A pesar que desde el gobierno bolivariano ha llamado a la burguesía “patriota” a producir e invertir en la producción nacional durante los últimos tres años, esos llamados han caído en saco roto.

La mayoría aplastante de la burguesía teme a la revolución socialista como a la peste, en la medida en que ésta significa la pérdida de sus privilegios, y por lo tanto, siempre la combatirá bajo todos los mecanismos que le sea posible utilizar, a fin de derrotarla de una vez por todas.

Ello demuestra que en el proceso de la lucha de clases no existe posibilidad alguna de conciliar los intereses antagónicos de las dos clases absolutamente contradictorias, la burguesía y el proletariado, ni tampoco, de hacer a medias la revolución.

Sólo radicalizando la revolución hacia la izquierda podremos derrotar la guerra económica. Cualquier intento por parte de nuestro gobierno de conciliar con la burguesía o de atraer a sectores de ésta a fin de que eleven la productividad en sus empresas no resolverá la situación actual de guerra económica.

Las leyes económicas aprobadas por vía habilitante

El 31 de diciembre de 2015, el presidente Maduro presentó al país varias leyes y reformas de leyes, aprobadas por vía habilitante, como instrumentos para luchar contra la guerra económica, superar el déficit fiscal actual y levantar la producción nacional, tan golpeada por el sabotaje de la producción que ha venido llevando a cabo la burguesía durante los últimos años.

La primera de estas reformas, fue la de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que contempla un incremento del 6% de la alícuota que debe ser cancelada por los sectores de mayores ingresos del país al fisco nacional, es decir, un incremento del 34% al 40%. También fue eliminado el ajuste por inflación, que era un medio utilizado por los empresarios para pagar impuestos muy bajos al fisco.

Esta medida fue anunciada al país argumentando la necesidad de pechar con impuestos más elevados a la gran burguesía. Por ejemplo, el ahora ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Jesús Faría explicó, según puede leerse en una nota de prensa publicada por Aporrea: “La reciente reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, promulgada por el Ejecutivo, faculta al Estado para ampliar la recaudación pero con criterio progresivo; es decir, pechar a quienes más ganan “y con un mayor porcentaje””. Señalamientos similares fueron realizados luego por el ex vicepresidente Arreaza.

Sin embargo, aunque dicha reforma puede incrementar el tamaño de los ingresos fiscales por concepto de impuesto sobre la renta al gran capital, en el marco de la actual huelga de inversión y sabotaje de la producción por parte de la burguesía, ello constituye un elemento más que afectará la tasa de ganancia de esta clase, y por lo tanto, contribuirá directamente a que ésta radicalice la huelga de inversiones y el sabotaje a la producción, lo que significa por ende que dicha medida, en vez de contribuir a resolver la crítica situación económica, más bien contribuirá a que continúe agudizándose.

Como hemos explicado, la burguesía invierte en la producción en la medida en que considera que puede obtener la tasa de plusvalía deseada. Si por el contrario, se le imponen condiciones que limitan la tasa de ganancia obtenida, entonces ésta tiende a la desinversión, y en el peor de los casos, que es el que nosotros estamos afrontando en el país, prefiere llevar a cabo una huelga de capital y sabotear la producción antes que ver limitada su ganancia y por ende, la reproducción de su capital.

Ahora bien, con lo anterior no pretendemos argüir que no puedan llevarse a cabo reformas y regulaciones al capitalismo, que redunden en beneficios sociales para la clase obrera. No, lo que planteamos precisamente, es que por la naturaleza propia del capitalismo estas reformas y regulaciones sólo pueden tener un carácter transitorio, y por lo tanto, deben derivar en la expropiación de las grandes palancas económicas de la sociedad bajo control obrero, de lo contrario, si se imponen dichas regulaciones pero al mismo se deja en manos de los capitalistas la propiedad de los medios de producción, estos harán uso de ellos para sabotear y burlar las regulaciones, tal y como lo hacen hoy en Venezuela en el marco de la guerra económica.

Por otro lado, en la reforma del régimen cambiario se establecieron las penas correspondientes a los ilícitos contemplados en la ley, y además se prohibió a los empresarios tomar como base el tipo de cambio no oficial como referencia para la definición de precios y estructuras de costo de bienes comercializados en el país.

Estas medidas tienen un carácter puramente administrativo y no van al fondo de la cuestión, la propiedad del comercio exterior y el control obrero y popular sobre el comercio de importación y sobre el comercio en general.

Mientras se otorguen divisas a la burguesía estos podrán desviarlas hacia el mercado negro o utilizarlas para otros fines de lucro. Asimismo, sólo a través de consejos populares y obreros de control de precios y abastecimiento podrán controlarse efectivamente los precios de venta de bienes importados que son comercializados en el país.

La prohibición de basarse en el dólar paralelo como referencia para la definición de precios o estructuras de costo, sin nacionalizar el comercio exterior y sin llevar a cabo una política correcta de fiscalización y control de precios a nivel de producción, distribución y comercialización es una política prácticamente nula.

Luego, la “Ley sobre las Actividades de Exploración y Explotación del Oro”, y la “Ley Orgánica para el desarrollo de Actividades Petroquímicas”, son leyes que no van dirigidas hacia el control obrero, la nacionalización de las empresas capitalistas y la planificación estatal para el desarrollo de estos sectores, sino más bien, hacia la apertura a la inversión capitalista nacional y transnacional en el sector oro y en el sector petroquímico respectivamente.

Estas dos últimas leyes, evidencian la desconfianza de los sectores reformistas en la posibilidad de desarrollar las fuerzas productivas del país a través de la planificación estatal y democrática de la producción, que implica necesariamente la premisa de la nacionalización de las palancas económicas del país y el control obrero sobre la producción.

En cambio sostienen la vieja idea burguesa del papel primordial de la inversión privada nacional y transnacional como elemento fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, idea vendida por la derecha desde hace décadas al país pero carente de toda realidad.

Los nuevos ministerios económicos, el Consejo de Economía Productiva y el Decreto de Emergencia

En primer lugar, la creación de nuevos ministerios para atender la cuestión económica, fortalecerán el aparato burocrático del estado burgués en vez de ofrecer una solución al problema de la gestión burocrática del sector estatal de la economía, a través de la participación protagónica y directa de la clase trabajadora.

A ése respecto, el nombramiento de un empresario como ministro de industrias, lo que además fue bien recibido por Fedecámaras, es una muestra de que la nueva política económica del gobierno luego del 6D, como ya hemos señalado, se basará en la búsqueda de una mayor alianza con sectores de la burguesía nacional.

En segundo lugar, la creación del Consejo Nacional de Economía, en el cual la participación no sólo de pequeños o medianos empresarios, sino de grandes industriales, terratenientes y empresarios de otros ramos ha sido mayoritaria, frente a sectores de la clase obrera o del movimiento popular, muestra claramente, como ya hemos dicho, la orientación del gobierno hacia una nueva alianza con la burguesía parasitaria y contrarrevolucionaria.

En tercer lugar, el Decreto de Emergencia Económica propuesto por el gobierno fue señalado por algunos diputados de la MUD como un instrumento que permitirá al gobierno efectuar nuevas expropiaciones de empresas, dado que en los numerales 8 y 9 de su artículo segundo contempla las siguientes medidas:

“8. Requerir empresas del sector público y privado, incentivar sus niveles de producción así como el abastimiento de diversos insumos a los centros de producción y bienes esenciales. 9. Adoptar las medidas necesaria para asegurar el acceso de la población a alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, así como al disfrute de todos sus derechos.”

Ante ello varios ministros descartaron totalmente esa posibilidad, como por ejemplo el Ministro para la Economía Productiva Luis Salas, quien descartó por completo la intención de llevar a cabo nuevas expropiaciones, o el Ministro Jesús Farías, antiguo dirigente del Partido Comunista de Venezuela y reconocido partidario de la teoría estalinista de las etapas, quien durante una entrevista realizada por el periodista Carlos Croes para Televen, aseguró que en el Decreto de Emergencia Económica no hay “ninguna palabra que apunte a la expropiación”.

Estas declaraciones, evidencian claramente que desde el gabinete económico, no existe la intención de dar un viraje radical hacia la izquierda justo en estos momentos en que la revolución más lo necesita, hacia la nacionalización de las grandes palancas económicas del país bajo control obrero. Por el contrario, las mismas muestran un intento bastante evidente de atraer a sectores de la burguesía, a pesar de que, como ya hemos explicado, esta política es y será una política fracasada.

En ése sentido, el Ministro Farías ha expresado en varias oportunidades la importancia de trabajar en conjunto con sectores de la burguesía para poder desarrollar las fuerzas productivas del país. En particular, en una reunión con empresarios realizada el pasado 04 de febrero, con el fin de elevar las exportaciones no tradicionales declaró: “Queremos desarrollar los mejores vínculos con el sector privado”.

Todo lo anterior constituye un claro indicador de hacia dónde se dirigirá la política económica del gobierno bolivariano en los próximos 06 meses.

La única alternativa a la guerra económica es radicalizar la revolución

No obstante, como hemos explicado ya, el programa reformista ha demostrado una y otra vez su incapacidad para derrotar de manera definitiva la guerra económica.

A pesar que desde el gobierno bolivariano ha llamado a la burguesía “patriota” a producir e invertir en la producción nacional durante los últimos tres años, esos llamados han caído en saco roto.

La mayoría aplastante de la burguesía teme a la revolución socialista como a la peste, en la medida en que ésta significa la pérdida de sus privilegios, y por lo tanto, siempre la combatirá bajo todos los mecanismos que le sea posible utilizar, a fin de derrotarla de una vez por todas.

En el terreno económico, ello significa que mientras las palancas económicas estén en manos de la burguesía, esta hará uso de ellas para sabotear de manera deliberada todas las regulaciones y controles que le ha impuesto la revolución durante los últimos 10 años, generando una situación de escasez crónica e inflación desatada, que a su vez ha provocado un profundo malestar entre las masas trabajadoras del país, lo que ha terminado por desmoralizarlas y desmovilizarlas, jugando así un papel decisivo en la derrota de la revolución el pasado 06 de diciembre.

Todo lo anterior demuestra que en el proceso de la lucha de clases no existe posibilidad alguna de conciliar los intereses antagónicos de las dos clases absolutamente contradictorias, la burguesía y el proletariado, ni tampoco, de hacer a medias la revolución.

Cualquier reforma o regulación impuesta al capital, con el fin de mejorar el nivel de vida de las masas trabajadoras, provocará a la larga una respuesta de la burguesía, como podemos ver hoy claramente con la guerra económica.

Asimismo, cualquier concesión que el gobierno bolivariano haga a la burguesía, como pretende actualmente con la creación del Consejo de Economía Productiva, significará tarde o temprano, golpear el nivel de vida de la clase trabajadora, o incluso desmantelar sus conquistas históricas.

Ello implica ineludiblemente, que la Revolución Bolivariana debe ser llevada adelante hasta sus últimas consecuencias. Las medidas anticapitalistas que han sido tomadas durante los últimos diez años, tales como nacionalización de bancos e industrias importantes, deben ser llevadas hasta el final.

Por lo tanto, sólo queda una alternativa posible que permita resolver de raíz el problema del sabotaje sistemático de la producción y distribución de bienes por parte de la burguesía: En primer lugar, la implementación del control obrero sobre la producción en las empresas privadas a través de los sindicatos, consejos de trabajadores, delegados de prevención y comités de fábrica, a fin de controlar desde abajo la compra de materias primas, su procesamiento, la distribución y comercialización del producto final y en fin, toda la cadena del proceso productivo.

En segundo lugar, la nacionalización de todas las grandes industrias del país, ya que, si la revolución trata de implementar el control obrero en las empresas capitalistas, pero dejando en manos de la burguesía la propiedad de las mismas, ésta llevará el sabotaje de la producción hasta sus últimas consecuencias, con tal de torpedear el control obrero y mantener los niveles actuales de desabastecimiento e inflación, incluso optando en muchos casos por cerrar las empresas, lo que pondría a la orden del día la necesidad histórica de su nacionalización.

En tercer lugar, la nacionalización del comercio exterior, como medida para evitar el desvío de divisas hacia el mercado negro y lograr erradicar la especulación de precios de productos importados en el país. Asimismo, se hace urgente la nacionalización de la banca, para poder planificar la inversión productiva de capital en la industria nacional, con el fin de desarrollar las fuerzas productivas, así como sanear el déficit fiscal que existe hoy.

Sólo radicalizando la revolución hacia la izquierda podremos derrotar la guerra económica. Cualquier intento por parte de nuestro gobierno de conciliar con la burguesía o de atraer a sectores de ésta a fin de que eleven la productividad en sus empresas no resolverá la situación actual de guerra económica.

En el marco de una encarnizada lucha de clases, la Revolución Bolivariana sólo podrá superar la difícil situación actual y derrotar de una vez por todas la amenaza de la contrarrevolución, liquidando políticamente de una vez por todas a su histórico enemigo de clase, la burguesía, y ello significa arrancar de sus manos las palancas del poder económico del país.

Si nuestra dirigencia no lleva adelante esta tarea, estará entonces preparando el terreno para la derrota definitiva de la revolución. La vanguardia del movimiento obrero debe ponerse a la cabeza del movimiento revolucionario para evitar esta posibilidad. Es la hora de radicalizar la revolución y construir el socialismo.