La empresa estatal Ferrominera Orinoco, perteneciente a la CVG, se dedica la extracción y procesamiento de mineral de hierro, con sedes en Ciudad Piar y Puerto Ordaz en el Estado Bolívar. El día 9 de junio del año 2011, en sus instalaciones, se realizaba una asamblea de trabajadores para escoger la comisión electoral que efectuaría las elecciones de la directiva del sindicato Sintraferrominera. En esta asamblea, fue asesinado el trabajador Renny Rojas de 28 años de edad, y dos compañeros más resultaron heridos.

Por estos hechos, fue encarcelado el trabajador y dirigente sindical Rodney Álvarez, en junio del 2011. Relata la defensa de Rodney que a pocos instantes de haberse suscitado el triste incidente, fue detenido Héctor Maicán —cercano a quien era gobernador del Estado Bolívar para esa época—, quien portaba un arma de fuego. Esta persona fue puesta en libertad, pese a que los videos de seguridad dan muestras de su presunta responsabilidad en los hechos.

Todo este proceso ha resultado en un calvario y sufrimiento para Rodney, su familia y todos sus allegados, ya que desde esa fecha se encuentra detenido, sin una acusación seria y debidamente sustentada, y es que quienes lo acusan, no han presentado pruebas de su participación en el suceso, lo que lo convierte en una suerte de chivo expiatorio.

Inicialmente, la acusación contra Rodney fue ejecutada por la fiscalía y un grupo de abogados pagados y financiados para ese instante por la Gobernación del Estado Bolívar —dirigida para ese entonces por Francisco Rangel Gómez—. Hasta la fecha, no hay pruebas que incriminen a Rodney en el lamentable asesinato de Renny Rojas. Por el contrario, hay testigos que comprueban que Rodney no se encontraba en el lugar de los acontecimientos, pero por las interminables dilataciones en este proceso judicial, prácticamente el sindicalista no ha tenido derecho a su defensa. Esta clase de penurias son muy comunes para quienes, carentes de suficientes recursos financieros, no están en capacidad de agilizar sus respectivos procesos, dada la putrefacción de la justicia burguesa.

Desde el año 2012, este juicio fue radicado a la ciudad de Caracas, a más de 700 kilómetros de distancia del lugar de los acontecimientos y lejos de la base de apoyo de Rodney, que son sus familiares, los testigos dispuestos a declarar a su favor y los compañeros de trabajo que han demostrado solidaridad y disponibilidad para ayudarlo. Cabe destacar que Rodney Álvarez fue detenido por el CICPC el 17 de junio de 2011, en su centro de trabajo en Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar (Estado Bolívar). De ahí, fue trasladado en un helicóptero a Puerto Ordaz.

Desde que se produjo su detención, Rodney ha recorrido varias cárceles del país. Hoy día se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en Guatire Edo. Miranda, lejos del lugar de residencia de su familia, los cuales carecen de recursos económicos para costear el traslado y poder visitarlo, mencionando también las dificultades para conseguir unidades de transporte habilitadas y el aumento desmedido de los pasajes.

Luego de su detención, Rodney fue despedido de manera arbitraria por Ferrominera Orinoco. En consecuencia, sus 3 hijos fueron desincorporados de la escuela de la empresa y dejaron de percibir los beneficios consagrados en el Contrato Colectivo.

En varias entrevistas, Rodney cuenta que durante estos más de 9 años de injusta prisión —o prácticamente de secuestro—, ha sido víctima de 3 atentados. En una oportunidad, fue herido en una pierna, y el caso más grave le produjo una lesión en su brazo derecho, que lo ha dejado con su mano casi inmovilizada. También relata que las audiencias en los tribunales han sido suspendidas una y otra vez de manera indefinida, e interminable. En una oportunidad, fue presionado por el secretario del tribunal para que admitiera la responsabilidad del asesinato de Renny Rojas, que no cometió. Este funcionario le dijo que se sabía de su inocencia, pero debía declararse culpable y de esta manera se podría gestionar su salida con libertad condicional bajo régimen de presentación. Esta propuesta fue rechazada por Rodney ya que no admitiría responsabilidad alguna de un delito que no cometió.

El conjunto de audiencias suspendidas consecutivamente y el limbo jurídico en que se encuentra su caso, llevó a Rodney Álvarez, en 2019, a declarase en rebeldía y a oponerse a ir de nuevo a tribunales. Igualmente ha realizado huelgas de hambre, contando con el apoyo de diversas organizaciones políticas, pero sin conseguir respuestas.

Desde Lucha de Clases, exigimos la liberación inmediata de Rodney Álvarez, que como hemos relatado, es otra víctima más del chantaje, la corrupción y la decadencia del sistema judicial, que para los pobres ofrece cualquier cosa menos justicia. Mientras se excarcela y se ejecutan sobreseimientos a más de 100 políticos de derecha, varios incursos en intentos de golpes de estado y desestabilización, Rodney Álvarez sigue tras las rejas, de manera injusta. Llamamos a la clase obrera nacional e internacional a exigir la pronta liberación de este compañero. La lucha por conquistar la verdadera justicia, pasa por la organización de los trabajadores como clase en sí y para si, dispuesta a demoler el podrido aparato estatal burgués.

¡Libertad para Rodney Álvarez y todos los trabajadores presos por luchar!