes del [G]obierno: no toque a fulano, no toque a zutano, no toque aquella finca, porque ese es primo mío, es hermano mío , aquel es mi abuelo y ahí se traba lo que debe ser el avance de la consolidación de lo que debe ser el movimiento campesino. Nosotros tenemos por ejemplo en el Sur del [L]ago, que es objeto de las denuncias que hemos realizado por internet una situación en la que compañeros tienen una cooperativa conformada, con mas de 90 familias, articuladas y que tienen unos predios entregados por cartas agrarias donde tienen que colocarse a trabajar, donde tienen incluso financiamiento por FONDAFA, que es un organismo del Estado, incluso que se les ha entregado tractores, y , en el momento de ponerse a producir la Guardia Nacional no les deja.[…] CMR: ¿La Ley de [T]ierras es suficiente o hace falta algo más? FNCEZ: Nosotros no creemos en reforma agraria sino en la revolución agraria. Nosotros creemos que la propiedad de la tierra debe estar en manos del [E]stado. Pero los modos de producción y esas cadenas de comercialización deben estar en manos de los campesinos, de los trabajadores […]. No podemos seguir manteniendo una política de agricultura de puertos, tenemos la geografía suficiente para sostener alimenticiamente a nuestro pueblo y a otros pueblos. Nosotros hemos invertido vidas, sangre, sueños y verdaderamente este avance no nos lo van arrebatar ni el imperialismo ni esas personas que se han aburguesado desde dentro del [G]obierno. Queremos aprovechar esta tribuna, para que el [G]obierno nacional, el Presidente, tome cartas en el asunto con lo que tiene que ser el INTI […]. Nosotros no podemos ser uno de los pueblos más pobres sobre un mar de pobreza. Para que haya equidad tiene que haber socialización. Y eso quiere decir socialismo, nosotros no creemos en otra vía y allí es donde nosotros estamos luchando” (Entrevista realizada por la Corriente Marxista Revolucionaria al Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, 2005).
Como podemos observar dicha reforma agraria está siendo trancada y boicoteada por los sectores reformistas muchas veces vinculados a la misma oligarquía, causando desesperación en las masas campesinas. En este sentido tenemos que hacer mención al reciente caso de agresión sufrido por la dirección de dicha organización campesina. Ésta fue detenida y golpeada el 25 de mayo del 2006, en Sabaneta, Barinas, por efectivos de militares y policías bajo la acusación de contrarrevolucionarios paramilitares. Ello manifiesta la verdadera cara de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales, como dijo una vez Carlos Marx refiriéndose a la derrota del Gobierno obrero revolucionario de la Comuna de París en 1871, siempre están dispuestos a defender a los propietarios y no a los trabajadores, pues para eso fueron creados. Retomando esta consigna tenemos que advertir que si los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado están boicoteando la aplicación de la Ley de Tierras en el marco de la reforma agraria, podemos predecir cómo actuarán si el proceso político se radicaliza a la izquierda, es decir, hacia la revolución socialista. En este sentido y como nos enseña la Comuna de París, bajo el mismo aparato burocrático del sistema político anterior es imposible llevar a cabo ninguna revolución, para ello es necesario destruirlo y crear un nuevo aparato político-administrativo-militar que obedezca a los nuevos intereses de la nueva clase emergente, la clase obrera, junto a los campesinos, los sectores populares, los indígenas, la clase media progresista, los estudiantes y los intelectuales comprometidos.
4.2 Las Misiones
El afán del ejecutivo venezolano por resolver los problemas sociales de las mayorías, las cuales siempre habían sido excluidas por la institucionalidad cuartorepublicana, trajo consigo el lanzamiento de unas políticas alternativas dependientes directamente del ejecutivo y financiadas por las rentas provenientes del petróleo, las Misiones.
Se trata de un mecanismo que se ha inventado para esquivar la ineficiente burocracia estadal, que ha resultado ser un factor retardante y obstaculizador a la hora de tener que poner en práctica las políticas del Gobierno Bolivariano orientadas hacia las clases trabajadoras y campesinas siempre desfavorecidas.
Hasta el momento, y con la certeza de que van a seguir surgiendo más Misiones, podemos resumirlas de la siguiente manera:
1) Misión Barrio Adentro: El plan como tal fue iniciado el 16 de abril del 2003 en el marco del convenio Venezuela-Cuba. Consiste en llevar el derecho a la salud a todos los rincones del país, en particular a los barrios pobres que siempre fueron excluidos por razones económicas, racistas, etc. Se trata de un proyecto de salud integral llevado a cabo mediante consultorios y clínicas populares con personal médico cubano-venezolano donde los medicamentos y servicios son gratuitos. En junio del 2005, se inició la Misión Barrio Adentro II con el objeto de complementar a la primera, para ello se encargará de atender las enfermedades que requieren un nivel superior en complejidad y tecnología. Para ello se construirán Centros de Diagnósticos Integrales y Centros de Alta Tecnología, que funcionarán las 24 horas del día de forma gratuita, con servicios de hospitalización, emergencias y operaciones quirúrgicas. En cuanto a los resultados obtenidos hasta ahora tenemos que resaltar la eficacia de los mismos, pues según los datos de la institución, más de 15 millones de personas de un total de 26 millones han pasado por los consultorios de Barrio Adentro, salvando la vida a cerca de 30 000 personas. A su vez, gracias a la Misión Barrio Adentro II, se han practicado 4 620 000 exámenes de laboratorio, 368 000 consultas de emergencia, 709 000 ultrasonidos, 228 000 rayos X, 208 000 electrocardiogramas, y 820 pacientes han sido operados. En este mismo marco de cooperación Cuba-Venezuela y coordinado por Barrio Adentro, se puso en marcha en julio del 2004 la Misión Milagro, que tiene como objetivo operar en Cuba y poco más tarde en la misma Venezuela, a venezolanos y latinoamericanos con enfermedades relacionadas con la visión, en su mayoría cataratas. Hasta la fecha se ha intervenido a más de 120 00 personas, en su mayoría venezolanos, pero también colombianos (730), ecuatorianos (537), guatemaltecos (93), dominicanos (40) y salvadoreños (74), según datos de la Misión Milagros de marzo del 2006.
2) Misión Robinson: En honor al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, fue creada en julio del 2003 constituyendo así la primera de las misiones educativas. El objeto de la misma radica en abolir el analfabetismo en el país mediante un plan cívico-militar integrado por más de 100 000 facilitadores, que utilizando el método “Yo sí puedo”, creado por la profesora cubana Leonela Relys, y que consiste en ir de lo conocido (los números) hasta lo desconocido (las letras) fundamentándolo todo en la experiencia. El programa que se divide en 3 etapas: adiestramiento, enseñanza de lecto-escritura y consolidación, es llevado a todos los rincones de Venezuela para enseñar a leer y a escribir a todas las personas que no pudieron aprender en otrora. En principio dicha misión parece haber triunfado en sus objetivos, y decimos parece, porque la sensación que tenemos en la calle no es del todo muy optimista sin quitar por ello su importancia. La realidad es que el 28 de octubre del 2005, tras dos años y cuatro meses del inicio de la misión, Venezuela es declarada por la UNESCO territorio libre de analfabetismo, pues habiendo alfabetizado a 1 484 543 personas, el analfabetismo queda por debajo del 1% de la población, línea establecida por la dicha institución.
Como complemento de Robinson I, se lanzó el 28 de octubre del 2003 la Misión Robinson II, con el objeto de cursar los estudios primarios tanto por parte de los nuevos alfabetizados como para los que no pudieron terminar sus estudios de primaria en otro momento. El método audiovisual utilizado, “Yo puedo seguir”, tiene el objetivo de realizar una enseñanza relativamente rápida y didáctica que permita ajustarse a las necesidades de los cursantes. Este sistema de educación inclusiva se complementa a su vez con la Misión Ribas, que en honor al independentista José Félix Ribas es creada el 17 de noviembre del 2003 y destinada a los aspirantes a bachilleres, habiendo incorporado hasta el momento a 700 000 estudiantes. A su vez la Misión Sucre, que en honor al también independentista Antonio José de Sucre fue creada en septiembre del 2003 es destinada a los bachilleres, actualmente unos 400 000, que deseen cursar estudios universitarios a través de la Universidad Bolivariana, creada para tal fin. Estas misiones otorgan en total 400 000 becas al año de 100 dólares mensuales a los estudiantes con bajos recursos económicos. Sin menospreciar los logros obtenidos en dicha materia educativa, que son muchos y relevantes, no por ello podemos ocultar grandes deficiencias, en concreto nos referimos a la deficiente calidad de la enseñanza en los niveles Ribas y Sucre producto de la pésima selección de los docentes, en la que sigue primando la tradicional política de influencias y debido también a la escasa e irregular remuneración que reciben.
3) Misión Mercal: Creada oficialmente el 24 de abril del 2003 tras la situación de escasez producida por la huelga patronal, está destinada al sector alimentario, dependiente del recientemente creado Ministerio de la Alimentación. El programa consiste en construir almacenes y supermercados dotados con alimentos y otros productos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada. Los alimentos están subvencionados y llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios ofrecidos suelen tener un descuento de entre el 30 y el 45% de los observados en las otras cadenas de distribución. El programa se ha ampliado con los “Mercalitos”, que son establecimientos de tamaño más reducidos llamados coloquialmente Bodegas, y los Megamercal, que es un mercado improvisado en la vía pública de enormes dimensiones, en donde se ofrece un determinado día los productos propios, además de otros servicios sociales tales como cedulación, odontología, revisión de la visión y servicios de peluquería.
4) Misión Piar: Llamada así en honor al independentista, fue creada el 1 de octubre del 2003 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que conforman el sector de la pequeña minería. Implica la creación de cooperativas, comités de construcción de viviendas, recuperación medioambiental de áreas degradadas.
5) Misión Guaicaipuro: En honor al gran cacique indígena que luchó contra los españoles, nace el 12 de octubre del 2003, día de la resistencia indígena, con el objeto de restituir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo a la Constitución Bolivariana. En concreto se busca demarcar y titular las tierras de los indígenas y propiciar el desarrollo armónico, sustentable e integral de sus pueblos.
6) Misión Miranda: En honor al gran prócer Francisco de Miranda, fue creada el 19 de octubre del 2003. El objetivo de la misión se centra en la organización, captación, registro, control y reentrenamiento de la reserva de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para contribuir a la seguridad e integridad del espacio geográfico de la República. Además de ello debe cooperar en el mantenimiento del orden interno y en la participación activa del desarrollo nacional.
7) Misión Identidad: Creada el 3 de febrero del 2004, tiene como objetivo otorgar el carnet de identificación personal a todas aquellas personas, nacionales y extranjeros, que carecen de ella y por tanto no pueden ejercer los derechos formales fundamentales. La Misión Identidad hizo posible otorgar la identificación a más de 5 millones de personas, venezolanos e inmigrantes extranjeros con muchos años en el país, quienes obtuvieron por primera vez su cédula de identidad como primera condición para convertirse de excluidos en ciudadanos con derecho a participar tanto en los procesos electorales como en todos aquellos ámbitos de participación ciudadana.
8) Misión Vuelvan Caras: Llamada así en honor a una táctica del general José Antonio Páez en la Guerra de Independencia, nace el 12 de marzo del 2004 con el objeto de transformar la estructura productiva del país, crear empleo productivo y superar así la dependencia petrolera. Se puede considerar por ello como una de las Misiones más importantes, una Misión que trata de cualificar a todos los excluidos del mercado de trabajo para que pasen a ser trabajadores formales, para lo cual se requiere una estrategia a medio y largo plazo. En este sentido, sus participantes cursarán un plan de estudios que contempla dos ejes, uno sociocultural y otro socioeconómico, durante los cuales los participantes recibirán una beca salario.
Por otro lado es menester añadir que para la ejecución de los proyectos de la Misión se han determinado siete frentes productivos para la batalla contra la pobreza y la exclusión, estos son: frente agrícola, industrial, turístico, infraestructura, desarrollo de las industrias básicas y estratégicas del Estado, y por último el de servicios.
9) Misión Hábitat: Creada el 28 de agosto del 2004, tiene como objetivo solucionar el problema de la vivienda a millones de ciudadanos. Es impulsado a través del recién creado Ministerio de Hábitat y Vivienda para dar contenido así al artículo 82 de la Constitución que dice que:
“Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos”.
La realidad del hecho es que en estos dos años se han construido y entregado tan solo 16 000 viviendas. El problema según el ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, radica en la falta de capacidad productiva del sector privado de la construcción, es decir, la falta de materiales como tejas, cerámicas, machambrado y tuberías plásticas, que hace imposible llevar a cabo un gran plan de construcción de inmuebles. Como dice el ministro, dinero hay en concreto 10 billones de bolívares para este año 2006. Este hecho ilustra muy bien cómo un país que pretende llevar a cabo grandes reformas económico-sociales choca con un obstáculo fundamental, la propiedad privada de los medios de producción. Este obstáculo imposibilita llevar a cabo una planificación central de la economía al depender gran parte de la producción nacional de la inversión privada, nacional o internacional. De ahí se deriva la necesidad de crear empresas estatales en cada uno de los sectores básicos para garantizar por lo menos el suministro de estos productos. Al contrario de ello, tanto la producción de los materiales como la construcción de las viviendas está recayendo en el sector privado.
10) Misión Zamora: Creada el 10 de enero del 2005 en honor al federalista Ezequiel Zamora, tiene como objetivo dar contenido al mandato constitucional de abolición del latifundio, artículo 307: “El régimen latifundista es contrario al interés social”, así como impulsar la Ley de Tierras, es decir, distribuir a los campesinos las tierras rescatadas, expropiadas, o las que estén en manos del Estado con el objeto de hacerlas producir, garantizar la soberanía alimentaria y abolir el desempleo rural. Por otro lado, el 8 de enero del 2006 con motivo del cuarto aniversario del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Presidente de la República puso en marcha la Misión Zamora II, cuyo propósito se centra, además de la recuperación de tierras y lucha contra el latifundio, en la consolidación y creación de más fundos zamoranos como unidades colectivas de producción.
11) Misión Cultura: Fundada el 14 de julio del 2005, viene a impulsar y dar contenido al artículo 99 de la Constitución:
“Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurandolascondiciones,instrumentoslegales,medio y presupuestos necesarios. […]. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria de la Nación […]”.
Tiene como objetivo potenciar e incentivar la participación comunitaria en las actividades culturales para contribuir a la construcción de una sociedad democrática y participativa, sin exclusión social, con una visión cultural que refuerce la identidad nacional y libere al ciudadano del coloniaje ideológico.
12) Misión Negra Hipólita: En honor a la nodriza de Bolívar, nace el 14 de enero del 2006 con el objeto de rescatar de las calles a todos los indigentes, pobres extremos, enfermos y drogadictos. Para ello la misión busca crear casas de abrigo en el ámbito nacional para recibir a las personas y capacitarlas con la finalidad de hacerlas productivas para la sociedad. El Presidente juramentó a los Comités de Protección Social y Voluntariado, como ente comunitario organizador del trabajo y los exhortó a que realizaran un censo con la finalidad de conocer las necesidades de las personas que se encuentran en situación de miseria, así como formular propuestas encaminadas a solucionar cada problema. También señaló un plazo, el 5 de julio del 2011 como fecha tope para declarar a Venezuela territorio libre de miseria, mediante el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la población. Este tema es de suma importancia debido al gran número de indigentes que circulan por las calles del país y que hasta el momento no había sido atendido desde que Chávez tomó el poder. Recordemos que al poco tiempo de ganar las elecciones prometió no descansar hasta recoger a los niños de las calles, promesa incumplida hasta el día de hoy. 13) Misión Ciencia: Creada el 19 de febrero del 2006, resulta ser la última de las Misiones establecidas por el Gobierno Bolivariano hasta el día de hoy. Su objetivo radica en fomentar el desarrollo integral e interdisciplinar del conocimiento científico y tecnológico para alcanzar mayores niveles de soberanía e independencia respecto de los centros de poder industriales.
Como podemos observar dichas misiones constituyen todo un paquete programático destinado a solventar tanto los problemas más estructurales como los contingenciales. Sin duda alguna, nadie puede negar el esfuerzo reformista del nuevo Gobierno Bolivariano, ni por parte de la izquierda y ni por parte de la derecha; negarlo constituye una gran hipocresía. A pesar de ello tenemos que afirmar que los resultados no han sido suficientes para transformar la estructura socio-económica del país, que todavía vive en su mayoría en la pobreza, el desempleo, la indigencia, la inseguridad, y en la dependencia externa tanto de productos primarios como secundarios. Ante ello habría que preguntarse por qué casi todos los problemas fundamentales siguen igual que antes, exceptuando los logros contra el analfabetismo y la atención médica primaria primordialmente. A nuestro parecer, son varios los motivos. El más importante es el hecho de utilizar el petróleo como renta para dar por ejemplo becas, hacer casas o entregar créditos, en vez de poner a todo el pueblo a trabajar para construir infraestructuras, industrias de toda índole y desarrollar una agricultura intensiva y diversificada con el objeto de superar la dependencia, suplir las importaciones, fortalecer el mercado interno, crear plusvalía y por tanto empleos fijos y de calidad. El problema radica fundamentalmente en que para llevar a cabo este programa tendríamos que poseer los medios productivos y financieros necesarios para planificar democráticamente la economía y poner a todo el pueblo a trabajar. Por ahora la Misión Vuelvan Caras, la Misión Piar y la Misión Zamora, constituyen los principales elementos dinamizadores en ese sentido, pero desgraciadamente estamos viendo cómo estas misiones no están siendo suficientes para que notemos cambios generales en la sociedad venezolana.
4.3 Las ocupaciones de fábrica
y el despertar de la clase obrera: La punta de lanza de la revolución
Con el primer decreto de expropiación de la gran empresa Venepal llevado a cabo por el Presidente Chávez el 19 de enero del 2005, después que los trabajadores la ocuparan tras el abandono del propietario, se dio el gran paso adelante de incorporar elementos socialistas a la Revolución Bolivariana, que hasta entonces se había limitado a la implementación de una serie de reformas encaminadas a la profundización y mejoramiento de la revolución democrático-burguesa, a saber: Leyes Habilitantes y Misiones. Fue en ese contexto cuando el Presidente Chávez lanzó el 27 de febrero del 2005 en su programa Aló Presidente nº 214, la consigna del nuevo rumbo que debe tomar la revolución, el socialismo, pero uno nuevo que tenemos que inventar, democrático, ecológico y participativo. Sin dejar muy claro los aspectos centrales de ese socialismo, es decir, el tema de la socialización de los medios de producción y el tema de la nueva sobreestructura político-administrativa, abrió e incentivó el debate a nivel popular e institucional para ir inventando este nuevo socialismo. Es en ese momento cuando se empieza a delimitar más claramente la fractura existente en el seno del proceso revolucionario bolivariano, a saber: los que desean que se respete la propiedad privada productiva y se mantenga la actual organización político-administrativa burguesa, representativa y jerárquica, y por otro los que tienen claro que el nuevo socialismo no puede prescindir del aspecto central del mismo, es decir, el control económico y político por parte de toda la clase trabajadora como conditio sine qua non para planificar y organizar una nueva sociedad en función de sus intereses. Si no es así simplemente el socialismo del siglo XXI sería una falsa frase demagógica.
La propiedad privada de los medios de producción, es decir, la banca, las principales industrias y la tierra administradas por un puñado de empresarios es y seguirá siendo mientras no se les expropie, el principal obstáculo para el desarrollo del país y de la revolución. Este poder económico permite a los capitalistas sabotear la economía nacional, cerrar empresas y especular con los precios y la escasez de insumos. A través de los medios de comunicación mantienen una presión mediática permanente contra el Gobierno, conspirando junto al Departamento de Estado y la CIA con el objeto de derribarlo.
El paro petrolero puso de manifiesto lo parasitario e inútil que es la oligarquía capitalista y cómo la clase obrera, a causa de su papel central en la producción nacional, es la única clase que puede unificar a todos los explotados en una misma dirección y garantizar que la revolución se complete “rumbo al socialismo”.
Como dijo una vez acertadamente el Presidente Chávez parafraseando a Lenin, estamos en una situación en la que “lo nuevo lucha por nacer y lo viejo se resiste a morir”. En la economía, la sociedad, el Estado, e incluso en el seno del propio Gobierno, vemos sectores que, con más o menos contradicciones, reflejan la presión de lo nuevo y de lo viejo. Si la burocracia lograse imponer sus políticas significaría el fin de la revolución.
Para que la Revolución Bolivariana se complete y pueda triunfar es necesario que la clase trabajadora entre decisivamente en escena y termine con el capitalismo en Venezuela de un modo revolucionario, esto es: a través de la toma y ocupación de las empresas cerradas e infrautilizadas y exigiendo su expropiación y estatización bajo control de los trabajadores, como un primer paso para la extensión y nacionalización bajo control obrero de todas las industrias básicas, la banca y los latifundios, así como extender la democracia y el control social a las mismas instituciones estatales con el objeto de destruir todo el aparato del Estado burgués y poder elaborar así un plan democrático de toda la economía en su conjunto y resolver de un plumazo los problemas sociales en Venezuela.
En realidad ese proceso se ha iniciado en la actualidad, miles de trabajadores en toda Venezuela al calor de la expropiación de Venepal se han lanzado a la ocupación de sus empresas cerradas, en quiebra o en conflicto permanente y están demandando al Presidente Hugo Chávez la expropiación de las mismas, su nacionalización y puesta en producción en régimen de cogestión entre los trabajadores y el Estado. Este despertar de la clase obrera, al contrario de las ideas postmodernistas y postmarxistas, sigue siendo el sujeto natural revolucionario mientras el capitalismo siga siendo capitalismo. La lucha de clases mundial se está exacerbando cada vez más como una corriente de aire en ascenso donde la actualidad de la revolución y sus sujetos naturales vuelven a la palestra para aprender de las derrotas pasadas y organizar las nuevas luchas contra el capital y por el socialismo. Analicemos cómo ha sido y cómo se está desarrollando esta punta de lanza de la revolución: las ocupaciones de fábrica.
Después de la derrota del cierre patronal los empresarios de Venezuela cerraron muchas fábricas y empresas por razones políticas y no económicas, perdiéndose por ello más de 200 000 empleos. Poco después de este cierre generalizado de fábricas, los trabajadores comenzaron a ocuparlas y ponerlas en funcionamiento. La lucha más avanzada en ese momento fue Venepal, Venezolana de Papel ubicada en Morón, estado Carabobo, siendo una de las empresas más importantes del sector privado nacional, tenía 1600 trabajadores que luego fueron reducidos a 600 a raíz de la crisis, y a 300 durante la toma. Entre los accionistas había empresas norteamericanas y varios de los directivos estaban entre los protagonistas del Golpe del 11 de Abril.
La empresa tenía una deuda acumulada de 100 millones de dólares, de ellos el 60% con bancos internacionales, como la Citybank y Manhattan Bank y el 40% con la banca nacional; además debía otros 30 millones de dólares al Estado venezolano en concepto de impuestos sobre la renta. Ante tal situación los propietarios alegaron que la empresa no podía seguir adelante, pero en realidad formaba parte de un plan de saboteo. El cierre de la empresa motivó a la clase obrera de Morón a tomar el control de la fábrica y ponerla en funcionamiento bajo control de los trabajadores.
Gracias al trabajo político de varias organizaciones, entre ellas y si cabe la más importante, la CMR (Corriente Marxista Revolucionaria), una organización marxista que está llevando a cabo un fabuloso trabajo en el seno del movimiento obrero en Venezuela y a nivel internacional con la Campaña Manos Fuera de Venezuela y Cuba, los trabajadores de la empresa tomaron como suya la reivindicación del control obrero y la nacionalización. El 19 de enero de 2005, luego de varios meses de lucha la empresa fue expropiada por decreto presidencial y Chávez anunció que funcionaría en cogestión bajo control obrero. Ahora la cooperativa de trabajadores posee el 49% de la planta y el Estado el 51%, para garantizar su carácter estadal. Los trabajadores eligieron a los directores y el Ministerio envió a dos representantes para que compartieran la experiencia de dirigir la fábrica.
Sin embargo, han surgido problemas. Una asamblea de trabajadores decidió disolver el sindicato y esperan comprar la parte de las acciones propiedad del Estado para convertirse en los propietarios de la empresa y mantener los beneficios conseguidos por la producción.
Alexis Hornevo, miembro del consejo de administración de Invepal, Industria Venezolana Endógena de Papel, su nuevo nombre, dijo a principios de 2005 en el Encuentro Internacional en Solidaridad con la Revolución Venezolana, que como los trabajadores ya no tenían empresarios entonces no necesitaban un sindicato.
Por otro lado y de acuerdo con la Constitución, la cooperativa de trabajadores puede legalmente aumentar su 49% de acciones hasta el 95%. Para que se pueda evitar este tipo de cosas la propiedad de la empresa debe estar en manos del Estado y el control de la misma en manos de los trabajadores, sólo así los beneficios de la producción revierten en la sociedad y no sólo en ellos mismos, de lo contrario al final lo que tendríamos sería un sin fin de cooperativas que luchan entre sí en el mercado capitalista, enriqueciendo a unos y empobreciendo a otros.
El socialismo no tiene nada que ver ni con la autogestión anarquista pequeño-burguesa, que hace recaer la propiedad de una empresa en manos de unos cuantos trabajadores, ni con el cooperativismo, pues estas no modifican en realidad la naturaleza de la empresa capitalista, la búsqueda de beneficio. Las cooperativas o la autogestión, cuyo caso más paradigmático lo podemos ver en la Yugoslavia de Tito, no permiten planificar democráticamente y centralmente la economía a la vez que los beneficios no redundan en la sociedad sino en los mismos trabajadores, creando desigualdades insalvables entre ellos mismos.
Por otro lado tenemos que resaltar que el problema de la ex-Unión Soviética, muchas veces achacado, no era el centralismo de su planificación, sino la burocratización del centralismo a costa de la democracia obrera, la abolición del control obrero por parte de aquella caricatura socialista, que fue el estalinismo. Sin embargo, la misma Unión Soviética en sus primeros años, nos muestra de una forma ejemplar cómo se debe llevar a cabo la administración de una empresa bajo gestión obrera, a saber: un tercio formado por trabajadores de la industria a través de sus sindicatos, un tercio del consejo representando a la clase obrera como conjunto, elegido a través del órgano central sindical, y el otro un tercio representando al Estado. De esta manera se puede llevar a cabo un plan nacional central y democrático defendiendo los intereses de los trabajadores como clase en su conjunto, y siendo capaz de reconocer las necesidades de la economía y la sociedad como un todo.
La cogestión y el control obrero, claro está, difieren de esta gestión obrera, pues mientras en aquélla la propiedad no reside en el Estado en su totalidad o en nada, en la gestión obrera toda la propiedad está en manos del Estado, es decir, de la sociedad, y mientras en aquélla el control obrero se da de forma aislada y de abajo hacia arriba, en la gestión obrera se da de forma coordinada de arriba hacia abajo. En definitiva, nos referimos al muchas veces criticado y otras tantas veces mal interpretado “centralismo democrático”. Sin duda, este tipo de organización del trabajo debe ser el objetivo en Venezuela, y para ello es necesario nacionalizar todas las industrias básicas, los bancos y los latifundios, poniéndolos a producir bajo una gestión obrera coordinada. El camino lo empezó Venepal y ahora existen varias empresas más que han sido nacionalizadas, así como algunas decenas en lucha y más de mil con perspectivas de ser ocupadas.
La segunda empresa en ser expropiada y nacionalizada resultó ser la Central Nacional de Válvulas, ubicada en el estado Miranda. El día 9 de diciembre de 2002 el empresario Andrés Sosa Pietri, propietario de la Constructora Nacional de Válvulas, decidió apoyar al paro petrolero indefinido impulsado por la casta burocrática que dirigía PDVSA para ese momento, la confederación patronal y la dirigencia sindical corrupta de la CTV, con el objeto de derrocar al Gobierno de Chávez. Derrotado el paro petrolero en febrero del año 2003, Sosa Pietri mantiene cerrada la empresa y se niega a pagar a los trabajadores cualquier tipo de indemnización. Ante esta situación los trabajadores deciden conformar un Comité de Conflicto y en mayo de ese año 2003 toman la entrada de las instalaciones de la fábrica. Sosa Pietri, utilizando sus influencias y su poder económico, logró que el poder judicial obligara al desalojo de los trabajadores, medida que no se llevó a cabo por falta de apoyo policial para expulsar violentamente a los obreros de las instalaciones de la fábrica.
Finalmente, después de más de dos años de intensa y desesperada lucha, el Presidente Chávez el 27 de abril del 2005 decretó la expropiación de la empresa y su nacionalización bajo régimen de cogestión, siendo el 51% de las acciones para el Estado y el 49% de la cooperativa de trabajadores, exactamente igual que pasara con Venepal. Al igual que le ocurriera a ésta, la nueva empresa cambiaría su nombre por Inveval, Industria Venezolana Endógena de Válvulas.
Se inicia así un proceso de ocupaciones que coloca a la clase obrera como vanguardia de la revolución.
La tercera empresa en poner en funcionamiento la cogestión fue Invetex, Industria Venezolana de Textiles, ubicada en Tinaquillo, estado Cojedes. Aquí los reformistas pusieron su sello más directamente. La sociedad se constituía entre el Estado con el 51% y el capitalista Mishkin con un 49%, con la idea de que en un futuro cercano las acciones del Estado pasarían a manos de los trabajadores. Ha pasado más de un año y Mishkin pone un obstáculo tras otro para que la sociedad no se forme. Los trabajadores llevan ya varios meses sin desarrollar ninguna labor productiva en la empresa y ni siquiera las instalaciones de ésta han podido ser convenientemente recuperadas. La hilandería de Tinaquillo, cerrada hace 14 años por el propio Mishkin, sigue paralizada.
Este sistema de gerencia compartida también ha sido introducido en industrias dirigidas por el Estado como en el caso de la planta estatal de procesamiento de aluminio Alcasa, localizada en el estado industrial de Bolívar. Alcasa había sido amenazada con la privatización, su fuerza laboral había sido reducida y a pesar del potencial de ganancias, la compañía había estado en pérdidas por 16 años a causa de una gerencia corrupta.
En enero del 2005, los trabajadores demandaron que la gerencia fuera reorganizada y que fuera introducido un sistema de gerencia compartido. Trino Silvio, secretario general del Sindicato de Alcasa, habló en una entrevista con Marta Harnecker el 28 de marzo del 2005 acerca de algunas de las propuestas que el sindicato estaba discutiendo.
Las propuestas incluían una junta directiva de 14 personas representantes de los trabajadores, del Gobierno y de la comunidad. Además, ellos propusieron que el gerente no debería recibir ningún aumento salarial y que no debería haber ningún privilegio asociado con esa posición.
Como vemos los trabajadores de Alcasa tienen muy claro lo que debe ser una cogestión revolucionaria. Edgar Caldera, otro de los dirigentes sindicales, ha dicho lo siguiente:
“Si hay algo que los trabajadores deben comprender claramente es que nuestra cogestión no se puede convertir en un arma para profundizar el carácter explotador del modo de producción capitalista. No podemos repetir la triste historia de Europa, donde el sistema de cogestión fue utilizado para librarse de los derechos de los trabajadores y sus derechos adquiridos. La cogestión que hemos comenzado a aplicar en Alcasa no tiene nada que ver con esto. Se trata de una emancipación genuina de nuestra clase, basada en los principios revolucionarios de Marx, Rosa Luxemburgo, Gramsci y Trotsky, entre otros. Se trata de crear un modelo de cogestión con el objetivo de transformar el modo de producción capitalista, que está basado en la explotación del hombre por el hombre, en un modo de relaciones sociales basado en los principios de la cooperación, solidaridad, justicia, igualdad, co-responsabilidad y el bienestar común de los trabajadores y la población en general” (Corriente Marxista Revolucionaria, 2005).
Por otro lado, esta cuestión de la gerencia compartida, sus beneficios y limitaciones, está siendo bien discutido y analizado por las fuerzas más progresistas en el movimiento laboral venezolano. Orlando Chirino, uno de los siete coordinadores nacionales de la Unión Nacional de Trabajadores, (UNT), habló el 4 de abril del 2005 acerca de la gerencia compartida en una entrevista con Aporrea.org. Dijo lo siguiente: “En este momento estamos pasando por esta fase. Pero nosotros debemos cuestionar las relaciones capitalistas de producción y avanzar hacia el socialismo”.
Estas expropiaciones y nacionalizaciones bajo régimen de cogestión han despertado a la clase obrera venezolana que ha iniciado un proceso casi masivo de ocupaciones de sus fábricas cerradas o en conflicto, exigiendo al Gobierno su nacionalización. Veamos algunos casos donde actualmente los trabajadores se encuentran en la lucha por la nacionalización de sus empresas:
1) El caso de los trabajadores portuarios de Puerto Cabello: Desde el año 1991, todos los trabajadores portuarios de la ciudad de Puerto Cabello están siendo vulgarmente explotados por los Recursos Humanos que fueron creándose desde la privatización del extinguido Instituto Nacional de Puertos (INP), el cual era manejado por el Gobierno nacional. Desde esa fecha, los miles de trabajadores quedaron desamparados en manos de las grandes corporaciones privadas y de las empresas intermediarias (Recursos Humanos) que manejan a su voluntad a los trabajadores, violándoles todos los derechos humanos y laborales constitucionalmente establecidos en la República Bolivariana. Los trabajadores están demandando al ejecutivo que expropie a las empresas y las nacionalice en régimen de cogestión. 2) El caso de los trabajadores de la empresa textil Sel-Fex: Esta empresa textil que elabora prendas de trajes de baño en el estado Miranda, cerró sus puertas el pasado 12 de diciembre de 2005 luego de declararse en quiebra. Desde esa fecha, los 240 trabajadores, en su mayoría mujeres, han resguardado los bienes de esta compañía como las maquinarias textiles. Según el secretario de tesorería del sindicato Sutratex, Elpíreo Rojas, la empresa venía de tener buenos índices de producción. No obstante, la compañía quebró por mal manejo administrativo. Ante esa situación solicitaron a la Asamblea Nacional gestionar la expropiación de la empresa o la aplicación del esquema de cogestión entre los trabajadores y los empresarios. 3) El caso de los trabajadores de Laboratorios Gamma, estado Aragua: 111 trabajadores de la empresa decidieron paralizar sus actividades al no lograr respuesta por parte del patrono a sus reclamos de cumplimiento de las mínimas condiciones de trabajo. Laboratorios Gamma, con unos 24 años de existencia, inició sus actividades de producción de artículos de limpieza en el estado Carabobo, para luego trasladarse al Sector La Maca de Maracay, donde está ubicada actualmente. Su propietario, el Sr. Luis Eduardo Pérez Rendil, se vale de un testaferro, el Sr. Gabriel Armas, para eludir responsabilidades. Según Neyla Páez y José Rivas, directivos del sindicato, la empresa ha incumplido de manera permanente todas las disposiciones legales, habiendo graves deficiencias en materia de seguridad industrial de manera que han ocurrido accidentes laborales y los trabajadores padecen constantemente de afecciones causadas por la exposición a un ambiente insalubre y la ausencia de dotación de uniformes y dispositivos de seguridad (zapatos de seguridad, lentes, guantes, mascarillas, etc.), así como el incumplimiento en la creación del Comité de Higiene y Seguridad Industrial. Los trabajadores también acusan al patrono de no cumplir con las obligaciones tales como el pago al SSO, Paro Forzoso o Política Habitacional. Adicionalmente, los trabajadores reclaman reivindicaciones de tipo salarial, puesto que el patrono mantiene un sistema de salarios bajos y prestaciones mínimas. Al no tener ninguna respuesta por parte del patrono están demandado a la Asamblea Nacional y al ejecutivo su expropiación y puesta en marcha en régimen bajo cogestión. 4) El caso de la Central Azucarera Cumanacoa: Una empresa estatal ubicada en el municipio Montes del estado Sucre, que fue llevada a la quiebra en los años noventa con el objeto de privatizarla y venderla. Los trabajadores, junto con la Corporación Venezolana Agraria y el Gobierno local a través del alcalde Rafael Emilio Barrios, hicieron la ocupación temporal de la Central con el objeto de reactivarla lo antes posible.
Todas estas experiencias muestran tanto el enorme potencial existente para avanzar hacia otro modelo de sociedad como la imposibilidad de poder hacerlo sin expropiar a los capitalistas. Las empresas en cogestión son una semilla de socialismo en un entorno hostil: el capitalismo. Éstas sólo podrán desarrollarse plenamente si el resto de la economía avanza en la misma dirección. Únicamente nacionalizando la banca, los monopolios y los latifundios bajo control obrero podremos garantizar el clima adecuado para el desarrollo de un nuevo modelo de sociedad, donde la competencia, la lucha salvaje por los mercados y el beneficio sean eliminados. En la práctica en Invepal e Inveval hay una estatización bajo control obrero; sin embargo, los reformistas, para evitar que este modelo se pudiese convertir en un punto de referencia y extenderse rápidamente, consiguieron que este contenido no se reflejase en la forma legal que adquirieron las nuevas empresas creadas tras la expropiación, introduciendo una sociedad Estado-cooperativa.
El resultado es que en el sistema de cogestión revolucionaria que finalmente nació, existe una contradicción entre la forma, que es capitalista, y el contenido, que es socialista. Esta contradicción no se puede mantener mucho tiempo, o la forma vence al contenido o el contenido vence a la forma. Esta situación, al fin y al cabo, refleja la contradicción entre la legislación, burguesa en su casi totalidad, y el aparato del Estado burgués que aplica esa legislación, y la nueva estructura económica socialista que lucha por nacer pero que halla un obstáculo constante en esa legislación para poder desarrollarse.
4.4 La Ley de los Consejos Comunales
Desde el punto de vista institucional la Ley de los Consejos Comunales, creada por iniciativa presidencial y promulgada por la Asamblea Nacional el 6 de abril del 2006 tras varias discusiones, supone, al igual que las nacionalizaciones de las fábricas anteriormente mencionadas, un verdadero avance en el proceso revolucionario ya que incorpora elementos socialistas al mismo y deja por ello abierta la posibilidad a que el proceso siga evolucionando en ese sentido. Involucrando cada vez más a los sectores populares, los campesinos y a la clase obrera en el proceso revolucionario se está favoreciendo a la concientización de las masas, su participación activa y la organización de nuevos grupos revolucionarios que luchan para consolidarse lo más rápido posible con el objeto de estar lo suficientemente maduros para no dejar pasar la situación prerrevolucionaria existente en Venezuela.
Los Consejos Comunales, sin duda alguna, resultan ser un germen institucional de la nueva sociedad socialista por la cual muchos están y estamos luchando. Son organizaciones político-administrativas a nivel comunal, que abarcan entre 200 y 400 familias en la ciudad, y se constituyen a partir de 20 familias en el campo y de 10 familias en las comunidades indígenas, que mediante proyectos discutidos y aprobados en el seno de la comunidad, administran directamente gran parte de los recursos públicos que antes gestionaban las Alcaldías y las Gobernaciones. Estos recursos provienen principalmente del FIDES, Fondo Intergubernamental para la Descentralización, y de la LAEE, Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, gestionados a través del Fondo Nacional de los Consejos Comunales.
El Artículo 2 de la Ley nos dice al respecto que:
“Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanosyciudadanas,quepermitenalpuebloorganizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.
El sistema organizativo es el siguiente, según el Artículo 4:
“5. Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas: Es la instancia primaria para el ejercicio del poder, la participación y el protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal respectivo. Agrego que el derecho al voto es a partir de los 15 años.
6. Comité de trabajo del Consejo Comunal: Colectivo o grupo de personas organizadas para ejercer funciones específicas, atender necesidades y desarrollar las potencialidades de cada comunidad. El comité de trabajo, articulará y promoverá la participación e integración de las organizaciones comunitarias, movimientos sociales y habitantes de la comunidad.
1 Vocero o vocera: Es la persona electa en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para cada comité de trabajo, de reconocida solvencia moral, trabajo comunitario, con capacidad de trabajo colectivo, espíritu unitario y compromiso con los intereses de la comunidad, a fin de coordinar todo lo relacionado con el funcionamiento del Consejo Comunal, la instrumentación de sus decisiones y la comunicación de las mismas ante las instancias correspondientes.
2 Banco Comunal: El Banco Comunal es la forma de organización y gestión económico-financiera de los recursos de los consejos comunales; es una organización flexible, abierta, democrática, solidaria y participativa”.

El Artículo 11, se refiere a la contraloría social:
“La Unidad de Contraloría Social es un órgano conformado por cinco (5) habitantes de la comunidad, electos o electas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas para realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal, así como sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal”.
En definitiva, el Consejo Comunal se compone de:
1 El órgano ejecutivo, integrado por los voceros y voceras de cada comité de trabajo.
2 La Unidad de Gestión Financiera, el Banco Comunal, como órgano económico-financiero.
3 La Unidad de Contraloría Social como órgano de control.

En cuanto a la duración, elección y carácter del ejercicio, el Artículo 12 dice lo siguiente:
“Los voceros y voceras de los comités de trabajo, así como las y los integrantes de los órganos económico-financiero y de control, serán electos y electas en votaciones directas y secretas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Quienes se postulen no podrán ser electos en más de un órgano del Consejo Comunal, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. El carácter de su ejercicio es ad honorem”.
Por otra parte, y como pasara con los aspectos jurídicos de la cogestión obrera, existen algunas lagunas importantes respecto a la relación institucional que deben tener dichos Consejos Comunales como por ejemplo con las Alcaldías. Este hecho ha estado dificultando en estos meses posteriores a la aprobación de la Ley, el trabajo de la constitución del doble poder institucional que los sectores revolucionarios pretenden consolidar y cuyo germen son, precisamente, los Consejos Comunales. Con este objeto y para comprender un poco mejor los límites y los alcances de dicha Ley nos parece conveniente exponer parte de la entrevista que la Corriente Marxista Revolucionaria (CMR) hiciera en junio del 2006 a Leonardo Chirinos, coordinador del Instituto Metropolitano para el desarrollo del poder popular en Petare, uno de los barrios populares más poblados y combativos del Distrito Capital y de toda Venezuela:
CMR: “¿La creación de los Consejos Comunales se limita a cada sector o está contemplada la creación de Consejos Comunales Parroquiales, Municipales, Estadales o incluso de un Consejo nacional de Consejos Comunales? Chirinos: Por el momento la fase que estamos desarrollando es ésta que explicaba, de constituir los Consejos Comunales en cada sector. La participación en las asambleas, al menos en las que yo he participado, oscila entre 100 y 200 personas según los sectores. Una vez constituidos los Consejos Comunales por sectores estos deberían elegir a los Consejos Parroquiales. Cada Consejo Comunal debe mandar al menos un vocero al Consejo Parroquial pero aún no está establecida[ la] metodología concreta. A su vez estos Consejos de cada Parroquia, conformados por los voceros elegidos por cada Consejo Comunal, deberían elegir a los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), que son los que deciden la planificación del municipio. CMR: Pero los CLPP ya existían y en la práctica nunca han funcionado. Además, su función era básicamente consultiva… Chirinos: S[í], antes eran organismos consultivos y nunca tuvieron el desarrollo que se quería. Ahora la idea es que tengan otro carácter y cambiar las leyes para que tengan la mayoría dentro de los CLPP las comunidades. En todas estas cuestiones, que en gran parte están aún en desarrollo, es dónde vamos a ver una lucha entre las concepciones reformistas y revolucionarias. De hecho muchos de los Consejos Locales de Planificación habían sido en la práctica elegidos a dedo o mediante reuniones con muy baja participación, organizadas desde arriba sin un trabajo de preparación previa y organización de las bases como el que ahora se propone. Te pongo un ejemplo de lo que se está planteando para los nuevos CLPP. El Consejo Metropolitano de Planificación Pública del Distrito Capital estaría compuesto por 119 personas. De ellas 60 personas serían elegidas por lo qu, se llama (aunque ese nombre no me gusta nada), la sociedad civil. De ellos 20 los nombrarían instituciones como Universidades, se habla de organizaciones de empresarios, etc. Pero el resto, es decir: 40 serían elegidas y revocables por los Consejos Parroquiales, cada parroquia elegiría un vocero con la excepción de las más populosas (como Petare o la Parroquia Sucre del Municipio Libertador, que tendrían cuatro). Los otros 59 miembros los integrarían el Alcalde y los Concejales Metropolitanos, los alcaldes de cada Municipio del Distrito Capital, los Presidentes de las Cámaras Municipales (órganos legislativos locales) y los Presidentes de cada Junta Parroquial. Con ligeras variaciones, un esquema parecido es el que regiría para los Consejos Estadales de Planificación. CMR: Estos últimos órganos parecen el resultado de un intento de conciliar la estructura de base que antes comentabas que —ejecutada correctamente — podría ser un paso adelante hacia la creación de una nueva institucionalidad revolucionaria con las estructuras del Estado actualmente existentes. Sin embargo, toda la historia de las revoluciones —y el propio desarrollo de la [R]evolución [B]olivariana hasta ahora — no hacen sino confirmar que es imposible que una institucionalidad revolucionaria basada en la democracia directa, las asambleas de trabajadores, campesinos y demás explotados, la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos no puede convivir con las viejas estructuras del estado burgués creadas por los capitalistas. Estas tienden a trancar y sabotear todas las iniciativas revolucionarias y en última instancia intentarán imponerse y aplastar cualquier intento de los oprimidos de tomar verdaderamente el poder. En nuestra opinión esta contradicción sólo se puede resolver organizando un aparato estatal revolucionario basado en Consejos de voceros elegibles y revocables en cada centro de trabajo, barrio, etc., que se coordinen a nivel parroquial, local, estadal y también nacional. […] CMR: Otro aspecto fundamental es el papel protagónico que por su papel en la producción y la economía debe tener la clase obrera en la construcción del socialismo. Desde la CMR hemos analizado que una de las causas de que las UBEs —que tenían todo el potencial para desarrollarse como embriones de ese nuevo estado revolucionario controlado por los trabajadores y los demás explotados que necesita la revolución para avanzar rumbo al socialismo — no lo hayan hecho es que además de que se limitaron ala coyuntura electoral, estaban basadas únicamente en las comunidades y no en los centros de trabajo. Chirinos: Sí, el protagonismo de la clase trabajadora en la dirección de la revolución es decisivo para poder construir el socialismo. Como marxista estoy de acuerdo en ese planteamiento y esa debe ser nuestra tarea ante el debate sobre el socialismo abierto por Chávez y ante propuestas concretas que ha hecho el Presidente como la cogestión revolucionaria, Los Consejos Comunales… Luchar contra los intentos reformistas de desvirtuar el carácter revolucionario de estas propuestas, darles un contenido revolucionario y socialista y formar a las bases revolucionarias en las ideas del socialismo marxista” (Entrevista realizada por la Corriente Marxista Revolucionaria a Leonardo Chirinos, 2006).
Como podemos ver, los Consejos Comunales todavía no han iniciado al día de hoy la tarea de coordinarse entre ellos tanto a nivel parroquial, como municipal, estadal y nacional. Y no será fácil hacerlo teniendo en cuenta que la Ley no lo determina como tal, sino más bien se intentará por parte de la burocracia bolivariana integrar dichos Consejos Comunales en los Consejos Locales de Planificación Pública cuyos presidentes son los Alcaldes. Por otro lado y como dicen los compañeros de la CMR, se ha limitado la creación de los Consejos al ámbito de las comunidades, dejando sin dicha organización al campesinado y a la clase obrera, sujetos naturales de las revoluciones en los países explotados. Es más, los Consejos Comunales sufren de una contradicción interna que los hace vulnerables, nos referimos a la composición clasista de ciertas comunidades dominadas en muchos casos por una pequeña burguesía contrarrevolucionaria que ya ha empezado a boicotear el sentido de los Consejos y los está utilizando en contra del mismo proceso. Por todo ello, y sabiendo que no podemos esperar a que un solo hombre decida el contenido de la estrategia y las tácticas a implementar, así como la velocidad con la cual deben aplicarse, se debe presionar desde todas las instancias populares y organizaciones políticas revolucionarias para que el programa de transición al socialismo se vaya concretando.
Para finalizar el capítulo, y teniendo en cuenta toda esta base material, intentaremos caracterizar al Estado bolivariano.
Desde el punto de vista estructural podemos afirmar que dichas reformas