Desde el año 2006 hay una batalla reivindicativa sobre la regulación del uso del agua en El Salvador impulsada desde las organizaciones comunitarias, ambientalistas y sindicatos. Han pasado más de tres legislaturas de diputados desde ese entonces y la propuesta de Ley impulsada desde estos sectores no ha sido tomada en cuenta. Reflejando el carácter reaccionario de la democracia burguesa, específicamente de la Asamblea Legislativa.

La Ley General de Aguas presentada por las organizaciones sociales, a pesar de tener 92 artículos ya aprobados, se ha dejado de lado en el parlamento el 05 de junio del 2018 para apoyar una nueva ley inminentemente privatizadora, La Ley Integral de Agua como le han llamado, es la propuesta de los diputados de la derecha, que contemplaba originalmente la conformación de un ente rector de 5 personas, 1 delegado por la presidencia, 2 delegados por la empresa privada y 2 delegados de COMURES la corporación privada de municipalidades. Aunque la propuesta ha ido cambiando por la presión social, pero su idea central de que la empresa privada tenga la mayoría de delegados sin ninguna representación de las comunidades no ha cambiado. En esta propuesta dejan claras las intenciones de que los grandes empresarios sean los encargados de tomar las decisiones fundamentales del vital líquido en nuestro país.

La administración privada

La derecha siempre ha replicado que la administración privada de nuestros recursos, bienes y servicios siempre será mejor si se encuentra en manos de los capitalistas, sin embargo, a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que esto en absoluto ha sido así. Cuando los buitres de la empresa privada ponen sus garras sobre los recursos naturales, lo hacen a favor de conseguir amplias ganancias para sus amos. Esto ha sido así en nuestro país, basta revisar los procesos privatizadores como la banca nacional, las telecomunicaciones, la distribución de la energía eléctrica, el sistema de pensiones entre otros, para darnos cuenta de esta realidad. Todos esos procesos privatizadores han demostrado ser en beneficio de los empresarios y nunca en beneficio de los trabajadores y oprimidos del país.

En ese sentido nos oponemos rotundamente a la administración privada de nuestros recursos naturales, en especial del agua. Compartimos las preocupaciones de todos los trabajadores organizados en los sindicatos, colectivos, confederaciones, gremios que han salido a luchar contra la privatización del agua y que ahora se aglutinan en la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua. La propuesta de la Alianza sobre quién debe administrar el agua ha variado a lo largo de las discusiones que se han dado en su seno, la que actualmente se defiende se basa sobre la idea de rescatar y fortalecer la institucionalidad del Estado.

La administración pública

La institucionalidad del Estado para la mayoría de organizaciones significa mantener el carácter público del agua, con una fuerte intervención estatal en la administración del agua. Según la propuesta de la Alianza quien más tendría representación en el ente rector sería el Estado a través de todos los ministerios que hacen uso del agua, además de contemplar la participación de COMURES en este organismo y sin la participación directa (con voz y voto) de las organizaciones comunitarias.

Como revolucionarios no nos interesa lavar la cara de las instituciones burguesas del Estado, nos interesa sobre todo demostrar que esas instituciones son corruptas porque son parte de un sistema de dominación capitalista, lo han confirmado a lo largo de su historia, sea cual sea el gobierno que esté, la corrupción se mantiene en distintos niveles. La causa fundamental de que esto sea así, es que no hay intervención directa de las masas obreras de forma organizada en las decisiones de estas autónomas como ANDA y demás instituciones del Estado, esto las hace vulnerables a la corrupción ya que al final terminan sucumbiendo a los intereses de las grandes empresas y no a las necesidades de las masas.

Nosotros por el contrario creemos necesario someter al debate la idea de que el pueblo organizadamente puede administrar sus recursos naturales. Creemos que toda la riqueza del país debe estar en manos de la organización comunitaria de los trabajadores y demás clases oprimidas. En el caso concreto del agua, no se necesita grandes esfuerzos para esto, actualmente el 35 % del agua está siendo administrada ya por las comunidades, esto es un avance y una muestra de que la administración comunitaria es posible, sabemos que esta administración no es perfecta, pero esto precisamente se debe a que el proceso se hace de forma aislada y sin la intervención de un plan nacional estatal y democrático; sin embargo, por mucho tiempo esto ha sido posible, muchas comunidades organizan la distribución y el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la distribución del agua y en los mejores casos de forma democrática.

Creemos necesario poder desarrollar una lucha defensiva  y ofensiva  al mismo tiempo, primeramente para evitar que la empresa privada se agencie el control total y definitivo de la ANDA, y también agitar en favor de la administración comunitaria del agua, pues es la única forma en que podamos tener un sistema eficiente y transparente, bajo la administración privada es imposible poder tener finanzas publicas accesibles a todos los ciudadanos, porque existe el secreto comercial, esto significa que ninguna empresa que compita en el mercado puede revelar sus costos de producción y ganancias; con la administración netamente pública no hay un control eficiente de las finanzas y en muchos casos los libros contables no son de carácter público. Una administración comunitaria debe inscribir en sus estatutos el carácter público de sus finanzas.

Con un sistema nacional, democrático y representativo el agua podrá ser administrada y utilizada no para generar ganancias, sino para utilizarla para lo que realmente se necesita, satisfacer las necesidades de la sociedad, esto establecerá las bases para tener una administración planificada del agua y por qué no, de todos los recursos naturales explotables de nuestro país.

Bajo estos argumentos compartimos con todas las organizaciones en lucha nuestra propuesta de un sistema administrador del agua y un ente rector, de carácter comunitario y público. Con el ánimo que pueda fortalecerse a través del debate fraterno de todos los activistas en la lucha contra la privatización del agua.

Propuesta del BPJ para la administración del agua y el Ente Rector

En el caso de la administración creemos que se tiene que avanzar a un proceso paulatino de organización en las comunidades, establecer organización y gestión del agua en todos los barrios, cantones y colonias del país. Para lo cual proponemos:

  1. Establecer un sistema de organización a través de asambleas comunitarias representativas y democráticas que administren el agua a nivel nacional.
  2. El Estado debe promover este sistema nacional de asambleas poniendo a disposición infraestructura para las reuniones, técnicos, promotores y todo personal desinteresado y consciente de la necesidad del manejo racional de los recursos hídricos, técnicos y personal capacitado de la misma ANDA aglutinados en los sindicatos.
  3. La organización y administración del agua debe iniciar desde los cantones, pasajes, barrios, colonias, municipios, departamentos y regiones para constituir una Asamblea Nacional Administradora del Agua, la cual tendrá como objetivo definir y elegir una entidad rectora que le dé seguimiento a los objetivos y planes surgidos de la Asamblea Nacional.
  4. Los planes y objetivos sobre la administración y la gestión deberán ser discutidos en una Asamblea Nacional una vez cada 3 años. La discusión debe iniciar previamente desde las formas de organización más básicas, con la participación de todos los ciudadanos mayores de 18 años, de las comunidades hasta llegar a las formas más elevadas, la conformación de asambleas de delegados elegidos democráticamente de carácter municipal, departamental, regional y nacional.

Sobre el ente rector

Proponemos que el Ente Rector este constituido por una entidad tripartita con un tercio de representación del Estado, un tercio de representación de las comunidades organizadas y administradoras de agua; y un tercio de representación de los trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados de la autónoma de ANDA.

El ente rector se constituirá por:

  1. 3 delegados con voz y voto en representación del Estado
  2. 3 delegados con voz y voto en representación de las comunidades organizadas y administradoras del agua
  3. 3 delegados con voz y voto de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de la autónoma de ANDA

Formas de elección

  1. Todos los delegados del sector de las comunidades y administradoras de agua deben ser elegidos democráticamente en la Asamblea Nacional. La representación de las comunidades organizadas actualmente está distribuida de forma desproporcionada, en este sentido el Estado debe procurar desarrollar una campaña masiva de explicación política para convencer a las juntas de agua ya constituidas, para que se sumen al sistema de organización nacional de asambleas. Este proceso debe tener un carácter integrador para que haya una amplia participación y se aproveche la experiencia de estas juntas del agua que han funcionado de manera paralela al servicio dado por la ANDA por muchos años. Mientras tanto la representación del sector ciudadano o comunitario deberá ser constituida de manera proporcional al porcentaje de organización de cada sector (juntas de aguas, asambleas administradoras de agua). Definiendo por ahora dos delegados por juntas de agua y un delegado por asambleas comunitarias, pero tratando la manera de impulsar y generalizar el sistema nacional de asambleas administradoras de agua en todo el país por sobre las actuales juntas de agua.
  2. Los delegados de los sindicatos y trabajadores no sindicalizados deberán ser sometidos al debate y a la elección democrática en Asambleas Sindicales, tendrán derecho 2 por sectores sindicalizados y 1 por sectores no sindicalizados en el ente rector.
  3. Los delegados estatales serán designados por la presidencia.
  4. Se deben elegir suplentes para cada uno de los nueve cargos de la Dirección Nacional u organismo rector, elegidos bajo los mismos parámetros de elección de los propietarios.

Periodos de funciones y formas de elección

  1. Los delegados al Ente Rector deberán fungir durante un periodo de tres años. Y deberán cumplir los objetivos y planes que se discutan en las plenarias ampliadas de la Asamblea Nacional Administradoras del Agua, quien en última instancia será la máxima autoridad.
  2. Cualquier delegado electo democráticamente que violara los objetivos y planes centrales de las Asamblea Nacional Administradora del Agua o fuese acusado de corrupción y otros delitos deberá ser removido de su cargo bajo la convocatoria del 50 % más uno de los delegados a nivel nacional de la Asamblea Nacional administradora del Agua. Es decir, la decisión deberá ser tomada por la Asamblea Nacional con la mayoría simple de los votos de sus delegados nacionales.
  3. Se deberá crear un marco regulador de la ANAA, por parte de la Dirección Nacional que defina y estipule de forma detallada todo el funcionamiento y formas de gestión de las juntas de agua y las asambleas administradoras del agua.

Esta propuesta está lejos de ser la solución a todos los problemas de la administración del agua, pero para nosotros representa en si las ideas centrales de la forma en como solucionar el problema de la administración del agua y es por lo tanto nuestro aporte al debate. Huelga decir que está orientada a establecer un poder alternativo arraigado en la administración autónoma de las comunidades, ante el defectuoso y corrupto sistema de administración que por décadas ha brindado el Estado a manos de la burguesía por medio de la ANDA. No sobrarán los calificativos de utópicos o irrealistas, pero nos respalda el amplio bagaje histórico de la experiencia de las masas oprimidas en muchas latitudes y en nuestro propio suelo que han sabido insubordinarse ante el poder estatal y han tomado en sus manos las riendas de su propio gobierno. Esto representa una ruptura con las formas de dominación y control por parte del aparato del Estado burgués existente, por lo que no dudamos que tendrá una férrea resistencia por parte de éste y la clase empresarial del país que refleja sus intereses en el mismo.

¡Por una administración comunitaria, democrática y racional del agua!