El carácter pequeñoburgués de la dirección de la revolución, propio de dirigentes imbuidos por los prejuicios de la ideología capitalista, y acomodados a los privilegios y prebendas del estado burgués, ha facilitado el hecho de que las presiones ejercidas por la oligarquía en favor de sus intereses, encuentren cabida en ciertas decisiones gubernamentales. Si bien el gobierno en los últimos años viene cediendo cada vez más ante las exigencias de las clases dominantes, mediante la flexibilización paulatina de los controles en la economía nacional; también debemos reconocer que éste, hasta ahora, se ha negado a la posibilidad de avanzar de manera abrupta y acelerada hacia el desmonte total de las conquistas alcanzadas por las masas trabajadoras en revolución. Lo anterior nos demuestra que la presión de los desposeídos aún resuena e impacta en el liderazgo reformista bolivariano.

En el sistema capitalista, los forcejeos políticos entre las clases dominantes versus los explotados y oprimidos, por imponer sus intereses en la sociedad, expresan antagonismos que superan todas las iniciativas conciliadoras de los reformistas y moderados. Esta especie de pulseo social, cuya intensidad estará determinada por las condiciones históricas presentes, producen todo tipo de presiones que moldean el accionar de las capas dirigentes de ambos bandos, y por ende, los resultados de la pugna en sí.

Ante el desarrollo de la lucha de clases nacional, el proceder de la dirigencia bolivariana ha manifestado un carácter irresoluto y ambivalente. Ésta, por un lado, ha venido tratando de congraciarse con sectores de la burguesía y el imperialismo, mediante el otorgamiento de múltiples concesiones como: subsidios, créditos, devaluaciones, autorizaciones para alzas de precios, exoneraciones de deudas e impuestos, creación de Zonas Económicas Especiales, entre otras; pero, por otra parte, sin romper de manera definitiva con los lazos que aún la vinculan con la clase trabajadora y sus intereses.

El carácter pequeñoburgués de la dirección de la revolución, propio de dirigentes imbuidos por los prejuicios de la ideología capitalista, y acomodados a los privilegios y prebendas del estado burgués, ha facilitado el hecho de que las presiones ejercidas por la oligarquía en favor de sus intereses, encuentren cabida en ciertas decisiones gubernamentales. Si bien el gobierno en los últimos años viene cediendo cada vez más ante las exigencias de las clases dominantes, mediante la flexibilización paulatina de los controles en la economía nacional; también debemos reconocer que éste, hasta ahora, se ha negado a la posibilidad de avanzar de manera abrupta y acelerada hacia el desmonte total de las conquistas alcanzadas por las masas trabajadoras en revolución. Lo anterior nos demuestra que la presión de los desposeídos aún resuena e impacta en el liderazgo reformista bolivariano.

El bamboleo de inconsistencias y contradicciones del reformismo ha quedado nuevamente en evidencia con los anuncios realizados por el presidente Maduro, el pasado 7 de septiembre, en los cuales destacan 8 nuevos proyectos de leyes económicas, a ser discutidas, enmendadas y aprobadas por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, durante las semanas siguientes.

El presidente Maduro inició la ronda de anuncios presentando, en primer lugar, la propuesta de Ley de Abastecimiento soberano y del Plan 50, con la cual el gobierno estima fijar nuevos precios de venta máximos en el mercado, para los 50 productos más demandados por la población venezolana. Los costos a establecer serán el resultado de negociaciones con el empresariado nacional y transnacional, en donde los consumidores no tendrán ni voz ni voto. En vísperas a los anuncios de los primeros acuerdos sobre este respecto, enmarcados en la política de estímulos a los «empresarios patriotas», podemos prever la autorización de nuevas alzas en los precios en el mercado, en detrimento del golpeado poder adquisitivo del pueblo pobre, y en beneficio de la clase capitalista, la cual, fiel a su permanente búsqueda de mayores beneficios e impulsada por los diversos mecanismos de propagación de la espiral inflacionaria del país, no dudará en saltarse los límites de los costos consensuados con el estado, como tradicionalmente lo ha venido haciendo.

Con la Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), la dirigencia bolivariana ofrece un guiño de ojo a la izquierda, planteando el nombramiento de fiscales populares con plenas facultades para vigilar y hacer cumplir la nueva fase del control de precios en los establecimientos comerciales. Aunque esta medida tiene connotaciones positivas, pues involucra la iniciativa de las comunidades organizadas, por sí sola no resuelve el problema central del periodo histórico presente, que se centra en definir qué clase en la sociedad controla las palancas de la economía y se sirve de ellas para sus intereses. Mientras la oligarquía y el imperialismo sigan teniendo posesión de las principales industrias, bancos, latifundios y comercio exterior, cualquier acción tendente a la regulación y control de la economía, por muy progresista que parezca, quedará reducida a escombros.

En cuanto al sensible tema cambiario, fue presentada la Ley de Regulación y Funcionamiento de Casas de Cambio, en donde el estado, estimulando la aparición de fuentes alternativas de oferta de divisas al DICOM, accede a legalizar una actividad, cuya existencia sólo podría mantenerse con tipos de cambio elevados, más cercanos a los que suele cotizar Dólar Today. Al implementar esta medida, el gobierno espera atraer capitales fugados por la burguesía parasitaria en el pasado, permitiéndole a ésta obtener jugosos beneficios procedentes de la especulación cambiaria, lo que sin duda repercutiría en nuevas devaluaciones del Bolívar como las que ya se han venido dando en los últimos años.

Tras la promulgación del conjunto de sanciones, decretadas por Donald Trump, que restringen al gobierno nacional el acceso a nuevas fuentes de financiamiento internacional en Dólares, mediante deudas e inversiones, el presidente ordenó dinamizar nuevas formas de intercambio a través de una canasta de monedas, entre las cuales destacan: los Yuanes, Rublos, Rupias y Euros. Esta coyuntura sin duda propone acrecentar los evidentes lazos de dependencia comercial y financiera, que nuestro país ha venido adquiriendo con potencias como China y Rusia, sobretodo en el último período, marcado por la comprometida situación financiera y de endeudamiento, que padecen tanto el estado venezolano, como PDVSA.

En materia fiscal, el presidente maduro presentó 2 proyectos de Leyes Constituyentes: el primero refiere a la Ley de Régimen Especial Tributario; y el segundo corresponde a la Ley de Impuestos a las Grandes Fortunas y Patrimonios. Según lo anunciado por el mandatario, se busca, a través de los textos jurídicos mencionados, multar y castigar a empresas y ciudadanos que incurran en delitos económicos y recargar de obligaciones tributarias a quienes se han beneficiado de la guerra económica, respectivamente. Si tomamos en consideración las aseveraciones realizadas por el jefe de estado, la aprobación de estos textos legales deberían acarrear sanciones contra los monopolios, como Polar, y oligopolios desplegados en todos los sectores de la economía nacional, los cuales han participado en múltiples acciones de sabotaje y desestabilización en el pasado. Cuesta creer que el gobierno bolivariano se decidirá a emprender medidas punitivas contra la clase capitalista nacional y transnacional, a la cual trata de estimular permanentemente a través de toda clase de concesiones y beneficios.

El gobierno ha buscado atraer inversiones externas, impulsando medidas como: el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, a las que ahora se suman las propuestas de Ley de Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en Venezuela y la Ley de Nuevo Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero, con las cuales, si se desea captar la atención de burgueses foráneos, éstas deben garantizar el respeto a la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción, elementos de flexibilización laboral y exoneraciones de impuestos, entre otras condiciones propicias para que el imperialismo pueda amasar enormes ganancias, sobre la más profunda explotación de la clase obrera venezolana. En base a lo anterior, resulta un auténtico contrasentido esperar que textos legales de corte progresista que “pechen las grandes fortunas y patrimonios” se ejecuten de manera efectiva contra los peces gordos capitalistas. El reformismo, que trata de brindar señales de confianza al gran capital transnacional, no desea en lo más mínimo generar alguna duda sobre la superación de los “viejos errores” (entiéndase expropiaciones).

En conclusión, tales medidas no plantean soluciones a la grave situación económica que afronta el país, pues combinan, por una parte, políticas de estímulo a la burguesía, y por otra, prolongan, aunque bajo formas aminoradas, las inocuas regulaciones y controles a la economía, que en el marco de las relaciones de propiedad capitalista, introducen elementos de caos al sistema al no permitir su libre funcionamiento. Incapaz de proveer una salida radical y hacia la izquierda, la dirección reformista de la revolución, con su orientación de medias tintas, nos conduce hacia un gran precipicio.

La fantasía reformista basada en la creencia de que se podía construir en el país un modelo económico mixto, que planteara la coexistencia de elementos de capitalismo y socialismo en beneficio de todos los sectores, ha quedado sepultada por la marcha indetenible de los acontecimientos. El arribo y recrudecimiento de la grave crisis económica es consecuencia directa de la política suicida emprendida hasta hoy por la dirigencia reformista, la cual se ha negado insistentemente a toda posibilidad de trascender la anarquía capitalista, expropiando a la burguesía y el imperialismo e involucrando a las clases oprimidas para la transformación socialista de la sociedad. El resultado de dicha inconsistencia histórica, consiste en el deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras y pobres, a todas luces, sostén fundamental del proceso bolivariano. Su inminente desgaste supone un peligro de muerte para la revolución, ante el acecho amenazante de la contrarrevolución burguesa e imperialista.

Tal escenario sólo puede ser revertido a través de la acción organizada de la clase obrera. Se hace cada vez más perentoria la conformación de consejos socialistas de trabajadores, en cada fábrica y centro de trabajo, de los cuales emerja un nuevo liderazgo revolucionario que transforme toda la situación adversa actual, en favor de los intereses de las mayorías oprimidas de la sociedad. Es momento de que las masas trabajadoras pasen a la ofensiva. No podemos confiar más que en nuestras propias fuerzas.