Con la publicación de esta segunda parte, damos continuidad a la publicación del artículo Venezuela: balance de 2016 y perspectivas para 2017, que también ha sido publicado el número de enero-julio de 2017 de nuestra revista América Socialista.
De la derrota económica a la derrota electoral
Ahora bien, no podemos analizar a profundidad el desarrollo político del año 2016, sin antes hacer una valoración del impacto de la crisis económica que venimos arrastrando en el resultado de las elecciones parlamentarias de finales del 2015.
Entre los años 2014 y 2015, confluyeron la abrupta caída de los precios petroleros y la nefasta e ineficaz política de conciliación de clases que emprendió el gobierno nacional, después de las guarimbas del 2014, al instalar las mesas económicas de paz, donde el Presidente Nicolás Maduro se sentó incluso con Lorenzo Mendoza, Ramos Allup y Henrique Capriles Radonsky, dándoles tribuna política y prebendas económicas en un vano intento para apaciguar el saboteo económico.
En esta coyuntura un sector de las masas, con un profundo nivel de conciencia, mantuvo con hidalguía la defensa del gobierno bolivariano y se movilizó combativamente ante cada llamado de su dirección, pero por el contrario, ésta siempre vaciló a la hora de tomar acciones contundentes contra el sabotaje económico llevado adelante por la burguesía. Ni siquiera luego de las consultas internas del PSUV para elegir candidatos a la Asamblea Nacional, donde la participación sobrepasó los 3 millones de militantes, superando con creces las estimaciones de los más optimistas, confirmando que aún a pesar de las duras condiciones económicas que estaba enfrentando el pueblo trabajador, éste todavía mantenía en alto su espíritu de lucha y su combatividad revolucionaria, la dirección del PSUV y el gobierno decidieron radicalizar la revolución.
Esta vacilación constante por parte de la dirigencia bolivariana, unida al rápido deterioro de las condiciones de vida de las masa en el marco de la guerra económica, terminó por desmoralizar y desmovilizar a un amplio sector de los simpatizantes del gobierno, ocasionando lo que ha sido hasta ahora, la más contundente derrota electoral recibida por el proceso revolucionario en toda su historia, mucho peor incluso cuantitativamente, en comparación a la pírrica derrota del referéndum por la reforma constitucional en 2007.
Es así, como el 6 de diciembre del 2015 la oposición obtiene 112 diputados y el PSUV sólo 55, siendo superado por más de dos millones de votos, al recibir el apoyo de 5 millones y medio de electores frente a los 7 millones y medio que votaron a favor de la MUD.
De la derrota electoral a la derrota ideológica
Sin embargo, ante el mazazo sufrido en las elecciones del 6 de diciembre, sectores de vanguardia reaccionaron rápidamente, generando múltiples espacios de debate, asambleas populares, incluso frente al palacio de Miraflores, exigiendo la radicalización del proceso revolucionario.
Durante el primer mes, en medio de consultas y reuniones extraordinarias del congreso del partido y de un congreso extraordinario de economía, la dirección del gobierno anuncia, en primera instancia, el nuevo gabinete económico, para nada heterogéneo, donde coinciden, un empresario (Pérez Abad), un intelectual de izquierda (Luis Salas, que saldría pocos días después de su nombramiento) y un etapista estalinista (Jesús Faría).
En el plano político se conforma un equipo promotor para lo que será denominado el Congreso de la Patria, que inicialmente será bien recibido por las masas aunque progresivamente comienza a percibirse su carácter activista, donde ninguna de las propuestas surgidas de dicha instancia iba a tener respuesta en el alto gobierno o en la dirección del partido.
El gobierno y la burocracia del PSUV profundizan en una política de recurrir a la movilización de las masas como si fuera una llave de agua que se puede abrir y cerrar a voluntad. Ante el ambiente extremadamente crítico que se generó después de la derrota electoral se abrieron una serie de espacios para la participación, pero sin ningún poder real, simplemente como válvula de escape. El efecto que esto tiene es totalmente contraproducente, aumentando el cinismo, escepticismo y apatía de los activistas revolucionarios ante estos espacios.
Luego durante el mes de febrero, se anuncian las medidas económicas, que develan ya más claramente, el rumbo que tomará el gobierno el resto del año. Devaluación, reforma tributaria, aumento de la gasolina, priorización del pago de la deuda externa y algunas políticas de protección social como las tarjetas de subsidios.
Además, la constitución del Consejo Nacional de Economía productiva, -instancia donde realmente se toman las decisiones trascendentales en materia económica-, el impulso de la Agenda Económica Bolivariana, los 15 motores productivos y el desarrollo del arco minero.
A éste respecto, cabe hacer un paréntesis señalando que esta agenda es muy similar a la presentada por el Presidente Chávez en 1998, y por lo tanto constituye un retroceso ideológico a la época en la que Chávez aun creía en la tercera vía de Tony Blair, etapa que creíamos superada totalmente luego del golpe de Estado del 2002 en adelante, cuando Chávez fue evolucionando dialécticamente, desde posturas nacionalistas a antiimperialistas, socialistas e incluso hasta autodenominarse marxista en uno de sus últimos discursos de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, en el año 2011.
Por lo tanto la dirigencia bolivariana, aterrada por la estruendosa derrota electoral producto de la política de conciliación de clases, interpretó erradamente la derrota como consecuencia del nivel de consciencia de las masas, y, en lugar de ser autocritica y confiar en la clase trabajadora, prefirió intentar pactar abiertamente con la burguesía, a fin de sostenerse en el poder y evitar o apaciguar la lucha de clases, tratando de conciliar los intereses de la clase trabajadora con aumentos de sueldos y bonos de alimentación, y los intereses de la burguesía, facilitándole a esta última dólares preferenciales, créditos blandos, flexibilizando los requisitos para importar y exportar y permitiendo aumentos en los precios de bienes y servicios.
El “pequeño” detalle de dicha política de conciliación, consiste en que esta situación es insostenible para la clase trabajadora, ya que la parte de “ganancia” que recibe en este pacto gobierno-burguesía es automáticamente devorada por la lógica del capitalismo parasitario que existe en Venezuela, que especula, acapara, despide, reduce salarios y boicotea las condiciones de vida de la clase trabajadora para que ésta vuelque sus frustraciones contra el gobierno, mientras aumenta su cuota plusvalía y acumula enormes y groseras riquezas.
La política de control de precios y de cambio, que se introdujo en 2002/03 para proteger al pueblo trabajador y combatir la fuga de capitales, llegaron ya a su límite hace años. Se han convertido en un freno al “normal” desarrollo de la economía capitalista. Los empresarios no producen porque no aceptan la limitación del margen de ganancia que les dan los precios regulados. De ahí el saboteo, el acaparamiento, el desarrollo del mercado negro, etc. Al mismo tiempo el dólar preferencial (la otra cara del control de cambios), se ha convertido en un pozo sin fondo por el que se transfiere la renta petrolera en dólares a los bolsillos de los empresarios y funcionarios corruptos a todos los niveles. El efecto añadido es que favorece las importaciones por sobre de la producción nacional. El dólar barato para importar (10 bolívares por dólar DIPRO en comparación de los 670 del semi-flotante dólar SIMADI, y los 2700 del mercado negro), produce una tasa de ganancia nunca vista para los empresarios que obtienen dólares DIPRO, importan productos y luego los venden al tipo de cambio del dólar del mercado negro.
Este desajuste sólo tiene dos soluciones posibles: o se levantan los controles sobre la economía, como exigen los capitalistas, haciendo pagar la crisis a los trabajadores; o bien se expropian los sectores clave de la economía, haciendo pagar la crisis a los capitalistas. La política del gobierno ha sido la de hacer concesiones a los capitalistas (liberalizando parcialmente y poco a poco los controles de precios y cambiarios). Los capitalistas no creen que estas concesiones sean suficientes, con lo cual las distorsiones en la economía continúan y se agudizan.
La anulación del referéndum revocatorio y la mesa de diálogo.
Durante todo el año 2016, la oposición, envalentonada por la contundente victoria del 6 de diciembre de 2015, se fija salir del Presidente Nicolás Maduro en un plazo de 6 meses. Pero la realidad es que no es sino hasta el mes de abril que se define una “ruta para salir del Presidente”, ya que habían 3 propuestas de las diferentes tendencias de la MUD, la renuncia, el revocatorio y la enmienda constitucional, optando finalmente por la opción del revocatorio, ya que la enmienda constitucional para reducir el mandato presidencial no podría aplicarse al Presidente en ejercicio sino a partir del próximo periodo presidencial, y ya que ellos daban por hecho que ganarían la próxima elección presidencial, entonces descartaron la opción de la enmienda. Por otro lado, la renuncia era una opción ingenua y nada viable, ya que el Presidente aun contaba con un importante respaldo popular y de las FANB.
Así iniciaron un proceso de recolección de firmas y reafirmación de voluntades, que evidenció un gran número de irregularidades, que permitió la suspensión del proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad para convocar al revocatorio, a pesar de haber cumplido con el primer paso de la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad.
Ello originó una fractura en la oposición en dos alas, la abiertamente insurreccional, encabezada por elementos de la alta burguesía tales como Leopoldo Lopez, Maria Corina Machado y sus partidos, y los sectores que apuestan por una salida institucional mediante un diálogo con el gobierno, tales como el partido Un Nuevo Tiempo, el gobernador del Edo. Lara Henry Falcón, entre otros.
Luego de varias masivas demostraciones de calle de la oposición, la vacilación de sus dirigentes y los intereses económicos de sus financistas (recordemos que por ejemplo, personajes de la talla de Cisneros, accionista mayoritario de Venevisión y de la franquicia Coca-Cola en Venezuela, se asociaron con el Gobierno al invertir 1000 millones de dólares en la faja petrolífera), permitió que se impusiera temporalmente el ala conciliadora de la MUD, decidiendo entonces sentarse a dialogar con el Gobierno para intentar retomar la senda electoral con el objetivo de salir de la crisis política, y aplazando temporalmente la opción del derrocamiento violento del gobierno.
En consecuencia, ante la instalación de las mesas de diálogo entre el gobierno y la MUD, las masas contrarrevolucionarias entran en reflujo, a pesar de ser hoy en día mayoría electoral frente a los sectores más desmoralizados y vapuleados por la crisis económica, que aún apoyan al gobierno nacional. Las leyes que se aplican a la movilización revolucionaria de las masas, también se aplican a la movilización contrarrevolucionaria. La dirección de la oposición en lugar de demostrar fuerza, unidad y aprovechar la iniciativa que tenía, ha demostrado vacilación, incapacidad de llegar hasta el final, divisiones internas. Esto ha llevado a la desmoralización de las masas de la pequeña burguesía y las capas medias que son la base social de la oposición contrarrevolucionaria. En las más recientes marchas opositoras hemos visto el abucheo generalizado a todos sus dirigentes.
Incluso, una reciente encuesta de Hinterlaces (encuestadora propiedad de Oscar Schemel, cercano al Gobierno) reveló que 51% de la población actualmente no se identifica ni con la MUD ni con el Gobierno.