La crisis política boliviana continúa: El TSE posterga una vez más las elecciones presidenciales

Luego de las presiones para suspender las elecciones presidenciales por parte de las distintas fuerzas políticas de derecha, finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la postergación de dichos comicios debido a la emergencia sanitaria desatada en el país a causa de la pandemia del coronavirus.

El pasado 23 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ofreció declaraciones explicando las razones por las cuales se decidió aplazar nuevamente las elecciones presidenciales, que estaban dispuestas en principio para el 3 de mayo. También señaló que las elecciones que debían realizarse el 6 de septiembre, fueron postergadas para el próximo 18 de octubre, y que de existir una segunda vuelta, esta debía realizarse el 29 de noviembre, siendo la toma de posesión de las autoridades para el mes de diciembre.

De la misma manera, Romero exhortó a los Poderes del Estado, a las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía, a seguir esta decisión. Todo esto en un ambiente de tensión política, debido a la reciente denuncia realizada por la alianza “Creemos”, contra el partido Movimiento al Socialismo (MAS), luego de que el candidato Luis Arce Catacora revelara en una entrevista televisiva, datos de una encuesta interna del partido.

Las primeras reacciones

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inmediato provocó el rechazo de los representantes del partido de Evo Morales, quienes reclamaban que se realizaran las elecciones en la fecha prevista. Tanto diputados como senadores del MAS, argumentaron que el TSE no tiene la atribución de modificar la fecha de una elección. Sin embargo, el presidente de TSE dijo que la resolución para fijar una nueva fecha, no requería una aprobación de la Asamblea Legislativa.

Evo Morales calificó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como «ilegal e inconstitucional» afirmando que: «las leyes 1297 y 1304 determinan los plazos para que las elecciones se realicen. El único Órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Cualquier decisión unilateral es ilegal e inconstitucional”.

Morales aseguró que el Gobierno “quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del MAS”. Lo cual no es nada descabellado, más aún después de las acusaciones que se han dirigido sobre aquellos que públicamente han manifestado su apoyo al partido de Morales.

Si bien todos estos elementos a los que hace referencia Morales, se enmarcan dentro de las leyes del aparato estatal -el cual en diferentes oportunidades ha demostrado a favor de quien se encuentra- ilustra tanto las contradicciones y las limitaciones de la democracia burguesa, y los posicionamientos políticos a los cuales se ve obligado a entrar el MAS para disputar el poder.

Por su parte, Jeanine Áñez quien se encuentra a la cabeza del gobierno de facto, ya había manifestado que la fecha de las elecciones debía ser evaluada y valorada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Plurinacional, y que por su parte acataría la decisión que estas instancias tomasen, contradiciendo hasta cierto punto lo que luego diría el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en sus declaraciones, donde afirmó que no era necesaria la anuencia de la Asamblea Legislativa.

Es pertinente recordar, que tanto los vocales, como el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no fueron los mismo que presidieron el poder durante el 2019, sino que luego de la renuncia y posterior detención de la expresidenta María Eugenia Choque Quispe -quien fue acusada de manejar de manera irregular los comicios- fueron renovados los miembros del TSE por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Presiones para la postergación

Durante las últimas semanas, la prorrogación del proceso electoral había sido el clamor de las alianzas y las fuerzas políticas de derecha. Los comités cívicos de cinco ciudades (La Paz, Potosí, Oruro, Santa Cruz y Tarija) y cinco partidos políticos (Juntos, Libre 21, Creemos, Pan Bol y FPV) habían estado exigiendo la suspensión del proceso electoral.

Figuras vinculadas al Golpe de Estado como: Jorge Tuto Quiroga (Libre21), Samuel Doria Medina (Juntos) y Luis Fernando Camacho (Creemos); habían manifestado días atrás, que celebrar dichos comicios expondría la salud de la población. Pero lo que nunca advirtieron fue que de darse las elecciones, además de significar un riesgo a la salud pública, estos podrían haber sido barridos por el MAS en dicha contienda.

El vocero de la alianza política “Juntos”, Manuel Saavedra, también había solicitado al TSE replantear la fecha de los comicios, manifestando estar de acuerdo con la postergación de las elecciones, y no desaprovechó la oportunidad para criticar a los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, y de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de estar de acuerdo con celebrar las elecciones, acusándolos de anteponer sus intereses políticos partidarios sobre el bienestar de la población.

Por esta razón, nos resulta poco creíble que la única motivación que tuviera en consideración el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para suspender las elecciones, fuese el de preservar a la ciudadanía de posibles contagios, más aún cuando en las declaraciones ofrecidas por Salvador Romero, este afirmara que dicha decisión fue tomada bajo el «consenso» de las distintas fuerzas políticas de Bolivia, olvidando la negativa de Comunidad Ciudadana (CC) y Movimiento al Socialismo (MAS) de prorrogar los comicios. Por lo visto Romero no sabe lo que significa consenso, o pasa por alto el criterio de las fuerzas políticas más relevantes dentro de la política boliviana.

La denuncia contra el MAS

El 20 de julio,la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomó conocimiento de la denuncia formal que presentó la alianza política “Creemos” en contra del MAS, (una de las tres que fueron presentadas ante el TSE) con la cual solicitó que se procediera a la cancelación de la personería jurídica de este partido, y se le elimine del actual proceso electoral.

Arce, quien en una entrevista televisiva reveló los porcentajes de su candidatura y la diferencia en puntos porcentuales respecto a otros dos candidatos, fue acusado de vulnerar la Ley 026 del Régimen Electoral. Asimismo, el TSE le otorgó un plazo de 48 horas al MAS para responder a la denuncia interpuesta por la alianza Creemos. 

Ante esto, Creemos advirtió que si el TSE no cumple esa norma incurrirá en faltas graves, y los vocales podrían ser objeto de responsabilidad disciplinaria y penal, lo cual puede considerarse como una amenaza para que el TSE asuma una postura complaciente ante ésta fuerza.

El artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral señala que “se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

De la misma manera, el parágrafo III del artículo 136 de la Ley 026, señala que las “organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

Por su parte, la derecha ha traído a colación los sucesos acontecidos durante el 2015, donde una situación similar tuvo lugar con la alianza Unidad Demócrata-Beni, la cual fue retirada de las elecciones departamentales, cuando su jefe de campaña Carmelo Lens, presentó datos de una encuesta interna, ocasionando que sacaran de las elecciones a Ernesto Suárez y a otros candidatos demócratas.

En está ocasión, la denuncia que fue formulada por José Antonio Chávez y el mismo Carmelo Lens, representantes de la alianza política Creemos, pero está vez en contra de la organización política MAS-IPSP. Su deseo es que el TSE inhabilite a Arce por violar presuntamente las normas electorales. Los movimientos de la derecha siempre se harán en la búsqueda de su beneficio. Pero ¿cómo es posible que Arce pusiera en riesgo su candidatura y al propio partido por una equivocación como esta?

Entendiendo la severidad de la Ley de Régimen Electoral en Bolivia, esos detalles debieron haber sido previstos por el partido. Si bien quiénes pudieron observar la entrevista de Arce, evidencian que en ningún momento hubo premeditación para difundir algún estudio de opinión, y que por el contrario fue el entrevistador quien azuzó a Arce, pero ¿Cómo le van a brindar a la derecha la oportunidad de proscribir al partido? Lo cierto es que si el MAS llega a salir de esto, deberá sacar una gran lección de lo ocurrido porque con esto se ha puesto en riesgo la posibilidad de conquistar nuevamente el poder.

Un aspecto interesante y curioso de lo sucedido, es que el entrevistador fuese tan incisivo en sus cuestionamientos. Pareciera que este sí estuviera perfectamente al tanto de lo que podría acarrear con sus preguntas.

La respuesta del MAS

Luego de que el TSE admitiera una de las denuncias, y diera 48 horas al MAS para responder, la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que las distintas fuerzas políticas de derecha habían iniciado una campaña para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inhabilitar al Partido.

La vocera del MAS, Marianela Paco, negó que Arce hubiese vulnerado la norma electoral y aseguró que los comentarios del candidato, no se asemeja a lo que hizo Carmelo Lens en 2015, el cual había mostrado porcentajes y datos técnicos detallados de su encuesta interna. Señaló que Arce a diferencia de Lens, no convocó a una rueda de prensa para mostrar los resultados de la encuesta, y que no hubo ninguna premeditación para la difusión.

Por su parte, el Pacto de Unidad, que reúne a organizaciones sociales afines al MAS y que en días pasados había manifestado su rechazo a las intenciones de prorrogar las elecciones y a la proscripción, se declaró en emergencia y advirtió que iniciarían movilizaciones en caso de llevarse a cabo alguno de estos propósitos. Por ello, no debería sorprender que luego de las declaraciones ofrecidas por el TSE, el Pacto de Unidad cumpla con sus advertencias.

La dirección del MAS, frente a la denuncia presentada por Creemos, el 22 de julio interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) recursos para tratar de impedir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considere la posibilidad de proscribir al partido, por el supuesto delito de campaña proselitista.

Para su defensa, el partido señaló la presunta inconstitucionalidad del artículo 136 de la Ley 026, al vulnerar la libertad de expresión de su candidato Luis Arce Catacora. Esto con el objetivo de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedase imposibilitado de pronunciarse hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelva las acciones del MAS.

En este sentido, se estimó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pudiese demorar entre tres (3) y cinco (5) meses en dar un fallo, y hasta entonces, las elecciones ya se habrían llevado a cabo (esto si se mantenían las elecciones hasta el 6 de septiembre). Sin embargo, la prorrogación de la fecha de las elecciones, podría estar ampliando el margen de tiempo como para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un veredicto y el TSE pueda pronunciarse antes de las elecciones, evitando que el MAS pueda ir a la contienda electoral.

Asedio sistemático

Días pasados, el 20 de julio, la Fiscalía de Bolivia admitió una denuncia gubernamental de presunta corrupción contra el exministro de Economía y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora.

Sergio Flores, gerente de la Gestora Pública de pensiones, es el principal acusador, que respaldado a su vez por el Ministerio de Economía, acusan a Arce de un presunto daño económico de hasta 14 millones de dólares, por la demora en la estatización de las administradoras de los fondos de pensiones (AFP), que operan en Bolivia desde 1990.

Estas acciones son un nuevo intento por parte del gobierno de facto de judicializar los líderes sociales y políticos del MAS. En este sentido, manifestamos nuestro profundo rechazo y condenamos estas prácticas, las cuales han venido siendo aplicadas sistemáticamente por el gobierno de facto, y los gobiernos de derecha que han sustituido los gobiernos «progresistas» en la región, como el de Lula da Silva en Brasil, el de Cristina Kirchner en Argentina y el de Rafael Correa en Ecuador.

Con esto, no desestimamos las responsabilidades de los líderes políticos masistas en la pérdida del proceso de cambio en Bolivia, por el contrario, reconocemos como las políticas de conciliación de clases fueron socavando las bases obreras y campesinas del Movimiento al Socialismo. Pero son solo las bases populares las que deben juzgar a sus líderes, y no los elementos de la burguesía que a través de un gobierno ilegítimo como el de Áñez, intenta juzgarles a favor de sus intereses de clase.

Comicios en tiempos de pandemia

Sin ánimos de entrar en el debate de si es recomendable o no, llevar adelante comicios en circunstancias como las actuales, donde diferentes países han llevado a cabo elecciones a pesar de las medidas de aislamiento social y del incremento de casos. En múltiples declaraciones, el TSE manifestó su disposición de llevar adelante los comicios electorales con todos los protocolos de bioseguridad, esto para evitar los contagios en la jornada de votación. Sin embargo, ahora este ha declinado y ha utilizado este argumento para aplazar las elecciones, evidenciando el doble racero del gobierno, al avalar la salida de los obreros para comprar y utilizar transporte público para ir a trabajar, pero condenandoles si estos desean salir a votar.

Por su parte la derecha y el gobierno de facto, que últimamente han manifestado su gran «preocupación» por la población, contradictoriamente se han mostrado más eficiente a la hora de presionar para evitar la celebración de elecciones, y de continuar con sus ataques hacia el MAS, que de evitar el desabastecimiento y la especulación de medicamentos y la usura en clínicas privadas. Por lo visto, estos solo han usado a la pandemia a conveniencia. Lo realmente lamentable, es que mientras la política se agita, la crisis sanitaria que vive Bolivia se atiza y amenaza con agravarse.

La dualidad de la crisis boliviana

Ante la crisis sanitaria desbordada, la policía boliviana se ha visto obligada a recoger casi 500 cadáveres en casas y calles en menos de una semana. De esta manera, Bolivia se debate entre la crisis política y la emergencia en el sistema de salud pública, que suma 66.456 contagios reportados, lo cual sitúa al Estado boliviano como uno de los más afectados en el mundo en proporción a los casi 11 millones y medio de habitantes en el país, siendo las capas más humildes del pueblo boliviano las más afectadas.

Por desgracia, la mayor crisis política en casi dos décadas y la primera pandemia del siglo XXI coincidieron en Bolivia. El gobierno de facto se ha mostrado incapaz de hacer frente a la contingencia, y ha golpeado fuertemente a la clase trabajadora vulnerando sus derechos laborales con despidos masivos y rebajas salariales. Pero a pesar de ello, observamos el silencio cómplice de EE.UU, la Unión Europea y organismos internacionales como la OEA, quienes en el pasado se manifestaron y fueron partícipes de la crisis en 2019 y que ahora, ante el intento del gobierno de Áñez de prorrogarse y de la tentativa de proscripción del MAS, no han emitido ni una sola palabra, evidenciando su anuencia ante tales intenciones que claramente pasan por encima de la voluntad del pueblo boliviano.

En este sentido, rechazamos cualquier intento de las fuerzas políticas de derecha, y del gobierno de facto de pasar por encima de la voluntad de las bases del movimiento obrero, indígena originario y campesino, que a pesar de los tropiezos y dificultades, aun ve en el MAS el referente político para llevar a cabo sus luchas.

De la misma manera, repudiamos la injerencia bajo amenazas de los partidos de derecha ante el órgano electoral, para que tome acciones contra el MAS y con ello en detrimento de sus bases, las cuales no dudarán en movilizarse, generando enfrentamientos, elevando el riesgo de contagios y el repunte de casos como consecuencias de las movilizaciones de calle y el descontento popular. 

Para el próximo 28 de julio la Central Obrera Boliviana (COB), ha convocado a una gran movilización a las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales, organizaciones cívicas, juntas vecinales y a organizaciones populares afiliadas o no a la COB, junto al pueblo boliviano en general; en contra de las políticas del gobierno y del irrespeto de los derechos laborales de la clase trabajadora. Esto a la par de que la Confederación General de los Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), ha llamado a las federaciones departamentales a instruir a sus sindicatos afiliados a no salir a marchar, y cumplir con las medidas de bioseguridad.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en declaraciones ofrecidas el día de hoy, anunció que el gobierno se encuentra evaluando, acciones legales junto al equipo jurídico del Ministerio de Gobierno, en contra de las organizaciones como la COB y el Pacto de Unidad, que han llamado a manifestar el 28 de julio, a pesar de la pandemia. «Vamos a sentar un precedente una vez que analicemos jurídicamente lo que ocurre porque no es posible que sigamos viviendo con amenazas y hostigamientos.» Sentenció.

En este sentido rechazamos estas amenazas, que responden más que a un tema de salubridad pública, a un intento de frenar las expresiones de descontento popular del pueblo boliviano, hacia las medidas tomadas por el gobierno de facto, intentando señalar que estás acciones «pueden configurarse dentro del escenario de alzamiento armado y sedición», para poder justificar medidas legales en contra de las organizaciones convocantes.

Entendiendo esto, para los próximos días se estima la escalada de los conflictos, las protestas y las movilizaciones de calle; pero con ello el aumento de contagios de una enfermedad que hasta hora se muestra como uno de los factores que inciden no solo en el acontecer político nacional boliviano, sino en la política y la economía mundial.

 !No a la judialización de líderes políticos y sociales¡

!No al intento de proscripción del MAS¡

!Abajo el gobierno de Áñez!