Solidaridad con José Tomás Pinto, líder histórico del Movimiento Revolucionario Tupamaro

El pasado 15 de junio del 2020, fue imputado el Secretario Nacional del partido Movimiento Revolucionario Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero de 72 años de edad, por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven de 16 años George Soto Berroterán y las lesiones causadas al pescador Juan Alejandro Romero de 20 años de edad.

Al momento de ser allanada la residencia del dirigente político, este era diputado del Consejo Legislativo del Edo. La Guaira, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) irrumpieron en su casa agrediéndolo y destrozando sus pertenencias, esto según el relato de sus abogados, quienes hasta la fecha alegan que no existen elementos de convicción que evidencien la participación de Pinto en el asesinato del joven Soto.

Según la defensa del líder Tupamaro, no existen pruebas que lo vinculen con los delitos que se le imputan, siendo este víctima de retardo procesal y varias irregularidades que complican el delicado estado de salud en el que se encuentra. Los informes médicos del Servicio Nacional de Medicina Científica y Forense, indican que Pinto padece de la enfermedad obstructiva crónica (EPOC), hernias discales, diabetes Mellitus tipo II, hipertensión arterial, miocardiopatía y de una úlcera sacro coccígeo, lo cual ha llevado a sus abogados a solicitar una medida de casa por cárcel, la cual fue negada por la jueza del Tribunal Sexto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas.

A pesar de las diligencias de sus abogados, Pinto continuó detenido en la sede del CICPC en Parque Carabobo. Sin embargo, el pasado 29 de junio, el dirigente Tupamaro anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre tras recibir una supuesta orden de traslado de su actual centro de detención a la cárcel Yare II, hecho que fue confrontado por su defensa, la cual aseveró que no existían razones jurídicas para este traslado, ya que Yare II es un centro de cumplimiento de “pena definitiva y firme”, por lo cual se estarían violando los derechos de José Tomás Pinto.

En las últimas declaraciones ofrecidas por el líder Tupamaro de fecha 4 de agosto del presente año, por medio de una carta pública escrita desde la cárcel, tras 36 días de huelga de hambre. Pinto señaló lo siguiente: “Hoy luego de haber apoyado durante estos largos años el proceso revolucionario y al Comandante Chavez, en un acto bochornoso, me han querido involucrar en un hecho que refiere un delito común, dándole carácter de escándalo para buscar desmoralizar y manchar mi imagen como luchador social, no les importó saltarse la Constitución de la República y las leyes de mi país, violentaron mi inmunidad parlamentaria, ignoraron el debido proceso y el derecho a la vida. Esto para justificar el despojo del partido Tupamaro, proyecto al que he dedicado parte de mi vida.”

En este sentido, Pinto asume que el proceso judicial que enfrenta es una retaliación política para despojarlo de la dirección del partido, acción que implementó el gobierno nacional en contra de los partidos de derecha y posteriormente en contra de los partidos del Gran Polo Patriótico, como el PPT y Tupamaro, para entregar las tarjetas electorales a las alas más complacientes al PSUV, hecho que hemos denunciado en más de una ocasión.

Sin duda, lo que ocurre con el dirigente histórico del partido Tupamaro, es una muestra de la podredumbre del sistema de justicia del Estado Burgués en Venezuela, al servicio de las clases dominantes y del partido de gobierno. Dicho sistema pasa por alto la condición humana de un hombre de 72 años, con un delicado estado de salud, al que hasta ahora no se le han comprobado los delitos que se le imputan en un juicio justo. Lo que resulta indignante es recordar como a personajes de la derecha se les otorgó casa por cárcel solo para mejorar sus condiciones de vida, o para facilitar sus misteriosas fugas: recordemos los casos de Juan Requesens, quien fue detenido en agosto de 2018 por su vinculación con el intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro; Leopoldo López, enjuiciado y condenado a 13 años y nueve meses de prisión por cargos de rebelión que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos; Iván Simonovis, condenado a 30 años por la masacre golpista de Puente Llaguno. Y Antonio Ledezma, acusado de participar en operaciones que pretendían derrocar al gobierno.

Por lo anterior, la Corriente Marxista Internacional en Venezuela, no puede hacer caso omiso ante la delicada situación de salud que enfrenta José Tomás Pinto, quien requiere atención médica especializada, imposible de sostener desde la cárcel, siendo su posible traslado a Yare II más que una arbitrariedad, “una sentencia de muerte.” Por esta razón nos solidarizamos con el Movimiento Revolucionario Tupamaro y su principal dirigente, rechazando categóricamente todos aquellos atropellos e injusticias de los que han sido víctimas. Exigimos el respeto a todos sus derechos y garantías constitucionales, también el cese a la intervención de los partidos y movimientos políticos vulnerando la voluntad de sus respectivas bases y mecanismos internos. Como marxistas creemos en la necesidad de un sistema de justicia obrero y popular, libre de todos los vicios de la sociedad de clases y su corrupción inmanente.