Bolivia: una nueva ofensiva de la oligarquía, las masas responden en las calles

Después de haber conseguido una mayoría de dos tercios en el referéndum revocatorio del 10 de agosto, el presidente boliviano Evo Morales hizo un llamamiento a la oligarquía para negociar y por la unidad nacional. Como era de esperar, la oligarquía respondió lanzando una nueva ofensiva contra el gobierno elegido democráticamente y utilizando todos los medios a su disposición: violencia en las calles, bandas fascistas, sabotaje económico, etc.,

 

 

La misma noche del referéndum, el prefecto de Santa Cruz y uno de los principales líderes de la oposición derechista, Rubén Costas, declaró que los resultados ratificaban el proyecto reaccionario de la autonomía regional y que se disponía a dictar leyes, incluida la creación de una fuerza policial departamental y una oficina recolectora de impuestos. Era una provocación clara que revelaba que la clase dominante realmente está interesada en controlar el aparato del Estado para evitar que se produzca cualquier cambio real.

 

 

Aunque los prefectos de Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca asistieron a una reunión con los representantes del gobierno, en realidad sólo fue una formalidad. Después de unas horas abandonaron la reunión, anunciaron que no regresarían a las negociaciones y la convocatoria de un «paro civil» (en realidad un cierre patronal) para el 19 de agosto.

 

 

Polarización a la derecha…

 

 

Los resultados del referéndum lejos de resolver el conflicto en el país ha polarizado aún más el escenario político. En el campo de la clase dominante, el partido PODEMOS de Tuto Quiroga, que es vista como la oposición más «razonable» y «moderada» al gobierno del MAS de Evo Morales, colapsó y básicamente ha desaparecido de la escena política. Los portavoces más ruidosos de la derecha son ahora los prefectos reaccionarios y los presuntos «comités cívicos» de los departamentos en la Media Luna Oriental. Estos Comités Cívicos representan los intereses de los terratenientes, ganaderos, capitalistas agrarios y sus intereses en la banca y la industria. Esta es la columna vertebral de la clase dominante boliviana y el sector que ha estado recibiendo asesoramiento y financiación del imperialismo norteamericano.

 

 

Las tácticas que están utilizando son una copia de las usadas por la oposición reaccionaria venezolana en los preparativos del golpe de 2002, que a su vez son las mismas utilizadas por la clase dominante en Chile contra el gobierno de Allende en 1973. La movilización de las masas de la clase media, azuzadas por cuentos de «ocupación comunista», racismo contra el presidente «indio», miedo a un complot cubano-venezolano para dominar el país, etc., el sabotaje económico y los cierres patronales, y la organización de bandas fascistas (la Unión Juvenil Cruceñista), todo se combina con acusaciones de fraude electoral, presión diplomática y llamamientos a los oficiales del ejército para que organicen un golpe.

 

 

… y a la izquierda

 

 

En el campo de los trabajadores y los campesinos, el referéndum ha sido una expresión de la nueva oleada de radicalización que comenzó con el movimiento de masas contra el referéndum autonómico ilegal en Sanza Cruz el pasado 4 de mayo. En aquel momento, cientos de miles salieron a las calles en Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y miles más resistieron, activa y pasivamente, a la intimidación de la oligarquía y sus bandas a sueldo en el mismo Santa Cruz. Estas movilizaciones no estaban convocadas por el gobierno del MAS, que hizo llamamientos a la calma, fueron convocadas por el sindicato minero y otras organizaciones que querían marchar a Santa Cruz para impedir el referéndum. De hecho, el propio Evo Morales anunció que el referéndum sería ignorado, que sería considerado sólo «una encuesta de opinión».

 

 

Sin embargo, las masas respondieron masivamente en las calles, convocadas y organizadas precisamente por las organizaciones y movimientos sociales (sindicatos campesinos, juntas vecinales, sindicatos obreros regionales, etc.,) que forman la base social del MAS y que llevaron a Evo Morales al poder. Estaban cansados de los llamamientos del gobierno a favor de la conciliación y las vacilaciones de los dirigentes del MAS cuando se enfrentaban a la ofensiva de la clase dominante. Salieron en apoyo del gobierno que ellos habían elegido, con el objetivo claro de derrotar a la derecha, pero al mismo tiempo querían empujar al gobierno a la izquierda.

 

 

Otra expresión de esta radicalización fue la masiva manifestación en La Paz el 10 de junio cuando 50.000 trabajadores y residentes de El Alto y La Paz rodearon la embajada búnker norteamericana, protestaban porque EEUU había concedido asilo político a Carlos Sánchez Berzaín, que fue ministro de defensa en el gobierno de Sánchez Lozada y corresponsable de la brutal represión en El Alto en octubre de 2003.

 

 

Inmediatamente después de la victoria del referéndum revocatorio, toda una serie de organizaciones de trabajadores y campesinos exigieron un giro a la izquierda del gobierno. En una reunión con Evo Morales el domingo 17 de agosto, representantes de diferentes organizaciones de masas obreras y campesinas señalaron a aquellos ministros a los que no veían comprometidos con la revolución (el ministro de presidencia Juan Ramón Quintana, el viceministro de movimientos sociales Sacha Llorenti y, la ministra de desarrollo rural Susana Rivero) y pidieron su destitución. El secretario general del sindicato campesino CSUTCB, Remigio Figueredo, dijo lo siguiente: «Estos compañeros no están con el proceso de cambio y deberían irse». También pidieron a Morales que no convocara el referéndum sobre la propuesta de constitución (que incluye una reforma agraria de amplio alcance y que cuenta con la oposición de la oligarquía) y que no hiciera concesiones en la cuestión de quién controla los ingresos generados por la nacionalización del gas (otra de las principales reivindicaciones de la oligarquía).

 

 

Estas mismas organizaciones han convocado una asamblea nacional en Cochabamba el sábado 23 de agosto para discutir la salida que tiene el movimiento frente a la ofensiva de la oligarquía y las reivindicaciones que van a plantear al gobierno.

 

 

La ofensiva de la oligarquía

 

 

Como parte de su estrategia para controlar el poder del Estado, la oligarquía de Santa Cruz intentó tomar el control de la policía regional en esta región, que aún es leal al gobierno nacional. El viernes 15 de agosto, bandas de la Unión Juvenil Cruceñista y otras organizaciones juveniles fascistas marcharon hacia la sede de la fuerza policial de Santa Cruz e intentaron ocuparla. Al día siguiente, los comandantes de la policía fueron a negociar con el Comité Cívico y cuando salían de la reunión fueron atacadas por las bandas de la UJC. El comandante de policía Wigle Obleas y su ayudante fueron derribados y golpeados con palos y bates. Como resultado de estos incidentes, Obleas ha dimitido de su cargo y el prefecto pro-oligarquía, Rubén Costas, ha anunciado que él no aceptará l nominación de un nuevo comandante a menos que cuente con su aprobación. Se trata de un desafío directo al poder del Estado. El Estado, en última instancia, está formado por cuerpos de hombres armados en defensa de la propiedad privada. Si el gobierno nacional no tiene el poder sobre la policía de Santa Cruz, entonces ya no gobierna este departamento.

 

 

El «paro cívico» del 19 de agosto, que tuvo lugar en cinco de los nueve departamentos del país, coincidió con el aniversario del golpe de Banzer de 1971. El presunto paro fue un acto muy violento. Desde primeras horas de la mañana grupos de bandas armadas en vehículos oficiales de los gobiernos locales y regionales, controlados por la oligarquía, obligaron a cerrar tiendas y empresas, mercados callejeros y bloquearon las carreteras. En varias ciudades los locales de la organización sindical y campesina fueron asaltados por bandas armadas.

 

 

Incluso así, el paro no tuvo impacto en las zonas rurales (que apoyan sólidamente al gobierno de Evo Morales) y paralizó sólo parcialmente la actividad en las ciudades.

 

 

Y la reacción de las masas

 

 

Por primera vez, animadas por los buenos resultados del referéndum revocatorio, la base del MAS y masas de seguidores desafiaron activamente la violencia de la derecha. En Santa Cruz, unos 300 miembros de la UJC, armados con palos, navajas y pistolas, conduciendo vehículos de la oficina del prefecto, llegaron a la entrada del Plan 3.000, un enorme barrio de la clase obrera que es una feudo de apoyo al MAS. Se enfrentaron a miles de residentes que les persiguieron y garantizaron la seguridad de los vendedores callejeros y tiendas locales.

 

 

Un día después, se celebró un cabildo abierto de masas en el Plan 3.000 que declaró su independencia del ayuntamiento de Santa Cruz y establecieron el «consejo igualitario Andrés Ibáñez», un territorio «libre de fascismo, racismo, discriminación y de la oligarquía».

 

 

En San Julián, otro feudo del MAS en Santa Cruz, en una asamblea de masas celebrada en vísperas del paro, anunció que se opondrían a la oligarquía y amenazaron con bloquear la ciudad de Santa Cruz si Rubén Costas no cesaba en su actitud provocadora. Ahora han anunciado que su bloqueo comenzará el lunes 25 de agosto.

 

 

Hasta ahora, los prefectos de la oposición y los Comités Cívicos han tenido un paseo más o menos libre. Fueron capaces de movilizar a capas de la clase media porque los trabajadores y los campesinos no estaban organizados para presentar algún tipo de resistencia. Su apoyo parecía mucho más fuerte de lo que realmente era porque los dirigentes del MAS y el gobierno no estaban dispuestos a movilizar a sus seguidores en las calles. Pero esta situación ha llegado a su fin. Ahora estamos viendo una reacción organizada contra la oligarquía en estas provincias, incluido en su feudo de Santa Cruz. Basándose en el movimiento que comenzó el 4 de mayo, el movimiento de masas de trabajadores y campesinos está de nuevo saliendo a las calles.

 

 

Las masas de la clase media nunca son valientes, todo lo contrario, tienen tendencia más bien a la cobardía. Se sienten seguras si sienten que tienen el control, que tienen el poder. Y hasta ahora esa era la situación. Fueron movilizadas por el prefecto y el alcalde, todos los hombres en el poder y la influencia del Comité Cívico estaba de su lado. Pero frente al movimiento de masas de trabajadores y campesinos rápidamente pueden dispersarse y la correlación real de fuerzas se verá claramente. Unos cuantos cientos o incluso unos cuantos miles de jóvenes fascistas armados, aunque bien entrenados, organizados y equipados, no igualan a las masas de trabajadores y campesinos, una vez que éstos se han movilizado y puesto en marcha. Esta es la lección principal del supuesto «paro cívico» de Santa Cruz.

 

 

También en Chuquisaca, donde Morales consiguió una clara mayoría en el referéndum revocatorio, hubo una respuesta masiva de las organizaciones campesinas contra la «huelga» de la oligarquía. Los campesinos exigían que los sub-prefectos, las autoridades provinciales, deberían ser elegidos, una medida que garantizaría que son seguidores del MAS, de esta manera desafían el poder del recién elegido prefecto de la oposición. La situación en Chuquisaca es peculiar. La oposición sólo fue capaz de ganar en Chuquisaca (por un margen pequeño) presentando una candidata, Savina Cuellar, que fue militante del MAS y una indígena. Los sindicatos campesinos en este departamento han anunciado un bloqueo de su capital, Sucre, hasta que Cuellar no satisfaga sus reivindicaciones. En el momento de escribir este artículo esta amenaza se está poniendo en práctica y Sucre está casi totalmente aislada de las zonas rurales y del resto del país.

 

 

La oligarquía acelera su desafío

 

 

Sintiendo su propia debilidad, la oligarquía no insistió en continuar con el «paro» como hicieron en 2002 en Venezuela, donde el cierre patronal duró más de dos meses. Sin embargo, de ninguna manera van a detener su campaña de desafío a la autoridad y poder del gobierno. Los productores de carne de Santa Cruz y Beni anunciaron que dejarían de enviar carne a La Paz y El Alto. Están intentando utilizar su poder económico para derribar a un gobierno elegido democráticamente. Al mismo tiempo, sus llamamientos al golpe militar se han redoblado. La parlamentaria del MNR, Roxana Sandoval, pidió a las fuerzas armadas y a la policía que desobedecieran las órdenes del gobierno nacional. También hicieron llamamientos a realizar bloqueos de carreteras en los cinco departamentos con prefectos de la oposición y amenazaron con tomar por la fuerza todas las instituciones públicas en estas regiones.

 

 

A pesar de todo esto, sectores del gobierno aún piden la conciliación. Por ejemplo, el portavoz del gobierno Iván Canelas insistió en que: «El gobierno continuará ofreciendo una mano tendida, continuará proponiendo diálogo, en un intento de resolver los problemas del país de la forma más pacífica posible». Félix Rojas, el portavoz de los senadores del MAS, anunció que el MAS estaba dispuesto a negociar con la oposición sobre las cuestiones que se plantearan en el referéndum sobre la nueva constitución (de esta manera permitiría un cambio en su contenido), y que es más favorable a «construir un diálogo y democrático» en lugar de someter la nueva constitución a un referéndum, que es lo que exigen las organizaciones de masas.

 

 

Pero la oligarquía está jugando a un juego peligroso. Como hemos visto por su reacción el 19 de agosto, a las masas de trabajadores y campesinos se les ha agotado la paciencia. Están exigiendo que el gobierno actúe con mano dura contra la oligarquía y ya están poniendo en práctica la acción directa para demostrar su propia fuerza. Nuevas provocaciones podrían tener como consecuencia una acción aún más radical de los trabajadores y campesinos, que son precisamente los únicos que pueden romper el actual callejón sin salida. Sin embargo, si la situación de estancamiento entre las clases continúa durante mucho tiempo, entonces existirá el peligro real de que un sector del ejército y la policía intervenga para «restaurar el orden» y la «aplicación de la ley».

 

 

Es el momento de tomar medidas decisivas contra la oligarquía. Si ellos sabotean la distribución de alimentos en contra la voluntad democrática de la población, entonces su tierra, ranchos, plantas procesadoras de alimentos y empresas de transporte deberían ser ocupadas por los campesinos y trabajadores, deben ser expropiadas por el gobierno. Si ellos ocupan los campos de gas y petróleo, como han amenazado, entonces los trabajadores y campesinos deben recuperarlas (como en Venezuela) y ponerlas bajo el control de los trabajadores. Si bloquean las carreteras, los trabajadores y campesinos deben organizarse parar reabrirlas.

 

 

Evo Morales, correctamente, ha avisado de que se está preparando un «golpe cívico». Pero para derrotarlo, son inútiles los llamamientos a la negociación y reconciliación. Se debe movilizar todo el poder de las masas de trabajadores y campesinos que apoyan al gobierno y que dieron a Morales más del 67 por ciento de los votos el 10 de agosto, hay que aplastar el poder político y económico de la oligarquía.