A continuación, les presentamos la segunda parte del manifiesto de la Corriente Marxista del PSUV, ante las medidas que está llevando el gobierno bolivariano contra la guerra económica. La parte que hoy publicamos, y siguiente parte, están dedicadas a realizar un recuento de la guerra económica a lo largo del proceso revolucionario en Venezuela, y tienen por objeto, responder a la interrogante que dejamos abierta al final de la primera parte, es decir, demostrar que es imposible regular o controlar el capitalismo, mediante el estudio de la historia misma de la Revolución Bolivariana durante los últimos 12 años.

La historia de la Revolución Bolivariana ha demostrado suficientemente la imposibilidad de regular el capitalismo: El 11 de Abril de 2002

En los inicios de la revolución, el mismo presidente Chávez, consideraba que era posible regular el capitalismo, que era posible controlarlo para que no oprimiera a la sociedad, y también, que era perfectamente posible utilizarlo para desarrollar las fuerzas productivas del país a pesar de su existencia, a fin de lograr forjar una nación independiente y soberana. Recordemos su planteamiento sobre la tercera vía del reformista Tony Blair (dirigente del partido laborista británico, el partido obrero y de izquierda histórico de ése país, pero que posee una dirección totalmente reformista, degenerada y derechista), y su aplicación en Venezuela, ante la devastación de la economía venezolana durante la década de los 90 debido al paquetazo de austeridad impuesto por el FMI y aplicado por CAP a sangre y fuego.

Cinco años más tarde, los hechos del golpe de Abril de 2002 y del paro sabotaje patronal, demostrarían que es imposible controlar el capitalismo, y que tampoco es posible, trabajar de manera armónica con la burguesía para desarrollar el país y luchar contra la miseria y la explotación del pueblo trabajador. El mismo comandante presidente, reconocería después públicamente el error de tal postura política.

Tal y como lo explica Jorge Martin, Secretario General de la Campaña Manos Fuera de Venezuela y dirigente de la Corriente Marxista Internacional, en su artículo “A diez años de la victoria popular sobre el golpe – ¡Expropiar a los conspiradores!”. Allí el camarada Martín plantea que el golpe de estado de 2002, corroboró absolutamente el carácter totalmente parásito, reaccionario y pro imperialista de nuestra burguesía, demostrando que es imposible que la revolución avance tratando de controlarla o llamándola a trabajar en conjunto, ya que, apenas se hizo pública la firme voluntad del presidente Chávez, de hacer reformas económicas progresistas pero dentro del marco capitalista y sin salirse del mismo, tratando de regular el latifundismo y de tener mayor control del ingreso de la industria petrolera, fue ello suficiente, para que la burguesía organizara su derrocamiento. Veamos:

“Fue la Ley Habilitante de noviembre de 2001, aprobada con el fin de introducir un paquete de 49 leyes, lo que marcó un punto de inflexión. Es importante señalar que ninguna de estas leyes fueron socialistas en su contenido. Las dos más importantes trataban con la riqueza petrolera del país y con la reforma agraria. La Ley de Hidrocarburos básicamente aumentó los impuestos y regalías a las multinacionales extranjeras que operan en Venezuela y estableció un requisito de participación estatal del 51% en las empresas mixtas entre la compañía estatal PDVSA y las multinacionales extranjeras. Esto también se encontraba relacionado con el tema del control del gobierno sobre PDVSA, cuyos gerentes y directores dirigían la empresa como si se tratara de sus propios negocios privados, favoreciendo los intereses de las empresas multinacionales. La Ley de Reforma Agraria contemplaba la expropiación (con indemnización) de los latifundios ociosos con el fin de redistribuir la tierra a los campesinos sin tierra, y de hecho no era más radical en su redacción que la Ley de Reforma Agraria de 1960.

Estas 49 leyes aprobadas en noviembre de 2001, de hecho, no van más allá de las tareas democráticas burguesas pendientes de la revolución venezolana. El hecho de que la oligarquía venezolana (capitalistas y terratenientes) planteó tal oposición masiva a estas leyes, muestra su carácter parasitario y reaccionario en particular, uno que tienen en común con el resto de las oligarquías de América Latina, pero que en Venezuela se ve agravada por su acceso a la riqueza petrolera.”

Y continúa, agregando una explicación marxista sobre el carácter de la burguesía venezolana: “Aquí reside la principal contradicción de la revolución venezolana. Algunas de sus tareas son de hecho tareas democráticas nacionales (sobre todo el logro de una auténtica independencia nacional de la dominación imperialista y la reforma agraria). Sin embargo, la burguesía venezolana ha demostrado ser completamente incapaz de hacer frente a cualquiera de estos asuntos en 200 años desde que el país logró su independencia formal. Los capitalistas venezolanos están indisolublemente ligados a los terratenientes (muchos de ellos grandes capitalistas agrarios) y al imperialismo. No hay ni una pizca de contenido patriótico o democrático en ellos. No sólo eso, sino que cuando un presidente electo democráticamente, Hugo Chávez, toma por primera vez medidas para comenzar a resolver estas tareas básicas de la revolución democrático-burguesa, la oligarquía organiza un golpe militar para derrocarlo.

Este es el contenido real del golpe de Estado en Venezuela del 11 de abril de 2002: Una rebelión de las clases poseedoras contra un intento de llevar a cabo la revolución democrática nacional.” (El subrayado es nuestro).

Otra vez la vez la burguesía demuestra su carácter reaccionario: El paro sabotaje de 2002-2003

A pocos meses de haber sido derrotado el golpe del 11 de Abril, gracias a la heroica y contundente movilización de las masas, la burguesía y los terratenientes volverían al ruedo de la guerra económica y del intento de golpe de estado, con el paro sabotaje de Diciembre de 2002.

A pesar de que el comandante presidente no arremetió contra la oligarquía una vez derrotado el golpe, sino que incluso le llamó a un diálogo nacional, para estabilizar la situación del país, así como también, para intentar llegar a un acuerdo en aras del desarrollo nacional y el bienestar de las masas trabajadoras, la burguesía demostraría nuevamente cuáles son sus intereses de clase y de qué es capaz para defenderlos.

Como lo explica Jorge Martin en su ya citado artículo:

“La oligarquía no aceptó la mano extendida de Chávez, sino que inmediatamente comenzó a organizar un nuevo golpe de estado que se materializó en el cierre patronal y sabotaje de la empresa petrolera de Diciembre de 2002 a Enero de 2003.”

Esta vez, el componente económico fue mucho mayor que en Abril. Hubo una huelga brutal de capitales, la aplastante mayoría de los empresarios estaban llevándose las divisas fuera del país, con el objetivo de dejar al gobierno sin reservas internacionales para así tratar de ponerlo contra la pared y de rodillas, y como no existía ningún tipo de control cambiario, esto era muy fácil hacerlo.

Asimismo, fueron cerradas miles de fábricas a lo largo y ancho del territorio nacional, echando a sus trabajadores a la calle, ya que las empresas no abrirían nuevamente “hasta que se fuera Chávez”, cosa que nunca pasó. Ello, significó un duro golpe a la capacidad productiva del país, ya que, son alrededor de 5.000 las empresas industriales, comerciales y agrícolas que fueron cerradas y se mantienen cerradas hasta el día de hoy.

Aunado a estas acciones, todos podemos recordar la oleada implacable de desabastecimiento, acaparamiento y especulación de aquellos días. Era muy difícil conseguir diversos productos de la canasta básica en plenas navidades, y a todo ello debemos sumarle la interrupción abrupta en el suministro de combustible para el transporte, y de las bombonas de gas para la cocción de los alimentos por parte de las familias obreras y pobres del país, debido al paro de producción de la industria petrolera.

Una vez más, la burguesía demostró que no acepta ni aceptará jamás, siquiera mínimas reformas económicas que, sin transgredir el marco capitalista, es decir, sin violar el “sacrosanto derecho divino de propiedad privada sobre los grandes medios de producción”, toquen apenas un poquito sus intereses en beneficio de las masas trabajadoras históricamente oprimidas y pauperizadas hasta el extremo.  

Después del paro sabotaje: Comienzan los controles de precios y la burguesía inicia su lenta guerra económica contra la revolución

Una vez derrotado el paro sabotaje, esta vez con la clase obrera, y en particular los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, jugando un papel de vanguardia fundamental en la lucha, la burguesía comenzó a planificar otras alternativas para derrotar a la revolución. Comenzaría entonces la carrera opositora por el referéndum revocatorio, y comenzaría, para los revolucionarios y revolucionarias, la preparación para una nueva batalla histórica en defensa de la Revolución Bolivariana: La Batalla de Santa Inés.

Vemos entonces cómo, una vez derrotado el paro golpista de la burguesía, ésta prepararía nuevos planes para salir de Chávez, ya no mediante un ataque frontal contra la revolución, sino mediante métodos electorales, pero, al fin y al cabo, demostrando una vez más que ésta no terminaría nunca de preparar acciones para acabar con ella.

Por ello, es que los marxistas no dejaremos nunca de explicar pacientemente, que sólo quitándole a la oligarquía de sus manos el poder económico, es que podremos garantizar el futuro de nuestra revolución. Del lado contrario, para las clases dominantes tal cuestión es también de vida o muerte. Hasta no ver derrotada a la Revolución Bolivariana, no descansarán jamás.

Nuevamente, tal y como nos plantea el camarada Martín en su artículo:

“Esta es la historia que se ha repetido una y otra vez en los últimos diez años. La clase dominante (porque todavía detentan el poder económico y en cierta medida controlan algunas de las palancas del poder político), han puesto en marcha un intento contrarrevolucionario tras otro. Las contrarrevolucionarias “guarimbas”, el referéndum revocatorio, los disturbios por la no renovación de la licencia a RCTV, el contra-revolucionario llamado «movimiento estudiantil», incontables provocaciones en la frontera con Colombia, el asesinato de campesinos y otros activistas revolucionarios, complots paramilitares, etc.”

A pesar de todo lo anterior, el año 2004 fue un año de ascenso revolucionario. Grandes misiones como Barrio Adentro, que han tenido un impacto social sin precedentes en nuestra historia, comenzaron a funcionar. Comenzaba a desarrollarse con fuerza el debate sobre el control obrero y su papel en la revolución, a partir de la experiencia de la retoma obrera de PDVSA y también, a partir de las numerosas ocupaciones de fábricas en todo el país, que fueron cerradas durante el paro. La UNETE, como central sindical nacida al calor de la revolución, tomaba cada vez más fuerza y se daba un importante debate en su seno sobre el papel de la clase obrera en la revolución. Sin duda alguna, la Revolución Bolivariana iba en auge.

En ése contexto político y social, comenzaría a profundizarse el necesario debate sobre el rumbo de la economía, y su papel de cara al futuro de la Revolución Bolivariana, al respecto del cual, sectores de vanguardia del movimiento revolucionario, planteaban la necesidad urgente de que la clase obrera y el pueblo en su conjunto, jugaran cada vez más un papel de dirección en los procesos productivos y económicos en general dentro de los centros de trabajo, al mismo tiempo que era planteado también, por el presidente Chávez, la necesidad de que el gobierno bolivariano tuviera mayores controles sobre la economía nacional, todo ello a la luz de los acontecimientos previos de Abril de 2002 y el paro sabotaje de 2002-2003, en los que se hizo evidente que ya no era posible, bajo ningún pretexto, dejar libremente en manos de la oligarquía venezolana el control de la economía nacional.

Sobre esa base, por primera vez fueron fijados controles de precios de toda una serie de productos de la canasta básica, para frenar la expropiación diaria que la burguesía lleva a cabo sobre el pueblo, mediante el alza constante de bienes y servicios que además, venía de haber tenido auges sin precedentes durante la nefasta década de los años 90.

Dicha medida, aunada a las alzas constantes del salario mínimo de la clase trabajadora, que posteriormente comenzaría a otorgar el gobierno revolucionario bajo la dirección del comandante Chávez de manera semestral, significaba que, por primera vez en décadas de gobiernos al servicio de la burguesía, la plusvalía, el excedente del que se apropian los dueños de los medios de producción, era afectado en beneficio de las masas trabajadoras del país.

Tal y como explicamos en el manifiesto que publicamos en Mayo pasado sobre las negociaciones que sostuvieron Lorenzo Mendoza (dueño de Empresas Polar) y el camarada presidente Nicolás Maduro:

“Cuando se controlan los precios de venta de los diferentes rubros de la canasta básica, mientras a la vez se lleva a cabo un proceso sistemático de alzas salariales a nivel nacional todos los años, como lo hacía el presidente Chávez, entonces evidentemente se afecta con ello la tasa de ganancia de los capitalistas que producen dichos rubros con precio de venta regulado. Ello, es debido a que al subir los salarios todos los años, se aumenta el tamaño de la parte de la riqueza total que produce la clase obrera en las fábricas, que corresponde a ésta en forma de salario, sin que a la vez, como consecuencia de ello, los capitalistas de ese mismo ramo puedan aumentar los precios de venta de sus productos, a fin de lograr recuperar esa parte de más que ahora ganan los trabajadores, para poder resarcir ésa “pérdida”, como los burgueses suelen llamarle, que no es otra cosa realmente, que una leve “disminución” de su ganancia capitalista, en beneficio de los oprimidos de siempre, en beneficio del pueblo trabajador.”

A los ojos de las mayorías históricamente oprimidas, expoliadas y empobrecidas de nuestro país, ésta era una reivindicación económica y social de considerable importancia.

Sin embargo, como hemos explicado de manera paciente durante los últimos años en numerosos documentos y artículos, y como lo hemos planteado a lo largo del presente manifiesto, no es posible regular o afectar la ganancia capitalista y esperar al mismo tiempo, que antes tales medidas, la burguesía continúe produciendo como lo hacía antes del establecimiento de las mismas.

Una vez que es afectada la tasa de ganancia capitalista, ello implicará, como sigue el día a la noche, la rebelión de la clase capitalista contra las regulaciones, controles o medidas que afecten su margen de ganancia.

En su artículo “Venezuela: El tira y afloja económico entre revolución y contrarrevolución”, escrito durante los días en que fueron realizados los comicios del referéndum constitucional de 2007, el compañero Erick Demeester, responsable de la sección belga de la Campaña Manos Fuera de Venezuela, explica cómo en efecto, aunque los controles de precios beneficiaron de manera muy positiva la capacidad adquisitiva de las masas trabajadoras, a la vez empujaron a la burguesía a agudizar el sabotaje de la producción de bienes en el país:

“Es verdad que el control de precios y todos los demás controles han desorganizado el funcionamiento normal de lo que aún es una economía capitalista en Venezuela. Estas medidas se han tomado con la mejor de las intenciones: garantizar y extender el acceso a los productos alimenticios básicos para capas más amplias de la población. Gracias al control y a los bajos precios, las capas más desfavorecidas de la población ahora tienen acceso a estos productos. En general, el poder adquisitivo de los pobres también ha aumentado. Un reciente informe de la Cámara de Comercio e Industria Americano-Venezolana, revelaba aumentos significativos en los ingresos entre 2004 y 2006. El 58 por ciento, el sector más pobre de la población, ha visto cómo sus ingresos reales aumentaron un 130 por ciento, después de descontar la inflación. Estas conquistas no incluían los beneficios asociados con los diferentes programas sociales o «misiones», que proporcionan educación gratuita, sanidad, etc.”

Entonces, como ya hemos explicado, al aplicarse los controles de precios a partir del año 2004, se elevaría de manera muy positiva el nivel de vida de la clase trabajadora, pero a la vez, se daría inicio a una lenta guerra económica en el país, que a veces tendría auges y agudizaciones, y que en otros casos tendría descensos, pero que al fin y al cabo, sería una guerra económica permanente que ha durado hasta el día de hoy, la cual se ha expresado en desabastecimiento, especulación, acaparamiento, desinversión, cierre de empresas y en fin, reducción agudizada de la producción y por ende, reducción aguda de la oferta de bienes a la sociedad venezolana, tanto de primera necesidad como de consumo en general, así como una paulatina destrucción del aparato productivo del país por parte del empresariado parásito, lo cual, con toda seriedad debemos decir, ha significado un muy grave debilitamiento de nuestra economía nacional, que ya de por sí, ha sido históricamente una economía muy débil.  

En resumen, lo que queremos demostrar en esta parte del presente manifiesto es que, en primer lugar la guerra económica, si bien se acentuó de manera feroz desde finales del 2012, no empezó en esa fecha, al contrario, tal guerra económica viene ejerciéndose contra la revolución desde su mismo inicio, y en segundo lugar, que tal guerra no proviene de sólo un sector de la burguesía, que pueda considerarse pequeño o de menor importancia, como ha sido planteado durante todos estos años por varios de nuestros intelectuales y dirigentes. Muy al contrario, dichos sectores, precisamente constituyen un sector aplastantemente mayoritario de los terratenientes y del parásito empresariado venezolano.

Ahora bien, en aras de no extendernos excesivamente, no haremos un recuento detallado de todos los períodos de agudización de la guerra económica durante los últimos diez años, sino que simplemente, resaltaremos con la mayor brevedad posible, los acontecimientos fundamentales ocurridos en algunos de los mismos.

2007: Una vez más la burguesía hace uso del desabastecimiento y la especulación contra la revolución, logrando la derrota de la reforma en el referéndum

El referéndum para la reforma constitucional en 2007, pudo haber significado un punto de inflexión hacia la izquierda para el proceso revolucionario bolivariano, sobre todo en lo referente al poder de la clase trabajadora dentro de los centros de trabajo y por ende, sobre el conjunto de la economía.

La burguesía obviamente no podía permitir aquello, e hizo uso de las herramientas económicas de las que disponía y todavía dispone, para hacer su “campaña silenciosa” contra la reforma constitucional: Además de la campaña política contra la reforma, los niveles de desabastecimiento de varios de productos de la canasta básica, particularmente la leche, así como el incremento de la inflación, fueron herramientas centrales de la oligarquía para luchar contra la aprobación de la reforma constitucional.

Nuevamente la Revolución Bolivariana llegaba a un momento de definiciones. O radicalizar la revolución expropiando a los capitalistas, o dejar en manos de estos parásitos las grandes palancas económicas del país (entre las que se encuentran las principales empresas productoras de alimentos), permitiendo de esta manera, el saboteo deliberado de la economía nacional.

Lamentablemente, como todos sabemos, las acciones contundentes que debían haberse tomado nunca se tomaron, y la guerra económica durante 2007 logró los objetivos deseados, es decir, contribuir a la derrota de la reforma constitucional en Diciembre del mismo año.

Ya a principios de 2007, comenzaron a elevarse los índices de desabastecimiento e inflación, si bien su rápido ascenso, se dio una vez que el presidente Chávez llamó a la batalla política por la reforma. Ante esa situación, el gobierno bolivariano asumió como arma de defensa principal contra ésa nueva fase de la guerra económica, las políticas de fiscalización y sanción a los comercios y empresas acaparadoras y especuladoras, sin asumir de manera frontal la posibilidad de nacionalizar las grandes empresas productoras de alimentos, productos de primera necesidad, y otras empresas afines a estas ramas de la industria.  

Pero, ¿Cómo era posible que nuevamente la burguesía saboteara la economía, si durante los últimos años el gobierno bolivariano estaba llevando adelante políticas para asumir cada vez más el control de la misma? ¿Cómo era posible que nuevamente se saboteara de manera feroz y descarada la producción de alimentos y productos de primera necesidad, ante todos los esfuerzos del gobierno revolucionario por regular el desenvolvimiento de la economía nacional, en beneficio del pueblo trabajador?

La respuesta es sencilla: ¡No puedes controlar lo que no te pertenece!

Desde 2004, el gobierno bolivariano había estado tratando de introducir regulaciones en la economía capitalista privada, para evitar nuevas embestidas de la oligarquía contra la economía nacional, como la que sufrió el país durante el paro sabotaje. Pero, el problema está en que el gobierno bolivariano no puede ni podrá (y de hecho vemos ya que no pudo), controlar el desenvolvimiento de la economía nacional mientras la misma esté en su mayoría, en manos de la oligarquía, es decir, mientras las grandes palancas de la economía sigan en manos de las clases dominantes. 

Así entonces, el año 2007, pese a todos los intentos ciegos de fiscalizar la distribución y producción de bienes, sería un nuevo año de embestida económica de la oligarquía contra las masas trabajadoras y contra la Revolución Bolivariana.

El 16 de Febrero de ése año, el vicepresidente de aquel entonces, Jorge Rodríguez, planteaba en declaraciones a la prensa al respecto de la nueva ley contra el acaparamiento y la especulación:

“No se justifica que en el mes de enero se haya producido un aumento tan brutal en los precios de los alimentos de la cesta básica, al menos que sea una estrategia conspiradora o de atentado en contra de los intereses del pueblo venezolano”

Asimismo, sostuvo:“El Gobierno está implantando las medidas necesarias desde todo punto de vista, para impedir que los especuladores, acaparadores y saboteadores de la soberanía alimentaria del pueblo venezolano se salgan con la suya, dicha ley será muy estricta en contra del acaparamiento y la especulación en el país”.

Claramente, se evidencia la confianza del entonces vicepresidente en que, haciendo uso de las fiscalizaciones y sanciones a las cadenas comercializadoras y  las empresas de producción de productos básicos, podría resolverse el problema del desabastecimiento y la especulación. La realidad, fue todo lo contrario.

A pocas semanas del referéndum, la escasez y el alza de los precios habían llegado a niveles muy altos, en comparación con varios trimestres previos, golpeando de manera sensible el bolsillo de las familias trabajadoras, tal y como lo reflejó el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, en los estudios realizados para aquellas fechas:

“La escasez promedio de productos regulados se ha ubicado entre el 20% y 25%, lo cual triplica el nivel de desabastecimiento histórico local, llegando a casos extremos de la leche y el azúcar, donde las fallas superan el 70% y el 50%, respectivamente.”

Obviamente debe tomarse en cuenta que dicho personaje es un defensor de la burguesía, y que por lo tanto muchas veces infla las cifras de sus estudios para darle un mayor impacto político. Sin embargo, a la final los altos niveles de acaparamiento y especulación, pudieron ser sentidos por la mayoría de las masas trabajadoras del país, lo que jugó un papel importante en el resultado del referéndum.

Para muchas y muchos camaradas lectores, puede resultar paradójico que utilicemos datos aportados por encuestadoras burguesas como Datanálisis, como soportes para las tesis que planteamos en el presente documento. Sin embargo, nos vemos en la obligación de hacer uso de dichas cifras, en la medida en que, desde las instituciones del estado y del gobierno bolivariano, como el INE, el BCV o el Ministerio de Alimentación de aquel entonces, casi ninguna vez se dieron cifras oficiales a la población, sobre los niveles de acaparamiento y especulación existentes durante aquel período.

Ello, es debido a la idea totalmente errónea y aún hoy defendida por muchos de nuestros dirigentes, de que no había tal guerra económica, sino que por el contrario, lo que había era una terrible guerra psicológica contra las masas trabajadoras, llevada a cabo a través de los medios de comunicación de la burguesía, y por medio de la cual, se empujaba a la gente a realizar compras nerviosas, que era uno de los causantes principales del desabastecimiento, y por ende, del consecuente aumento de los precios en los productos que presentaban niveles de desabastecimiento.

Sobre la base de esa errada posición política, muchos de nuestros dirigentes consideraban que dar cifras sobre el real desabastecimiento existente en el país, era ceder ante la supuesta “guerra psicológica” de la oposición, lo que podía generar mayor nerviosismo y angustia en la población, cuando, muy al contrario de ello, lo que debía hacerse era reconocer lo que en efecto estaba sucediendo en las calles, pero explicando a las bases revolucionarias, las causas reales de tal situación desde el punto de vista de la lucha de clases, y por lo tanto, su real culpable (la burguesía), a la vez que se debía plantear a la gente, un programa concreto de lucha que permitiera derrotar el sabotaje de la economía desde la movilización obrera y popular.

Por lo tanto, al no contar con cifras oficiales sobre los indicadores económicos de aquel período de guerra económica, nos vemos obligados a utilizar estos datos, obtenidos en estudios realizados por encuestadoras burguesas como Datanálisis. 

En su ya citado artículo, el camarada Erik Demeester, hace una cita más extensa de uno de tales estudios, que nos puede dar una imagen más detallada de la situación que se vivió aquel año:

“Un reciente informe de Datanálisis (Monitoreo exploratorio del mercado de productos con precios regulados por el Estado. 16 octubre 2007), revelaba lo que ya muchas personas sabían y sufrían. La escasez de productos alimenticios básicos se está volviendo intolerable. Este estudio señala que la leche, la carne de vaca y el azúcar son muy difíciles de encontrar. Otros productos como el pollo, el aceite de cocina, el queso, las sardinas y las alubias también son muy escasos. El análisis se basa en entrevistas a 800 personas en unas 60 tiendas diferentes, supermercados y mercados, tanto del sector privado como de la red pública de distribución: Mercal. El 73,3 por ciento de los lugares visitados no tenían leche en polvo a la venta. El 51, por ciento ya no tenían azúcar refinada, el 40 por ciento no tenía aceite de cocina y el 26,7 por ciento no tenía alubias, un producto básico en Venezuela.”

Más aún, después del referéndum, las acciones que tomaría el gobierno bolivariano contra la guerra económica, darían la razón al respecto del fuerte impacto que tuvo el recrudecimiento del sabotaje de la producción y distribución de alimentos durante 2007 por parte de la burguesía.

En efecto, nuevas y más audaces medidas de fiscalización de comercios, almacenes y empresas se hicieron urgentes, dado que, una vez alcanzado el objetivo de derrotar la reforma en el referéndum, la burguesía no suavizó sus acciones, por el contrario, las mantuvo y agudizó durante el inicio del año 2008, obviamente envalentonada y fortalecida políticamente, por el resultado favorable del referéndum en Diciembre.

Cabe subrayar, que aunque las nuevas fiscalizaciones y decomisos de alimentos y bienes acaparados, darían resultados positivos en una primera instancia, no resolverían las graves contradicciones económicas de fondo.

Continua en la parte III…