CloroxHace cerca de tres semanas que fue juramentada la Junta Administradora Especial de la empresa trasnacional de productos de limpieza Clorox. Luego de que los dueños de la misma anunciaran su decisión de cesar sus operaciones en el país, alegando que la regulación de precios le obligaba a producir bajo pérdidas en varios de los rubros importantes para la empresa. Sin embargo, como ha explicado el gobierno, esta empresa recibió cifras significantes de dólares de manos de CADIVI y ahora del SICAD.

Fábrica cerrada, fábrica ocupada por los trabajadores

En contra de los argumentos de los sectores reformistas de la dirigencia del gobierno Bolivariano, y del PSUV, quienes afirman que no se puede profundizar más allá a la revolución ya que el pueblo no tiene un nivel de consciencia suficiente para asumir la dirección de la política y la economía del país, los trabajadores de la trasnacional norteamericana Clorox han ocupado la fábrica luego de que los patronos cobardemente, sin dar la cara a los trabajadores, desde los EEUU declararon sus intenciones de cesar sus operaciones en el país.

Demostrando con esto el grado de madurez política de los trabajadores, que al igual que otras decenas de experiencias que están ocurriendo en todo el país justo ahora – aunque menos mediatizadas –, han mostrado que los trabajadores no sólo tienen la suficiente consciencia, sino que su convicción los lleva incluso a rebasar los límites impuestos por las conservadoras y corrompidas estructuras sindicales heredas de la IV República y enquistadas en las nuevas centrales sindicales obreras surgidas en tiempos de la revolución. Mientras el reformismo afirma que no hay condiciones para seguir avanzando, nosotros respondemos “no sólo están maduras las condiciones, sino que se están empezando a descomponer.”

El viejo sindicalismo apuesta a la negación total de los Consejos Socialistas de Trabajadores, o incluso en algunos casos a someter estas instancias socialistas de democracia y Control Obrero a la dirección del políticas meramente reinvicativistas enmarcadas en el capitalismo, además de no pretender romper con él, en otras palabras no pretenden construir el socialismo, sino humanizar al capitalismo.

Por el contrario el movimiento obrero genuino, ajeno a las tradiciones sindicales de la IV República, asumiendo la consiga y legado de Chávez “fábrica cerrada, fábrica ocupada por los trabajadores”, han tomado decenas de fábricas en todo el país y las han puesto a funcionar bajo control democrático de los obreros, en la mayoría de los casos sin apoyo de las centrales sindicales, del estado, ni de ningún partido u organización política. Empresas que han sido cerradas en el marco de la guerra económica para asestar nuevos golpes a los intereses de los trabajadores y para generar el descontento popular que ha venido y sigue debilitando el apoyo de algunos sectores del Chavismo hacia el gobierno nacional encabezado por el presidente Maduro.

Sin embargo el acompañamiento por parte de las instituciones del estado a estas luchas obreras antes, durante y luego de las tomas, ha sido poco o ninguno, favoreciendo, queriéndolo o no, a la burguesía parasitaria del país. La intervención por parte del estado en la trasnacional Clorox, es la excepción y no la regla. La razón por el estado se pronunció con tanta brevedad es la mediatización que obtuvo luego de que los dueños denunciaran internacionalmente que los trabajadores espontáneamente tomaron la fábrica, y también del interés del mismo Presidente Nicolás Maduro en intervenir. De haber transitado por los canales regulares sin el apoyo de la presidencia o vicepresidencia, la Inspectoría así como el Ministerio del Trabajo, hubiesen tardado tantos meses para pronunciarse como en las otras experiencias de fábricas tomadas en los últimos años – en algunos casos han esperado más de un año, entre negociaciones con los patronos, para aplicar la ley –.

Las limitaciones de la legalidad burguesa

La actual Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 149, que en caso de un cierre ilegal o fraudulento, si el patrono se niega a acatar la Providencia Administrativa donde se le ordena el reinicio de las actividades laborales, a petición de los trabajadores el Ministerio del Proceso Social del Trabajo debe conformar una Junta Administradora Especial, conformada por dos trabajadores, de los cuales uno de estos la presidirá y, por un representante del patrono. En los casos donde el patrono decida no participar este puesto será ocupado por un tercer trabajador. La duración de esta junta es un año, pudiendo extenderse si el caso lo amerita.

La experiencia práctica ha demostrado que la aplicación de este artículo de la LOTT, en los casos producto de los cierres ilegales en los que el patrono ha abandonado a su suerte a los trabajadores, huyendo de cualquier responsabilidad contractual con estos, y donde los mismos trabajadores han tomado las instalaciones de las fábricas, para evitar, entre otras cosas, que el patrono venda las materias primas y maquinarias y justificar su incapacidad de continuar con las actividades productivas, es que los trámites burocráticos a los que son sometidos los trabajadores, no hacen más que asfixiar las luchas por la transformación socialista, manteniendo así el “statu quo”, dejando el capitalismo intacto.

En los casos donde se ha aplicado dicho artículo, para que se haga cumplir la ley, el Ministerio del Trabajo consciente o inconscientemente cómplices de la burguesía, ha esperados meses, a veces hasta más de un año, para hacer cumplir la ley en su artículo 149, lo cual implica que los trabajadores han debido quedarse salvaguardando las instalaciones de la empresa, durante meses sin percibir un salario, significando el debilitamiento de la continuidad de la lucha por la reclamación legítima de sus derechos contemplados en la LOTT que es Legado de Chávez, al no poder mantenerse largos plazos a la espera de la providencia ministerial sin recibir un salario. Y lo que es más grave aún la Junta Administradora Especial conformada, no puede más que administrar la propiedad que sigue siendo del patrono, por lo tanto mientras no ocurra una expropiación o nacionalización, donde dicha empresa pase a ser propiedad del estado, y se le entregue legalmente a los trabajadores la completa administración, la propiedad del medio de producción (instalaciones, maquinarias, herramientas, materias primas, etc.), así como la producción total y ganancia que esta genere, sigue también siendo propiedad del patrono.

Por lo tanto, luego de que la Junta Administradora pague las diferentes deudas y pasivos laborales a los trabajadores, proveedores, etc., es decir luego de que el mismo esfuerzo de la Junta y de cada uno de los compañeros en lucha, cancele las deudas del patrono, este patrono puede sin ninguna traba legal recuperar la total administración de la empresa si así lo desea, ya que en el fondo, nunca dejó de ser de él. Debido a que la razón por la cual se formó la junta – para salvaguardar los puestos de trabajos de los trabajadores ante un posible despido y/o liquidación incompleta –, ha dejado de existir, al ya no tener obligaciones legales por las que responder ante el estado ni ante los trabajadores. Lo cual simplemente favorece al patrono, y no puede más que mantener la continuidad “normal” del capitalismo sin representar una salida socialista para los trabajadores.

El sabotaje de la burocracia a las empresas nacionalizadas

La burocracia del estado es y ha sido hostil a las experiencias de Control Obrero, en todo el país. La experiencia de años bajo control obrero en Inaf e Inveval, fueron aplastadas por la burocracia poco después de su expropiación, y lo mismo han intentado hacer en las industrias básicas. Esto lo vimos por ejemplo en el conflicto en SIDOR, donde la dirección estatal no sólo ha impedido y saboteado abiertamente la negociación del contrato colectivo, sino que han sido una traba para evitar que la dirección de las empresas sean tomadas directa y democráticamente por los trabajadores de base.

Esta administración por parte de la burocracia estatal en todas las empresas del estado le ha dado la potestad a estos funcionarios estatales, que han sido designados para dirigir las empresas nacionalizadas, de administrarlas según sus propios intereses. Y no siempre (o quizás nunca) han usado esta potestad para el beneficio colectivo, por el contrario en muchos casos esta dirigencia ha saboteado la producción, ha incurrido en casos de corrupción, y ha jugado un papel contrarrevolucionario, en contra del mismo gobierno en general y especialmente en contra de los intereses del pueblo trabajador. Como han denunciado los trabajadores de Industrias Diana y Lácteos los Andes en el pasado, se trata de una campaña para hacer quebrar las empresas estatales para luego justificar la privatización de las mismas. No es casualidad que Lorenzo Mendoza, haya expresado su intención de comprar estas dos empresas. Pero lo mismos pudiera decirse de las diferentes empresas estatizadas del país.

¿Pudiera tener la burocracia una actitud diferente?, la experiencia de las fábricas nacionalizadas en el país ha demostrado que el interés de la burocracia estatal no representa el intereses de los trabajadores por y para el Control Obrero, y que por el contrario son antagónicos. No es difícil entender el por qué de esta actitud. De aplicarse efectivamente el control obrero, es decir, la administración total bajo control democráticos de los trabajadores y sin jerarquías piramidales, implica necesariamente que los sectores oportunistas de la burocracia deben a la larga perder los privilegios que poseen dentro del aparato del estado burgués, esto quiere decir que, entre otras cosas, perderían los salarios muy superiores a los de un obrero cualificado que reciben actualmente, por lo que es ingenuo pensar que esta misma burocracia pueda atentar contra sus propios intereses. Incluso si esto significa actuar en contra de las intenciones del gobierno central y/o de cualquier otra instancia de la dirección del gobierno Bolivariano, así como en contra de los intereses de las mayorías. Lo cual a la larga es un acto de traición conscientemente o no en contra de la revolución y del legado de Chávez.

En el caso de la trasnacional Clorox, no se ha hablado hasta ahora de expropiación, ni de nacionalización, por el contrario se trata de una Junta Administradora Especial de carácter temporal, conformada por 4 representantes de diferentes instituciones estatales y 3 representantes de los trabajadores, lo cual deja la mayoría, en otras palabras la capacidad de tomar las decisiones importantes, en manos de la burocracia del estado. Sin embargo, aunque no se trata formalmente de la Junta Administrativa contemplada en el artículo 149 de la LOTT, de igual forma implica que la propiedad de la empresa sigue siendo de los patronos estadounidenses, y que luego de solventado los “problemas” económicos de la empresa, estos pueden retomar la dirección de la misma, sin ninguna traba legal.

Desde el gobierno se nos ha dicho también que no se quiere repetir los errores del pasado, esto aparentemente significa que no quieren repetir las expropiaciones y/o nacionalizaciones. De ser así las lecciones que la dirección del gobierno ha sacado de los errores del pasado son totalmente incorrectas. Como hemos explicado a través de este artículo, el error del estado ha sido dejar la dirección de las empresas en manos de la burocracia estatal, no la expropiación/nacionalización en sí misma. Es por esto que en el caso de Clorox, se siguen repitiendo “ingenuamente” los errores del pasado, dejando la dirección de la empresa en manos de la burocracia del estado.

Nacionalización y Control Obrero

Sin control obrero las nacionalizaciones no pueden mantenerse en el tiempo, pero de igual forma sin nacionalizaciones el control obrero tampoco lo puede hacer. Se trata de dos condiciones de coexistencia indivisibles y estrechamente ligadas entre sí. Sin una, la otra no puede existir. El control obrero no sólo implica la administración de las empresas en manos de los trabajadores, sino también la permanente fiscalización y contraloria por parte de los mismos trabajadores de base, así como del estado y de las comunidades.

El principal problema del capitalismo es precisamente la finalidad para la cual se produce. Mientras haya capitalismo, es decir mientras las principales palancas de la economía estén en manos de una minoritaria clase burguesa, que controla el poder económico, la producción estará exclusivamente destinada a satisfacer los intereses de esta clase dominante, de la burguesía. La única finalidad de la producción bajo el capitalismo es generar y acumular riquezas, y no satisfacer las necesidades de los consumidores.

La dirección democrática por los trabajadores o Control Obrero, en las empresas de carácter socialista, no se trata de una consigna romántica que enarbolamos los marxistas, para hacer justicia a la clase trabajadora, quienes han sido explotados por años por la burguesía, por el contrario se trata de un análisis de carácter científico. Sólo una administración democrática de la producción de las tierras y las industrias, por parte del pueblo trabajador, permite que sea este mismo pueblo el que decida en base a sus propios intereses, en base a las necesidades de las mayorías, qué y cómo producir. Esta es la importancia de la administración colectiva que defendemos para las empresas socialistas.

Por otro lado unos cientos de empresas de carácter social y bajo Control Obrero, no pueden competir con un sólo monopolio, o con un conjunto de firmas asociadas (oligopólico), de igual forma que la producción de los pequeños campesinos, no puede solucionar todos los problemas de alimentación, mientras las mejores tierras sigan estando sub-utilizadas, en manos de latifundistas. Por lo que no basta con crear muchas nuevas empresas y apoyar a los pequeños campesinos, hay que nacionalizar las palancas de la economía para ponerlas en manos del pueblo trabajador.

Sin embargo, solamente con poner en manos de la clase trabajadora los medios de producción, no se solucionan los problemas económicos por completo. Si la producción socialista no esta basada en la acumulación de riquezas, y los trabajadores tmpoco tienen riquezas propias que puedan invertir en el desarrollo de los medios de producción, ¿de qué manera pudiera una economía en manos de los trabajadores desarrollarse para satisfacer todas las necesidades de bienes y servicios?. Para esto hace falta la intervención directa del estado, nacionalizando también los bancos nacionales y trasnacionales. Sólo a través de una fuerte banca pública unificada se pueden generar planes de inversión que puedan desarrollar las fuerzas productivas del país a los niveles necesarios para generar suficiente empleo, bajo condiciones dignas para los trabajadores, a la par que se produzca lo suficiente para acabar la pobreza, el hambre, etc.

Ahora bien, acabado el capitalismo en el país, no se acaban de forma mágica los problemas del mercado. De igual forma la competencia seguirá existiendo. Pero como es bien sabido, entre mayor es la capacidad de producción, mas bajos son los gastos operativos en relación al valor de las mercancías, por lo que las empresas y tierras de producción socialista, luego del proceso productivo sólo deberán tener ganancias suficientes para cubrir los gastos operativos de la producción, dignificar los salarios y dar beneficios laborales para los trabajadores, etc. Esto significa que los bajos precios que pueden y deben ofrecer las empresas socialistas más grandes, no serán rentables para las pequeñas y medianas empresas. Por lo que esta libre competencia, de igual forma como ocurre en el capitalismo, llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, arrojando a la pobreza a los trabajadores de estas.

Para que esto no ocurra, el estado debe tener la propiedad de las empresas socialistas mientras la administración de estas debe estar bajo Control Obrero, de tal forma que se pueda unificar los procesos productivos en una sola empresa, no sólo acabando con la competencia que destruiría las pequeñas y medianas empresas, sino unificando los sectores de la industria en uno sólo. Acabando también con la división entre los sectores de la producción (Sector primario, secundario y terciario).

Se trata de la nacionalización de los Latifundios, Monopolios y Bancos, unificados en una sola gran industria, para la creación de un sistema de producción socialista centralizado, y en manos de la clase trabajadora, democráticamente y sin jerarquías ni privilegios, donde se produce en base a las necesidades de las mayorías. Sólo de esta forma se puede acabar completamente con los problemas del capitalismo y los mercados.