La Chiquitania arde desde los primeros días de agosto. Los incendios empezaron el 2 de este mes a oeste y este de San José de Chiquitos en áreas forestales, bosques secos, hasta llegar a Roboré. Hasta que el ministro Quintana no pueda demostrar lo que denuncia, que los incendios han sido provocados por la derecha con fines electorales y políticos, debemos asumir sus declaraciones como el reconocimiento que estos incendios no llegaron de Brasil, como en un primer momento sostenía el gobierno. Las causas de este desastre deben buscarse dentro de nuestras fronteras.

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La verdad es que las denuncias de Quintana, muy parecidas a las que lanza el ultraderechista Bolsonaro, de ninguna manera pueden ocultar las responsabilidades del gobierno. Desde hace años la burguesía del Oriente ha sido beneficiada con una serie de normas que han legalizado desmontes, chaqueos, quemas y penetración en áreas forestales bajo el pretexto de la “ampliación de la frontera agrícola” para conseguir la “soberanía alimentaria” o dar respiro con la producción de bioetanol y alimentos transgénicos a una economía nacional golpeada por la caída de las exportaciones de gas y minerales. Deforestación y quemas contribuyen al cambio climático y son las causas de esta oleada de incendios que estremece al mundo: lo dicen los expertos y lo decía el propio MAS en todas las cumbres climáticas, incluso la de Cochabamba, donde se proclamaba “defensor de la Madre Tierra”.

Para explicar este giro en la política del gobierno y el MAS debemos remontarnos a las negociaciones que hicieron inútil la reforma agraria planteada en la nueva Constitución Política del Estado. Al haber establecido que las limitaciones – ya de por sí generosas (5000 Ha) – a la concentración de tierras no tenían retroactividad y que los únicos latifundios expropiados serían aquellos con servidumbre, ya desaparecidos con el desarrollo capitalista del agro oriental, el MAS dejó sin solución la cuestión agraria en el país y legalizó las propiedades de un puñado de familias, bolivianas y extranjeras, de grandes terratenientes. Como la “frontera agrícola” no podía ampliarse al latifundio, la presión de los campesinos sin tierra sobre las áreas fiscales, forestales y protegidas ha ido aumentando constantemente.

Respondiendo a la juventud, las plataformas medioambientales y los movimientos que exigen la derogación del paquete normativo con el que se ha venido autorizando deforestación y quemas, el ministro Cocarico ha defendido asentamientos que, en su criterio, son vitales para la “soberanía alimentaria”. Efectivamente, la producción de las pequeñas unidades campesinas es central e indispensable en la producción de alimentos. Pero su contribución es insuficiente, como demuestra el crecimiento exponencial de la importación de alimentos, incluso tradicionales como papa, maíz etc. Esto porque las grandes superficies agrícolas son del latifundio y están destinadas por este al bioetanol o la soya, mercados además dominados por multinacionales como Cargill, el grupo Alicorp, Monsanto, Louis Dreyfuss etc.

Con la complicidad del gobierno, el latifundio, los agroempresarios y los ganaderos se sirven del hambre de tierra de pequeños campesinos para sus fines. El gobierno promulgó perdonazos a los desmontes que aceptaban pagar multas y producir alimentos. A pesar de no tener resultados, promovió una ley, la 741, para autorizar los desmontes hasta 20 hectáreas, que representa la dimensión de las pequeñas unidades campesinas. Una vez perforadas las normas de protección de bosques y áreas fiscales, el gobierno ha promulgado el DS 3973 que autoriza desmontes y “quemas controladas” sin limitación. Esto ocurría el 10 de julio, menos de un mes antes del desastre que estamos viviendo.

Mesa y Ortiz tratan de cabalgar la indignación general por esta catástrofe anunciada sin confrontar las causas. El comunicado de la agrupación de Mesa que plantea “evaluar ajustes normativos con los actores productivos” es muy elocuente al respecto. No se oponen a deforestación y chaqueos. Aprovechan y azuzan el conflicto latente de los colonizadores del Occidente con las poblaciones nativas de la Chiquitania para que deforestación y chaqueos queden prerrogativas del latifundio. La polémica falsa sobre el tema de la “ayuda internacional”, entre una oposición que la considera la panacea de todos los males y un MAS que la rechaza mientras acepta los dólares de la CAF y debe alquilar aviones de EEUU, demuestra en todo su tragicómico desenvolvimiento que ninguno de ellos resolverá nuestros problemas.

Solo la juventud movilizada en Santa Cruz como en otras ciudades del país y las plataformas medioambientales, ridiculizadas por Evo de manera vergonzosa, exigen la abrogación de las normas que autorizan quemas y desmontes. Sin embargo, sin vincular esta reivindicación, que apoyamos plenamente, a la necesidad de una auténtica reforma agraria, que expropie el latifundio para crear empresas agrícolas públicas de producción de alimentos dirigidas por la gran masa de obreros agrícolas, se permite a una derecha chaqueadora de confundir responsabilizando al pequeño campesino del occidente por la devastación de la Chiquitania. Como colectivo político hemos participado y participaremos de las movilizaciones de la juventud boliviana en defensa de nuestro medioambiente y a ella proponemos luchar por

¡Abrogación de la ley 741 y el DS 3973!

¡Expropiación del latifundio!

¡Por la Reforma Agraria!