Nuestra generación ha crecido con el acecho de una idea que ha querido imponerse en nuestras cabezas: la humanidad bajo el capitalismo es cada vez más segura, próspera y libre. Desde los grandes medios de difusión y la escuela contemporánea se imprime en el cerebro de los vivos una realidad aparentemente natural, inmutable y perpetua. Si nos esforzamos lo suficiente encontraremos en el libre mercado un reino de oportunidades y crecimiento individual pleno. Las atrocidades del estalinismo y la cobardía de los reformistas han contribuido, cada uno a su manera, con la perpetuación de esa ideología, devenida ahora en pensamiento común y corriente.
Pero los hechos concretos siempre serán más fuertes que los prejuicios y las mentiras. Esta vez fue un agente microscópico acelular, lo que revelaría que en el acceso a la salud no todos gozamos de las mismas oportunidades (aún si nos esforzamos trabajando más de 8 horas), que el libre mercado fue sustituido por el proteccionismo y el nacionalismo de las vacunas, que las naciones ricas siguen oprimiendo a las pobres, que la prioridad de los gobiernos no es la vida de sus pueblos. Que para los presidentes, primeros ministros o parlamentarios, son los beneficios privados de las grandes corporaciones el principal punto de interés en la agenda ejecutiva y parlamentaria (a fin de cuentas esos grandes monopolios y empresas financian las campañas electorales). Las consecuencias de la pandemia por Covid 19 han lacerado todas las ilusiones, develando con un drama sin parangón que el planeta se encuentra en las peores manos.
Ciertamente en el desarrollo tecnológico y científico alcanzado bajo el capitalismo existe el potencial para erradicar múltiples enfermedades, se podría eliminar el hambre y hasta acabar con la pobreza en un período de tiempo relativamente corto. En particular, sin las trabas legales interpuestas por el régimen de patentes se podría aumentar en el corto plazo la producción de vacunas genéricas para combatir al SARS Cov 2. Con más dosis a disposición bajarían los precios y aumentaría el acceso para los países más deprimidos. De esa manera se podría acortar el tiempo necesario para que toda la humanidad alcance la inmunidad de grupo, salvando miles de vidas.
Con algo de cooperación internacional y financiamiento estatal podrían establecerse importantes centros de producción en todos los continentes. La economía mundial podría reactivarse con normalidad, salvando millones de empleos y con la gente saliendo mucho más rápido de un encierro notoriamente agobiante. Pero desde la visión de las grandes farmacéuticas, vacunar a todo el planeta es un negocio demasiado suculento. Quizás estemos ante uno de los negocios más lucrativos del siglo.
Con la gran capacidad productiva alcanzada hasta ahora por la humanidad se podrían hacer cosas más sencillas; tales como proveer al personal de salud de suficientes insumos de bioseguridad, reformar momentáneamente la industria pesada con el objetivo de incrementar la producción de respiradores, y hasta darle viabilidad a políticas de confinamiento sostenible, que preserven la vida de la clase trabajadora con salarios adecuados, alimentos y servicios públicos garantizados. Sí, todo eso podría ser posible.
En los últimos 500 años la humanidad ha desarrollado una tremenda productividad, suficiente como para gestionar la pandemia de forma racional y eficiente. Pero es precisamente en la propiedad privada de los medios de producción, las fronteras de los Estados nacionales y el carácter imperialista de las llamadas naciones desarrolladas, donde se encuentran las trabas que asfixian las posibilidades de desarrollar todo ese potencial acumulado.
Patentes: Un instrumento que viola los derechos humanos.
La rápida aparición de vacunas arroja luz al final del camino. Pero contra toda lógica racional no tenemos un escenario de cooperación internacional. Ni siquiera guiada por los valores burgueses de la “Liberté, égalité, fraternité”. Una guerra de vacunas entre las potencias imperialistas occidentales hace salpicar sangre inocente. La Unión Europea, Reino Unido y EEUU, luchan entre sí por hacerse con el mayor número de dosis posibles y proteger sus respectivas cadenas de suministros. La consigna del plan de Vacunación de Biden es “EEUU Primero”.
Según un análisis de la Unidad de inteligencia de Economist, en el primer trimestre de 2021 los países con mayores ingresos acaparaban el 60% de las vacunas (Con apenas el 16% de la población mundial), mientras tanto, en la otra cara de la moneda, el mal llamado “tercer mundo”, sólo lograrán vacunarse 1 de cada 10 personas. Tengamos en cuenta que sólo en América Latina existen 150 millones de trabajadores informales que no pueden mantenerse confinados, economías endeudadas, servicios de salud colapsados y uno de los peores epicentros infecciosos: Brasil. ¿Qué queda para la región de las venas abiertas en los próximos meses de continuar esa situación tan deplorable?
Por su parte, el fondo Covax de la OMS carece de recursos financieros, constituyéndose en un organismo incapaz de distribuir de forma equitativa y en menos de un año las dosis necesarias a escala planetaria. ¿Qué sentido tiene contener el % de dosis a los llamados “países autofinanciados”, cuando al mismo tiempo esos países tienen las puertas abiertas para recurrir al mercado “libre” de vacunas (mercado que en realidad controla un puñado de farmacéuticas)?
A este ritmo anárquico y de rapiña criminal los países más atrasados podrán alcanzar la inmunidad de grupo a finales de 2023. Es previsible que en el transcurso de ese largo tiempo vayan a perecer miles de vidas. Pero eso no es todo. En la continua circulación viral, el riesgo de que aparezcan nuevas y más mortales cepas del virus es un peligro cada vez más real.
Como muchos expertos han advertido, esas mutaciones amenazan con revertir la eficacia de las vacunas cuando lleguen a las poblaciones más desfavorecidas. Es evidente que bajo el capitalismo jamás podrá superarse aquello que el economista Thorstein Veblen (quien no era exactamente un marxista) llamó “la fase depredadora del desarrollo humano”. ¿Qué podría tener de civilizado el capitalismo en esta fase tan decadente de su existencia?
Es verdad que la pandemia ha impactado con dureza a las naciones desarrolladas. Todos conocemos la terrible situación por la que ha atravesado la población afroamericana o latina en Nueva York, por ejemplo, para acceder a atención médica, los miles de muertos en Italia o los centenares de ancianos contagiados en los malogrados geriátricos de la península Ibérica. Pero esa realidad cobra especial crudeza en el abultado grupo de países atrasados y dependientes, donde desafortunadamente Venezuela cuenta con una especial membrecía.
El paquete de ajuste burgués de Maduro también ha sido puesto a prueba durante la pandemia. Después de más de un lustro de desinversión en el sector salud, bajos salarios para el personal médico y de enfermería, escasez de fármacos, de unidades de terapia intensiva y un cada vez más reducido número de médicos, la capacidad de respuesta de nuestro sistema público de salud es mínima.
Por otro lado, el colapso de los servicios públicos (como la falta de agua para el aseo cotidiano), la creciente economía informal y una alimentación deficiente para la mayor parte de la población (con sistemas inmunológicos más vulnerables), reduce considerablemente las acciones preventivas. Las medidas de cuarentena aplicadas por el gobierno bajo el llamado esquema parcial-flexible o 7+7, no han evitado la aparición de una segunda ola de contagios. La tendencia de contagios y muertes desde marzo del año en curso va en aumento sostenido. Pero nosotros, al igual que ocurre con muchísimos otros países semicoloniales, debemos esperar en los últimos puestos de la fila para vacunarnos.
Por eso cada trabajador y trabajadora latinoamericana deben levantar su voz, para exigir la anulación de las patentes como un primer paso para la formación de planes masivos de vacunación. La caridad de los países desarrollados, además de irrespetuosa, es insuficiente. Ya en tiempos de “normalidad” las grandes corporaciones farmacéuticas como Pfizer, Astrazeneca, Moderna o Johnson y Johnson facturaban unos 800.000 millones de dólares anuales. Pero eso no es todo. Con la pandemia sus ganancias se han disparado. Más que el bienestar social en el marco de una situación de clara emergencia, se imponen nuevamente la lógica de los beneficios y las ganancias comerciales; el verdadero motor de la producción capitalista.
Entre los alegatos de las grandes farmacéuticas para no ceder a la liberación de las patentes se encuentra la idea de que el lucro individual es la fuerza motriz que estimula la inversión. Pero en realidad, el 90% del financiamiento para la vacuna de Astrazeneca o Moderna provienen del financiamiento público. Particularmente del gobierno británico y de los Estados Unidos.
Por otro lado, la mayoría de las farmacéuticas han vendido millones de vacunas por adelantado. Lo que también representa una forma indirecta de financiamiento público. De nuevo, se procede como en la gran recesión de 2008, cuando fueron salvados un grupo de bancos con el dinero de los contribuyentes. Las pérdidas y los riesgos deben ser asumidos por los Estados, pero las multimillonarias ganancias son apropiadas por un puñado de empresas.
Las patentes y los derechos de propiedad intelectual están protegidos por entidades internacionales, como la organización mundial del comercio (OMC). Esta entidad garantiza el uso de las patentes por al menos 20 años. Sin embargo, ante un escenario de emergencia (y díganme si no estamos en uno), los gobiernos pueden desconocer ese derecho y recurrir a la activación del punto 2 de la declaración de Doha.
En una cumbre de la OMS, Sudáfrica y la India han solicitado la anulación provisional de las patentes para aumentar la producción de dosis y bajar sus precios. Sin embargo los mayores defensores de los derechos humanos, que en realidad son los principales defensores de la propiedad privada, los gobiernos de EEUU, la Unión Europea, Japón y Australia, rechazaron la propuesta. Lo más mezquino de este escenario lo encontramos en materia diplomática: El uso de las vacunas para aumentar la influencia geopolítica en las regiones más vulnerables del planeta.
Hay que decirlo claramente: El conocimiento es un fruto colectivo. No se puede aprender nada nuevo de la nada, sin una acumulación previa de experiencias y comprobaciones empíricas. Las nuevas conquistas técnicas dirigidas a la producción de la vida material, los descubrimientos científicos como el genoma humano, el telescopio o la informática, por sólo poner algunos ejemplos, son el producto de años de investigación colectiva. Ello convierte a cada nuevo descubrimiento en un patrimonio de la humanidad (privatizado y comercializado bajo el capitalismo).
Veamos un pequeño párrafo del estudio, ¿Quién financió la investigación detrás de la vacuna para el COVID 19 de Oxford-Astrazeneca?:
“La financiación pública representó entre el 97,1% y el 99,0% de la financiación destinada a la I+D de ChAdOx y de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Además, encontramos una grave falta de transparencia en los mecanismos de información sobre la financiación de la investigación (…) La vacuna Oxford-AstraZeneca COVID-19 se basa en casi dos décadas de investigación y desarrollo (I+D) de la tecnología de la vacuna vectorizada por adenovirus de chimpancé (ChAdOx) en la Universidad de Oxford”.
No hay razones contundentes para negarle a la humanidad la liberación de las patentes, así sea temporalmente. Las grandes farmacéuticas ya han hecho un poderoso negocio en los últimos meses. Eso lo demuestran sus valores en la bolsa; sólo Pfizer, Moderna y Astrazeneca han aumentado su valor pasando de 300 mil millones a 700 mil millones de dólares. Considerando la violenta discriminación que significa mantener las ganancias de estas corporaciones a merced de millones de vidas humanas, sostener el régimen de patentes es un crimen de lesa humanidad.
Venezuela: la lucha por un plan masivo de vacunación.
En Venezuela (aunque sin llegar al desastre visto en Guayaquil o Brasil), la situación es bastante compleja. Según lo descrito por las cifras oficiales, hemos alcanzado un total de 186.735 contagios antes de finalizar el mes de abril. Hasta la fecha de elaboración de este artículo, la cifra de decesos por COVID-19 o por complicaciones derivadas a esa enfermedad viral, llegan a las 1.987 víctimas.
Para nadie es un secreto que las cifras gubernamentales suministradas no son exactas y que el subregistro de contagios y muertes debe ser mucho más alto. Como si fuera poco, desde el punto de vista preventivo las medidas de confinamiento y testeo del gobierno no son suficientes. Además, en el marco de la cuarentena, tampoco se han planteado medidas complementarias para garantizar desde el Estado las necesidades básicas de la gente (cosa que antes de la pandemia ya era imposible). Como ya mencionamos, los médicos, mal pagados y en medio de profundas carencias, son los primeros que entregan su vida. Después de un año de pandemia los hospitales siguen contando casi con el mismo número de camas y unidades de cuidados intensivos.
Ya es un reclamo de varias voces; un plan de vacunación masivo gestionado por especialistas, los trabajadores y las comunidades podrían revertir la situación. Un plan transparente, realista y con prioridades claras. Hasta la fecha solo han arribado a Venezuela 750.000 vacunas, entre ellas la rusa Sputnik 5 y la china Sinopharm. Las mismas son han sido empleadas de forma bastante discrecional por el Estado.
Con salarios inferiores a un dólar, una inflación aún galopante y una canasta básica inalcanzable, la gente debe resolver su día a día. Quedarse en casa no es una opción para más del 70% de la población. Este desastre ha revelado el peor rostro de la dirigencia política del país. El gobierno depende del sistema Covax para adquirir 11 millones de dosis (a toda vista insuficientes para una población de 30 millones de habitantes).
Pero eso no es todo. La corrupción y la destrucción de la infraestructura sanitaria hacen bastante probable el desvío de un importante número de vacunas y recursos sanitarios hacia el mercado negro y clínicas privadas. Después de 7 años de una aguda crisis económica y de sacrificios para la clase trabajadora, no hay confianza de la gente hacia un gobierno de corruptos y mentirosos, que ha traicionado las conquistas históricas de la Revolución Bolivariana.
Por su parte, también la demagogia y el entreguismo del golpista Guaidó no conocen límites. La escasez de vacunas es una oportunidad en el macabro juego por el poder. En situaciones como estas suelen desatarse los peores demonios. Guaidó solicitó al gobierno de EEUU, más específicamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la liberación de 30 millones de dólares para la compra de vacunas-Astrazeneca. El gobierno respondió negando la entrada de esas vacunas.
Los marxistas entendemos que las políticas reformistas del gobierno y la corrupción desenfrenada son las principales causas del colapso económico. Pero, las sanciones norteamericanas y las confiscaciones de bienes extraterritoriales como CITGO, o el oro depositado en el banco de Inglaterra, son medidas que también afectan de manera importante a nuestra muy debilitada economía. Juan Guaidó y compañía demuestran ser un instrumento al servicio del ultraje y la rapiña imperialistas.
Ni Maduro ni Guaidó (o lo que ellos representan), tienen por prioridad al pueblo trabajador. Su prioridad son los intereses de la vieja y nueva burguesía, y punto. Los demás somos simples peones en su juego. Por eso la APR debe impulsar una campaña nacional para la implementación de un plan masivo de vacunación, transparente y realista. También debemos sumarnos a la presión internacional por la anulación de las patentes, que han encabezado organismos como médicos sin fronteras y la misma OMS.
Para financiar un plan de vacunación masivo debemos exigir impuestos a las grandes fortunas, en especial a las ganancias en dólares. Hay que poner fin a los subsidios dirigidos a las empresas privadas, en especial a todas las concesiones contempladas en la ley de inversiones extranjeras aprobadas por vía constituyente. También debemos exigir la repatriación de todos los capitales robados por la alta burocracia y los empresarios de maletín. Millones de dólares venezolanos se han fugado impunemente del país, y ya es hora de que sean devueltos.
Estas medidas reivindicativas, aunque son importantes, no obstante, chocarán siempre con el marco estrecho de la propiedad privada capitalista y el Estado burgués, por lo que demandarán luego la expropiación bajo control obrero de las palancas económicas del país, que están en manos de capitalistas y terratenientes.
Por otro lado, la transparencia y la gestión eficiente serán otros elementos claves en la ejecución del plan. Sabemos que en manos de una burocracia ineficaz, corrupta, chapucera y extremadamente chantajista, la vacunación será limitada y sujeta a maniobras poco lícitas. Por eso es importante que se impulse un Comité nacional para la vacunación Covid-19. Debe estar conformado por médicos y especialistas en la materia, responsables de la elaboración de un plan adecuado, pero bajo el control democrático de la clase trabajadora, organizada tanto por centros de trabajo como por barrios y comunidades populares, para una aplicación justa, eficiente y transparente de dicho plan.
Mientras no alcancemos más del 70% de la población venezolana, la vacunación no bastará. El problema de contagios y muertes persistirá con sus altas y bajas. Debe plantearse un confinamiento donde el agua, los alimentos y el salario estén garantizados por el Estado, más allá de los insuficientes bonos de subsistencia que otorga el gobierno. Al igual deben garantizarse los medicamentos, las camas hospitalarias y las unidades de cuidados intensivos que sean necesarios (Iglesias, infraestructuras abandonadas y mansiones deshabitadas pueden ser acondicionadas como centros de salud).
Algo es muy claro. Tarde o temprano los trabajadores del mundo saldremos de este infierno. Ese no es el cuestionamiento central. Muchos de nosotros y nosotras seguiremos expuestos al contagio y con algún grado de probabilidad, trágicamente, ni siquiera lo contaremos. Lo realmente importante acá es saber a qué ritmo realmente saldremos de la pandemia. A qué precio y con qué número de vidas humanas perdidas. Bajo el capitalismo ya existe la potencialidad técnica para disminuir los tiempos y prevenir miles de muertes. Pero la anarquía del mercado, el régimen de las patentes y los Estados naciones lo impiden. La política de los ricos primeros y los pobres después, se despliega con mayor fuerza a escala planetaria.
Venezuela es una de las tantas naciones oprimidas, víctimas de este demoledor sistema. Sólo bajo la cooperación internacional de carácter proletario y una economía planificada, las políticas de prevención, confinamiento, rastreo, tratamiento y vacunación podrán ser eficaces y accesibles para la clase trabajadora. Solo así se puede plantear una cuarentena realmente solidaria y una salida humanitaria a la pandemia. Pero eso no caerá del cielo. Debemos preparar una revolución mundial contra el peor de los virus; el capitalismo. Una vez más: ¡Sólo la clase obrera organizada salvará a la totalidad del pueblo!