Ante el clamor de quienes durante semanas han seguido con atención el desarrollo de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), los días 15 y 17 de septiembre fueron publicadas y difundidas las listas de los candidatos que han sido postulados para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Si bien este es un aspecto que puede resultar superfluo para algunos, es importante destacar que este hecho representa la síntesis de un gran esfuerzo conjunto por parte de las diversas fuerzas políticas partidarias y de base a nivel nacional.

Para corroborar lo anterior, basta con poner atención a los listados, donde se ven reflejados dirigentes no solo del Partido Comunista de Venezuela (PCV), sino de otras organizaciones y movimientos, como la Corriente Revolucionaria que lidera Rafael Uzcátegui, al igual que la Corriente Revolucionaria de José Tomás Pinto, ambas despojadas recientemente de su personalidad jurídica como partidos, quedando estas en manos de las alas complacientes al PSUV. Entre otras de las organizaciones que integran este esfuerzo, se encuentra: Somos Lina –que a su vez también está envuelta en un litigio para recuperar sus siglas-, Izquierda Unida, el Movimiento de Mujeres Campesinas, la Red Autónoma de Comuneros, el MBR-200, el Núcleo de Intelectuales y Cultores, el Partido Revolucionario del Trabajo, entre otras organizaciones obreras y populares, que junto a la Corriente Marxista Lucha de Clases, venimos pujando con mucha fuerza por la profundización del debate programático y de principios políticos, a la par de la designación de candidatos que reflejen los ideales revolucionarios que defendemos.

Sin embargo, a pesar de que la APR ha logrado constituir una propuesta electoral, los debates y las discusiones han continuado, ¿por qué? es simple, porque la proyección de la Alternativa no radica en lo electoral, sino en lo construcción de un referente político para la superación revolucionaria de la crisis del capitalismo. Así pues, superado parcialmente el proceso de postulaciones, y entendiendo que los cortos lapsos impuestos por el CNE obligaron a volcar parte del esfuerzo colectivo hacia el tema de candidaturas, es necesario continuar en el debate programático del espacio, (que se encuentra bastante avanzado) el cual evidencie el horizonte político y estratégico del la alianza, que ofrezca una propuesta integral a las grandes mayorías y comprometa a los candidatos a una política revolucionaria unitaria.

Quienes hemos dado la batalla para que este debate sea posible, estamos convencidos de que la adopción de un programa revolucionario por parte de la APR permitiría conectar con el sentir del pueblo trabajador ávido de respuestas, marcando a su vez el deslinde definitivo de todo lo que hoy las grandes mayorías repudian: la mediocridad de la derecha apátrida, el parasitismo de la burguesía nacional, las pretensiones de sus amos imperialistas, y la política anti-popular del gobierno que ha defraudado los intereses del pueblo trabajador.

En otros artículos hemos explicado la naturaleza de los ataques que ha recibido la APR, pero ahora se ha evidenciado una mayor ofensiva, que sin dudas busca desprestigiar, amedrentar e intimidar a los que formamos parte de la misma. De estas aseveraciones hay varios ejemplos:

Por un lado, la censura de los grandes medios de comunicación públicos y privados que nos limitan en gran medida al no poder dar a conocer nuestros planteamientos -puesto que estos se han volcado a cubrir únicamente las actividades y propuestas de la derecha y del partido de gobierno-, y al señalamiento mediático sesgado que nos cataloga como “movimientos o sectores críticos al gobierno”, como si eso fuera lo único que nos definiera políticamente o como si no hubiésemos dejado claro en nuestras declaraciones públicas -como APR y como organizaciones autónomas- nuestro profundo rechazo a las sanciones imperialistas ilegalmente impuestas a nuestro país y a la derecha genuflexa que las promueve.

Otro aspecto al que han hecho referencia los medios, es a la incorporación del dirigente José Pinto -que fue secretario general del partido Tupamaro, y que hoy es candidato en la lista nacional-, al referirse a él como: «un preso postulado a la Asamblea Nacional», dejando a un lado el acto de solidaridad por parte de todas las organizaciones de la APR para postularlo, mientras encara un proceso judicial que tiene un claro trasfondo político, y a pesar de encontrarse éste en un estado de salud bastante delicado.

Por otra parte se encuentran los atropellos que han llegado al amedrentamiento, como lo fue el caso del compañero Ángel Rodríguez, dirigente del Movimiento Viviendo Venezolano y candidato a diputado por la APR en el circuito 4 del Estado Miranda, quien fue amenazado y agredido física y psicológicamente por sujetos desconocidos el pasado 12 de septiembre. También lo sucedido con el compañero Sergio Requena, coordinador nacional del Ejército Productivo Obrero (EPO), y candidato en el Circuito 2 del municipio Caroní, del estado Bolívar por la APR el pasado 14 de septiembre, quien fue víctima de un injusto e ilegal despido por parte de la empresa estatal CVG Carbonorca de Ciudad Guayana, acción que violó la LOTTT y el Decreto Ejecutivo de Inamovilidad Laboral, al no existir justificación alguna para dicho despido. Tal hacho, desplegó una campaña de solidaridad proletaria y de rechazo inmediato por las redes sociales, la cual produjo que la patronal reculara dos días después, incorporando nuevamente al compañero a su sitio de trabajo.

De la misma manera, el 16 de septiembre fueron detenidos los compañeros Diosman Boadilla e Hiraida Flores, ambos candidatos a la Asamblea Nacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, para el voto lista esa entidad regional. Este hecho se suscitó en La Guaira cuando funcionarios de la policía estadal abordaron a estos compañeros pintando un mural con la consigna ¡Salario igual a la canasta básica!, alegando que dicha iniciativa constituía una violación a Ley Contra el Odio. Esto es totalmente deplorable y evidencia la terrible decadencia de la burocracia gubernamental, que criminaliza el derecho a la protesta y a las luchas por las mejoras reivindicativas del pueblo trabajador, tergiversando la interpretación de las leyes. Finalmente, el incidente no pasó a mayores y los compañeros fueron liberados después de un par de horas.

Otro hecho más reciente, ha sido el allanamiento de la unidad productiva en Achaguas, que administra Franklin González, secretario político del PCV y candidato de la APR en la circunscripción 2 en el estado Apure, por funcionarios del FAES, quiénes requisaron el espacio sin orden judicial, profiriendo comentarios al compañero González de que “se quedará tranquilo en la finca produciendo”, los cuales pudieran considerarse como una «amenaza velada», tal como ha sido declarado por los compañeros del PCV, el día de ayer 17 de septiembre.

Todos estos actos de una manera u otra forman parte de una ofensiva que busca intimidar y quebrar a los candidatos de la APR. En este sentido, los marxistas rechazamos contundentemente cualquier tipo de agresión o amenaza contra todos estos compañeros y la alternativa en general, que solo puede reflejar una violación a los derechos políticos del pueblo y a las más elementales garantías democráticas de participación política y organización.

Lo cierto es que la contienda apenas comienza, y lo que se aproxima no aparenta ser distinto, los ataques pueden ser de diferente índole -incluso legales-. He allí la importancia de ser cautelosos y no ponérsela fácil a nuestros adversarios que han estado observando sigilosamente nuestros pasos. Ésta no es una cuestión sencilla, y mucho menos para subestimar.

Lo que nos corresponde a los revolucionarios en este momento, es seguir dando la batalla por la consolidación de la Alternativa Popular Revolucionaria como un referente político honesto y resuelto ante el pueblo trabajador, denunciar con contundencia cualquier arbitrariedad y agresión, defender ferozmente a nuestras organizaciones y camaradas, y no olvidar que si algo han demostrado los últimos acontecimientos ha sido el poder que tiene la clase obrera, campesina y demás sectores populares cuando se lo proponen. Por ello fortalezcamos la solidaridad como escudo en defensa de nuestros derechos políticos y democráticos.

¡Solidaridad clasista y revolucionaria!

¡Por la defensa de nuestros derechos políticos y democráticos!

¡Por una Alternativa Popular Revolucionaria!