Declaración de la Corriente Marxista del PSUV – Lucha de Clases Parte I 

 

Luego de la victoria del 30 de julio, el gobierno bolivariano tiene todo el poder para tomar medidas radicales que resuelvan de raíz las necesidades más sentidas de la clase trabajadora y del pueblo su conjunto, y permitan iniciar el tránsito hacia el socialismo, no obstante, ha anunciado medidas que no contribuirán con la solución a la crisis y desprestigian cada vez más al socialismo como programa de la clase trabajadora, e incluso, toman clara distancia del programa de bienestar social que podíamos denominar “chavismo” del cual ha admitido, abandonar algunas bases.

 

En primer lugar debemos caracterizar el conjunto de medidas como la continuidad de una política de conciliación de clases que ha obstaculizado la resolución de la crisis en favor de las grandes mayorías, intentando crear un equilibrio imposible entre los intereses antagónicos de la burguesía y la clase trabajadora, cuyos intereses materiales y políticos irreconciliablemente contradictorios, las hacen históricamente opuestas a muerte.

Lo más lamentable, es que luego de haber logrado las condiciones políticas más favorables que hemos tenido en los últimos cuatro años, derrotando a la derecha reaccionaria en las calles, logrando contra el asedio nacional e internacional la elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, y atomizando a la oposición, que perdió la ofensiva, la calle y se autoexcluyó del campo electoral para la ANC, que vaga por el mundo implorando sanciones para su país, luego de lograr destituir a la Fiscal traidora, de suprimirle funciones a la Asamblea Nacional golpista, ratificar al TSJ, al Ejecutivo, al poder Ciudadano y Electoral, anuncia medidas que son, la legalización y continuidad de lo que ha venido haciendo en los últimos años, esperando resultados diferentes. La montaña parió un ratón.

A pesar de que ahora, luego de la victoria del 30 de julio, el gobierno bolivariano tiene todo el poder para tomar medidas radicales que resuelvan de raíz las necesidades más sentidas de la clase trabajadora y del pueblo su conjunto, y permitan iniciar el tránsito hacia el socialismo, anuncia medidas que no contribuirán con la solución a la crisis y desprestigian cada vez más al socialismo como programa de la clase trabajadora, e incluso, toman clara distancia del programa de bienestar social que podíamos denominar “chavismo” del cual ha admitido, abandonar algunas bases.

Para comprender éste aparentemente contradictorio fenómeno, es necesario mirarlo desde el lente potente del marxismo. La actitud de la dirigencia bolivariana, no es sólo el reflejo de una terca ingenuidad, de tener esperanzas en los “empresarios patriotas” y los “inversionistas amistosos”, es también producto de la condición de clase a la que pertenecen ya, y su política de hacerle guiños a la clase trabajadora con aumentos salariales (que además son pulverizados por la vertiginosa inflación), obedece a que la dirigencia sabe que la base social que sostiene al gobierno, es en su mayoría de clase trabajadora, y que si esta llegase a abandonarles, caería el gobierno como un castillo de naipes.

¿Cuánto tiempo más puede por lo tanto sostenerse una política como esta, sin los ingresos petroleros del pasado, con el estado burgués intacto, con un bloqueo internacional, con una derecha fascista derrotada pero impune aún y viajando por el mundo para pedir refuerzos?

El imperialismo y la burguesía han demostrado con hechos contundentes que quieren a toda costa retomar el poder político, ya sea quemando chavistas vivos en las calles, ya sea bloqueando los ingresos del país e incluso no descartando una intervención militar. De esa misma determinación, absolutamente necesaria en la lucha de clases, carece la dirección del gobierno y las capas más oportunistas y reformistas de la dirección de la clase obrera, que se empeñan en intentar pactar con un enemigo que ya nos ha declarado una guerra a muerte, y está dispuesto a venir por nosotros en cuanto recupere sus fuerzas nuevamente.

Desde el punto de vista de la lucha de clases que está en desarrollo, estas medidas por más que intenten atraer inversiones, no lograrán un cambio substancial en el actual flujo de inversiones extranjeras hacia el país. Ello debido a sus contradicciones y al carácter contrarrevolucionario inherente al capital internacional, que además se ha ensañado con Venezuela porque necesita que la revolución sucumba antes de que puedan concretarse condiciones revolucionarias en la región, a menos que el gobierno abandone por completo las políticas, ya no revolucionarias, que se abandonaron hace rato, sino las de protección social.

La única forma que el capital nacional y trasnacional vuelva a invertir en el país, es que el gobierno derogue toda la legislación que afecta la tasa de ganancia de la burguesía en favor de las masas trabajadoras. Cualquier medida timorata o intermedia en éste sentido, no generará un cambio en la actitud actual de la burguesía.

¿Cuál gran capitalista va a venir a invertir si, simultáneamente le aplicarán una ley de estimulo a la inversión y una de impuestos a los grandes patrimonios?, ¿Cuál trasnacional minera encontrará llamativo un régimen fiscal especial para el arco minero, pero con una regulación sobre la repatriación de capitales en otras monedas distintas al dólar? Todo ello acompañado de una política de protección social y laboral amplia, que todavía sostiene importantes reivindicaciones sociales, en detrimento de la tasa de ganancia de la burguesía.

Para los capitalistas, oxigenar hoy al gobierno venezolano es ganarse de enemigo al imperialismo racista, arrogante y xenófobo encabezado por Donald Trump. Es por ello que solo veremos inversiones provenientes de Rusia, China, Irán y de otros países capitalistas que tienen contradicciones con el capitalismo norteamericano, pero con condiciones muy favorables para ellos y exigiendo garantías que podrían poner en duda el control de activos estratégicos (como el caso de las acciones de CITGO que fueron otorgadas en garantía a la empresa rusa Rosneft por un préstamo que esta a su vez otorgó al gobierno venezolano) y hasta nuestra soberanía (caso Arco Minero).

¿Agotamiento de los controles o liberación de precios acordada?: La ley del plan 50 y la ley de los Claps

Intentar regular al capitalismo es como intentar convertir un tigre en vegetariano.

Según lo explicado por el Presidente Maduro, quien señaló que los sistemas de control de precios no han funcionado y habría que “ser un bruto para no darse cuenta de ello”, la “nueva” propuesta del gobierno es la fijación “acordada”  de precios de los principales 50 rubros de la canasta básica.

Como venimos insistiendo los marxistas de Lucha de Clases desde hace años, no podemos controlar lo que no poseemos. En el marco de una situación revolucionaria, como la que se ha vivido en Venezuela desde los últimos 18 años, y que significa el período histórico en el que la lucha de clases llega a su punto más álgido en la sociedad, cualquier mecanismo de control de precios, a fin de que no sea saboteado por la burguesía, debe ser acompañado por la expropiación de las principales industrias bajo control obrero para instaurar un sistema de economía centralizada y planificada.

En consecuencia, para fijar los precios de manera acordada surgen las siguientes preguntas: ¿Quiénes serán los actores que intervendrán en esos acuerdos? si los precios serán acordados entre los empresarios y el Estado, ¿qué le quedará al pueblo trabajador? ¿Esperar de la buena fe del Estado burgués para que defienda sus intereses?, pero incluso, si los precios fueran acordados por una tripartita conformada por empresarios – Estado (burgués) – consumidores, ¿con cuál mecanismo de presión cuentan los consumidores? desorganizados, sin información de los costos de producción (ya que todavía persiste el secreto comercial) ni del acceso a las divisas, ni con una organización capaz de desplomar la demanda de algún bien (cosa además imposible con bienes de consumo básico y de difícil reemplazo). Por el contrario, ¿con cuáles mecanismos de presión cuentan los empresarios? Pues con los monopolios de los principales productos, y el consecuente control prácticamente absoluto de la producción, ya que la propiedad de casi el 100% de la gran y mediana industria del país sigue en sus manos.

Polar posee aproximadamente 54% del mercado de alimentos a nivel nacional, acceso a divisas, capital de sobra para sobornar a funcionarios del estado y un ejército de abogados, contadores, ingenieros y demás capas profesionales alienadas al servicio de la defensa de sus intereses.

Por lo tanto, ¿quién tendrá más peso a la hora de “acordar” los precios?, es evidente que la burguesía, ya que además, el papel del Estado burgués, en este caso, como mediador en la lucha de clase, defenderá los intereses de la clase dominante.

Y aunque Maduro haya citado al libro «El Estado y la revolución» de Lenin, parece no recordar ni una línea del mismo. Si tuviéramos un Estado en manos de la clase obrera, basado en el modelo histórico de la Comuna de París y de los Sóviets de 1917, y asentado en los Consejos Socialistas de Trabajadores, en las Comunas revolucionarias y en las Milicias revolucionarias como organismos de base, con todos sus funcionarios elegibles y revocables en cualquier momento, que no devenguen salarios superiores a los de un trabajador cualificado y rotativos en la medida de lo posible, pudiéramos usarlo para aplastar a la burguesía y abolir la propiedad privada, como fuente primaria de las aberraciones del capitalismo. Con un instrumento de tal naturaleza, completaríamos la revolución socialista en poco tiempo, pero con este Estado burgués intacto jamás. Constatado esto, estamos a las puertas de legalizar definitivamente la  progresiva liberación de precios de los productos de la canasta básica que ya hemos estado sufriendo desde hace un par de años.

Aunque realmente los controles están agotados, se propone, la fiscalización por parte de los CLAP a los precios. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en darle un carácter genuinamente revolucionario y contralor a los CLAP, pero como decíamos al principio, como parte de un conjunto de medidas integradas. En primer lugar, ello requeriría que los Clap se organicen como instancias de poder real de las masas trabajadoras, con un carácter genuinamente democrático, con voceros y/o delegados elegibles y revocables en cualquier momento, y donde las asambleas de base constituyan la máxima instancia de decisión, emulando el ejemplo de la Comuna de París, a fin de que estos puedan constituir la base del estado obrero que necesita la revolución en Venezuela.  Pero, tal y como la dirigencia bolivariana plantea la estructura y papel de los Clap, estas instancias serán orgánicamente incapaces de ejercer un control real sobre los precios de los productos.

En segundo lugar, si la fijación de precios será acordada por otras instancias, las fiscalizaciones serán una mera consigna de agitación. ¿De qué nos servirán fiscales del CLAP si acuerdan unos precios escandalosos de los productos? Para vigilar que realmente nos vendan el kilo de queso sobre los 30.000Bs o los huevos a 50.000 o el kilo de arroz a 20.000 bs?

En tercer lugar, como ya hemos explicado más arriba, la burguesía no quiere nuevas medidas a medias, la burguesía quiere el premio completo. Los controles de precio representaron desde su origen, cuando fueron implementados por primera vez por el presidente Chávez en 2004, un cierto golpe a la tasa de plusvalía obtenida por la burguesía involucrada en la producción de los rubros correspondientes, ante lo cual esta última respondió con el sabotaje progresivo de la producción, que provocó la grave situación de escasez y desabastecimiento que hemos vivido en los últimos 3 años, y que ha tenido como efecto a su vez los fenómenos del bachaqueo, contrabando, etc.

Por ello, los capitalistas realmente no aspiran a nuevos aumentos de precios o levantamientos parciales de los controles sobre los mismos, sino a la liberación total de los precios. En ése sentido, nuevos controles de precio no resolverán en nada la situación actual, más bien producirán dos posibles escenarios. Por un lado, es posible que los nuevos precios acordados sean un simple pote de humo de la burocracia reformista, que no serán cumplidos de ninguna forma por la burguesía y la pequeña burguesía comercial, y que no serán fiscalizados realmente, ya que no se cuenta con un instrumento de fiscalización capaz de llevar adelante esa tarea, con lo cual los trabajadores seguirán siendo golpeados como ha venido ocurriendo por el rápido aumento de los precios.

Por el otro, si el gobierno decide hacer valer los nuevos precios fijados, ejerciendo una mayor fiscalización en todo el país, ello puede fácilmente provocar una nueva respuesta por parte de la burguesía, de más y más sabotaje a la producción, acaparamiento, contrabando y desvío de mercancías, como ya ha ocurrido durante los últimos 4 años hasta la fecha, la cual, no podrá ser contenida por los limitados instrumentos de fiscalización del Estado, en la medida en que la propiedad de las empresas sigue en manos de la burguesía, porque al final la propiedad sobre el medio de producción, es la que determina el control efectivo sobre la producción.

En definitiva, se sigue planteando la misma contradicción sin resolver. O se nacionalizan los principales monopolios industriales del país, a fin de poder ejercer el control obrero sobre la producción dentro de estos últimos, o cualquier medida de regulación de precios será fácilmente saboteada por la burguesía, generando escasez y desabastecimiento, que al final, a partir de la relación entre oferta y demanda que existe en el mercado capitalista, provocarán un aumento acelerado de la inflación, lo que en la práctica termina pulverizando rápidamente los controles de precio.