El pasado viernes 7 de febrero, los compañeros William Prieto, Secretario General de Sutrabfogade -sindicato de la institución financiera estatal Fogade- y miembro del Comité Central de Lucha de Clases, y William Guzmán, Delegado de Prevención del mismo ente, comparecieron ante la Inspectoría del Trabajo para tratar la solicitud de calificación de despido dictada en su contra en días anteriores. Este episodio fue la continuación de toda una serie de atropellos que comenzaron con el cambio arbitrario de los departamentos de trabajo de los dirigentes obreros antes nombrados, la denuncia en Fiscalía de dos gerentes féminas por supuesta violencia psicológica, el allanamiento a la sede del sindicato, la posterior negativa de entrada al centro laboral y el despido injustificado de dos trabajadores afiliados a Sutrabfogade.

Como explicamos en su momento, todas estas acciones constituyen ataques tanto a la organización sindical, que se ha mostrado consecuente con los intereses de los trabajadores del organismo, pero sobretodo a los empleados que han evidenciado el desmonte progresivo de derechos y conquistas laborales históricas. Este caso se enmarca en la política antiobrera que ejecuta el gobierno de Maduro en su interés de reducir el enorme déficit presupuestario estatal, requiriendo a su vez la aplicación de medidas represivas antisindicales y antipopulares para quebrar la más mínima resistencia social.

El acto público solo supuso la presentación y transcripción de las denuncias donde intervinieron los abogados de las partes. Una anécdota importante representó el hecho de que la Inspectora del Trabajo, Lolimar Salazar, que no suele apersonarse para el procesamiento particular de este tipo de casos, apareció en el momento en que los dirigentes obreros de Fogade comparecían. Allí la inspectora atacó al sindicato alegando que el mismo se encuentra vencido y por tanto sus dirigentes no pueden apelar a su fuero contemplado en la legislación venezolana. Aquí vemos con claridad como la supuesta imparcialidad del Estado burgués no existe, como los intereses que se entretejen en este generalmente forman un bloque compacto de funcionarios que obran en función de sus amigos empresarios y altos burócratas. En un país donde el nepotismo en el Estado es la norma, nada de esto es de extrañar. No está de más recordar que la presidenta de Fogade es Arlén Piñate, hija del Ministro del Proceso Social para el Trabajo, Eduardo Piñate.

Vale aclarar que tanto Sutrabfogade como infinidad de sindicatos en el país no han podido renovarse mediante procedimientos electorales debido a las innumerables trabas que impone el Ministerio del Trabajo para entregar la documentación que esta mismo institución exige con objeto de avalar toda elección sindical. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco cumple sus obligaciones de Ley al negar el préstamo de sus equipos y personal técnico dispuesto para este tipo de elecciones. Así pues, el Ministerio del Trabajo impide la renovación sindical, para luego atacar a los sindicatos consecuentes por su vencimiento.

Los compañeros represaliados deben presentarse en los próximos días para conocer el expediente con las denuncias interpuestas por la parte patronal para luego exponer su defensa.

Mientras se desarrollaba la comparecencia, a las afueras de la Inspectoría del Trabajo se fueron concentrando miembros de la Corriente Marxista Lucha de Clases, dirigentes del movimiento Jóvenes Por la Patria (JPP), del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Asimismo, han sido numerosas las muestras de solidaridad internacional enviadas desde diversas latitudes, mediante cartas, pronunciamientos, fotografías y firmas, dirigidas a repudiar y visibilizar la lucha de Sutrabfogade. Dirigentes y sindicalistas de México, Brasil, Argentina, El Salvador, EEUU, España, Italia, Grecia y Nueva Zelanda, manifestaron su inconformidad a la dirección y gerencia de Fogade.