La lucha por el derecho pleno a la jubilación es parte irrenunciable de la lucha de la clase trabajadora y los oprimidos contra la explotación capitalista. Es la afirmación que no podemos aceptar recortes a nuestras condiciones de vida y conquistas salariales durante la tercera edad, cuando somos en cambio más necesitados, porque no somos un simple engranaje del enriquecimiento privado. El derecho a la jubilación no es fuente de lucro para administradoras públicas o privadas de fondos, es una obligación social. Si el capitalismo no puede garantizar esto, el capitalismo es el problema no la clase trabajadora y sus reclamos.

La actual Ley de Pensiones promulgada por Evo Morales reduce la edad para jubilarse y aumenta las rentas más bajas hasta un 100%. Estos elementos progresistas son defendidos por los propios trabajadores porque permitieron a 20 mil de ellos de jubilarse en condiciones más favorables. Sin embargo la Ley: a) mantiene el sistema de aportes a fondos de capitalización cuya rentabilidad se deteriora cada año, obligando los trabajadores a trabajar más tiempo; b) no garantiza las jubilaciones de quienes, habiendo empezado a trabajar después de la contrarreforma de Goni de 1997, se jubilarán sin las Compensaciones de Cotización que corresponden a quienes aportaron al antiguo sistema de reparto; c) nivela hacia abajo las jubilaciones, cargando sobre los mismos trabajadores el peso mayor de la «solidaridad» hacia las rentas más bajas.

De hecho un profesor o un fabril que con 35 años de trabajo han llegado a una mensualidad bruta de 4000 Bs, aun con la mejora ofrecidas por el gobierno deberán seguir renunciando a la cuarta parte de su salario para jubilarse. Por otro lado la contribución patronal al Fondo Solidario del empresariado privado ha sido, según declaraciones del gobierno, de 384 millones de Bs, monto que no representa ni la quinta parte de las multimillonarias ganancias de un solo sector como los bancos privados.

Todo el debate sobre la «sostenibilidad por 30 años» de la actual Ley está caracterizado por la ilusión reformista del crecimiento constante y la transformación gradual. El colapso del antiguo sistema de reparto y los ataques a las jubilaciones en todo el mundo, demuestran en cambio que es imposible defender las conquistas sociales entre los vaivenes de las crisis del capitalismo. De hecho: ¿Qué ocurriría (o que ocurrirá) ante un agudizarse de la crisis mundial con efectos sobre los precios internacionales de las materias primas? Lo mismo que ocurre hoy en Europa: trabajadores luchando no solo contra los ataques a sus condiciones de vida, sino también contra la utopía de una solución «pacifica» a la crisis pregonada por dirigentes que se educaron a la idea de la «sostenibilidad» de un capitalismo reformado.

Cualquiera que en estos días ha participado o asistido a una reunión de los maestros, mineros y fabriles movilizados en todo el país, se ha podido fácilmente dar cuenta de cómo y porque los dirigentes de la COB han sido rebasados en la movilización. Más allá del tema pensiones hay una rabia acumulada entre la clase obrera sindicalizada que empieza a manifestarse. Esta rabia es la lógica consecuencia de los conflictos por la nacionalización de Colquiri – donde los trabajadores no reivindicaban «salario» sino nacionalización para aportar a las inversiones públicas – como del conflicto en salud, por no hablar de las decenas de conflictos locales en que los trabajadores han tenido que luchar contra la misma burocracia estatal y por el simple derecho a la sindicalización. Es la consecuencia de la demagogia que ve en los trabajadores un sector privilegiado mientras concede más privilegios a profesionales beneficiados el primero de mayo con un aumento del tope salarial, como a terratenientes del Oriente, empresarios, multinacionales etc.

La Empresa Minera Huanuni, que ya es observada, auditada y saboteada desde el mismo día de su nacionalización, es en cambio la prueba más clara que los cambios estructurales no son posibles por encima de la clase obrera sino con ella y su participación activa. Fueron los mismos mineros de Huanuni quienes en 2009 ante 6 meses de perdidas seguidas por efecto de un colapso en el precio internacional del estaño, congelaron sus salarios y aumentaron la producción para lograr cerrar el año con 2 millones de dólares de utilidades netas. Las posibilidades de desarrollo de Bolivia que no podemos despilfarrar son tanto sus recursos naturales como sus trabajadores y es solo con la participación directa de estos últimos y de los campesinos e indígenas a la planificación democrática de una economía en que las principales palancas (latifundio, bancos y grandes empresas privadas) son colectivizadas, que se defenderá realmente el proceso de sus enemigos internos y externos y de los conflictos que lo asedian.

Los ataques a los trabajadores de Huanuni no son solo por su papel en las movilizaciones o por la «mala fe» del gobierno, sino y sobre todo por el hecho que la huelga no ha repercutido en la población como debería haber sido. Sin cuestionar: el referente del 70% para las jubilaciones; el financiamiento del sistema de jubilación a cargo principalmente de los propios trabajadores y las actuales escalas salariales y la inestabilidad laboral que afectan los aportes de los jóvenes trabajadores. La huelga de la COB ha acabado por excluir a la aplastante mayoría del 85% de los bolivianos que no tiene cobertura del seguro social como a casi un millón de trabajadores (el 72%) que tienen salarios o rentas de hasta 3000 Bs. A pesar que el compañero Trujillo denuncie la hipócrita solidaridad de la derecha, la mayoría no está viendo en la huelga de la COB una oportunidad de profundización de sus conquistas sociales, sino un peligro, más aun ahora cuando hay rumores de un nuevo «motín» policial que vaya a fortalecer las denuncias sobre los supuestos afanes golpistas de dirigentes sindicales.

En la COB ningún dirigente ahora está dispuesto a hacer un paso atrás, más bien hay varios que de manera oportunista radicalizan su discurso buscando escalar posiciones en el movimiento sindical. En las actuales condiciones esto es ofrecer en bandeja de plata la posibilidad al gobierno de marginalizar políticamente al movimiento obrero sindicalizado. La huelga no necesita radicalización sino amplitud social, en primer lugar rectificando sus reclamos y exigiendo: a) un aumento consistente del aporte patronal que vaya a financiar tanto la jubilación al 100% de los trabajadores como el Fondo Solidario por una pensión mínima vital a informales y desprotegidos; b) la abrogación de toda forma de inestabilidad laboral (trabajo eventual y a destajo) que afecta las cotizaciones de los jóvenes trabajadores; c) un plan generalizado por empleos dignos y d) una nivelación hacia arriba de los salarios de ingresos en el mercado laboral.

Solo extendiendo sus pedidos en beneficio de las mayorías desprotegidas que ven en la reforma del MAS un objetivo avance, dirigiendo sus ataques a la patronal, a empresarios y multinacionales, y poniendo sus estructuras de base a servicio de la participación popular y democrática a la lucha, la COB logrará convertirse en la auténtica dirección revolucionaria del proceso.