El nuevo escándalo de las llamadas “cloacas» del Estado es un apunte más para el conocimiento público de cómo funciona realmente este organismo y la llamada “prensa libre”. La persecución desvelada contra Podemos, basada en pruebas fabricadas y acusaciones falsas –con la implicación de importantes medios de comunicación burgueses–, no es un hecho accidental debido a unas cuantas “manzanas podridas”, a un mal gobierno o a unos periodistas canallas, sino que  es parte esencial y estructural del funcionamiento de este aparato de represión que, como en todos los países capitalistas “democráticos”, tiene como objetivos perseguir a quienes son considerados una amenaza para el sistema y preservar la dominación de los ricos y poderosos.

La “policía patriótica”

El centro de atención de una de estas “cloacas” está siendo la llamada “policía patriótica”, oficialmente “desmantelada” según el ministro socialista Grande-Marlaska, aunque muchos de sus integrantes siguen en el cuerpo, en algunos casos en puestos de alta responsabilidad.

La “policía patriótica” fue el nombre adoptado por un grupo de oficiales de la policía de alto rango en conjunción con el exministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, y el gobierno de Rajoy para perseguir a oponentes políticos “del Estado” (como los independentistas catalanes y Podemos) y sabotear la investigación de los grandes casos de corrupción que afectaban al PP (Púnica, Gürtel, Bárcenas, Taula, Kitchen, Tándem) e incluso a la Casa Real (Nóos). Sus conexiones alcanzaban (y alcanzan) al poder judicial tanto en los altos tribunales como en  juzgados menores en Madrid y otras ciudades. En el caso Bárcenas, se contrató a un sicario para asaltar su casa y robarle el material del caso Gürtel y el que incriminaba al PP en el pago de sobresueldos en B a ministros y expresidentes de gobierno (Aznar y Rajoy). En el centro de todas estas tramas ha estado el excomisario de policía, José Manuel Villarejo.

Guerra sucia contra Podemos

El caso que ahora está llenando portadas de medios de comunicación es el “trabajo” realizado por esta mafia policial desde finales de 2015 hasta mediados de 2016, por encargo del gobierno Rajoy, para desacreditar a Podemos y a sus dirigentes. Consistía en acusarlos con pruebas falsas de financiarse de los gobiernos de Venezuela e Irán, y en la filtración de mensajes personales procedentes de un móvil robado –supuestamente por esta mafia policial– a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham.

Tanto los falsos informes sobre la financiación de Podemos, agrupados en el denominado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), como algunos comentarios privados y fotos personales del teléfono robado, fueron publicados por el panfleto digital OKDiario de Eduardo Inda, que estaría conectado a la mafia policial y a los negocios privados de Villarejo. El contenido del móvil robado a Bousselham fue encontrado en los ordenadores personales de Villarejo, y copias de la tarjeta SIM de este móvil fueron enviadas, al menos, al medio de comunicación “Grupo Zeta”, de Antonio Asensio y a la revista Interviú, de este mismo grupo. Conviene recordar que OKDiario se fundó en septiembre de 2015 con el fin de servir a esta trama. Para ello, según el periodista Ernesto Ekáizer, le fue proporcionado un crédito de 500.000 euros por una empresa pública, ENISA, dependiente del Ministerio de Industria, dedicada a subvencionar proyectos empresariales. El nexo entre la mafia policial, el gobierno de Rajoy y OKDiario-Eduardo Inda, quedaría claro.

Hay un aspecto oscuro en esta trama que salpica al entorno del PSOE. Según Villarejo, el contenido del móvil robado le fue entregado en un “pendrive” por el entonces director de Interviú, Alberto Pozas, que era hasta ahora Director General de Información Nacional de Moncloa, y que ha dimitido de ese puesto “para no dañar al gobierno de Sánchez”, sin negar enfáticamente lo afirmado por Villarejo. Pozas se desempeñó  entre 1989 y 1992 como asesor ejecutivo de Comunicación y portavoz de la Secretaría de Estado para la Seguridad en la etapa de Rafael Vera, bajo el gobierno de Felipe González. Vera fue condenado a prisión junto con el exministro José Barrionuevo en 1998 como responsables máximos del GAL, el grupo terrorista que durante varios años asesinó a militantes de ETA y abertzales en España y Francia. Sea o no verdad lo afirmado por Villarejo, es innegable que el vínculo de Pozas con las esferas policiales viene de lejos, y su papel en la trama contra Podemos debe ser aclarado. ​

El escándalo ha continuado con más filtraciones de audios donde se recogen declaraciones de altos oficiales de la policía implicados en esta trama, donde mencionan que trabajaban por orden del gobierno, del exministro Fernández Díaz y del propio expresidente Rajoy.

Una de las grabaciones más significativas –realizada por la misma Policía– que ha sido filtrada, corresponde a una entrevista del Inspector Jefe de la Policía Nacional y actual miembro de la Secretaría General de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, con un exministro chavista pasado a la contrarrevolución, Rafael Isea, en la embajada española en Nueva York. El objetivo era que éste acusara a dirigentes de Podemos de haber recibido dinero por trabajos de asesoramiento al gobierno venezolano cuando trabajaban en la Fundación CEPS ¡ocho años antes de la fundación de Podemos! A cambio, el gobierno de Rajoy le concedería la nacionalidad española, una identidad nueva y un trabajo bien remunerado en España. Isea hizo lo que se le pidió, dar autenticidad a una fotocopia del supuesto documento oficial del pago, pese a haber reconocido que nunca vio el documento original. Isea fue engañado como un niño. El supuesto documento fue publicado por OKDiario, y replicado en numerosos medios de comunicación, pero Isea nunca recibió el premio prometido.

Aunque todo el mundo político y periodístico sabía de la falsedad de las acusaciones en su momento, la derecha y su prensa prostituta le dieron validez, y el PSOE participó de la operación con un silencio comprometedor. Hoy, en medio del escándalo, los partidos del régimen siguen manteniendo un silencio cómplice encogiéndose de hombros, sin denunciar  abiertamente este descarado comportamiento mafioso del Estado.

El vínculo de los medios con las grandes empresas

Y es que, como ha declarado en una entrevista a eldiario.es el exdirector de El Mundo, David Jiménez:

“En 2015 las élites veían con terror la llegada de Podemos al Gobierno y toman una decisión para evitarlo”.

Como decíamos al principio, no se trata de acciones individuales de “manzanas podridas” sino de un movimiento consciente y planificado de la clase dominante contra sus oponentes políticos considerados más peligrosos.

David Jiménez declara algo elemental para todo marxista y activista de izquierda, pero que no está claro para la gente común:

“Cuando hablamos del poder político o del poder económico y el poder mediático, hablamos como si fueran independientes uno de otro. Y no es así. Este es un triunvirato de poder, los intereses son comunes y cuando se pone la maquinaria en funcionamiento y quieren aplastar a alguien, se ponen en funcionamiento los tres poderes”. Y continúa: «El BBVA por ejemplo es un banco que tenía un fondo y un dinero destinado a ganarse periodistas y a financiar medios de periodistas afines… El Ibex paga a la prensa mucho más dinero del que le correspondería por audiencia. Uno se va a los obituarios de Emilio Botín cuando fallece y no encuentra un defecto. Eso no es casualidad, quiere decir que al final todos los favores que el Ibex le hace a la prensa se pagan de una manera u otra y cuando llega una información comprometida…”

¿Cómo surgieron las “cloacas”?

La peculiaridad del aparato del Estado en España es que procede directamente, sin depurar, del franquismo; que estaba inundado de criminales, torturadores, vividores y represores que acumularon enormes privilegios, y cierta independencia de actuación, como pago a los servicios prestados a la clase dominante española durante 40 años.

Este Estado dentro del propio Estado “constitucional” hace y deshace a su antojo sin guardar las formas, sabiendo que los cobardes ministros socialistas no osarán enfrentárseles. Esto explica por qué torturadores como Antonio González Pacheco “Billy el Niño”, además de mantener sus medallas y pensión por los servicios prestados, pudo participar en la ceremonia oficial del “día de la policía” en la comisaría de Ciudad Lineal (Madrid), invitado por el comisario José Manuel Mariscal de Gante el pasado 4 de octubre. Por las mismas fechas, el 12 de octubre, el golpista condenado del 23F, Antonio Tejero, participó en el acto oficial de la Guardia Civil, para conmemorar el día de su patrona, la Virgen del Pilar, en el acuartelamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), invitado por el comandante del puesto, Miguel Gallardo. Cientos de exoficiales retirados del Ejército que ocuparon las más altas responsabilidades en el Ejército en “democracia”, y algunos aún en activo, firmaron el manifiesto en apoyo a Franco y contra su salida del “Valle de los Caídos”. Decenas de jueces franquistas se han destacado estos años en boicotear la Ley de Memoria Histórica, impidiendo el cambio o eliminación de calles y monumentos franquistas en todo el país. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que dirigió el dispositivo de represión en el referéndum de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017, es hijo de un exdirigente de Fuerza Nueva de Murcia, se presentó como voluntario en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla (Murcia) para apoyar el golpe del 23F, y en 1997 fue acusado de torturar a un preso etarra. Su hermano fue presidente del Tribunal Constitucional que dictaminó la inconstitucionalidad del Estatut, kilómetro 0 del masivo movimiento independentista catalán actual. Curiosamente, Pérez de los Cobos no inició su andadura dentro de las altas estructuras del Estado de la mano del PP, sino del PSOE cuando el entonces ministro de interior socialista, Pérez Rubalcaba, lo nombró asesor en 2006.

Fue en esta red de impunidad del aparato estatal y policial, sin control alguno de los representantes populares, donde el excomisario Villarejo junto a sus compinches en el cuerpo, todos ya en activo en los últimos años del franquismo, se dedicaron a utilizar sus posiciones y los recursos del Estado, para hacer negocios por su cuenta, actuando como mercenarios al servicio del mejor postor, acumulando una enorme fortuna. Hacían servicios de espionaje, informes, chantajes, estafas  (caso “el pequeño Nicolás”), y operaciones a favor de gobiernos de turno y de empresas (como el BBVA, entre otras) o de personajes con dinero (como Javier López Madrid,  yerno del constructor y exministro de Franco Villar Mir y “compi yogui” de la reina Leticia, y cuya exesposa acusa al propio Villarejo de haberla acuchillado por orden de su exmarido).

El instituto “Schola Iuris”, manejado por Villarejo, orientado formalmente a dar cursos de másteres en diferentes especialidades jurídicas, juega un papel clave en el establecimiento de relaciones entre esta mafia policial y el aparato judicial. Notorios jueces del Tribunal Supremo (como su actual presidente y juez principal del Procés, Manuel Marchena) y de la Audiencia Nacional, abogados y Fiscales del Estado, han impartido cursos y conferencias en este instituto  a cambio de suculentos emolumentos.

El “caso Villarejo”

La razón por la cual la justicia burguesa no ha tenido más remedio que atacar a Villarejo, encausarlo con múltiples denuncias y mantenerlo en prisión preventiva desde hace año y medio es porque, henchido de su sentimiento de impunidad, se ha considerado “intocable” y ha ido más allá de lo permisible en sus oscuros negocios, afectando algunos intereses empresariales relevantes con el peligro de desacreditar al propio aparato de Estado y el “fair play” entre grandes empresas.

Es por ello que, sin nada que perder, y para forzar su liberación y el cierre de las numerosas causas que se le han abierto, o al menos para tratar de forzar un acuerdo favorable a sus intereses con el menor coste posible, se ha dedicado desde dos años atrás a filtrar la ingente cantidad de grabaciones policiales, “legales” e ilegales, que ha acumulado en décadas de actividad mafiosa, entre las que se cuentan las grabadas al entorno íntimo de Juan Carlos I, a ministros y altos funcionarios del PP y del PSOE, empresarios, etc., y estas últimas del caso “Podemos”, utilizando sus plataformas mediáticas asociadas como OKDiario y Moncloa.es. Es un claro chantaje al Estado, que va a continuar a lo largo de los próximos meses, y cuyo final es difícil de predecir.

Un Estado y un régimen enemigos de la clase trabajadora

Como dijo acertadamente el compañero Alberto Garzón hace unos días, el caso del espionaje a Podemos ha podido salir a la luz por este conflicto de intereses dentro del aparato del Estado, pero ¿cuántos otros casos de espionaje y campañas sucias contra la izquierda, sus dirigentes, y activistas sociales y sindicales se han dado, o están dándose y no han salido a la luz?

La conclusión es clara. Estamos gobernados por un Estado opresivo, reaccionario, enemigo del pueblo y de la clase trabajadora en particular, con su pata mediática adosada que le sirve de altavoz, y por encima de ellos una oligarquía parásita y corrupta que maneja las 35 empresas españolas más grandes, el llamado IBEX35, más las 65 grandes empresas restantes que configuran la Bolsa de Madrid. Todas ellos en mano de 20 familias, como afirmaba Pablo Iglesias en su reciente mitin en Madrid del 23 de marzo, con ramificaciones hasta alcanzar 200 familias de súper ricos y explotadores que controlan el 85% de la riqueza del país.

El propio exDirector de El Mundo, David Jiménez, nada sospechoso de izquierdista, se ve obligado en la entrevista citada a caracterizar a esta oligarquía, en un arranque de sinceridad:

“Se ha creado una especie de gueto de ese establishment, gente que va al restaurante X o al reservado y sólo se ve con personas de ese círculo. Su contacto con la realidad del país es mínimo”.

Esta es la gente que hace y deshace a su antojo en nuestras vidas, y decide por nosotros.

La lucha por democratizar el aparato del Estado, por limpiar y eliminar su basura acumulada en décadas y siglos, está inextricablemente unida a la lucha por una república democrática que derribe de raíz este aparato de Estado y su monarquía corrupta, para crear uno nuevo bajo el control democrático de las familias trabajadoras y demás sectores oprimidos de la sociedad. Y todo ello sólo es posible eliminando al mismo tiempo el poder económico de esta oligarquía reaccionaria, que lo tiene bajo su mando, con la expropiación y la propiedad colectiva de las grandes empresas, bancos y latifundios, para que estén en manos de la clase trabajadora que los hace funcionar y producir día a día y puedan ser utilizados para los intereses y el bienestar de la inmensa mayoría.

República democrática y socialismo, son una y la misma lucha. Esta es la idea que deberían transmitir los dirigentes de Unidos Podemos, si quieren ser consecuentes,  en esta campaña electoral y más allá.