El magistrado presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Angulo Fontiveros, jefe del equipo de abogados que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal en el cual se incluye eliminar el pena de prisión El magistrado presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Angulo Fontiveros, jefe del equipo de abogados que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal en el cual se incluye eliminar el pena de prisión a quienes cometan abortos humanos, defendió hoy la proposición en respuesta al comunicado que ayer emanó la Comisión Episcopal de Doctrina de la Iglesia Católica Venezolana, la cual instó a los ciudadanos, devotos o no devotos de esa corriente religiosa, a expresar activamente repudio a la despenalización de la terminación de vidas inocentes por medios artificiales.

Aunque hizo la advertencia de que respeta las posiciones que difieren de la que él expuso en el anteproyecto de reforma del Código Penal en relación con el aborto inducido y su exclusión del castigo judicial, Angulo Fontiveros dijo que negarse a admitir la legalización de la controvertida práctica es “oponerse a la ciencia y al progreso”.

Exhortó el miembro de la Sala de Casación Penal a que todos los sectores de la sociedad analicen tanto el problema humano como el proyecto de reforma. Recordó que “Toda tesis amerita una antítesis. Comprendo y respeto, aunque no comparta la posición; pero invito a discutirla a analizarla. Es comprensible su reserva porque ellos [los sacerdotes católicos] se han opuesto siempre a este tema”.

Afirmó que la proposición contenida en el proyecto en debate defiende el derecho de la mujer a controlar su propia fecundad, “porque, dentro de la noble empresa de procrear, es la mujer la que corre el riesgo y puede llegar hasta morir. Se trata del derecho de controlar su propia reproducción y no querer llegar a tener un hijo en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, por una violación”.

El texto del anteproyecto de reforma al Código Penal fue remitido por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual lo aprobó en reunión de Sala Plena de sus miembros, a la Asamblea Nacional para que los diputados lo sometan a discusión para aprobarlo o negarle la sanción favorable.