Continuamos con la presentación de la segunda parte del Documento de Perspectivas Nacionales, aprobado en el X Congreso de la sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria, Revolución Comunista. En la parte anterior analizamos el estado económico de Venezuela y el carácter relativo y frágil del proceso de recuperación experimentada desde el año 2021. La parte que reproducimos a continuación trata sobre la situación social de nuestro país, el auge y descenso de las luchas obreras entre 2022 y 2023, y analiza las causas y consecuencias del estallido popular del 29 y 30 de julio.

Primera parte.

Situación social

Buena parte del costo de la recuperación económica y el descenso de la inflación ha sido pagada por el pueblo trabajador con la destrucción sistemática de sus niveles de vida. A los salarios más bajos de la región y posiblemente del mundo (sueldo base equivalente a menos de 3 dólares mensuales, complementado con bonos de 130 dólares que no inciden en las prestaciones sociales), se suma el colapso generalizado de los servicios públicos, además de un clima de represión y persecución a cualquier síntoma de descontento. Cuando Maduro se felicita a sí mismo por el falso “milagro económico”, solo despierta indignación y rabia entre la aplastante mayoría de la población.

Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica y el 51,9% de los hogares enfrenta pobreza multidimensional, que abarca deficiencias en aspectos como vivienda, servicios públicos, educación y empleo. Esta misma encuesta arrojó que durante el 2023 el 38,2% de los venezolanos en promedio padeció hambre, cifra que aumenta a un 65,9% en la ciudad de Maracaibo y un 60,8% en Maturín. Asimismo, un estudio publicado en enero de 2024 por HumVenezuela, reportó que el año anterior la inseguridad alimentaria severa abarcó a un 45,2% de la población, mientras que la desnutrición en menores de 5 años afectó a 1,4 millones.

Es cierto que algunos índices muestran relativas mejoras en comparación a años anteriores. Por ejemplo, la Encovi 2023 señala una pequeña caída de la desigualdad económica, cuando el índice de Gini (medición de la distribución del ingreso en una población, donde 0 representa igualdad perfecta y 1 desigualdad máxima) descendió de 0,603 en 2022 a 0,512. Pero celebrar tan pírrica disminución, cuando Venezuela sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y del mundo, equivale a festejar un gol cuando se pierde por 6 goles en contra. Una investigación realizada por Anova Policy Research de 2022 indicó que el 20% más rico de la población acumula el 61% de los ingresos totales del país, lo que pone de manifiesto una enorme concentración de riqueza en pocas manos.

Hasta junio de 2024, el panorama de brutal ajuste y crisis de la última década ha dado lugar a una diáspora de 7,77 millones de venezolanos –lo que representa el 27,11% de la población–, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De esta cifra, 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, lo que ha sido catalogado como la peor crisis migratoria en la historia de la región. Las restricciones a la migración venezolana no se han hecho esperar. Ya son 15 los países que exigen visado a los venezolanos para el ingreso a sus territorios, hecho que en lugar de detener la ola migratoria favorece el arribo por medios irregulares. La hipocresía de la derecha política y mediática regional se ha hecho patente, cuando derrama lágrimas de cocodrilo por la falta de democracia en Venezuela, mientras ataca los derechos humanos de los migrantes y promueve campañas de xenofobia. Igualmente le resulta conveniente resaltar la delincuencia venezolana en sus países para desviar la mirada de sus poblaciones de los propios flagelos nacionales de la criminalidad, que además son parte de la descomposición de la sociedad burguesa.

Un porcentaje creciente de compatriotas se dirige hacia EEUU, ya sea desde Venezuela o desde otros países donde previamente habían migrado. La mayoría de los migrantes emprenden travesías enormes y peligrosas, expuestos a todo tipo de riesgos. Aquellos que optan por viajar hacia EEUU por tierra desde Sudamérica se ven obligados a cruzar la peligrosa selva del Darién. El carácter catastrófico de la crisis nacional se confirma en el hecho de que, para un porcentaje considerable de venezolanos, el aventurerismo migratorio se presenta como una mejor opción que permanecer en el país.

La clase obrera

El repunte económico desencadenó en la clase obrera el resuelto interés de recuperar parte de lo que le habían arrebatado en el último periodo. A partir de marzo de 2022, se registró una oleada de movilizaciones y protestas de trabajadores centrada en las demandas de incremento general de salarios y derogación del nefasto Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un instrumento antiobrero que autorizó la reducción, según distintos porcentajes, de los componentes acumulativos del salario, como las primas de antigüedad y profesionalización, entre otros.

El aumento de las luchas reivindicativas de 2022 fue encabezado por los trabajadores del sector público, los más golpeados por la política de pulverización del salario. Sin embargo, episodios como la huelga en la empresa Mondelez revelaron que también una parte de los trabajadores del sector privado estaba comenzando a movilizarse. Durante el primer semestre de 2023, se registraron numerosas protestas de trabajadores de las Empresas Básicas de Guayana, que el gobierno sofocó con represión y detenciones arbitrarias. En este mismo semestre, los docentes llevaron a cabo una huelga de brazos caídos. Esta protesta fue mermando gradualmente, tanto por la cobardía de las burocracias sindicales como por la negativa del gobierno a ceder un ápice.

Desde el inicio, estas luchas fueron contenidas por las burocracias sindicales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Confederación General de Trabajadores (CGT), Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), Alianza Sindical Independiente (ASI), y por supuesto, la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). Las dirigencias de estas organizaciones sembraron falsas esperanzas en las mesas de diálogo tripartito, las cuales el gobierno y los empresarios emplearon como señuelo para desorientar y debilitar las luchas obreras. Prestando un gran servicio a los intereses del capital, las cabezas de estas centrales contribuyeron con el desgaste y la desmoralización de amplios sectores de la clase obrera.

Como balance, podemos afirmar que las luchas obreras de 2022 y 2023 tuvieron el mérito de romper con 3 años de reflujo social, enfrentando la intimidación y amenazas de un gobierno cada vez más autoritario. No obstante, las mismas carecieron de la coordinación local, regional y nacional necesaria para alcanzar un mayor desarrollo, permitiendo a los trabajadores generalizar su experiencia y posicionar de mejor forma sus intereses de clase. Pero más importante fue la ausencia de direcciones sindicales valientes, consecuentes y clasistas que pudieran guiar las fuerzas de la clase obrera hacia mejores destinos.

A partir de la segunda mitad de 2023 la conflictividad laboral disminuyó, no solo como resultado de las derrotas anteriores, sino también a las expectativas generadas en torno a las elecciones presidenciales y a un cambio de gobierno. Estas ilusiones fueron alimentadas por varias dirigencias sindicales con claras filiaciones derechistas, como Coalición Sindical, que es el brazo en el movimiento obrero de las corrientes y partidos reaccionarios que integran la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). De cara a las elecciones, abandonaron toda perspectiva de lucha reivindicativa para servir de perros falderos de María Corina Machado, Edmundo Gonzalez y Vente Venezuela. Hoy más que nunca, la recuperación de los sindicatos como instrumentos esenciales en la lucha reivindicativa de los trabajadores es una tarea impostergable.

Lucha de clases

El primer semestre de 2024 estuvo signado por el mar de ilusiones y promesas de campaña que anteceden a cualquier elección presidencial. La lucha obrera perdió terreno y las elecciones presidenciales acapararon toda la atención. Buena parte de las fuerzas sociales que en 2022 y 2023 comenzaron a emerger, se desviaron a otro punto de concentración. Y en la sociedad como en la química, cuando múltiples fuerzas se concentran en una sustancia inestable el más mínimo golpe o chispa producirá una reacción explosiva.

Que un sector muy importante del pueblo trabajador respaldara la opción derechista, primero con movilizaciones de campaña y luego con votos el 28 de julio –incluso plenando los centros de votación un día antes del evento electoral y rompiendo con años de bajísima participación–, no fue ninguna casualidad. Una década de crisis, burocratismo, corrupción sin precedentes y la aplicación despiadada del ajuste antiobrero y antipopular más severo de nuestra historia, no podía transcurrir sin consecuencias. Para la mayoría de los trabajadores de la ciudad y el campo, esos mismos que en la última década vieron sepultadas todas las conquistas alcanzadas durante los primeros años de la Revolución Bolivariana; Maduro es objeto de un profundo rechazo y desprecio. Se trata del líder de una putrefacta y degenerada facción política, totalmente opuesta a los intereses del pueblo trabajador.

Las circunstancias que rodearon el fraude electoral del madurismo reventaron la paciencia de los sectores populares. Los días 29 y 30 de julio del 2024 se produjo una breve pero importante sublevación popular, protagonizada por los barrios de Venezuela. En la Gran Caracas, habitantes de numerosos barrios inundaron las calles y autopistas, establecieron barricadas o decidieron marchar repudiando el evidente fraude electoral con el que se burló su decisión en las urnas. Hablamos de pobladores de Petare, Antímano, El Guarataro, La Dolorita, La Vega, entre otros barrios, algunos que en el pasado fueron bastiones electorales del chavismo. En el interior del país se registraron saqueos, quema de alcaldías y módulos de cuerpos represivos, manifestantes rodeando instalaciones militares y hasta el derrumbe de estatuas de Hugo Chávez en varias ciudades. La ira popular se había desbordado y en ella se mezclaron elementos de indignación, rabia, hartazgo y revanchismo.

Para los revolucionarios en Venezuela es vital reconocer la gran tragedia política que nos envuelve: hoy día las masas asocian sus privaciones y sufrimientos con los ideales del socialismo y la Revolución Bolivariana, como resultado de años en los que Maduro empleó fraseología revolucionaria para enmascarar cada ataque a los derechos y conquistas del pueblo trabajador. Pero esta asociación, que es ante todo comprensible, no es más que una gran distorsión. Es preciso destacar siempre que en Venezuela la revolución no se completó. Y este hecho trajo consigo un nuevo colapso del capitalismo rentista, aunque a niveles muy superiores a los anteriores. En nuestro país no fracasó el socialismo, sino el modelo de regulaciones keynesianas superpuestas al atrasado capitalismo nacional.

Conviene resaltar que las ofensivas insurreccionales de la derecha de 2014 y 2017 nunca pudieron extenderse más allá de las zonas de clase media-alta. Mientras las urbanizaciones y localidades de la pequeña burguesía ardían en barricadas y violencia reaccionaria, los barrios en líneas generales permanecían tranquilos. Pero con la implementación del ajuste madurista, el descontento entre los sectores populares fue creciendo. La oleada de saqueos a inicios de 2018, las protestas obreras y campesinas de mediados del mismo año y posteriormente las movilizaciones de trabajadores en 2022 y 2023, dieron avisos incipientes sobre los cambios que se estaban produciendo. Al final, el fraude electoral fue la gota que derramó el vaso, la chispa que detonó el explosivo, el elemento cuantitativo que produjo un cambio de calidad.

Bajo ningún concepto, las protestas postelectorales fueron una reedición de las guarimbas, ni expresiones de “fascismo” y ”terrorismo” como desde el PSUV se intenta vender. Lo que vimos el 29 y 30 de julio del presente año fue una sublevación de los pobres de Venezuela, ante el fraude y la burla realizada por el mismo gobierno responsable de la destrucción de sus niveles de vida.

Para frenar la sublevación, el gobierno no escatimó esfuerzos en desatar la represión y la persecución contra los barrios, dejando un saldo de 25 fallecidos y numerosos heridos, empleando a efectivos de la Guardia Nacional, cuerpos policiales y bandas parapoliciales. Por varios días, el patrullaje de policías y los mal llamados “colectivos” sembraron miedo en las zonas populares para impedir nuevas manifestaciones. Acto seguido, tuvieron lugar detenciones arbitrarias y procesos judiciales viciados –totalmente violatorios del debido proceso–, armados con toda la intención de condenar a los detenidos por cargos de instigación al odio y terrorismo. Al día de hoy, se cuentan 2400 detenciones. Además, fueron rehabilitadas las cárceles de Tocorón y Tocuyito para recluir y torturar a los acusados. Cientos de personas sospechosas de no haber votado por Maduro, fueron despedidas de empresas e instituciones públicas.

Por si fuera poco, la cúpula del PSUV aupó a sus estructuras de base a que denunciaran a sus vecinos en las zonas populares. Abundan los reportes de personas detenidas por el mero hecho de haber participado en una protesta, compartir información contraria al gobierno en una red social, para rellenar cuotas de detenciones exigidas a los policías o para ser extorsionadas con el pago de montos exorbitantes, a cambio de no ser llevadas a tribunales y ser puestas en libertad. La táctica fue, en todo momento, el miedo ejemplarizante. Así miles de personas pobres e inocentes, cierto número de menores de edad, protestantes y un buen porcentaje de capturados que ni siquiera protestaron, vienen siendo triturados por la maquinaria bonapartista del madurismo. Claramente, el fin absoluto de esta escalada represiva es disuadir nuevas sublevaciones en el futuro.

Desde entonces, un pronunciado reflujo obrero y popular ha reinado en Venezuela. Se aprecia un repunte de la migración a países vecinos, de compatriotas que agotaron su último cartucho en el país. Recordando que el 90% de la emigración la constituyen jóvenes, este factor puede restar fuerza a futuros levantamientos, como la diáspora anterior lo hizo con las luchas obreras de los últimos años. Pero los barrios pobres aglomeran tanto pueblo –se cree que más de la mitad de la población del país, donde el 90% de los habitantes reside en zonas urbanas– que sería absurdo atribuir solo a la emigración la ausencia futura de rebeliones de masas. Además, las restricciones a la migración venezolana aumentan, las oportunidades en otros países son cada vez más chicas y todo tiene un límite.

Lo cierto es que la crisis política nacional no se ha resuelto. Con cada día que nos acerca al 10 de enero de 2025, crece la tensión y la incertidumbre. El descontento del pueblo trabajador ya dio un importante salto cualitativo y no hay nada que el gobierno pueda hacer para remediarlo. La historia enseña que la represión puede contener un movimiento por un tiempo, pero cuando la paciencia de el pueblo es colmada en su totalidad no hay bala, policía o amenazas de cárcel que pueda contenerlo. Creemos que, pese a la emigración, todavía los trabajadores de la ciudad y el campo no han mostrado toda su fuerza. Y este hecho no deja dormir bien a Maduro y a la capa de nuevos ricos del PSUV, como tampoco a la burguesía tradicional.