El presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, presentó, en cadena nacional de radio y televisión realizada el viernes 9 de octubre, la polémica Ley Antibloqueo luego de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el día anterior. Esto lo hizo en un acto escenificado en el Palacio de Miraflores, ante medios de comunicación nacionales, internacionales y miembros invitados de la ANC.
Es preciso destacar que la mencionada Ley Antibloqueo ha estado en el centro del debate político nacional, tomando en cuenta las diversas críticas que ha recibido por parte de sectores de la izquierda, como el Partido Comunista de Venezuela, el intelectual Luis Brito García, el reconocido periodista Walter Matínez, entre otros. Las principales críticas a la ley señalan que representa un peligro para la soberanía nacional al abrir las puertas a una posible privatización de empresas y recursos estratégicos del Estado, las facultades que se le otorgan al ejecutivo nacional de inaplicar leyes y normas, la confidencialidad con la que el gobierno puede manejar tratados y acuerdos internacionales y la presentación de responsabilidades penales a quienes revelen información referida a la existencia de dichos acuerdos.
Esta ley, ya aprobada, también permite al ejecutivo crear un fondo paralelo con parte de los ingresos excedentes que reciba la nación. Dicho fondo puede ser manejado discrecionalmente por el gobierno para inversiones que este decida, sin la necesidad de pasar por la Asamblea Nacional -que es lo que establece la constitución- y menos aún por una necesaria auditoría popular y obrera. Por otra parte,se posibilita el marco legal para mayores concesiones a la misma burguesía tradicional que se ha dedicado a sabotear la economía, así como la burguesía revolucionaria. En todo caso, esta ley -como buena parte de las leyes promulgadas por la ANC- ha adelantado el trabajo jurídico que un gobierno de derecha tendría que hacer si llegara a ascender al poder.
En esta oportunidad comentaremos sobre esta ley, enfocándonos sobre todo en la manera como es presentada por el presidente, el objetivo político que esta tiene y algunas aristas del discurso de Maduro en torno al tema. Aclaramos que la intención de estas líneas no es restar importancia al análisis político-jurídico sobre el cual Luis Brito aportó argumentos interesantes, pero en este momento queremos indagar en los elementos político-comunicacionales que giran en torno al discurso presidencial para defender esta ley ya aprobada.
En este sentido, pudiésemos separar la línea discursiva de Maduro con respecto a la aprobación de esta ley en tres partes: la justificación política, los objetivos generales y la respuesta ante las críticas sobre la ley en cuestión.
Justificación política de la Ley
El Presidente de la República argumenta su justificación política de esta Ley, refiriéndose precisamente al bloqueo imperialista y a las medidas coercitivas que se derivan de este, explicando la cantidad de dinero que ha perdido la República: “el país ha dejado de percibir alrededor de 36.000 millones de dólares”. Además añadió que “el robo de Monómeros y CITGO, que son empresas que ambas poseen un valor mayor a 10.000 millones de dólares, lo cual implica también una importante pérdida para el país”. También resaltó las dificultades que tiene el gobierno nacional para adquirir tratamientos médicos, alimentos y otros artículos de primera necesidad producto del bloqueo, hecho que catalogó como “crimen de lesa humanidad”.
Al respecto debemos decir que estamos totalmente en contra del bloqueo imperialista y de todas las medidas que toma el gobierno de Trump en este sentido, las cuales han agravado la situación social del pueblo trabajador venezolano, producida por la crisis propia del capitalismo venezolano y el capitalismo mundial. Los sectores populares han visto como se han ido por un acantilado todas las conquistas y el nivel de vida alcanzado durante el gobierno de Chávez.
Dicho esto, se hace necesario precisar que las medidas que ha tomado el gobierno de Maduro para contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas impuestas al país, incluyendo esta nueva ley, no hacen más que poner la carga de las carencias generadas por el bloqueo sobre los hombros de los trabajadores y campesinos, protegiendo de esta manera a la clase burguesa nacional y al capital internacional.
Luis Britto en su artículo referido a esta ley, expresa algunas ideas con las cuales estamos de acuerdo. En principio plantea que una ley antibloqueo era necesaria “desde que iniciaron las agresiones administrativas contra Venezuela”, pero que esta ley debería estar dirigida a tomar medidas como la “confiscación de bienes y propiedades que tengan en el país las naciones agresoras” además de congelar “las cuentas y capitales que estas tengan en los bancos nacionales”, tal y como desde Lucha de Clases lo venimos proponiendo desde hace años. A lo anterior debemos añadir el cese a la impunidad con la que Guaidó y compañía operan para promover sanciones contra el país.
Pero si nos fijamos en el ejemplo de la revolución en Cuba, evidenciamos que ante las agresiones del imperialismo las medidas que se tomaron estaban dirigidas a la expropiación de empresas norteamericanas, con el ejemplo icónico de la United Fruit Company, además de la nacionalización de la banca y de las tierras, que estaban en manos de corporaciones imperialistas. Un camino diferente se está tomando en Venezuela, tal como lo expresa el presidente Maduro cuando se refiere a los objetivos de esta ley.
Objetivos de la Ley antibloqueo
De acuerdo con las palabras del presidente Maduro, el objetivo principal de esta ley es generar riqueza, textualmente dijo: “el foco de la prioridad en este momento, es producir riqueza”; es decir, la prioridad no es garantizar un sistema de salud público y decente, salarios dignos para los trabajadores o tierras para los campesinos, la prioridad es producir riqueza, pero ¿Quién producirá dicha riqueza?
El propio presidente responde a esta incógnita cuando, como primer acto enmarcado en esta ley anuncia la creación del Centro de Inversión Productiva de Venezuela, de lo que comento “servirá para promover y proteger la inversión extranjera y nacional”. En otras palabras, esta ley pretende dar seguridad jurídica a los capitales de inversores extranjeros, que de diferentes partes del planeta se han acercado al país y el gobierno les ha otorgado concesiones importantes. Aliados estratégicos como China, Rusia y Turquía, pero también se protege los capitales de naciones agresoras, como Francia y EEUU, todo esto en detrimento de la calidad de vida del pueblo trabajador venezolano.
Ante este escenario, debemos añadir que también se protege los bienes de capitalistas nacionales, que se han llevado del país miles de millones de dólares durante más de 70 años, pero que seguramente con esta ley “empezarán a regresarlos” para invertir acá, o al menos esa es la expectativa del gobierno, cosa que sabemos de antemano no ocurrirá.
Pero esta ley no está sola, la ANC ha aprobado un conjunto de leyes que tienen el mismo objetivo, como la Ley de Inversión Extranjera, así como la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios y la resolución del Banco Central de Venezuela que permite la libre circulación de moneda extranjera en el país. En el último periodo el gobierno se ha dotado, apoyado en la ANC, de un marco legal que busca liberar la economía para beneficiar a los capitalistas, en detrimento del pueblo trabajador.
Vale recordar el marco jurídico que promovió Hugo Chávez con las leyes habilitantes del año 2001, momento en el que aprobó la ley de Hidrocarburos que buscaba proteger y nacionalizar procesos de la industria petrolera, que para el entonces estaban en manos de corporaciones norteamericanas; o la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuyo objetivo era expropiar tierras ociosas que estaban en manos de terratenientes, para entregárselas a los campesinos y volverlas productivas. Todo lo anterior fue promovido en años en los cuales Chávez aún no hablaba de antiimperialismo y mucho menos de socialismo.
Nosotros entendemos que las leyes en el marco de la democracia burguesa representan en muchos casos un freno para las luchas de los trabajadores y campesinos. Ademas, es sabido que incluso una conquista legal para los trabajadores no son soluciones definitivas y duraderas para sus problemas; sin embargo, cualquier marco legal que signifique alguna reivindicación grande o pequeña para la clase trabajadora, la apoyaremos con fuerza, al tiempo que exhortaremos a las masas a ir mas allá. Asimismo, nos oponemos a todo instrumento jurídico que fortalezca aún más la posición de las clases dominantes sobre las dominadas, y por esta razón es que no apoyamos la ley antibloqueo
Respuesta del Presidente a las críticas a la ley
En este caso, más que dar respuestas antes las críticas que desde la izquierda se hacen a la ley antibloqueo, Maduro se dedicó a atacar a estos sectores acusándolos de “narcisos y pequeños”. El presidente inició esta parte de su discurso diciendo: “yo nunca he sido narciso ni egocéntrico”, esto luego de decir: “si hay algo mío en estos años, es esta ley” dejando claro que este instrumento jurídico es una propuesta particular de su persona.
En ningún momento el Presidente de la República se refirió por ejemplo a las contradicciones legales que a juicio de Luis Britto García la ley tiene con la constitución, o a la posibilidad de que mediante la ley antibloqueo se entreguen empresas o recursos estratégicos, o que se hagan negociaciones secretas con monopolios internacionales que violenten la soberanía de la nación. En vez de contrarrestar con argumentos a los que se oponen a la ley, Maduro se valió de los calificativos antes mencionados para referirse a la izquierda crítica.
El uso de calificativos por parte de Maduro y los dirigentes del gobierno solo expresa la ausencia de argumentos para defender ante el pueblo lo que no se puede defender. La ley antibloqueo brinda en la actualidad el marco legal para legitimar prácticas que el gobierno ya venía llevando a la práctica desde hace varios años, en el desarrollo de su política de ajuste y entrega de innumerables ventajas a empresas de países aliados.
Luchemos por verdaderas medidas antibloqueo
Ante el bloqueo imperialista impuesto por EEUU y sus aliados, nuestras consignas y propuestas siguen siendo las mismas, encarcelar y enjuiciar a todos los dirigentes políticos de la derecha que hayan solicitado sanciones contra la nación, empezando por el autoproclamado Juan Guaidó.
La nacionalización de la banca, el comercio exterior, las principales palancas productivas de la nación y todas las propiedades de corporaciones internacionales que se hayan prestado para promover el bloqueo, poniéndolas bajo control de los trabajadores, para que exista una verdadera planificación democrática de la economía, garantizando que los limitados recursos que ingresen o se produzcan sean aprovechados de la mejor manera.
Creemos necesario que todos los funcionarios del Estado que ejercen algún cargo de dirección, sea mediante elección popular o por designación, ganen un salario digno pero ajustado al nivel de vida de las mayorías, para intentar nivelar las disparidades de sueldos y propiciar que este tipo de cargos sean asumidos con verdadera responsabilidad y no como un privilegio. La repuesta ante el bloqueo criminal, tiene que ser completar la revolución y avanzar hacia un verdadero socialismo.