Hemos notado como el proceso de transformación conocido desde sus inicios como «Revolución Bolivariana» ha perdido en el último periodo su carácter de clase, popular, combativo, y si se quiere, revolucionario. En la actualidad, para la dirección burocrática ya no se plantea la obligación de trascender el orden de explotación capitalista desde sus cimientos. El norte revolucionario que alguna vez se trazó ha sido olvidado y enterrado por los dirigentes del gobierno, quienes han decidido bajar el tono izquierdoso de su discurso, para no ahuyentar a los llamados «empresarios patriotas» y crear, una confianza entre los inversionistas extranjeros (imperialistas). Más allá de la transformación en la prosa del liderazgo en el poder, donde ya no habla de socialismo; desde el año 2013, ha sido notorio un cambio de orientación en el rumbo del proceso, que se ha traducido en múltiples concesiones a los capitalistas nacionales y transnacionales (mucho más que en el pasado), así como el constante establecimiento de mesas de negociación con la derecha venezolana, donde se negocia estabilidad y convivencia entre las élites mientras el pueblo lucha desesperadamente por subsistir.

La lógica de hacer la revolución por etapas (etapismo) impulsada por varios “pensantes” de la dirigencia bolivariana, propone, a semejanza de otras fracasadas versiones, que antes de avanzar al socialismo es necesario apalancar a sectores de la burguesía «progresista» y «patriota» para que desarrollen las fuerzas productivas del país, y luego, en un futuro –que nosotros no veremos- emprender el salto hacia la transformación socialista de la sociedad. Bajo esta concepción, que quizás se entrelaza con otras posturas aun más conservadoras manejadas por miembros de la dirección, se ha dado paso a la implementación de medidas de estímulo al empresariado nacional, como: créditos blandos, exoneraciones de impuestos y deudas, subsidios a la producción, constantes devaluaciones del Bolívar, entre otras. A su vez, el carácter anti-imperialista de otrora palidece ante las concesiones otorgadas a multinacionales: en el Arco Minero del Orinoco, en la Faja Petrolífera del Orinoco, con la creación de Zonas Económicas Especiales, y más recientemente, con la sanción de la Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera en Venezuela, todo a expensas de la soberanía nacional.

Todo lo anterior ha estado acompañado del establecimiento de mesas de diálogo con la derecha nacional, de donde ha resultado la liberación u otorgamiento de beneficios procesales a corruptos, asesinos y a manifestantes guarimberos; eso en cuanto a lo político; así como también negociaciones para conceder aún más beneficios al empresariado parásito venezolano, en lo económico. En suma, las maniobras tácticas de la dirección del proceso, dan cuenta de la aplicación de una política de conciliación de clases, la cual ha llevado a la derrota a numerosas experiencias revolucionarias en el pasado (España, Nicaragua, entre otras).

León Trotsky, al observar el carácter de la débil clase capitalista rusa, de cara a la revolución de ese país, dedujo que en la fase imperialista del capitalismo las burguesías de los países coloniales, semi-coloniales y subdesarrollados, habían llegado tarde a la escena histórica y a la repartición del mundo, insertándose en el mercado mundial bajo lazos de dependencia con respecto a las clases dominantes de las naciones desarrolladas. Asimismo, los profundos rasgos de atraso feudal que suelen presentar estos países, en tanto sus burguesías se vinculan mediante múltiples nexos con los terratenientes, convierte a sus respectivas clases capitalistas en ataduras de atraso social. La única clase capaz de llevar adelante las tareas de la revolución democrático-burguesas y hacer progresar nuestros países no es otra que la clase obrera, liderando tras de sí a las demás capas oprimidas de la sociedad, y con ayuda de sus homólogos en las potencias centrales. Pero en virtud de sus intereses de clase, los trabajadores han de plantear la acometida de medidas socialistas desde el mismo instante en que estos asumen el poder. A grandes rasgos se presenta ante nosotros la claridad de la teoría de la revolución permanente, ampliamente comprobada durante el siglo XX hasta el presente. Ernesto Che Guevara se aproximó a conclusiones similares. En el Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental  mencionó:“…las burguesías autóctonas (en relación a las burguesías de América Latina) han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo –si alguna vez lo tuvieron– y sólo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer: o revolución socialista o caricatura de revolución”.

Aunado al brutal recrudecimiento de la crisis económica en nuestro país, los trabajadores han venido sufriendo numerosos retrocesos en sus derechos y conquistas, como: la bonificación del salario (que no incide en el cálculo de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y liquidaciones, pues toman como referencia el salario base); la oleada de despidos tanto en la administración pública, como en empresas privadas; y también la inacción de instituciones como las Inspectorías de Trabajo e INPSASEL, ante los atropellos de las patronales a nivel nacional. De manera oficial y en otros casos fácticos, muchas de las reformas alcanzados en el pasado reciente vienen siendo desmanteladas: a la luz de la hiperinflación, el control de precios desapareció de la faz del país; con los anuncios que adelantan detalles de la implementación de un nuevo DICOM, y una tasa de cambio «más flexible», se prepara el paredón para el fusilamiento del control cambiario. Aunque el sostenimiento de estas medidas keynesianas –cuya implementación fue necesaria en algún momento– no representan la solución a la grave crisis que atravesamos, no cabe duda que su desmonte supone que las presiones de la oligarquía han calado en el ceno de la dirigencia bolivariana. Sin embargo, este último factor no agota la cuestión.

A pesar de los múltiples retrocesos que hemos evidenciado en el último periodo, estos no son suficientes para la envergadura de medidas que exige la burguesía y el imperialismo. La clase dominante criolla, bajo las faldas de sus amos del norte, ambiciona la implementación de un programa de ajuste y contrarreformas, tan o más intenso que los que actualmente se ejecutan en países como Brasil o Argentina, donde las facturas de la crisis del sistema capitalista han de ser pagadas por los trabajadores, mediante dantescos recortes al gasto público, flexibilización laboral, despidos en masa, privatizaciones de empresas públicas, entre otras medidas, cimentadas a costa de asaltos a las libertades democráticas y aumento de los mecanismos represivos disponibles. La burocracia bolivariana no ha accedido a tales demandas hasta el momento, pues entiende los enormes riesgos de inestabilidad que supone el desvincularse totalmente de sus bases sociales. Sin embargo, la agudización brutal de la crisis del capitalismo rentista que le ha tocado administrar, han puesto límites a esta orientación de medias tintas. El giro hacia la derecha del gobierno es cada vez más marcado, y este no solo se orienta a medidas económicas procapitalistas, sino también al aumento en los niveles de represión hacia los trabajadores que se levantan por mejores condiciones laborales, y del pueblo en general, en reclamo por la vulneración a sus derechos a la alimentación, salud, transporte, entre otros.

Así pues, la dirección del proceso en los últimos tiempos, no ha hecho más que tratar de equilibrarse entre los antagonismos de clase existentes, buscando mantenerse en el poder como un objetivo en sí mismo, y no como forma de defender los intereses de los pobres y oprimidos a los cuales dice representar. A todas luces, hablamos de un gobierno bonapartista que en su afán de permanecer a la cabeza del Estado, negocia estabilidad momentánea a costa de sacrificar los avances revolucionarios alcanzados en el pasado, a la par del freno hacia las luchas de los trabajadores y la insurgencia de sectores políticos de la izquierda, como se pudo ver en las pasadas elecciones municipales con las candidaturas de Eduardo Samán y Ángel Prado.

A manera de paliativos, el gobierno trata de salvaguardar su imagen de popular y progresista, otorgando todo tipo de beneficios clientelares, como bonos especiales a millones de familias, que por un lado, no solucionan el problema del rezagamiento de los ingresos familiares en relación con los niveles de precios -más bien lo profundiza al ampliar la liquidez monetaria como combustible para la hiperinflación-, y por otro, suponen un mecanismo de control social y de chantaje, que de modo perverso se vale de las críticas necesidades de los más desfavorecidos, para fines electoreros. Al igual que los bonos, la entrega muchas veces selectiva de las cajas de CLAP parte de la misma tónica. Todo esto se complementa con la asfixia burocrática de casi todas las instancias de participación y organización obrero/popular, como los consejos de trabajadores socialistas, el control obrero en numerosas fábricas expropiadas en el pasado, la organización sindical clasista, las comunas urbanas y rurales, entre otras.

De modo pues que, de cara a las venideras elecciones presidenciales, nos hallamos ante la amenaza de restitución neoliberal, con su correlato represivo y persecutorio, por dos vías. 1) Mediante la posible toma del poder por parte de la derecha proimperialista yanqui, hecho que se produciría de modo acelerado y aun más catastrófico para los trabajadores; y 2) a través de la prolongación del viraje hacia la derecha por parte de Maduro para el próximo mandato presidencial, debido a su necesidad de pactar con la burguesía y el imperialismo, hecho que se deriva del propio recrudecimiento de la crisis económica. En torno a lo anteriormente expresado, debemos oponernos radicalmente a la reconquista del control del Estado por parte de la burguesía parasita, lo cual profundizaría el drama social que hoy atraviesan las grandes mayorías. Sus pretensiones antes descritas, harán ver como un juego de niños lo ocurrido actualmente en países como Brasil y Argentina. Pero a su vez, es necesario expresar nuestro más furioso repudio a la política implementada por la dirección bolivariana, puesto que la misma no sirve para combatir la reacción burguesa que nos amenaza, sino que la fomenta. Tal manera de proceder, nos conduce al desmonte absoluto de los derechos y conquistas alcanzadas por el pueblo trabajador durante el gobierno del presidente Chávez, mientras prepara el camino para que los principales enemigos del conjunto de los sectores oprimidos (la oligarquía) lleguen al poder directamente tarde o temprano.

Todo este panorama obliga a la clase obrera a intensificar la lucha que ya viene levantando, por la defensa de sus intereses de clase. Las organizaciones obreras clasistas a nivel nacional deben avanzar hacia la intensificación de las demostraciones de fuerza, en sus centros de trabajo y en las calles, proyectando que no están dispuestas a permitir más retrocesos y privaciones, sin una lucha aguerrida y franca. Es necesario unificar las iniciativas combativas que se vienen manifestando de manera dispersa, en una plataforma nacional que rompa con la atomización que aqueja nuestra clase, y oriente la definición de criterios para un plan de resistencia y batalla en todos los niveles y ámbitos.

También, se hace urgente la construcción de una nueva alternativa política de izquierda, que agrupe a los sectores más honestos, combativos y resueltos del chavismo, para así derrotar las ansias de la oligarquía con métodos genuinamente revolucionarios. Todo mientras se ajusta cuentas con quienes descarrilaron la revolución de su destino original: el socialismo. Dicho referente debe adoptar un programa radical, que proponga las únicas medidas posibles para superar la crisis en favor de las mayorías trabajadoras y pobres, como: la expropiación de los monopolios bajo control obrero, la expropiación de los latifundios bajo control campesino, la nacionalización de la red de distribución de bienes esenciales bajo custodia de las comunidades organizadas, la nacionalización y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero y popular, e instauración de una central de importaciones bajo permanente fiscalización de los trabajadores. Tal programa debe ser difundido, con el entendido de que sólo podrá implementarse adecuadamente, mediante la sustitución del corrupto aparato estatal burgués, por un semi-estado construido sobre la base de la organización de los trabajadores en consejos. Estos órganos de poder del nuevo Estado, deben estar dirigidos por representantes democráticamente electos, sujetos a revocación inmediata de cargos y que ostenten un salario de un obrero cualificado. 

Como vemos, grandes problemas demandan grandes soluciones. La inviabilidad del capitalismo en todas sus versiones y modelos, se hace patente con la profunda crisis económica y social que azota al planeta entero. Alguna vez nuestro país fue considerado el punto de inicio de la revolución mundial. Es momento de retomar ese legado para materializarlo.