Cuando estábamos a punto de publicar el último editorial de la sección argentina de la CMI, en relación a los primeros anuncios presupuestarios del nuevo gobierno del demagogo ultraderechista presidente Milei, éste dobló la apuesta: anunciando por decreto la derogación de más de 300 normas legislativas, que regulan la actividad económica en varios aspectos. Se trata de un ataque ultraliberal sin precedentes contra los derechos y las condiciones de vida de las masas trabajadoras, introducido utilizando poderes antidemocráticos de decreto de emergencia. El anuncio provocó un movimiento espontáneo de protesta, con miles de personas saliendo a las calles de Buenos Aires, como describe Alejandro Spezia en esta actualización especial (el artículo original se encuentra a continuación). 

Las primeras medidas económicas del presidente ultraderechista, anunciadas hace una semana, han sido devaluar el peso en más de 100% y eliminar los subsidios estatales a los combustibles, el transporte, el agua y la electricidad. Esto disparó los precios de la noche a la mañana, hasta el doble en el caso de los alimentos y el combustible. Esto se sumó a una inflación interanual de casi el 160%. También anunció el despido de todos los empleados públicos con menos de un año de antigüedad, la cancelación de todas las obras de infraestructura pública pendientes y que el gobierno no firmaría nuevos contratos para futuras obras públicas. Estas medidas descargan la crisis acumulada del capitalismo argentino sobre los hombros de la clase trabajadora y los pobres, y favorecen totalmente a las grandes empresas (con el rescate de las deudas de las empresas importadoras, por ejemplo).

La ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, anunció un protocolo de seguridad «antipiquetes» y antiprotesta, empoderando a las fuerzas federales para reprimir las protestas que bloqueen las rutas de tránsito, y la persecución de los grupos que las organizan, sin la orden de un juez. Esta represión de los derechos democráticos básicos, incluido el derecho de huelga, pretende acallar el movimiento que inevitablemente seguirá a los ataques de Milei contra la clase trabajadora.

Ayer, 20 de diciembre, se produjeron las primeras protestas masivas contra el gobierno de Milei, con partidos de izquierda, organizaciones sociales y sectores combatientes de los sindicatos marchando en el aniversario del «Argentinazo», la explosión social revolucionaria de 2001, que en su punto álgido forzó la salida de tres presidentes sucesivos en una sola semana. Las marchas se produjeron en todo el país desafiando el protocolo de Bullrich y la represión policial.

Anoche, a las 9 en punto, después de que los manifestantes se habían ido a casa, Milei anunció un nuevo conjunto de medidas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (poderes de decreto urgente destinados a permitir al presidente aprobar medidas temporales en circunstancias extraordinarias), que equivalía a una desregulación y privatización de la economía al por mayor por decreto. Algunos de sus más de 300 puntos fueron la derogación de la ley que regulaba el aumento de los alquileres; una contrarreforma laboral para establecer servicios mínimos en servicios esenciales ampliamente definidos, limitando así el derecho de huelga; la derogación de las leyes que controlaban los precios; y medidas que daban los primeros pasos para la privatización de empresas estatales, como la aerolínea nacional Aerolíneas Argentinas, la petrolera estatal, las empresas estatales de medios de comunicación, las redes ferroviarias y el proveedor de agua y alcantarillado de la capital. También se permitirá la privatización de los queridos clubes de fútbol argentinos. El DNU también deroga las regulaciones sobre la propiedad de la tierra, el control de las exportaciones extranjeras, la producción farmacéutica de medicamentos genéricos, los planes de salud de los trabajadores, etc. 

Apenas Milei terminó de leer su discurso, la gente de todo Buenos Aires se volcó a las esquinas y balcones, golpeando cacerolas y sartenes en protesta por las medidas anunciadas. Entre los cánticos que estallaron estaban los llamamientos a la huelga general, a la unidad de la clase obrera y el lema icónico de 2001: ¡que se vayan todos!, que Milei había intentado cínicamente cooptar.

En un giro del destino, exactamente 22 años después del Argentinazo, las masas trabajadoras argentinas han vuelto a entrar en la escena política en un poderoso movimiento espontáneo, como es su tradición.

Aunque existen dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas de Milei, y puede que se produzca una lucha en el Congreso, las masas trabajadoras no van a dejar la defensa de sus condiciones de vida y sus derechos democráticos en manos del Estado capitalista.

¡Por un congreso obrero y una huelga general contra Milei!

Se agudiza la miseria y la crisis social. Echemos las bases hacia un Congreso Obrero, la huelga general y un gobierno de trabajadores

[Publicado originalmente en argentinamilitante.org]

Apenas han pasado unos días desde la asunción del ahora flamante Presidente Milei, y ya ha comenzado a despertar preocupación y repudio en amplios sectores de masas –incluyendo a sectores que le votaron– por las medidas que su gobierno ha anunciado hasta el día de hoy.

Los recortes que comunicó en su campaña contra lo que él llama la casta política y sus amigos, terminaron de un día al otro mostrándose como lo que en realidad es: una clara y brutal ofensiva contra las masas trabajadoras, sus derechos y sus banderas. En apenas días, el falso libertario abandonó su inaplicable teoría del anarco capitalismo, para abrazar fervorosamente y con el aplauso del FMI una política clásica macrista de recortes y endeudamientos que las masas debemos pagar, eso sí, con una crudeza y violencia cualitativamente superior al gobierno Macri.

El intento de sacar la movilidad jubilatoria para pasar a otorgar los aumentos por decreto, cuando las jubilaciones ya se encontraban en una situación lastimosa por el tipo de movilidad, en realidad busca, siguiendo las pautas del FMI, liquidar o confiscar las previsionales.

El paquete anunciado de eliminación de los subsidios a las tarifas del transporte, luz, agua y gas, el anuncio de que no habrá licitación de nuevas obras públicas por parte del Estado, y la cancelación de las licitaciones ya aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado, tiene como objetivo barrer de un plumazo cinco puntos del PBI y alcanzar el equilibrio fiscal en 2024. El peso de estas medidas recae sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores más pobres. Lógicamente, cualquier medida política económica genera un desequilibrio social y por ende una agudización de la lucha de clases.

Los anuncios del ministro Caputo de hace dos días, han desencadenado un proceso inflacionario y una crisis política semejante al Rodrigazo de junio de 1975. Aquel 4 de junio, el ministro Celestino Rodrigo anunció un plan de medidas económicas que incluían un aumento de los precios de los combustibles, una devaluación del peso argentino y una reducción de los subsidios estatales. Estas medidas tuvieron un impacto inmediato en la clase obrera y los sectores populares, ya que los precios se dispararon y el poder adquisitivo de los de abajo se vio seriamente afectado, algo bastante parecido, pero en un contexto actual de crisis peor que en ‘75.

Las medias anunciadas ponen dinamita en los cimientos de la economía y golpean brutalmente los salarios. Milei habló de cortar la inflación y su gobierno ha provocado todo lo contrario: preparan el escenario para una hiperinflación galopante. Los combustibles pasaron a $730- el litro, descargándose dicho aumento sobre los precios de la canasta básica. El dólar oficial pasó de $400 a $800, más impuestos, poniendo más presión a la pauperizada economía de los trabajadores.

Nos dicen que no se pueden seguir subsidiando los servicios en manos del Estado, pero la trasferencia de recursos de los bolsillos de los trabajadores a las arcas de los capitalistas es simplemente monumental, mostrando su hipócrita política de cara a los trabajadores.

Pero sí se puede salvar al gran capital a través del Banco Central que se endeudará por un monto de hasta U$S 30.000 millones para rescatar la deuda privada de las empresas importadoras. Emitirá Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), a los que podrán acceder en pesos los importadores de bienes y servicios y se liquidarán en 2027 en dólares.

Se trata de una impúdica emisión de deuda del Banco Central para hacerse cargo del endeudamiento de las empresas importadoras. Lo que deben los importadores a los proveedores extranjeros, que en promedio fue de 30 mil millones de dólares en los últimos años, aumentó en 2023 a casi 58 mil millones de dólares, como resultado de la insuficiencia de divisas que generó la sequía. Esto llevó al BCRA a demorar o reducir la entrega de divisas, causando la acumulación de los impagos de las firmas con sus proveedores. 

El acuerdo del gobierno Milei/Macri/Caputo con los bancos, para mantener el paquete de las Leliq el BCRA anunció que mantendrá la tasa de política monetaria. Así, la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantendrá en 133%. A su vez, decidieron disminuir la tasa de pases pasivos, que se ubicará en 100%.    

Como era de esperar, el demagogo que agitaba contra “la casta” se ha revelado como el más decidido defensor de los intereses de los grandes capitalistas y del imperialismo. 

¿Quién paga el ajuste mileista/macrista?

En su momento planteamos que no podíamos enfrentar a Milei y su plan reaccionario con el discurso y las medidas políticas y económicas de Sergio Massa y el gobierno de los Fernández. La disyuntiva fascismo vs democracia escondía los planes de ajuste del Sergio Massa. Decíamos también que de ganar Milei, el falso profeta, la situación para las masas iba a complicarse exponencialmente. El recorte presupuestario, con motosierra en mano, claramente deberá estar acompañada con el protocolo que anunció Patricia Bullrich  contra la protesta social ante la lógica respuesta de las masas, en un intento de legitimar la represión que va a sufrir la clase obrera ya no como votantes, sino como explotados.

La lucha de clases ha entrado en una fase de agudización. Los sindicatos entrarán probablemente en una secuencia de sacudidas, como los primeros temblores antes de una hecatombe mayor. La tarea de los revolucionarios es luchar por la independencia de la clase. Es muy probable que la misma necesidad por parte de los y las trabajadores de parar la mano al ajuste hambreador sea el abono para la independencia política de nuestra clase. Los jefes sindicales de la CGT solo se pronunciaron con preocupación por las medidas anunciadas por el gobierno de Milei como además por la desocupación en la planta de los estatales y la pulverización del salario. Se presentan además como los garantes de la gobernabilidad. Pero no llaman a asambleas de base para ir preparando la respuesta obrera y popular ante lo que todos y todas sabemos que viene. Por el contrario, lo que les pesa son el manejo de las Obras Sociales y que no sea un botín que les arrebate el gobierno mileista.

Hoy Patricia Bullrich anunció un protocolo completo antipiquete. Los anuncios facultan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones. 

Tal protocolo da facultades a las fuerzas represivas para identificar a los participantes en las manifestaciones, y las fuerzas de seguridad actuarán –es decir, ejercerán represión– sin necesidad de orden judicial, contra los piquetes hasta liberar las vías de tránsito ocupadas. Lo mismo aplica para los piquetes obreros que bloqueen el ingreso a las fábricas. En la práctica, buscarán prohibir el derecho legítimo a la huelga. También serán identificados los vehículos que las organizaciones políticas y sociales utilicen en la organización de piquetes y protestas, pudiendo ser confiscados. A ello se le suma una medida muy acorde con el “espíritu libertariano y privatizador”: los costos financieros de la represión podrían recaer sobre las organizaciones involucradas en la forma de sanciones pecuniarias.

Para eso, el “ministerio de represión” del gobierno Milei, encabezado por Bullrich, contará con las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal. 

No queda duda, que la clase dominante se está preparando para reprimir de forma sistemática a la clase obrera en el momento en que ésta se ponga de pie, para enfrentar el ajuste que ya ha comenzado a ser anunciado.

Durante una primera etapa, es lógico y natural que un sector de la clase obrera reaccione con dudas e incluso temor, ante los anuncios de ajuste salvaje y aumento de la represión. Más aún en un contexto de más de 10 años consecutivos de ajuste capitalista y empobrecimiento acelerado. 

En consecuencia, una respuesta de masas por parte de la clase obrera podría tomar un tiempo que no sabemos. Qué duración tendrá ése período, no es una cuestión que pueda responderse de antemano, pero es probable que sea relativamente corto. Un sector de las masas trabajadoras necesita conocer la experiencia del actual gobierno, su ajuste y represión, antes de quitarse de encima las dudas de dar tiempo a un gobierno que recién asume, y entrar decididamente en el escenario de la lucha de clases.

Lo mismo aplica para el sector de trabajadores que, buscando una salida desesperada al ajuste massista votó a favor del Milei para castigar a “la casta”. Pero en los hechos la casta está gobernando hoy con todas las de la ley. Las feroces medidas antiobreras y la criminalización de la protesta legítima, seguramente empujen a capas de este sector hacia la lucha en las calles con el conjunto de la clase obrera.

Mientras tanto, desde la izquierda y la vanguardia del movimiento obrero debemos continuar avanzando en la tarea de preparar las luchas que vienen. Empleando los métodos democráticos de nuestra clase, promoviendo el debate abierto y fraterno en cada centro de trabajo, fabrica, universidad o barrio. 

La izquierda más que nunca debe romper con sus políticas del trabajo parlamentario en sí mismo en el intento de seguir ganando uno o dos parlamentarios más, cuya estrategia electoralista le imposibilitó aprovechar la decepción de las masas con el gobierno de Fernández. El trabajo de los revolucionarios es el derrocamiento del sistema en su conjunto.

Debemos preparar la etapa que viene, la nueva era en manos de Milei/Macri, nos debe encontrar sentando las bases para un Congreso Obrero que nos permita, como un solo cuerpo y en la más amplia unidad, construir un plan de lucha colectivo contra el ajuste, planteando la consigna de la huelga general, en la perspectiva de un Gobierno Obrero. No hay tiempo que perder.