Como hemos venido señalando, específicamente en nuestro artículo “Venezuela: crisis, saqueos y hambre ¿Cuál es la salida?”, la actual crisis que atraviesa el país ha golpeado principalmente a las masas trabajadoras. Esta, enmarcada dentro de la crisis del capitalismo mundial, afecta principalmente a los países que, como el nuestro, se insertan en la economía mundial de forma dependiente, haciéndonos el eslabón más débil de la cadena. El aumento de la oferta mundial de crudo –principalmente en EEUU–; sumado a la desaceleración de la economía de China, y como consecuencia, el descenso en la demanda de materias primas por parte de esta potencia, resultó en un desplome abismal de los precios internacionales del petróleo, recurso que aporta el 96% de los ingresos del país. Este hecho, que también se combina con la merma en la producción petrolera (de 3 millones de barriles por día en 2012 a 1 millón 500 mil en la actualidad), puso en evidencia las limitaciones del capitalismo rentista venezolano, nunca trascendido por la dirección bolivariana.

La orientación de medias tintas de la dirección del proceso revolucionario, por un lado, restringió cualquier posibilidad de avanzar hacia el socialismo, pero por otro, impidió al funcionamiento del mercado capitalista, desatando una rebelión de las fuerzas productivas, que hoy se expresa en escasez, hiperinflación y miseria generalizada. El flagrante saboteo en la producción, por parte de la burguesía, a través de sus monopolios y oligopolios en la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad, nunca fue abordado por el gobierno con la fuerza y tenacidad que se requiere ante la guerra de clases que se escenifica en el país. Es, en momentos críticos como el actual, donde se hace evidente la factura que la historia nos cobra, gracias a la negativa de la dirección bolivariana a completar la revolución expropiando las palancas de la economía, para planificar la gestión de los recursos, en beneficio de todos y bajo control obrero.

A pesar de administrar una enorme riqueza durante los últimos boom’s petroleros (2004-2008 y 2010-2014) el gobierno, en aras de sostener lo insostenible: un modelo rentista despilfarrador, ajustado al atraso productivo y al parasitismo de la burguesía criolla, dio pie a la brutal fuga de capitales (estimada en 300.000 millones de Dólares), por motivos fraudulentos, perpetrada por burgueses y burócratas en una simbiosis de corrupción y desposesión nacional. Esto precipitó altísimos niveles de endeudamiento externo, no solo del Estado, sino también de PDVSA, factor que, para el momento en que comienza a derrumbarse el decadente castillo rentista, puso en la palestra de decisiones gubernamentales: ¿O mantener los niveles de importación de alimentos y medicinas dejando de honrar los pagos pendientes, o sacrificamos la alimentación y la salud del pueblo (entre otras cosas)  para pagar puntualmente? La política del gobierno se inclinó claramente por la segunda, haciendo que cayeran las importaciones en un 50% en los últimos años, mientras se cancelaron aproximadamente 73.000 millones de Dólares en “compromisos internacionales”, priorizando de este modo las ansias de lucro de los buitres especuladores, antes que las necesidades de la mayoría de la población del país. Todo lo descrito, clínicamente justificado a través de la conveniente exageración de que embargarían los activos del país si fallábamos las cancelaciones, cuando en realidad de lo que siempre trató para el gobierno era de generar “confianza entre los mercados” (entiéndase entre el imperialismo) y “atraer inversión”.

La corrupción, como un cáncer en fase metastásica, no ha dejado de revelar el carácter esencialmente putrefacto del Estado burgués y del capitalismo venezolana. Los desfalcos producidos en el CITME (20.000 millones de Dólares), CADIVI y PDVSA, por solo mencionar algunos, dan cuenta de los niveles de degeneración al que puede llegar cualquier burocracia de paso en el andamiaje estatal rentista, en connivencia con la parásita burguesía criolla.  Por otro lado, el estilo de vida ostentoso de altos dirigentes acomodados a los privilegios y prebendas del Estado burgués, que no hacen cola en los supermercados, cuyo salario les alcanza y hasta sobra para vivir una vida lujosa, que se trasladan en camionetas último modelos, que residen en quintas, se contrasta con la degradación de los niveles de vida de las familias más vulnerables, quienes resisten el terrible peso de una crisis que no generaron.

Por otra parte, la dirección bolivariana no ha cesado en la implementación de la nefasta política de conciliación de clases, que se ha traducido en múltiples concesiones a la burguesía nacional (créditos, exoneraciones de impuestos y deudas al Estado, subsidios a la producción, permanentes devaluaciones al Bolívar, entre otras) y transnacional (creación de Zonas Económicas Especiales, garantías de explotación de recursos estratégicos, sanción a la Ley de Inversión de Protección y Promoción a la Inversión extranjera, entre otras), a la par del establecimiento de mesas de negociación con la derecha venezolana, de donde resultan acuerdos para el otorgamiento de más beneficios al sector privado, mientras en lo político, se liberan o conceden ventajas procesales a asesinos, corruptos y guarimberos.

En corroboración de lo que insistentemente hemos expresado en el pasado, esta vía nos ha conducido a un absoluto desastre, primero, en lo económico, al incidir en la pauperización de los niveles de vida de los trabajadores y pobres –sostén fundamental de la revolución–; y segundo, en lo político, al negociar estabilidad propiciando el permanente rearme de la reacción burguesa. Combinando todo lo anterior, junto con la asfixia burocrática de todas las instancias de participación popular: obstaculización para la conformación de consejos de trabajadores, destrucción desde el Estado de las iniciativas de control obrero, frenos a organización sindical clasista, y manejo desde arriba de las comunas y consejos comunales, no hay razones para dudar que nos hallamos ante el desmonte evidente del proceso revolucionario, de manera endógena.

Como hemos venido señalando, el periodo de reformas dirigidas a conceder mejoras en la calidad de vida de las mayorías, ha cesado. Ya no es posible redistribuir la riqueza petrolera, hoy extinta. Al contrario, producto de la voluntad colaboracionista del gobierno con el empresariado y el recrudecimiento de la crisis económica, se abre ante nosotros un periodo de contrarreformas que amenazan con desmontar lo poco que aún queda de conquistas favorables a la clase trabajadora y el pueblo en general. La hiperinflación ha superado todos los controles de precios establecidos en el pasado, ante la inacción de instituciones como la SUNDDE, que se ha quedado impotente en su razón de ser, o porque no está en capacidad de controlar nada, o bien por órdenes de arriba no es preciso atemorizar a los empresarios y comerciantes. Aquí cabe además recordar las palabras del presidente durante la campaña de la ANC: “¿Quieren congelación de precios? ¡Denme constituyente!”, pues a 7 meses después de tal aseveración, y luego de promulgar una Ley de Precios Acordados, la hiperinflación no se detiene. Así mismo, se vienen adelantando detalles del nuevo DICOM, que presentará una tasa de cambio “más flexible”, que busca legalizar lo que de facto se ha venido imponiendo a la realidad económica: el desmonte del control de cambios y una mega devaluación incidente también en la inflación y en la desvalorización de la fuerza de trabajo.

Por otro lado, mientras se otorgan divisas a los parásitos burgueses, las empresas nacionalizadas carecen de los recursos necesarios. Actualmente los trabajadores del Metro de Caracas, de Lácteos los Andes y hasta de PDVSA, empresas modelos, han denunciado el desmantelamiento de líneas enteras de producción y el debilitamiento del servicio (en el caso del metro) por falta de inversión, o en algunos casos, por la malversación de los fondos destinados para tales efectos. Ante estas denuncias, el ejecutivo en vez de responder castigando a los corruptos y colocando la industria bajo un control democrático y transparente de los trabajadores, ha procedido a criminalizar las protestas, encarcelando, despidiendo o señalando a los trabajadores y líderes sindicales clasistas

Es importante señalar además las concesiones que la Asamblea Nacional Constituyente ha hecho al capital internacional en detrimento del legado del comandante Chávez, cediendo nuestra soberanía a tribunales internacionales, controlados por los poderes facticos bancarios, en la Ley “constitucional” de protección de la inversión extranjera. Al parecer, la experiencia de países como Brasil y Argentina no les han servido para entender que bajo la supuesta inversión extranjera se encubre un saqueo ilimitado de recursos, que una ínfima inversión en divisas (el resto se realiza en moneda nacional y se reconoce como si fuese hecha también en divisas) se roba legalmente. Esta ley, que criticamos en nuestro artículo “¡En defensa de los trabajadores! Contra el pacto y la conciliación con la derecha”, en vez de abolir los tratados contra la doble tributación que permiten la evasión fiscal de las transnacionales que fijan su domicilio en países fiscales, los hace simples accesorios.

En este contexto, se presenta un escenario electoral complejo en el cual el presidente Nicolás Maduro anuncia su candidatura a la reelección, lo que ha traído un debate profundo entre las corrientes revolucionaria socialistas.

¿Y en materia social y política?

Hasta ahora, hemos abordado solamente las políticas económicas del gobierno, sin embargo, las políticas en materia social tampoco presentan una alternativa que de verdad se dirija si quiera a hacer más llevadera la crisis para la clase trabajadora. Por el contrario, el gobierno ha optado por una política clientelar que se puede equiparar al clientelismo adeco-copeyano como bien señaláramos en nuestro artículo “Movimiento Somos Venezuela: Un partido cuya ideología es el clientelismo”.

En contraste, las políticas sociales del comandante Chávez tenían como objetivo atender integralmente las múltiples necesidades de las mayorías empobrecidas. Misiones sociales que acabaron con la lacra del analfabetismo y pusieron a disposición de los oprimidos herramientas para salir del obscurantismo, y fomentando su auto-organización, refieren a beneficios que tenían un carácter verdaderamente revolucionario. Además, las misiones en materia alimenticia (mercal y pdval) y en materia de salud (barrio adentro) tenían como objetivo librar a las masas de la lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la muerte, permitiéndoles por primera vez en su historia poder ocuparse de temas políticos y culturales. Si bien, cabe destacar que esto también se logró con precios del petróleo que promediaban los 100 Dólares, saltaba a la vista la voluntad empeñada del líder original de la revolución en no solo mejorar la situación de los trabajadores y pobres del país, sino también de empoderar a estos para que asumieran la conducción del proceso.

Sin embargo, el carácter de los bonos (de navidad, de reyes y ahora de carnavales) que hoy se venden como una solución, además de las tarjetas de hogares de la patria, de embarazadas e incluso la asignación de alimentos a través del CLAP, en realidad es una política de paños calientes. Los bonos y aumentos de salario se financian emitiendo más dinero lo que tiene como consecuencia que la inflación resultante se los “coma” antes de llegar a los bolsillos del pueblo. En lugar de promover la auto-organización del pueblo, estas medidas potencian la idea de que «el estado proveerá» y en algunas ocasiones son usadas por el aparato burocrático para fidelizar y movilizar el voto. 

Por otro lado, mientras se ataca la organización obrera y popular, se vulneran derechos democráticos básicos y se usan las instituciones para judicializar la política. Maniobras como la del CNE para invisibilizar la candidatura de Eduardo Samán en Caracas, al no imprimir su nombre en las boletas electorales, el no reconocimiento de las victorias de Regulo Reina y Ángel Prado en las alcaldías del municipio libertador del estado Monagas y del municipio Simón Planas del Estado Lara, arguyendo un supuesto permiso por el cual la directiva de la ANC se abroga competencias que son de la plenaria de la Asamblea, son elementos nada desdeñables que señalan el curso antidemocrático tomado por la dirección del proceso. Por un lado, se combate como enemigos cualquier alternativa a la izquierda del proceso, y se ata de pies y manos a las organizaciones obreras y populares en lucha, por otro, se liberan corruptos y terroristas, abriéndoles las puertas de los medios públicos –cerrados para la disidencia de izquierda y las bases organizadas– para que presenten libremente sus ideas contrarrevolucionarias.

En conclusión, a todo lo antes indicado, debemos clarificar que: nos oponemos firmemente a que la burguesía pro-imperialista retome el control político del Estado. De llegar a hacerlo, esto supondría la peor catástrofe para el pueblo trabajador. Aplicarían una política sistemática de recortes al gasto público, que eliminará las misiones y subsidios, recortará y eliminará las pensiones, cerrará diversas instituciones estatales (incluidas algunas educativas), y se producirán despidos en masa. A su vez avanzarían en la necesidad de imponer una flexibilización laboral, que enterrará lo poco que aún queda de conquistas y derechos laborales. También privatizarían los servicios públicos que hoy se pagan a bajos costos (agua, electricidad, telefonía e internet público), así como a PDVSA y las empresas básicas de Guayana. No hay que dudar que ampliarían el abanico de concesiones al imperialismo, mucho más de lo que la dirigencia bolivariana se dispone a entregar. Para frenar la inevitable respuesta popular y de los trabajadores, reforzarán todos los mecanismos represivos policiales, militares y paramilitares, seguido de una ola de persecución a líderes sindicales y barriales. El que tenga alguna duda de tales pretensiones, le invitamos a que se documente sobre la situación de los países donde la derecha volvió al poder, como Argentina y Brasil. Ante tamaña amenaza latente, no podemos apoyar bajo ningún concepto la política que desarrolla el gobierno nacional, puesto que la misma no sirve para combatir a la reacción burguesa, debido a que más bien la promueve indirectamente. La táctica emprendida por la dirigencia no solo conduce –aunque con un transitar más lento– hacia el desmantelamiento definitivo de todas las conquistas y derechos alcanzados por las masas durante la primera década del presente siglo, sino que también prepara el camino para que la derecha tome el poder tarde o temprano. Se hace necesaria la construcción de una alternativa de izquierda, dotada de un genuino programa revolucionario, que dirija la profunda voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras, en procura de derrotar a la oligarquía y el imperialismo, con métodos revolucionarios.

Para el pueblo trabajador hoy impera la necesidad de volver a Chávez, a la lucha por el socialismo, al combate contra el capitalismo y el imperialismo. En algún momento, nuestro país era considerado epicentro de la revolución mundial. Es momento de que la clase obrera en primer lugar, y el conjunto de sectores oprimidos de la sociedad, retomemos ese legado, ajustando cuentas con quienes descarrilaron el proceso revolucionario de la ruta socialista que alguna vez se trazó.

Por lo antes expuesto, y teniendo en consideración el debate que se ha abierto dentro de la izquierda revolucionaria y socialista sobre la elección presidencial, cabe la pregunta ¿es necesaria una candidatura alternativa del chavismo?

El Partido Comunista de Venezuela, en su documento base para su XIV Conferencia Nacional, específicamente en el apartado 54 señala lo siguiente:

“Si en el análisis sobre el carácter antiimperialista del gobierno, llegamos a la conclusión de que el mismo no expresa una línea de consecuente resistencia antiimperialista, ¿por qué y bajo qué condiciones el PCV debe mantenerle su apoyo? ¿Por qué tenemos que apoyar su candidato? ¿Existe alguna razón de interés nacional, más allá del compromiso antiimperialista y/o con los derechos del pueblo trabajador, que determine la pertinencia de apoyarlo? ¿Qué opción o qué opciones frente a las elecciones presidenciales asumirá la XIV Conferencia Nacional del PCV?”

Ante estas interrogantes que cruzan transversalmente a toda la izquierda, no faltan quienes desde la burocracia del gobierno hayan comenzado una campaña de descrédito y chantaje. Campañas que en vez de rebajar la moral de los revolucionarios deben servirnos de insumo para un análisis científico del fenómeno que estamos viviendo, una acelerada burocratización del proceso.Es por esto que desde “Lucha de Clases”, sección Venezolana de la Corriente Marxista Internacional, invitamos a discutir sobre la pertinencia o no de una candidatura alternativa del chavismo revolucionario, para luchar por la construcción del socialismo en Venezuela. Participa!  Escribenos tu opinión en nuestras redes sociales y correo electronico! Comparte este articulo entre tus camaradas!

¡Ni un voto a la derecha pro-imperialista!
¡Todo el poder al pueblo!

¡Únete a Lucha de Clases y construyamos una alternativa revolucionaria!