La derrota electoral del 06 de diciembre ha encendido una clara señal de alarma. Los contundentes resultados obtenidos, que dieron una mayoría aplastante a la MUD en la asamblea nacional, marcan el inicio de una etapa decisiva para la Revolución Bolivariana.

Los próximos 6 meses serán sin duda alguna absolutamente decisivos para el futuro de la revolución. Radicalización o reforma y por lo tanto, victoria o derrota, son las únicas dos alternativas posibles para la revolución. No existen otras salidas, ni tampoco puede continuar prolongándose indefinidamente la situación actual por mucho tiempo.

La derrota de las parlamentarias y el futuro de la revolución

La derrota electoral del 06 de diciembre ha encendido una clara señal de alarma. Los contundentes resultados obtenidos, que dieron una mayoría aplastante a la MUD en la asamblea nacional, marcan el inicio de una etapa decisiva para la Revolución Bolivariana.                                                                                                                                                       

Los próximos 6 meses serán sin duda alguna absolutamente decisivos para el futuro de la revolución. Radicalización o reforma y por lo tanto, victoria o derrota, son las únicas dos alternativas posibles para la revolución. No existen otras salidas, ni tampoco puede continuar prolongándose indefinidamente la situación actual por mucho tiempo.

En ése sentido, durante la instalación del Consejo Nacional de Economía el pasado Martes 19 de Enero, el presidente Maduro declaró que “Venezuela ha entrado a una verdadera emergencia nacional, en una crisis que amenaza gravemente la integridad de nuestro país, los logros sociales y la estabilidad política”.

Ciertamente la situación actual de inflación desatada y especulación sin control, así como de escasez crónica, se ha tornado absolutamente insostenible, no ya en el largo plazo, sino en el mediano e incluso, en el corto plazo.

Ahora bien, esta situación, en la que las masas trabajadoras del país deben realizar largas colas de varias horas de duración todas las semanas, a fin de poder adquirir los productos de la canasta básica, o pagar por éstos varias veces su costo real y legal, lo que ha terminado por deteriorar de manera aguda el poder adquisitivo del pueblo trabajador, no es nueva ni tampoco es reciente.

Sin embargo, los sectores reformistas de nuestra dirigencia optaron erróneamente en hacer a un lado esta situación durante los tres últimos años, pensando de forma idealista que de esa manera contribuirían a no agudizarla. Al final, esta ha sido la causa fundamental de la estrepitosa derrota del 06 de diciembre.

Más aún, de no resolverse esta situación en el corto plazo, es decir, de no lograrse una disminución drástica de los niveles actuales de inflación, al mismo tiempo que se elevan drásticamente los niveles de abastecimiento de los productos de primera necesidad en los establecimientos comerciales de todo país, entonces el agotamiento, cansancio y desmoralización que ha provocado entre un sector de las masas revolucionarias la guerra económica durante los últimos tres años, va a agudizarse peligrosamente, preparando el terreno para una nueva derrota de la revolución, con implicaciones aún más graves que lo ocurrido el pasado 06 de diciembre.

Por lo tanto, derrotar la guerra económica se ha convertido en el principal objetivo del gobierno bolivariano en estos momentos, y es la tarea fundamental en la coyuntura actual.

La guerra económica y el fracaso del reformismo

Ahora bien, como hemos explicado en todas nuestras declaraciones y manifiestos previos, la única alternativa posible para derrotar la guerra económica actual pasa inevitablemente por la nacionalización de las principales palancas económicas del país y la implementación generalizada del control obrero en todas las empresas capitalistas, así como en las empresas estatales.

Por el contrario, los sectores reformistas dentro del gobierno bolivariano, que son mayoritarios dentro del gobierno y desde hace varios años dirigen la política económica de la revolución, plantean una política diametralmente opuesta a la radicalización socialista de nuestra revolución.

Los reformistas siempre han considerado, y de hecho consideran todavía, que es posible llegar a un acuerdo con la burguesía nacional para resolver la guerra económica, elevar la productividad de bienes de primera necesidad a fin de erradicar el desabastecimiento y reducir la inflación e incluso, lograr el objetivo histórico de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad venezolana.

No obstante este planteamiento, defendido de forma obstinada por los sectores reformistas, no existe ninguna posibilidad real de que la conciliación de clases con la burguesía resulte favorable para la revolución.

La guerra económica es en sí misma, una evidencia del antagonismo irreconciliable que existe entre los intereses de clase trabajadora y la clase capitalista.

A pesar de que fue agudizada por la burguesía a finales de 2012, justo cuando el estado de salud del Comandante Chávez empeoró abruptamente, no es allí cuando ésta surge. La guerra económica surge desde el momento en que la Revolución Bolivariana comenzó a trastocar los límites del régimen capitalista y latifundista feudal en el país, a la vez que comenzó a establecer regulaciones y controles sobre capitalismo.

La guerra económica es en primer lugar por lo tanto, un instrumento de la burguesía utilizado de manera deliberada para derrotar a la revolución, basado en del debilitamiento y desmoralización de la base social de la revolución, mediante la destrucción del poder adquisitivo y las condiciones materiales de existencia de las masas trabajadoras.

En segundo lugar, es una respuesta del empresariado ante las regulaciones y controles que sobre el régimen capitalista de producción impuso el gobierno bolivariano, luego de la derrota del paro patronal petrolero, particularmente, los controles de precio, de cambio, el aumento de los impuestos y los derechos y conquistas sociales y económicas de la clase trabajadora establecidas en la nueva LOTTT y en la LOPCYMAT.

Los controles de precio por ejemplo, aún y cuando beneficiaron al pueblo trabajador, en la medida en que permitieron el acceso de éste a los bienes de consumo fundamentales a precios accesibles, lo que contribuyó a reducir de manera importante los niveles de hambre y pobreza heredados de la 4ta república, obligatoriamente afectan la tasa de ganancia de la burguesía, lo que a la larga provoca una respuesta por parte de los capitalistas.

El capitalismo funciona sobre la base de la acumulación de la máxima tasa de ganancia a costa de la menor inversión, es decir, que el único y verdadero motor que motiva a la burguesía a invertir en la producción de bienes y servicios, es la posibilidad de obtener la tasa de ganancia deseada.

En la medida en que la revolución fija un tope máximo a los precios de venta de los productos regulados, a la vez que incrementa cada semestre el salario a las masas trabajadoras, ello necesariamente disminuye la tasa de ganancia de la burguesía que produce los bienes con precio de venta regulado.

Esto provoca una respuesta por parte de la burguesía, que reduce progresivamente los niveles de producción a fin de reducir la oferta de dichos bienes, que ante la demanda creciente sobre los mismos, gracias a las conquistas sociales de la revolución (aumento de las pensiones, del salario, de las becas, aumento del empleo, etc.), provoca de una parte, un aumento progresivo y cada vez más acelerado de la inflación, y del otro, una escasez cada vez más extrema, golpeando así el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Asimismo, la burguesía desarrolla otros varios mecanismos para burlar el control de precios, tales como la distribución exclusiva a los establecimientos comerciales donde los productos regulados de la canasta básica constituyen la materia prima para elaborar otros productos.

Este es el caso de las areperas, polleras y demás establecimientos de comida, ya que el decreto de regulación de precios no contempla a estos productos, tales como las arepas rellenas y el pollo asado, por lo que el costo de venta de estos últimos aumenta constantemente sin freno o regulación alguna, y así el capitalista industrial puede vender a dichos establecimientos comerciales el producto que debería tener precio regulado (por ejemplo la “Harina PAN”), pero con precio aumentado según el índice de inflación o incluso a precios especulativos.

De esta forma, se genera una escasez crónica en supermercados y establecimientos comerciales de distribución de alimentos y otros bienes de primera necesidad, mientras que en los restaurantes, areperas, panaderías y demás locales de comida nunca hay escasez de harina de maíz, café, pollo, carne y leche, entre otros productos actualmente escasos.

Otro mecanismo es la producción de productos con aditivos especiales, tales como la “harina PAN para frituras”, “Harina PAN para cachapas”, el arroz saborizado, o la leche en polvo enriquecida, lo cual les excluye del decreto de regulación y por lo tanto pueden ser vendidos con precios muy superiores al de los productos regulados, de esta forma el empresario logra incrementar su margen de ganancia con la venta de estos productos, a costa del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Todo lo anterior nos debe conducir a una conclusión fundamental. Mientras los medios de producción estén en manos de la burguesía, mientras la propiedad de las fábricas y las palancas económicas del país esté en sus manos, ésta controlará a diestra y siniestra la producción, no sólo de los bienes fundamentales de consumo para la población, sino también de todos aquellos bienes necesarios para la sociedad y la economía.

Por lo tanto, por más que se impongan controles y regulaciones por la vía legal a la burguesía, el derecho de propiedad sobre los medios de producción les permite burlar todas las leyes, decretos y regulaciones legales que el gobierno bolivariano imponga sobre la producción y distribución de los bienes elaborados en sus industrias.

En el capitalismo, la ley máxima tiene un nombre, y es el derecho de propiedad privada burguesa, luego todas las demás leyes y normativas están supeditadas a esta ley fundamental de la sociedad burguesa.

En consecuencia, sólo aboliendo la propiedad privada sobre los medios de producción podremos dar un paso firme para derrotar la guerra económica y enterrar políticamente madera definitiva a la burguesía.

La Ley de Consejos Socialistas de Trabajadores: Una deuda histórica de la revolución que ya no podrá ser cumplida

Como hemos explicado, es necesario que la clase obrera juegue su papel histórico a fin de poder derrotar la guerra económica. El control obrero, por ejemplo, es una medida no sólo posible sino necesaria y urgente, para poder derrotar el sabotaje a la producción dentro de las empresas capitalistas.

De haberse aprobado por vía habilitante antes del 1ro de Enero de 2016 la Ley especial de Consejos Socialistas de Trabajadores, se hubiese podido dar carácter legal al control de la producción de los bienes y servicios manufacturados en el país, a través de los Consejos Socialistas de Trabajadores como órganos obreros para la implementación del control obrero de la producción.

Poco antes del 31 de diciembre de 2015, miles de trabajadores de empresas nacionalizadas, ocupadas, bajo control obrero y también de instituciones del estado, se congregaron en el poliedro de caracas para solicitar la aprobación de la ley al presidente Maduro, no obstante, el presidente nunca se hizo presente en la actividad. En representación suya hizo acto de presencia ll ex vicepresidente Arreaza.

Al final, el 30 de diciembre de 2015, cuando fueron presentadas al país las últimas leyes aprobadas por el presidente por vía habilitante, antes de la juramentación de la nueva asamblea nacional, la ley no fue aprobada y se perdió una gran oportunidad de radicalizar la revolución.

Este hecho es una evidencia clara del papel nefasto que juegan los sectores reformistas dentro de la revolución, y de su incidencia no sólo en la política económica de la revolución, sino en el propio destino de la revolución. No haber aprobado la ley de Consejos Socialistas de Trabajadores significa haber castrado al movimiento obrero en la posibilidad de intervenir decisivamente en la derrota de la guerra económica desde el ámbito de la producción, desde el ámbito de las fábricas, y ello significa a su vez desarmar a la revolución frente a la guerra económica.

Por otro lado, el no haber aprobado la ley de Consejos Socialistas de Trabajadores evidencia la falta de confianza que el reformismo tiene en el movimiento obrero. Aunque muchas veces tratan de adornar y disfrazar su discurso, en realidad los reformistas creen que la clase obrera es incapaz de profundizar y de llevar adelante la revolución. No tienen confianza en el pueblo, consideran que el pueblo no tiene consciencia y creen que son los tecnócratas y los “intelectuales” los que deben llevar la revolución hacia adelante, pero, ¿Quién sino el pueblo ha defendido y ha salvado a la revolución en cada uno de los momentos cruciales de su historia?

Continúa en la 2da parte.