El documento que a continuación publicamos es la propuesta de Manifiesto Político de la Alternativa Popular Revolucionaria, redactado por la comisión congresual y aprobado por la comisión política nacional como borrador de manifiesto de esta plataforma política, a fin de que sea discutido, modificado y/o aprobado por los núcleos locales de la APR y posteriormente por el congreso nacional de la plataforma.

La Alternativa Popular Revolucionaria (APR) es una coalición de partidos, movimientos y organizaciones progresistas y antiimperialistas, agrupadas bajo el interés de construir una nueva referencia política al servicio de la lucha obrera, campesina, comunera y popular. Esta iniciativa surgió a partir de numerosas coincidencias alcanzadas entre un grupo de organizaciones de izquierda, para resistir la agresión imperialista contra Venezuela y el nuevo pacto de cúpulas, fraguado entre la burguesía tradicional y el gobierno nacional, que se expresa en opulencia y privilegios para los viejos y nuevos ricos, y en miseria, hambre y desposesión para la inmensa mayoría del pueblo.

Quienes conformamos la APR creemos en la importancia de realizar un balance histórico sobre el contexto nacional e internacional que nos envuelve, el cual nos llama a levantar nuestras voces para acompañar las diversas muestras de resistencia popular y construir de la mano con el pueblo una propuesta política que apunte hacia la superación revolucionaria de la crisis del sistema capitalista.

Contexto internacional

A partir del estallido de la crisis de sobreproducción capitalista del año 2008, que se manifestó bajo la apariencia de un “crack financiero”, el mundo entró en una espiral de estancamiento y decaimiento económico del cual no se ha podido recuperar. La razón de ello es la naturaleza estructural de la crisis, que ha dejado al descubierto los límites históricos del modo de producción capitalista. En la actualidad, este sistema no solo demuestra que es impotente para resolver los grandes flagelos que golpean a la humanidad, sino que su tendencia es a profundizarlos en la medida que concentra la enorme riqueza social en un puñado cada vez más reducido de empresarios, banqueros y terratenientes.

Mientras numerosos gobiernos destinaron ambiciosos paquetes financieros para el rescate de los bancos y las empresas privadas, las masas trabajadoras veían perder sus empleos, conquistas y derechos fundamentales. Los gobiernos capitalistas se ocuparon de descargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, mediante políticas agresivas de recortes del gasto público, subidas de tarifas de servicios, medidas de flexibilización y precarización laboral, aumentos en la edad mínima de jubilación, reducción de las pensiones y subsidios, así como un asalto general a los derechos democráticos en muchos países.

Esta ofensiva neoliberal propició un escalamiento de la lucha de clases, expresada en un sinnúmero de movilizaciones y levantamientos populares en todo el mundo. Tal clima de tensiones surgió en momentos previos a la aparición de la pandemia de Covid-19. Aunque en un primer momento, estas irrupciones populares fueron apaciguadas por la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento derivadas, desde finales del año 2020 se puede observar la reanudación de las amplias movilizaciones y luchas sociales, pero ahora potenciadas por los efectos de la pandemia en la precarización de las condiciones de vida. 

Por su parte, la pandemia mundial, a la par que ha profundizado la crisis capitalista, es aprovechada por las élites burguesas e imperialistas para incrementar aún más sus riquezas. Ejemplo de ello es el negocio de las vacunas contra el Covid-19 (pese a que en su mayoría fueron financiadas con fondos públicos) y la lucrativa actividad de las multinacionales farmacéuticas, las cuales se niegan a ceder los derechos de propiedad intelectual para la producción de dosis en nuevos laboratorios. El afán de lucro individual capitalista se ha impuesto al interés general de salvar la vida de la población mundial.

Por otro lado, los gigantes paquetes de rescate financiero implementados por los gobiernos suponen una cuenta que tarde o temprano las élites capitalistas de todos los países querrán cargar sobre los trabajadores. Tal realidad, agudizará el clima de tensión social y lucha de clases a nivel mundial.

Como vemos, la crisis del capitalismo está lejos de solucionarse. Resulta imperativo la organización internacional de los trabajadores para encausar una salida revolucionaria la crisis del orden social capitalista en decadencia. La APR en Venezuela está llamada a jugar un papel en dicho proceso desde el ámbito nacional y latinoamericano.

El proceso nacional venezolano

En Venezuela, desde que se inicia el extractivismopetrolero a principios del siglo XX, se estableció una forma nacional de acumulación de capital regida por la renta del petróleo. El enorme peso que desempeña esta renta en la dinámica económica de nuestro país, incide de manera determinante en los niveles de atraso y dependencia nacional. La burguesía criolla y los capitales extranjeros que han operado en el país solo los mueve el afán parasitario de valorizarse por medio de la apropiación de la renta petrolera, de allí su incapacidad histórica para liderizar un proceso de industrialización nacional.

100 años de rentismo y gestión burguesa en Venezuela han dejado como resultado una economía desindustrializada, el abandono de la actividad agrícola, la dependencia de las importaciones, la fuga fraudulenta de capitales y una elevada corrupción administrativa.

Esta forma de capitalismo atrasado y dependiente ha condenado a la mayoría históricamente oprimida a sobrevivir con salarios bajos, desempleo, pobreza y exclusión. Si bien durante la historia económica de la Venezuela petrolera ha habido periodos de bonanza, que repercutieron en leves mejorías en los niveles de vida del pueblo trabajador, los mismos siempre se han visto sucedidos por etapas de crisis profunda y prolongada, en las cuales se pulverizan las conquistas alcanzadas y se vuelven a expandir los niveles de miseria. Este fue el caso de la bonaza de finales de 1970, que dio paso a la crisis de los años 80 y 90 del siglo anterior, y la imposición del recetario antiobrero y antipopular del Fondo Monetario Internacional.

De aquel proceso de ajuste neoliberal devino el estallido popular del Caracazo en 1989, y el posterior quiebre del bipartidismo cuarto-republicano en el sistema político. Es en este contexto que emergió la figura de Hugo Rafael Chávez Frías, como expresión de las fuerzas militares patriotas y progresistas que deslindaban con las políticas antipopulares y represivas de los gobiernos del momento. El liderazgo de Hugo Chávez pudo unificar al amplio movimiento popular que tenía décadas luchando por cambios profundos en un país duramente golpeado por la pobreza, la miseria y la desigualdad social.

El triunfo de las fuerzas patrióticas y progresistas en las elecciones presidenciales de 1998, permitió iniciar un proceso de cambios de contenido progresista, basado en una distribución más justa de la renta petrolera. De allí las políticas de incremento del gasto social, restablecimiento de derechos laborales, ampliación de los servicios públicos (especialmente de los sistemas de salud y educación), programas de distribución de alimentos a precios accesibles y medidas para combatir el latifundio, las cuales impactaron positivamente en las condiciones de vida de la población y la disminución de los índices de pobreza.

El carácter de la crisis actual

A pesar de los numerosos avances alcanzados por el proceso bolivariano en los terrenos legales, reivindicativos y en el desarrollo de nuevas formas de organización popular, estos cambios se operaron dentro de los límites del capitalismo dependiente y rentista. En poco más de 20 años de proceso bolivariano, el modelo económico rentista lejos de sufrir cambios, avanzó hacia sus formas más extremas. De allí los increíbles indicadores de endeudamiento externo, fuga de capitales, dependencia de las importaciones, desmantelamiento de la producción nacional, tasa de inflación y deterioro del signo monetario nacional.

Para el año 2014, cuando cayeron los precios internacionales del petróleo y empezaron a vencer los compromisos de deuda externa, los ingresos del Estado venezolano colapsaron, dando inicio al nuevo episodio de crisis estructural del capitalismo criollo que sigue vigente. Dicho panorama empeoró con el derrumbe de la producción petrolera y posteriormente con la aplicación de las primeras sanciones ilegales extranjeras en el año 2017.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro es quien se encarga de personificar el ajuste antipopular frente a la caída abrupta de la renta petrolera. El pago puntual de la deuda externa, que significó la erogación de 110 mil millones de dólares durante el periodo 2014-2017 y los acuerdos con el capital privado nacional y extranjero más concentrado para garantizarles la asignación de divisas disponibles, marcaron el inicio de un plan de ajuste aplicado de forma progresiva. Los efectos inmediatos se manifestaron en una escasez aguda de alimentos, medicinas y bienes de consumo esencial, hiperinflación, cierre de empresas, caída de los salarios, desmontaje de las conquistas sociales y deterioros crecientes de los servicios públicos.

Aunado a lo anterior, el imperialismo estadounidense ha impulsado un número importante de sanciones financieras y comerciales contra el Estado venezolano, que han tenido un impacto brutal sobre el declive acelerado de la economía y las condiciones de vida de la población. No hay dudas de que la finalidad de la agresión imperialista es asfixiar económicamente al gobierno venezolano, para crear así las condiciones que permitan un cambio político favorable a los planes de dominación de EEUU. 

En esta dirección, la Casa Blanca no ha cesado en su ataque sistemático buscando generar desestabilización interna, promoviendo conspiraciones golpistas y hasta el reconocimiento de un gobierno paralelo (ficticio), a través de su títere Juan Guaidó.

El nuevo pacto de elites

El abordaje capitalista a la crisis y los efectos de las sanciones imperialistas, se consolidó con un pacto de elites, entre el Gobierno-PSUV con diversos partidos de la derecha, FEDECAMARAS y otras asociaciones empresariales, con miras a estimular y favorecer las ganancias para los sectores patronales. En este sentido, la política gubernamental de los últimos años no ha hecho más que hacer pagar la crisis a los trabajadores del campo y la ciudad.

Así pues, se han venido aplicando todo tipo de medidas antiobreras y antipopulares como: la bonificación y contención salarial, la imposición del Memorando 2792, la liberalización de precios, la toma de medidas tendentes a facilitar el proceso de dolarización informal de la economía, las privatizaciones de empresas publicas,la intención de entregar nuestra soberanía nacional con las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la Ley Antibloqueo, el giro conservador en las políticas de género y la impunidad ante los hecho de violencia contra la mujer, entre otras. Asimismo, en la ruralidad venezolana se ha llevado a cabo la recomposición de los terratenientes y del latifundismo, a base de intimidación, persecución y sicariato de dirigentes y trabajadores del campo.

La ejecución de esta política neoliberal ha venido aparejada de un crecimiento de las tendencias represivas y arbitrarias del Estado, cercenando derechos sindicales, criminalizando protestas, judicializando diferentes luchadores obreros y populares, arrebatando tarjetas electorales y violando derechos políticos y libertades democráticas de la clase trabajadora.

La profunda corrupción en el aparato del Estado y el saqueo de la hacienda pública, ha dado paso a la formación de una capa de nuevos ricos, que no sólo incursionan en el ámbito empresarial, industrial y comercial, sino que también comprenden una comunidad de intereses que influyen cada vez más en el rumbo de la política económica del gobierno nacional. Esto se puede percibir en la forma como estos nuevos capitalistas se benefician de las políticas de liberación de precios, la exoneración de impuestos a las importaciones y las políticas de privatizaciones o traspaso de empresas públicas.

Luego de internalizar el fracaso de la política de “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” y ante la plena disposición mostrada por el Gobierno de Maduro de construir un amplio acuerdo nacional para impulsar su programa de ajuste capitalista, hoy por hoy la oligarquía tradicional se encuentra más dispuesta a negociar con el gobierno que en el pasado. En líneas generales, la burguesía está de acuerdo con el programa económico y legislativo que lleva adelante Maduro. Sus diferencias radican en la forma desigual como estas medidas benefician en mayor medida a la mal llamada “burguesía revolucionaria” por sus vínculos preferenciales con el Gobierno, por lo que exigen mayor apertura y garantías para el sector privado que representan.

En resumidas cuentas, el gobierno, la derecha y el imperialismo se sientan a negociar el futuro de Venezuela, en una mesa donde los intereses de los trabajadores y los sectores populares quedan excluidos. Los severos impactos de la crisis económica en las condiciones de vida del pueblo trabajador, así como la criminalización y judicialización de las luchas obreras y populares, han propiciado el desarrollo de un proceso de desmovilización, despolitización y apatía social.

Frente a este cuadro complejo, las organizaciones que conformamos la APR manifestamos nuestro más profundo repudio hacia las medidas injerencistas y sancionatorias promovidas por el imperialismo estadounidense contra nuestro país. Asimismo, rechazamos la política entreguista y neoliberal del gobierno nacional, que mientras genera concesiones y ventajas de diverso tipo a los capitales privados, intenta seguir haciendo pagar las facturas de la crisis al pueblo trabajador.

Organizar la lucha de resistencia de las fuerzas obreras, campesinas, comuneras y populares frente al ajuste capitalista que implementa el nuevo pacto de elites, es una tarea necesaria y vital. La APR debe jugar un papel fundamental en el agrupamiento de las fuerzas que luchan contra la ofensiva neoliberal sobre las conquistas sociales del pueblo venezolano. Estamos llamados a construir la Alternativa que abra cauces a los cambios políticos, económicos y sociales indispensables para superar el modelo económico dependiente y rentista, y se oriente hacia la construcción del socialismo.

La Alternativa Popular Revolucionaria en pie de lucha

La Alternativa Popular Revolucionaria ha surgido como una necesidad histórica. Es la cristalización de años de debate dentro de la izquierda sobre la necesidad de su independencia. Aunque surgimos en medio de una coyuntura electoral (las elecciones parlamentarias de 2020), comprendemos que solo la organización y la movilización de las mayorías trabajadoras, campesinas y populares abrirán caminos a un mejor mañana. Es necesario dirigir todos nuestros esfuerzos a aumentar la capacidad de organización y movilización de los explotados y oprimidos de la sociedad, en medio de un contexto que apunta a la despolitización de las mayorías.

Nuestro objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria e igualitaria. Nuestro propósito es lograr una sociedad socialista, pero no el “socialismo” de los ricos y nuevos ricos aliados del gobierno, que es en realidad un capitalismo salvaje y depredador. Queremos construir un socialismo en el que la economía se planifique en función de los intereses de la población, en el que sea extirpada definitivamente la lacra de la corrupción y en la que la educación, la salud y la seguridad social sean una prioridad.

Queremos que nuestros niños y niñas cuenten con educación de calidad en las escuelas, una educación liberadora que despierte en ellos la capacidad de pensar críticamente y de intervenir en los asuntos políticos. Queremos que nuestros abuelos y abuelas puedan tener una vejez digna, con pensiones que cubran sus necesidades. Queremos tener acceso a servicios verdaderamente públicos, de calidad y para todos. Queremos que un solo empleo nos baste para cubrir nuestras necesidades, con estabilidad y seguridad social. Queremos una sociedad de personas verdaderamente iguales, sin importar su identidad de género, étnia o religión. Una sociedad donde las mujeres puedan vivir libres de violencia.

Frente a la agresión imperialista, el pacto de elites y el ajuste neoliberal contra el pueblo venezolano, las fuerzas políticas agrupadas en torno a la APR le decimos al pueblo venezolano: ¡Si hay alternativa!

¡Sigamos construyendo la esperanza!