Desde la Corriente Marxista – Lucha de Clases, queremos expresar nuestra rotunda condena del vil asesinato del camarada Luis Fajardo, quien fuera miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a la vez que expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y camaradas de partido.

Para nosotros, este infame hecho es una demostración más de la agudización de la lucha de clases en el campo, y de la avanzada de los terratenientes que hoy cuentan con el apoyo del aparato del Estado burgués para cubrir sus acciones contra los campesinos. Denunciamos estos hechos y exigimos a las autoridades que se haga justicia. Los responsables intelectuales del hecho, los terratenientes, ya han sido denunciados y señalados por la comunidad, a la vez que se han denunciado a los cuerpos policiales y militares cómplices de los atropellos y amenazas al pueblo.

A continuación, reproducimos el comunicado de los camaradas del PCV.

Tribuna Popular.- Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), productor agrario y dirigente campesino, fue asesinado artera y alevosamente a sus 49 años, en la noche del pasado 31 de octubre, en Nueva Bolivia, capital del municipio Tulio Febres Cordero (Mérida), junto a su cuñado y activista campesino Javier Aldana, militante del PCV en la zona.

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Cuando se dirigían en moto a la casa de Fajardo fueron tiroteados desde un vehículo en marcha, materializándose las amenazas de muerte que reiteradamente recibió de funcionarios militares, terratenientes y politiqueros a raíz de su lucha consecuente en defensa del derecho de colectivos campesinos a la tierra y la producción.

Fajardo, oriundo de San Nicolás, localidad del municipio San Genaro de Boconoíto (Portuguesa), nació el 10 de octubre de 1969, convirtiéndose en hijo adoptivo del eje panamericano del estado Mérida, donde se residenció durante muchos años y llegó a constituirse en uno de los principales y más reconocidos dirigentes campesinos de la zona del Sur del Lago de Maracaibo desde que hace casi 17 años encabezó el primer rescate de tierras que se realizó sobre el fundo Santa Ana, propiedad de la familia Belloso, integrantes de la rancia oligarquía zuliana.

En los años más recientes Fajardo, junto a 300 familias, han librado una importante lucha por el rescate del fundo Caño Rico, ubicado en el sector Las Veritas, parroquia Gibraltar del municipio Sucre (Zulia), donde se encontraban incultivadas y ociosas la casi totalidad de sus 522 hectáreas; pero las acciones del movimiento campesino activaron las alarmas de los terratenientes, quienes mantienen gran poder político y económico en la zona y sobre funcionarios civiles y militares.

En representación del PCV y la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» fue una de las cabezas más visibles y simbólicas de la Marcha Campesina Admirable que partió el 12 de julio de Guanare (Portuguesa) y llegó a Caracas el 1 de agosto.

Alerta desoída

Como bien señaló Oscar Figuera, secretario general del PCV, tras el asesinato de los líderes campesinos: «La dirección nacional del PCV denunció infinidad de veces las amenazas a la vida de nuestro combativo camarada Fajardo, sin que las autoridades adoptaran las medidas de protección adecuadas».

En las páginas del periódico Tribuna Popular (Nº 2.996, del 14 de junio de 2018), el Buró Político del PCV «[…] expresó su más contundente condena a los recientes actos de persecución, hostigamiento y agresión que han realizado efectivos militares y policiales contra dirigentes campesinos, quienes intentan desalojarlos de las tierras que han labrado con mucho esfuerzo desde varios años; y exigió al Gobierno nacional medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de estos líderes populares y de sus familias.»; pero el reciente crimen corrobora que las instancias competentes del Estado venezolano hicieron caso omiso de este llamado.

Incluso, la dirección comunista manifestó claramente sobre «los intentos de amedrentamiento y las amenazas de muerte contra el camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del PCV y dirigente campesino, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) liderados por el capitán José Villasmil Toro, comandante del Puesto de Frontera Nº 32 de El Batey, municipio Sucre (Zulia), y el sargento ayudante Freddy Ojeda.»

Asimismo, días después, como consta en la última edición impresa de Tribuna Popular (Nº 2.998, del 19 de julio de 2018), el Buró Político del PCV insistió en la exigencia de «[…] políticas agrarias de apoyo financiero, técnico, de insumos agrícolas y en la defensa a los campesinos contra la actuación impune de funcionarios castrenses, de burócratas del INTI, y de terratenientes civiles y militares; para rescatar la producción nacional».

Volviendo a plantear «[…] el caso de Caño Rico, en el municipio Sucre (Zulia) del sur del Lago de Maracaibo, donde están coaligados el director regional del INTI, el legislador (del PSUV) Guly Bert Antúnez, el capitán (GNB) José Villasmil Toro y la jueza 4ª Agraria, hostigando al movimiento agrario y amenazando la vida de Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV.»

Por eso tiene cabal justificación que el PCV, en palabras de Figuera, haga responsables del asesinato de Fajardo y Aldana «a los terratenientes del Sur del Lago, a miembros de la Guardia Nacional y políticos corruptos que públicamente le amenazaron», así como la demanda de que el Gobierno nacional realice «una exhaustiva investigación y ejemplar castigo a los asesinos».